atrás por la Mesa contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes al Concejo de Medellín y los recientes casos acaecidos en esa ciudad, pedimos una mayor acción a todas las entidades de la capital antioqueña. Es supremamente grave que el documento dé cuenta de que el 75% de las víctimas son niñas y adolescentes, es decir que existe una violencia basada en género dentro de esa violencia sexual que ha venido en crecimiento exponencial desde el 2010”, afirma el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El informe señala que el mayor número de casos corresponde a NNA con pertenencia étnica, migrantes o con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, situación que se complejiza por la presencia de estructuras delincuenciales que explotan a la población con mayores grados de vulnerabilidad, y se identifica riesgo de revictimización. El documento referencia que el 80% de los agresores son hombres.

“A través de nuestro informe defensorial ‘Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes: análisis de la respuesta estatal’, del 2023, alertamos sobre el aumento en los últimos años de esa situación de violencia sexual, pero además, sobre el subregistro que dificulta un panorama real de vulneración y afecta la respuesta institucional de forma estructural. A lo anterior se suma la falta de acciones de prevención y pedagogía que permitan atacar y cuestionar las causas culturales que hacen que exista esa violencia”, manifesta el Defensor del Pueblo.

Se requiere la creación de una mesa intersectorial, enfatiza el Defensor, “en la que participen Medellín y toda el Área Metropolitana, para que la vulneración de derechos se enfrente de manera articulada y sean visibilizadas todas las situaciones de manera integral y exhaustiva”.

Escenarios de riesgo para niñas, niños y adolescentes en el país

Carlos Camargo Assis asegura que es indispensable hacerles seguimiento tanto a los casos de NNA reportados como desaparecidos como al hecho de ponerlos en inmediato conocimiento de las autoridades y no esperar las 72 horas, que erróneamente se asume como el tiempo en que puede ponerse la denuncia por posible desaparición de un menor de edad.

Otra situación que preocupa a la Defensoría es el aumento del uso de imágenes para la explotación sexual de niñas y niños y el uso de las redes sociales para la captación de las víctimas. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, en 2023 fueron identificadas 65 víctimas del delito de utilización o facilitación de medios para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años.

Frente al aumento de casos en las plataformas digitales, donde se facilita la multiplicidad de formas de explotación que se pueden hacer virales e incentivar su naturalización, debe ser ampliada la mirada sobre la mutación del delito a esos espacios. “El Ministerio de las TIC y la Fiscalía General deben adelantar acciones que mitiguen los riesgos asociados a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en los espacios virtuales”, es otro de los llamados del Defensor del Pueblo de los colombianos.

El llamado general de la entidad de derechos humanos

“Toda la sociedad, especialmente padres, madres y cuidadores, debe estar siempre vigilante del entorno digital y alertar de inmediato a las autoridades cualquier sospecha, pues muchas veces el desconocimiento de delitos informáticos dificulta la identificación de que niñas y niños pueden estar siendo víctimas desde su casa de una red de explotación sexual y comercial a través de la virtualidad. Debemos estar atentos y hacerles seguimiento a lo que ven en sus dispositivos electrónicos”, remarca Camargo Assis.

Además, es necesario que el Comité Nacional Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de NNA y el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género prioricen en sus planes de acción el diálogo y el cruce de los sistemas de información.

“El propósito esencial es contar con una base de datos que se ajuste a la realidad que vive el país y a la construcción de estrategias y programas que permitan avanzar en la erradicación de la violencia sexual y de género a través de medidas focalizadas por territorios”, indica Carlos Camargo Assis.

El Defensor también insta a las autoridades a desarrollar acciones efectivas que permitan enfrentar el aumento de casos relacionados con turistas nacionales o extranjeros y regular espacios como los airbnb.
 

La institución nacional de derechos humanos reitera su compromiso para seguir impulsando espacios seguros para la niñez
 

y adolescencia, al tiempo que reitera el llamado a las autoridades y a toda la sociedad para cuidar a esta población y no permitir que sea víctima de ningún tipo de abuso.

Más de 70 mil niños se encuentran sin alimentación escolar

En las tareas de vigilancia que hace la Procuraduría al Programa de Alimentación Escolar -PAE- se pudo evidenciar que después de dos meses de iniciado el calendario escolar varios departamentos y municipios se rajan al no haber echado a rodar la operación mientras que otros andan a media marcha.

Es el caso del municipio de Girardot (Cundinamarca) y la ciudad de Sincelejo en donde, según informe enviado por la Unidad Alimentos para Aprender -UApA- aún se encuentran en proceso contractual, afectando el derecho a la alimentación de 54.724 niños de 43 instituciones educativas.

En Antioquia, por ejemplo, las poblaciones de Abejorral, Amagá, Ciudad Bolívar, Fredonia, Heliconia, Jericó, Puerto Berrío, San Pedro de Urabá, Titiribí, Urrao y Venecia presentan tropiezos para avanzar en el PAE, situación que está afectando a más de 20 mil beneficiarios.

Los hechos demandaron llamados de atención del ente de control que solicitó información sobre el estado y/o avance del procedimiento contractual que actualmente se está adelantando para la oportuna prestación del servicio de alimentación escolar y las razones operativas, técnicas y jurídicas por las cuales se están presentando retrasos en la operación del Programa.

La Procuraduría advirtió que intensificará acciones para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no se vean vulnerados por incumplimientos en la implementación del PAE.

Los accidentes viales no paran en Semana Santa

La Semana Santa en Colombia ha estado marcada por tragedias viales que han dejado un saldo doloroso. En la madrugada del Jueves Santo, un accidente de autobús en la vía que conecta Bogotá con el departamento de Boyacá cobró la vida de dos personas, entre ellas un menor de edad, e hirió a otras 12, informó Álvaro Farfán, capitán de los bomberos de Cundinamarca.

El suceso ocurrió en la vereda Boitá, del municipio de Sesquilé, a unos 60 km de Bogotá, donde un autobús de la empresa Concord, con 28 pasajeros a bordo, volcó en circunstancias aún por determinar. Las autoridades trasladaron a los heridos al hospital de Sesquilé y a uno en estado grave al Hospital de La Sabana en Chía, Cundinamarca.

Este accidente se suma a otros ocurridos durante la Semana Santa. El martes, la Vía al Llano, principal ruta entre Bogotá y los Llanos Orientales, fue cerrada tras una colisión entre un tractocamión y un vehículo particular cerca de Villavicencio, dejando seis heridos. Un día después, un autobús se incendió en la ruta Bogotá-Bucaramanga, sin dejar víctimas.

Estos incidentes son parte de una preocupación más amplia sobre la seguridad vial en Colombia. Según el reporte anual del International Transport Forum, el país tiene la peor tasa de siniestralidad vial entre 35 naciones evaluadas, con 15,5 muertes por cada 100.000 habitantes. En 2022, más de 8.700 personas murieron en accidentes viales en Colombia, un aumento del 10% respecto al año anterior.

Estos lamentables sucesos resaltan la necesidad de medidas urgentes para abordar la seguridad en las carreteras colombianas y proteger la vida de los ciudadanos.