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Colombia exige disculpas a Milei
por sus palabras hacia Petro
Las autoridades de
Colombia han manifestado el jueves su profundo rechazo a la
actitud del presidente de Argentina, Javier Milei, a quien han
acusado de actuar como un "matón de pueblo" después de que en la
víspera tildara al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de
"terrorista y asesino", desembocando en una crisis a nivel
diplomático entre ambas naciones sudamericanas.
"La actitud chabacana, la matón de pueblo, puede ser rentable en
un debate electoral de bajo nivel, pero nunca debe ser el
comportamiento de un jefe de Estado", ha aseverado el ministro
del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, en su perfil
oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
Así, el ministro del Interior ha añadido que Colombia guarda
respeto al pueblo argentino pero ha recalcado que Bogotá no
aceptará el trato que brinda su presidente. "Señor Javier Milei,
te equivocaste en materia grave y le debes una excusa al pueblo
colombiano y una explicación a tu pueblo", ha zanjado.
El Gobierno de Colombia ordenó en la víspera la expulsión de los
diplomáticos de la Embajada de Argentina en represalia a los
insultos del presidente Milei contra su par colombiano, en unas
declaraciones que Bogotá aseveró "repudiar" por expresarse "de
forma denigrante contra el mandatario de los colombianos".
Esto se produce después de que el mandatario argentino afirmase
que "mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino
terrorista", en alusión a Petro, durante una entrevista en la
que también aprovechó para criticar al presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador.
El Ministerio de Exteriores de Colombia ya llamó a consultas a
su embajador en Argentina, Camilo Romero, a finales de enero
después de que Milei afirmarse durante una entrevista que su
homólogo colombiano, Gustavo Petro, es un "comunista asesino que
está hundiendo a Colombia".
El martes se
estudiarán ponencias de reforma a la salud
Martha Peralta,
congresista del Pacto Histórico y presidenta de dicha comisión,
aseguró que el debate iniciará con la votación de los
impedimentos. Luego, se analizarán las ponencias positiva,
negativa y alternativa que se tramitan en el Legislativo.
La positiva fue radicada en marzo de este año, con la intención
de dar inicio a la discusión de este proyecto. Contó con el voto
de Martha Peralta, Wilson Arias, Ferney Silva y Omar Restrepo.
En esta oportunidad, se generó una gran polémica en vista de que
los congresistas de oposición aseguraron que no se habían
terminado las mesas técnicas en Colombia.
Norma Hurtado, parlamentaria del Partido de La U e integrante de
la Comisión Séptima, cuestionó que se haya realizado con menos
de la mitad de las firmas de los ponentes. Pero también, criticó
que tampoco se realizó una audiencia previa en la ciudad de
Bogotá.
“El Pacto Histórico
radicó ponencia para tercer debate de la reforma a la salud sin
concertar con ningún otro partido aparte del partido Comunes.
¿Ese es el gran acuerdo nacional del que tanto habla el
presidente Gustavo Petro? ¿Consiste en la imposición unilateral
de sus puntos de vista?”, puntualizó en aquella oportunidad el
representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero.
Ponencia de
archivo
Hace dos semanas,
ocho senadores del Partido Conservador, La U, Centro
Democrático, ASI, Partido Liberal y Colombia Justa Libres
sorprendieron al país firmando una ponencia de archivo de la
reforma a la salud.
Los senadores Nadia Blel, Miguel Ángel Pinto, José Alfredo
Marín, Lorena Ríos, Norma Hurtado Berenice Bedoya, Honorio
Henríquez y Alirio Barrera frenaron la iniciativa del Gobierno.
Más adelante, la
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congresista
de Mira, Ana Paula Agudelo, habría sumado un nuevo voto para hundir la
reforma.
“Coarta la libertad de
elección, ya que los usuarios no podrán elegir el prestador de servicios
de salud, no determina de manera clara y precisa la ruta de atención al
paciente ni la entrega de medicamentos. No garantiza la continuidad de
la atención para los pacientes de alto costo poniendo en riesgo la salud
y la vida de millones de colombianos”, manifestaron los firmantes, a
través de un comunicado.
También argumentaron que a estas alturas del trámite del proyecto el
Ministerio de Hacienda no ha entregado el aval fiscal, “contrariando la
ley en tal sentido. Adicionalmente no es clara la cuantificación de los
costos de implementación ni sus fuentes de financiación”.
Añadieron que el proyecto desconoce los logros del sistema de salud, así
como no resuelve los retos del sistema actual. Asimismo, sostuvieron que
la reforma no garantiza la transparencia en el manejo de los recursos al
centralizarlos.
Proyecto alternativo
Por último, fue anunciada
una ponencia alternativa el lunes pasado en medio de una sesión informal
que fue convocada en medio de Semana Santa y a la que fueron llamados a
participar 81 senadores.
El proyecto, aparentemente asesorado por exministros y que recoge ideas
de partidos políticos que incluso habían firmado la ponencia de archivo,
fue aterrizado en la Comisión Séptima por el congresista de la Alianza
Verde, Fabián Díaz.
“Buscamos radicar una ponencia que lograra diluir temores, que lograra
consensos y un diálogo nacional. Hicimos todo lo posible, en este
momento ya radicamos nuestra ponencia. Se lograron avances, pero
finalmente lo que se termine desarrollando en la votación es lo que
termine pasando. No sabemos finalmente si los senadores nos acompañarán
o no, ya será el momento de la votación, si continúan con su posición de
votar el archivo de la reforma a la salud o si nos acompañan en la
ponencia alternativa que desarrollamos y que recoge mucho de lo que
ellos también estaban proponiendo en una reforma a la salud”, indicó.
Los 14 senadores que hacen parte de la Comisión Séptima del Senado de la
República fueron convocados para el martes después de Semana Santa para
estudiar las tres ponencias de la reforma a la salud.
Alerta por déficit en entrega de subsidios
para vivienda
El senador David Luna del
partido Cambio Radical, reveló que el Gobierno nacional no está
ejecutando la totalidad de los recursos disponibles para el programa de
vivienda Mi Casa Ya. En varios tuits el congresista señaló: “Por más
distracciones, debemos continuar nuestra tarea de control político. En
este caso, al Ministerio de Vivienda El país no puede paralizarse por
las declaraciones del Presidente, debe seguir dando resultados. Acá
revelo una investigación que hicimos y que deja serias dudas” (sic).
En ese sentido, sostiene que “El 2023, fue un año malo para Mi Casa Ya.
En primer lugar, las asignaciones de subsidios cayeron un 22.4% frente
al año 2022. Los desembolsos, es decir, cuando a la gente le llega la
plata, cayeron un 18.1%. Y las coberturas de tasas de interés se
redujeron en un 25.1%”.
Posteriormente, Luna señala “Es muy preocupante que de 912 mil millones
de pesos asignados para la cobertura de tasas de interés de "Mi Casa
Ya", este año solo se hayan ejecutado 66 millones. Es decir, en la
práctica un 0%. ¿Así cumplirán la meta de coberturas? Ojalá sí,
estaremos controlando.
Además, el senador sostuvo que “las cifras merecen ser tratadas con
mucho cuidado. Si bien pueden cometerse errores, no es aceptable que en
comunicaciones anteriores nos den unas cifras y luego corrijan y nos den
otras. Colombia y el pueblo están encima de estos datos, son cruciales.
Mucho cuidado”.
Esto, en relación, con la información suministrada inicialmente a la
oficina del senador Luna, y en la cual el Ministerio de Vivienda
señalaba que para 2021 asignó más de 69.500 subsidios de vivienda; en
2022 reportó 69.300, y no como inicialmente informaron que para las
vigencias de ambos años se habían reportado 67.500 subsidios en 2021 y
67.300 en 2022.
Información
ante la cual, el senador Luna solicitó que se pusiera especial atención
por parte del Ministerio de Vivienda, al tratarse de un programa
adelantado por el Gobierno nacional, y que genera un importante interés
para el país. El congresista advirtió, que no va a dejar de hacer
control y seguimiento a esta política de Mi Casa Ya.
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Entrega de ambulancia en Cauca por EMC
es un golpe a la institucionalidad: Mindefensa
En un intento del Estado
Mayor Central (EMC) de fortalecer su control en territorios apartados de
Colombia como el municipio de Tambo (Cauca), esta organización criminal
entregó ayer un puesto de salud y una ambulancia, las cuales estarán al
servicio de la población, lo que generó una ola de indignación nacional.
Entre las réplicas a esta
acción destacaron las del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien
aseguró que, al materializarse tal donación específicamente en el
corregimiento San Juan del Micay, ha habido un “golpe a la
institucionalidad”, tomando en cuenta que los dineros para la
construcción del centro y adquisición de la ambulancia fue reunido entre
la población y ese grupo de disidentes.
“Es una fuente de
legitimación (de las disidencias) que pretenden, como si fueran el poder
del Estado, eso es responsabilidad del Estado que no se ha hecho
presente en los territorios, debe haber presencia institucional, cada
acción de estas es un golpe a la institucionalidad”, indicó el alto
funcionario.
Lo más grave del asunto es
que no es la primera vez que ocurre un hecho como este en regiones donde
—históricamente— han operado grupos armados al margen de la ley. En
noviembre de 2023 se inauguró una vía pavimentada por las disidencias en
el corregimiento de Santa Rosa, municipio Policarpa (Nariño).
Además, se sabe de la
supuesta inauguración de un colegio en San Vicente del Caguán (Caquetá),
el cual, según información de las autoridades, llevaría el nombre del
líder de este grupo, alias ‘Gentil Duarte’.
Es importante mencionar que
esta controversia surge en medio de la suspensión del cese al fuego
entre el Gobierno y el EMC de ‘Iván Mordisco’ en tres departamentos
(Cauca, Nariño y Valle), luego de que el frente ‘Dagoberto Ramos’
atacara a una comunidad indígena en Cauca.
A partir de allí, se desató un problema mucho mayor entre el Estado y
las disidencias. Es que el presidente Petro, tras su decisión de romper
con el cese al fuego, emitió fuertes declaraciones contra ‘Mordisco’, a
quien llamó “traqueto vestido de revolucionario”.
“Traquetos vestidos de revolucionarios, asesinando dirigentes populares
desarmados”, expresó el jefe de la Casa de Nariño, quien advirtió al
grupo armado que deben decidir si eligen seguir asesinando a indígenas y
dirigentes campesinos en el Cauca o el camino del servicio del pueblo y
del proyecto de la vida.
“Esto que lo reciba allá el tal ‘Iván Mordisco’. Era chofer de un
comandante de las FARC. Las Farc hicieron la paz y el chofer se quedó
con los negocios. Ahora está matando dirigentes campesinos, asesinando
al pueblo y habla de revolución. ¡Qué revolución ni qué carajo! Diga la
verdad. Es un traqueto vestido de revolucionario”, indicó el mandatario.
A manera de réplica, ‘Mordisco’ aseguró a Petro que "cuando le apoyamos
en campaña no éramos traquetos". Además, el líder del EMC acusó al
mandatario de traicionarles a ellos y al pueblo "que lo respaldó por su
discurso progresista y de paz", mientras que "hoy impulsa la guerra y el
capitalismo".
Presencia militar en
Nariño
Ante la inquietud por el
desplazamiento de comunidades debido a enfrentamientos entre grupos
armados delincuenciales, el ministro Velásquez aseguró el aumento de
uniformados en la zona para facilitar el retorno de las comunidades a
sus hogares.
"En el marco del Plan 16.000, que implica el aumento de soldados
profesionales en las Fuerzas Militares, se destinarán aproximadamente
mil efectivos para esta región, junto con el reposicionamiento de tropas
para fortalecer el control en las vías y corredores de movilidad",
afirmó el funcionario.
En cuanto a la situación de los campesinos cocaleros afectados por el
narcotráfico, se anunció la entrega de ayuda humanitaria a través de
corredores de seguridad acompañados por las Fuerzas Militares, junto con
la implementación de medidas integrales para transformar el territorio
mediante la sustitución de cultivos y el desarrollo económico.
El ministro destacó la
necesidad de una presencia más efectiva del Programa de Sustitución de
Cultivos del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de permitir a
los campesinos pobres obtener ingresos a través de cultivos lícitos.
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