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A juicio Dalmiro Heras,
coronel (r) de Policía, por presunto acoso sexual
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos
contra el excomandante del departamento de Policía del Guaviare
(2022-2023), Dalmiro Rafael Heras Santana, por presunto acoso con fines
sexuales y trato impropio hacia varias funcionarias públicas.
El ente de control señaló que el oficial (r) posiblemente acosó con
fines sexuales de manera física, verbal o mediante el uso de las
tecnologías de información a varias subalternas y, adicionalmente,
habría tratado en forma descortés a siete integrantes de la Policía y a
una servidora de la Alcaldía de Calamar, para la época de los hechos.
Una de las afectadas señaló que el entonces excomandante le preguntaba
insistentemente por su pareja sentimental, la cuestionaba por mantener
una relación a distancia, le sugirió que debía conseguir a alguien en el
departamento y en una ocasión, durante una reunión laboral, sacó de su
bolsillo una tirilla de condones y le indicó que si quería se los
enseñaba a usar.
Otra de las afectadas manifestó que la situación inició cuando fue
observada por el entonces coronel limpiando las instalaciones de sanidad
y ordenó que la trajeran, le colocaran el uniforme, reclamara armamento
y sin ser del esquema de la secretaria del comando, dejara su cargo para
ir a acompañarlo en la camioneta institucional.
La patrullera expuso que tuvo que soportar durante todo el día miradas
morbosas y comentarios como “¿Quién le hace la vuelta? ¿Quién le hace el
mantenimiento?”.
También manifestó que dos días después llegó su traslado a otra unidad,
lo cual generó molestias en el entonces comandante, quien derogó esta
orden, porque, según declaró la afectada, ella no subió a su oficina a
hablar con él para pedirle que no hiciera efectivo el movimiento
administrativo.
La tercera integrante de la Policía, una joven de 22 años, también hizo
mención a frases y comportamientos impropios por parte de Heras Santana
y declaró que el oficial le realizó entre 27 y 30 llamadas y
videollamadas y cuando no fueron contestadas por ella, el coronel se
molestaba y era grosero.
Existen pruebas que demuestran que el excomandante del departamento
posiblemente acosó a estas tres funcionarias “con fines sexuales
pretendiendo doblegar su voluntad para que accedieran a sus
pretensiones, utilizando su cargo, superioridad y jerarquía (…)”.
De otra parte, el ente de control cuestionó el trato irrespetuoso e
impropio y el vocabulario soez e inadecuado, o de “doble sentido” o de
contenido morboso y sexual empleado por el coronel (r) contra varias
integrantes de la Fuerza Pública y la entonces asesora del alcalde de
Calamar para temas de seguridad y convivencia ciudadana.
En este cargo en concreto la Procuraduría llamó la atención frente a la
burla del entonces uniformado a una patrullera indígena a quien
posiblemente ridiculizó frente a todo el personal de la unidad policial,
más de 100 hombres, lo que a juicio de esta Delegada genera no solo
violencia de género sino también discriminación en contra de un grupo
étnico.
“Lo que se espera de los comandantes de Policía frente al trato al
personal femenino de la institución, es el respeto a su dignidad y
libertad sexual y una contundente respuesta a través de los medios de
policía y acciones disciplinarias contra quienes generen violencia de
cualquier tipo contra ellas”, puntualizó el ente de control.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública también
hizo mención a lo señalado por la Corte Constitucional en cuanto a que
“a partir de los estándares nacionales e internacionales se deriva la
obligación que tiene el Estado (…) de otorgar garantías de prevención y
no repetición en casos de violencia y/o discriminación por razones de
género contra las mujeres”.
Las conductas reprochadas
provisionalmente a Heras Santana fueron calificadas como gravísima y
grave a título de dolo.
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Amigo de 'Mane Díaz'
aceptó participar en su secuestro
En el desarrollo de las audiencias concentradas en contra
de Yerdinson Bolívar, alias 'Arenca', aceptó su participación en el
secuestro de Luis Manuel Díaz, hechos que ocurrieron el pasado 28 de
octubre del 2023.
La Fiscalía le imputó al procesado el delito de secuestro simple, cargo
que fue aceptado, ya que con base en investigaciones preliminares se
pudo determinar que él sería responsable de entregar al padre del
delantero Lucho Díaz a la guerrilla del ELN.
Alias 'Arenca', quien fuera amigo cercano de la familia Díaz Marulanda
por varios años, incluso considerado el mejor amigo de 'Mane', se
convirtió en una pieza clave en la ejecución del secuestro que
conmocionó al país. El fiscal a cargo del caso detalló que "esta
persona, al parecer, fue contactada a mediados del año pasado por alias
Octavio, un señalado integrante del ELN que le pidió ayuda para
concretar la idea que tenía la organización criminal de secuestrar al
papá del deportista. Posteriormente, y en diferentes reuniones, habría
proporcionado información sobre las rutinas y movimientos de las
víctimas, pues tenía cercanía con ellas y se desempeñaba como entrenador
de una escuela de fútbol que tenían", dijo la Fiscalía.
El modus operandi de Bolívar revela una red de traición y complicidad,
ya que, según la Fiscalía, proporcionó información detallada sobre las
rutinas y movimientos de las víctimas, aprovechando su posición como
entrenador en la escuela de fútbol dirigida por 'Mane' Díaz. Esta
cercanía le permitió acercarse a la familia Díaz y ganarse su confianza,
facilitando así la ejecución del secuestro.
La investigación también reveló que la guerrilla del ELN habría
entregado sumas entre 300.000 a un millón de pesos a los perpetradores
del secuestro, quienes, con ayuda de 'Arenca', se llevaron al padre del
futbolista y a su madre, Cilenis Marulanda. Este nivel de colaboración
con grupos criminales ha generado indignación y consternación entre la
comunidad futbolística y la sociedad en general.
La captura de Yerdinson Bolívar se dio en Barrancas, La Guajira, a
finales de octubre del 2023, poco después de la ejecución del secuestro.
Durante la audiencia, se detalló cómo alias 'Arenca' fue el encargado de
llevar mediante engaños a los esposos Díaz Marulanda a un puesto de
frutas en Barrancas, donde hombres armados los esperaban y se los
llevaron en contra de su voluntad. La mamá del futbolista fue liberada
horas después, mientras que el señor Luis Manuel Díaz permaneció 12 días
en cautiverio.
El proceso legal contra Yerdinson Bolívar continuará mientras se busca
esclarecer todos los detalles relacionados con este lamentable suceso y
se garantiza justicia para la familia afectada.
Capturan a hombres que
pretendían atentar contra indígena en Putumayo
En desarrollo de acciones de presencia institucional y
control territorial enmarcada en el Plan de Campaña Estratégico Conjunto
Ayacucho - Tiempo 2 - en las últimas horas tropas de la Brigada 27 del
Ejército Nacional en coordinación con la Policía, capturaron a siete
presuntos integrantes de los autodenominados Comandos de Frontera -
Segunda Marquetalia - de las disidencias de las FARC en Putumayo, a
quienes además se les incautó un poderoso arsenal bélico.
El hecho se produjo en zona rural de Villa Garzón, Putumayo. Hasta el
lugar llegaron
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uniformados del Batallón de Infantería
N.25, quienes, tras labores de inteligencia militar, localizaron a una
comisión de este grupo armado organizado residual, quienes intentaban
esconderse de la ofensiva operacional desplegada por las autoridades en
su contra.
De acuerdo con las primeras informaciones, estos sujetos
tendrían la intención de realizar acciones criminales en contra de
comunidades indígenas de la región. Específicamente iban a perpetrar
homicidios selectivos contra algunos integrantes de la población
indígena que allí habitan, según se ha podido establecer de manera
preliminar, por unas armas de fuego que tendrían escondidas en ese
sector.
Enterados de la situación que ponía en riesgo la vida de
la población civil, las tropas realizan un planeamiento operacional y
reaccionan de manera oportuna y al llegar al lugar sorprenden a los
ilegales.
Gracias al entrenamiento, la preparación y a la destreza
de las Fuerzas Militares se evita una confrontación armada. A los
capturados les fueron incautados una ametralladora M-60 calibre 7.62 mm,
cuatro fusiles M4, un fusil M-15, una pistola, material de intendencia,
equipos de comunicaciones y abundante munición de diferentes calibres.
Los criminales, habrían llegado a la comunidad indígena en una camioneta
y dos motocicletas, ya que el objetivo era atentar contra la vida de
varios integrantes del resguardo y huir. Con lo que no contaban, era con
la oportuna y rápida reacción del Ejército Nacional quienes evitaron el
hecho y capturaron a los disidentes.
Los siete detenidos, así como el material incautado, fueron puestos a
disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de
judicialización.
En la zona donde se produjeron los hechos, fue ordenado un
fortalecimiento del dispositivo de seguridad con el objetivo de
localizar y capturar a los demás integrantes de esa comisión de los
autodenominados Comandos de Frontera, señalados de perpetrar acciones en
contra de la población civil como homicidios, extorsión, instalación de
artefactos explosivos, desplazamientos, reclutamiento forzado de
menores, narcotráfico entre otros.
A disposición de las comunidades del departamento del Putumayo y de todo
el país, las Fuerzas Militares tienen a disposición la Línea Gratuita
Nacional contra el Terrorismo 107 y la 147 del Gaula Militar, en donde
podrán denunciar, con absoluta reserva, cualquier alteración a la
seguridad y a la libre movilidad, y de esta manera reaccionar de manera
pronta y oportuna.
A juicio a Carlos
Rodríguez, exgobernador del Amazonas
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia
radicó escrito de acusación en contra del exgobernador de Amazonas,
Carlos Arturo Rodríguez Celis, como posible responsable de los delitos
de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por
apropiación y prevaricato por omisión.
Los hechos que se le atribuyen están relacionados con irregularidades
detectadas en el trámite, celebración y ejecución del contrato de obra
N°1181 de octubre de 2013, el cual ascendió a $597’038.414 y contemplaba
la construcción de vías peatonales en comunidades indígenas de Leticia y
Puerto Nariño (Amazonas).
Los elementos de prueba indican que los pliegos de condiciones definidos
fueron ambiguos o confusos, y no coincidían con lo señalado en los
estudios previos. De esta manera, habría sido beneficiado un único
proponente, que sin tener la idoneidad y la capacidad económica y
técnica fue seleccionado.
Finalmente, el objeto del contrato no se cumplió completamente, lo que
causó un detrimento patrimonial a las finanzas del departamento por
$297’311.789. Estos recursos quedaron en manos del contratista y no se
ejercieron acciones por parte del entonces gobernador para recuperarlos.
Según el ente investigador, se constató que las obras quedaron
abandonadas y las estructuras en evidente deterioro, lo que generó gran
impacto social en los territorios que supuestamente serían beneficiados.
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