En reacción a la arremetida que ese grupo ilegal viene cometiendo en el suroccidente del país, el ministro dijo que es un mecanismo de presión que ejercen para que el Gobierno considere el restablecimiento del cese al fuego en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
 

Al mismo tiempo aseguró que la Fuerza Pública tiene “una voluntad indeclinable y las capacidades necesarias para enfrentar estas amenazas”.

Yate que transportaba 12 estadounidenses se hundió en Cartagena

El viernes pasado, un yate que transportaba a 12 ciudadanos estadounidenses se hundió en el sector de Punta Gigante, en las proximidades de Cartagena, desencadenando un operativo de rescate coordinado por las autoridades marítimas que culminó con el salvamento de todos los ocupantes y tripulación.

Si bien el siniestro ocurrió en la tarde del 12 de abril, solo hasta este sábado se conocen detalles de lo que ocurrió.

El incidente involucró al yate "Baharí" y matrícula CP-05-4613 de la empresa Mareta Group, el cual se encontraba realizando la ruta desde las Islas del Rosario hacia Cartagena, con un total de 14 personas a bordo, de las cuales 12 eran ciudadanos estadounidenses y el resto tripulantes de origen colombiano.

Gracias a la pronta respuesta de las motonaves "Mamajuma" y "Luz II", los
 

rescatados fueron trasladados al muelle del Club Náutico donde recibieron la atención necesaria tras el angustioso evento, que afortunadamente no dejó heridos graves.

La Dirección General Marítima (DIMAR) anunció una investigación detallada para determinar las causas del hundimiento y evaluar posibles violaciones a las normas de seguridad marítima que pudieron haber contribuido al incidente.

Asimismo, se hace un llamado a la comunidad para respetar las medidas de seguridad en el mar, enfatizando la importancia de prevenir situaciones que pongan en peligro la vida humana en el entorno marítimo.

Violaciones a derechos humanos en ruta migrante Cúcuta-Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación pudo establecer que persiste la crisis en la ruta que conduce de Cúcuta a Bucaramanga, por donde transitan de 800 a 3000 migrantes de ese país cada mes.

El equipo, liderado por el Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, pudo establecer la ausencia y el abandono de las entidades estatales responsables de la atención al migrante en los 198 kilómetros, a pesar de que al menos el 30% de estos migrantes son niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias. También se han registrado en lo corrido del año, 113 mujeres gestantes y 154 madres lactantes en la ruta, sin recibir ninguna atención del estado.

Esto además de otras vejaciones cómo la trata de personas con fines sexuales y prostitución infantil, entre otras que denuncian los caminantes.

Durante el recorrido, el equipo visitó cinco puntos de atención al migrante financiados y operados en su totalidad por organismos de cooperación internacional, que tendrán que cerrar sus puertas en el segundo semestre de 2024 por falta de recursos, a pesar de múltiples solicitudes de apoyo que han elevado frente a las administraciones locales y al gobierno nacional.
 

Con la información recaudada y tras verificar el incumplimiento de las 167 recomendaciones hechas por el Ministerio Público para enfrentar la crisis migratoria, el delegado Sarmiento anunció que citará en los próximos días a los gobernadores y alcaldes de Santander y Norte de Santander a una audiencia preventiva en la que se definirá compromisos puntuales para restablecer los derechos de estas personas vulnerables y se evaluarán medidas disciplinarias frente a los incumplimientos.