Subir hasta 4 salarios mínimos umbral de cotización a Colpensiones: Petro

Apenas un día después de que el Congreso le aprobara al Gobierno el proyecto de reforma pensional, tras lograr un acuerdo con los liberales y La U para que el umbral de cotizaciones obligatorias a Colpensiones no fuera de tres sino de 2,3 salarios mínimos mensuales, el presidente Gustavo Petro incumplió anoche ese pacto político y volvió a insistir en que la Cámara apueste por la meta original de 4 salarios mínimos.

En alocución radial televisada, el jefe de Estado hizo una defensa puntual de cada uno de los cuatro pilares que plantea el proyecto del sistema de jubilación, pero de manera sorpresiva dijo que le iba a pedir a la Cámara que lo acompañara en la propuesta de insistir en que el umbral de cotización obligatorio a Colpensiones sea de 4 salarios mínimos y no de los 2,3 que aprobó la plenaria del Senado, pese a que esto último había sido acordado en sendas reuniones en las últimas dos semanas en la Casa de Nariño entre los ministros del Interior, Luís Fernando Velasco, y de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con la mayoría de las bancadas del Senado de los partidos Liberal y La U, cuyos votos fueron trascendentales para evitar que la iniciativa se hundiera en la plenaria.

El anuncio presidencial sorprendió a todas las bancadas por tanto los citados ministros habían indicado, el martes en la noche, tras la aprobación en plenario de Senado, que se apostaría por una rápida aprobación de la iniciativa en la Cámara de Representantes, partiendo de la base de que el articulado no sufriría mayores ajustes y modificaciones en la Comisión Séptima de la Cámara, como tampoco en la plenaria de dicha corporación legislativa.

De hecho, la mayoría de los parlamentarios gobiernistas aseguraban que el camino de la reforma ya estaba despejado por cuanto a que el Gobierno tiene mayor margen de acción política, tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria de la Cámara, no solo por contar con el apoyo mayoritario de la bancada liberal, y puso por fuera las directrices del jefe de la colectividad, expresidente César Gaviria, sino porque, además, la casa de Nariño tiene el respaldo de la mayoría de los titulares de las 16 curules de víctimas del conflicto, una figura que no existe en el Senado.

Es más, trascendió que el Ejecutivo le estaba pidiendo a los parlamentarios de su coalición que evitara lo más posible de modificar el articulado, con el fin de que no se diferenciara mucho del aprobado en el Senado y, por esa vía, evitar que la iniciativa se pudiera complicar en la instancia de conciliación con la Cámara Alta.

Sin embargo, como ya lo evidenciaba anoche las reacciones de representantes de distintas bancadas y de senadores de los partidos de oposición e independientes, así como de liberales y de La U, al igual que la bancada de los verdes y los partidos cristianos, ahora el debate se vuelve a prender por cuanto es muy fuerte la negativa a que más del 90% de los aportes de los 25 millones de afiliados al sistema pensional en el país (casi 19 millones de ellos que hoy cotizan en los fondos privados), pasen obligatoriamente a Colpensiones.

Incluso, varios congresistas acusaron al Gobierno de estar haciendo un ‘conejo’ político, sobre todo a los liberales y La U, a los que habría engañado en la plenaria del Senado para que apoyaran la reforma, ocultándoles que una vez se superara el segundo debate, el presidente Petro volvería a insistir no en volver a la propuesta de los 3 salarios mínimos, sino a la inicial de 4.

¿Qué pasará?

Así las cosas, según lo decían anoche analistas, gremios y parlamentarios, la posibilidad de que la reforma se hunda vuelve a ponerse sobre la mesa, ya que el tema del umbral de los 4 salarios mínimos fue el que trabó la discusión de la reforma por más de 14 meses en el Senado y solo cuando el Gobierno aceptó bajarlo a 2,3 salarios, la iniciativa pudo superar ese cuello de botella.

El problema más grave ahora es que a este tramo de la legislatura solo le quedan siete semanas de sesiones ordinarias y retrotraer la discusión a la polémica propuesta inicial de 4 salarios mínimos podría dilatar los tiempos de debate en la Comisión Séptima y plenaria, al punto que no se superen estos dos debates restantes antes del 20 de junio, lo que abriría la posibilidad de que el proyecto se hunda de forma definitiva.
 

De igual manera, han señalado de forma reiterada que restringir los aportes de las pensiones a los fondos privados solo para quienes ganen más de 4 salarios mínimos, que hoy sería una suma superior a los 4,2 millones de pesos, prácticamente marchitará la funcionalidad de estas entidades, ya que es muy bajo el porcentaje de asalariados que ganan por encima de ese sueldo referenciado.

¿Colombia pedirá nuevamente pasaporte a venezolanos?

El Gobierno nacional alista una resolución que cambia los requisitos para el ingreso de ciudadanos venezolanos a Colombia. El documento establece que se pedirá de nuevo el pasaporte para entrar, transitar y permanecer en Colombia. Sin embargo, la normativa está en revisión de la Cancillería.

El documento 'tumba' la resolución 2231 del 9 de junio de 2021, la cual ampliaba la vigencia de los pasaportes venezolanos vencidos por dos años para que los ciudadanos puedan entrar a Colombia.

Uno de los argumentos que tomó el Gobierno como base para tomar la decisión es el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Pues la resolución que permitía el ingreso de manera libre se había tomado bajo la administración de Iván Duque.

Esto llevó a la oficialización de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, con el propósito de fomentar la colaboración entre ambas naciones.

Según las autoridades involucradas en el proceso de revisión, esta medida tiene como objetivo principal garantizar una migración segura y ordenada, velando por que todos los ingresantes cuenten con la documentación necesaria para su estancia legal en el país.

Los representantes del Gobierno han reiterado su compromiso con el respeto de los derechos humanos de todos los migrantes, enfatizando que esta medida tiene como objetivo mejorar la gestión migratoria sin dificultar el acceso de quienes buscan una mejor calidad de vida en Colombia.

En los días siguientes, se espera que el Ministerio de Relaciones Exteriores finalice la revisión de la normativa relacionada con la gestión migratoria entre Venezuela y Colombia. Esto marcaría el comienzo de una nueva etapa en la forma en que se maneja la migración entre ambos países.

Colombia participará en la política de cooperación del CPI

El Gobierno de Colombia y la Corte Penal Internacional (CPI) han establecido una colaboración para apoyarse mutuamente en la aplicación de la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra.

La Cancillería manifestó que la CPI adopta una relación activa con las autoridades nacionales para apoyar a los estados en el fortalecimiento de la institucionalidad y la aplicación de la justicia en beneficio de las víctimas.

Esto implica que ambas partes trabajarán juntas para investigar y procesar a aquellos responsables de cometer dichos crímenes, asegurando así una mayor efectividad en la protección de los derechos fundamentales y la rendición de cuentas por actos delictivos de esta índole.

"Vamos a firmar un acuerdo marco de acompañamiento para que se pueda nutrir nuestro sistema judicial, pero al mismo tiempo este pueda ofrecer todas estas experiencias al mundo", canciller (e). Luís Guillermo Murillo.

Este acuerdo se lleva a cabo como parte de la estrategia del Gobierno para avanzar en un modelo de justicia transicional. Esto se hace con el objetivo de superar la crisis derivada del conflicto armado y las violaciones de derechos humanos que ha experimentado la población colombiana. La justicia transicional es un enfoque que busca abordar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado mediante mecanismos que combinen la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición, "con el fin de construir una paz duradera y reconciliada".

El Congreso de la República deberá retomar el proceso de elección del Contralor General con base en el listado de diez elegibles que tenía a mediados de 2022, del cual hacía parte Carlos Hernán Rodríguez, quien si bien fue escogido por la plenaria como titular del ente acusador, en mayo del año pasado, el Consejo de Estado anuló su elección.

Así lo acaba de determinar esta noche la Corte Constitucional al fallar una acción de tutela interpuesta por Rodríguez, quién alegaba en dicho recurso la protección de sus derechos al debido proceso así como a elegir y ser elegido.

Si bien el máximo tribunal Constitucional ratificó el fallo del contencioso administrativo que anuló la elección de Rodríguez, ordenó retomar el proceso a partir de la lista de los diez elegibles, de la cual hacían parte en ese tiempo el ya mencionado, así como Víctor Andrés Salcedo Fuentes, Carlos Fernando Pérez Gélvez, Elsa Yazmín González Vega, Luís Fernando Bueno, Luís Carlos Pineda Téllez, María Fernanda Rangel Esparza, Diana Carolina Torres García y Mónica Elsy Certain Palma.

Esto significa, entonces, que el Congreso debe retomar ese proceso de elección en esa instancia y no abocar uno nuevo como el que se venía desarrollando a comienzos de este año por parte de las presidencias de Senado y Cámara, pero que fue suspendido por orden de la propia Corte Constitucional hasta que se conociera el fallo de esta acción de tutela revelado esta noche y en el que no participaron los magistrados Diana Fajardo Rivera y Vladimir Fernández Andrade, por impedimentos aceptados.

Esta es la parte resolutiva del fallo:

PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos para decidir decretada mediante Auto del 31 de enero de 2024.

SEGUNDO. REVOCAR la sentencia de tutela del 5 de julio de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó el amparo, y, en su lugar, AMPARAR parcialmente el derecho fundamental al debido proceso del accionante por las razones expuestas en esta sentencia.

TERCERO. CONFIRMAR el resolutivo primero de la sentencia del Consejo de Estado de 25 de mayo de 2023 en cuanto decretó la nulidad de la elección del doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la República

CUARTO. MODIFICAR el resolutivo segundo de la sentencia del Consejo de Estado de 25 de mayo de 2023, y en su lugar, ORDENAR al Congreso de la República rehacer, a la mayor brevedad posible, el proceso de elección del Contralor General de la República a partir de la elaboración de la lista de diez elegibles teniendo en cuenta: i) el listado de veinte habilitados entregado al Congreso de la República por la Universidad Industrial de Santander el 14 marzo de 2022; ii) las reglas de la convocatoria, en particular, los criterios de paridad de género y de mérito, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.
 

QUINTO. LEVANTAR la MEDIDA PROVISIONAL decretada mediante Auto del 6 de marzo de 2024, en la que se ordenó al Congreso de la República suspender el proceso de elección del contralor general de la República.

SEXTO. Por Secretaría General de la Corte Constitucional notificará la presente providencia a las partes.