Continúa la crisis vial en el municipio de Ambicá, en el departamento del Huila, por la creciente súbita del río que lleva el mismo nombre, el cual destruyó el único acceso que tiene la comunidad con otros sectores.

Debido a las constantes lluvias que se han registrado en el Huila, el río Ambicá aumentó su nivel y se convirtió en riesgo inminente. De acuerdo con el alcalde Arbey Vargas Manguera, desde el 6 de mayo se provocó el colapso de la banca que da acceso al sector urbano en un tramo de 300 metros.

El mandatario mencionó que el municipio sufrió daños no solo en la entrada a la zona urbana, sino también en diversas áreas rurales como La Legiosa, donde un puente se derrumbó, así como en La Esmeralda, San Pedro y El Dorado.

Esta no es la primera vez que se presenta una situación similar. En años anteriores, el río Ambicá derrumbó el puente El Totumo y puso en riesgo la carretera que conduce a Neiva.

Esta zona es altamente productiva donde se cultiva lulo, frijol, granadilla, ganado, gran parte de los productos son llevados a la capital del país, además del sector cafetero que también se ve afectado.

JEP recupera 42 estructuras óseas de desaparecidos en Samaná, Caldas

Durante la primera intervención, sin precedentes, a osario colectivo para recuperar cuerpos de víctimas de desaparición forzada, en Samaná, Caldas, el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP recuperó 171.806 estructuras óseas. De este total, 42, que mostraron signos de eventos violentos, fueron remitidas al Instituto Nacional de Medicina Legal para su identificación.

Los osarios colectivos son lugares difíciles para encontrar y recuperar a las víctimas de desaparición forzada en Colombia. Durante una intervención forense en el Cementerio San Agustín que duró 17 días, se descubrió que los cuerpos de las víctimas no estaban organizados ni registrados adecuadamente. En varios casos, estos restos estaban mezclados con los de personas identificadas que nunca fueron reclamadas por sus familiares.
 

La diligencia se dio en el marco de la medida cautelar ordenada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento y Verdad (SARV), para proteger los cementerios de Norcasia, Samaná y Victoria (Caldas) y, con ello, dar respuesta efectiva a los familiares de víctimas de desaparición forzada en el Magdalena medio caldense.

El análisis forense arrojó 171.806 estructuras óseas recuperadas (partes aisladas de cuerpos sin identificar) que representarían 831 personas (por el número de estructuras que conforman un cuerpo completo). No obstante, al analizar cada estructura solo se pudieron identificar 113 bloques anatómicos, es decir, 113 cuerpos completos de personas.

A partir de estos hallazgos, el equipo del GATEF identificó 42 estructuras que presentan signos de eventos violentos asociados al conflicto armado, y que fueron remitidas a Medicina Legal para su identificación. Se trata de 31 cráneos, además de un bloque anatómico (un individuo) y 10 estructuras óseas aisladas que podría, o no, registrar nexo genético con el bloque anatómico o los 31 cráneos.

Esta entidad realizará el procedimiento medicolegal y de identificación forense que involucra la extracción de perfil genético, migración al Banco de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas (BPGPD), y cruces/búsquedas con perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas existentes en el BPGPD.

Políticas sostenibles contra la inseguridad alimentaria exige Defensoría

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, implementar políticas sostenibles para disminuir índices de inseguridad alimentaria es obligación de las autoridades nacionales.

Esto de acuerdo a el ‘Informe mundial sobre las crisis Alimentarias’ (por sus siglas en inglés: GRFC) incorpora por primera vez a Colombia en la lista de países de América Latina que experimentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda durante el 2023.

Alrededor de 1,6 millones de personas, equivalente al 3% de la población residente en el país, de acuerdo con el GRFC, experimentó graves niveles de inseguridad alimentaria aguda localizada, de manera particular en zonas rurales de los departamentos de La Guajira, Sucre, Caquetá, Córdoba, Arauca y Putumayo. Esos niveles fueron atribuidos a bajos ingresos y a una alta vulnerabilidad derivada de eventos climáticos adversos.

“Las autoridades nacionales deben incluir en sus políticas públicas medidas efectivas que disminuyan los índices de inseguridad alimentaria, con el firme propósito de garantizar el derecho a la alimentación”, llama el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El 62% de la población migrante o refugiada, que asciende a 2,9 millones de personas, resalta el Informe, padece inseguridad alimentaria aguda en el país. Así mismo, es preocupante el aumento exponencial de la población flotante, migrante o refugiada, debido a que Colombia constituye un tramo obligatorio en la ruta hacia Centro y Norteamérica, pues el 73% de las personas

en tránsito experimentó inseguridad alimentaria aguda.

“Hay que adoptar medidas especiales para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes y de la población en tránsito, velar para que gocen, en igualdad de condiciones, de sus derechos económicos, sociales y culturales”, es otro de los llamados del Defensor del Pueblo.

Precisamente, un reciente documento de la ‘Evaluación de seguridad alimentaria’, del Programa Mundial de Alimentos, da cuenta de que las principales dificultades estuvieron asociadas a factores económicos, siendo las más frecuentes la falta de dinero para comprar alimentos (53%), el aumento en el costo de alimentos (25%) y la reducción de ingresos (23%).

Al analizar la relación entre eventos asociados a afectaciones climáticas y desastres de origen natural e inseguridad alimentaria, se encontró que el 28% de los hogares impactados padece inseguridad alimentaria, mientras que para los hogares no afectados, el porcentaje es del 22%, lo cual confirma que los choques climáticos extremos hacen más proclives a los hogares a sufrir inseguridad alimentaria.

“Como exigencia social, es necesaria la puesta en marcha de estrategias de sostenibilidad y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y ambientales, para evitar que una parte de la población colombiana carezca de alimentación digna”, remarcó Carlos Camargo Assis.

Amplían plazo de inscripción y pago para Pruebas Saber 2024

Ante las recientes interrupciones en los servicios del sistemas Prisma, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) amplió las fechas de inscripción y pago para las pruebas Saber 2024.

El ICFES señaló que la interrupción del sistema Prisma, utilizado para inscripciones y consulta de resultados de las pruebas Saber 11, Saber TyT, Saber Pro. Se debe a la implementación de la estrategia de transformación digital que incluye una actualización tecnológica y mantenimiento de servidores.

"Nuestro equipo de tecnología ha estado trabajando sin descanso para restablecer completamente el acceso a nuestros servicios. Hemos desplegado recursos adicionales y estamos colaborando estrechamente con nuestros proveedores de servicios técnicos para resolver esta situación lo antes posible", señaló el instituto.-

Ante esta situación, extendieron las fechas de registro y recaudo ordinario hasta el 29 de mayo de 2024. Asimismo indicaron que en ninguna circunstancia se incurrirá en cargos extraordinarios por esta ampliación.

"Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas a todos los usuarios afectados por las molestias y dificultades ocasionadas por esta migración en nuestros servicios. Reiteramos que el Instituto garantizará que todos los estudiantes habilitados por parte de instituciones educativas, así como las personas que quieran repetir la prueba o presentar Validación de Bachillerato Académico, contarán con todas las garantías para que su proceso sea exitoso", indicó el ICFES.