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C. Constitucional tumbó la
creación del Ministerio de Igualdad
La Corte
Constitucional revocó la Ley 2281 DE 2023, que estableció el
Ministerio de la Igualdad y Equidad encabezado por la
vicepresidenta, Francia Márquez, debido a inconsistencias en el
proceso legislativo y a la falta de claridad en las facultades
otorgadas al presidente Gustavo Petro, según alegaron los
demandantes.
La Corte constató que en el trámite de aprobación
de la Ley 2281 de 2023, el Congreso de la República incurrió en
un vicio de procedimiento insubsanable: no llevó a cabo el
análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de
Igualdad y Equidad, conforme a las exigencias previstas en el
artículo 7º de la Ley 819 de 2003, “por la cual se dictan normas
orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.
Esta omisión violó el artículo 151 de la Constitución, según el
cual el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de las
leyes ordinarias previstos en las leyes orgánicas, tales como la
Ley 819 de 2003, constituyen un parámetro de constitucionalidad
y validez. Por esta razón, la Sala Plena declaró la
inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023.
Con todo, la Sala Plena decidió diferir los efectos de la
declaratoria de inexequibilidad. La Corte encontró que declarar
la inexequibilidad con efectos inmediatos implicaría la
eliminación del sector administrativo de Igualdad y Equidad y,
naturalmente, del ministerio que lo encabeza.
En criterio de la Sala Plena, esto causaría una desarticulación
institucional que afectaría la implementación de la política
pública que ha sido diseñada por el legislador y el ejecutivo
para garantizar los derechos de sujetos de especial protección
constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las
personas en situación de discapacidad. Lo anterior, podría, a su
vez, comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en
concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta
Política.
En tales términos, con el objeto de conciliar los intereses y
principios constitucionales en tensión y salvaguardar el
principio de igualdad, la Sala Plena resolvió diferir los
efectos de esta decisión por el término de dos legislaturas.
En criterio de la Sala, este término prudencial reduciría los
riesgos de la inexequibilidad inmediata advertidos, debido a que
permitiría que el Legislador, por iniciativa legislativa del
Gobierno Nacional, si así lo considera, apruebe la creación del
Ministerio de Igualdad y Equidad en cumplimiento de las
exigencias y requisitos de aprobación de las leyes previstos en
la Constitución y la Ley 819 de 2003; o en su defecto, el
Gobierno Nacional cuente con un tiempo suficiente para reasignar
las funciones que fueron otorgadas al Ministerio de Igualdad y
Equidad y lleve a cabo las modificaciones en la administración
pública nacional que correspondan para evitar afectaciones a los
derechos de los sujetos de especial protección constitucional
que son beneficiarios de la política pública que actualmente
dirige el Ministerio de Igualdad y Equidad.
En todo caso, la Corte señaló que, una vez culmine la
legislatura 2025-2026, la Ley 2281 de 2023 dejará de producir
efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento
jurídico.
El dato
El magistrado Jorge
Enrique Ibáñez Najar salvó parcialmente y aclaró su voto. Los
magistrados Juan Cortés González y Antonio José Lizarazo Ocampo,
así como las magistradas Natalia ángel Cabo y Diana Fajardo
Rivera, se reservaron la posibilidad de aclarar el voto.
Ponencia en CNE confirma
financiación irregular e ilegal campaña Petro 2022
Las investigaciones
por la presunta financiación irregular de la campaña del
presidente Gustavo en 2022, dieron ayer el paso más definitivo
desde que iniciaron las pesquisas.
Dos magistrados del Concejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y
Álvaro Hernán Prada, radicaron una ponencia en la que piden
abrir una investigación y formular cargos a Gustavo Petro, en
calidad de candidato presidencial; Ricardo Roa barragán, en
calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y Juan
Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; al movimiento
político Colombia Humana y el partido político Unión Patriótica,
por presunta violación de topes y dudoso origen de algunos
recursos.
Según la ponencia (ver recuadro), la campaña habría incurrido en
anomalías como presunta vulneración de los topes de gastos;
presunta financiación prohibida en la campaña presidencial de
primera y segunda vuelta; financiación con fuentes prohibidas y
otros delitos.
Como se sabe las investigaciones sobre las financiaciones
irregulares de campaña del presidente están en varios francos.
Por un lado, la Comisión de Acusaciones ya tiene un proceso en
contra de Petro por una presunta financiación ilegal de su
campaña en el año 2022, hecho que, en primera instancia, habría
revelado el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando
Benedetti, en audios que fueron filtrados por la prensa.
A través de un comunicado, la Comisión
señaló que se “decretaron pruebas con el propósito de esclarecer
los hechos”. También fueron determinantes las declaraciones de
Nicolás Petro Burgos, hijo del jefe de Estado, en las que
señalaba que el hoy presidente sí sabía sobre el ingreso de
dinero de dudosa procedencia a su campaña presidencial.
Por otro lado, la
Procuraduría investiga los presuntos ingresos a la campaña
‘Petro Presidente 2022’ por parte de la Unión Sindical Obrera
(USO). Margarita Cabello, procuradora, destacó que el proceso
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indagatorio
ha sido abierto, con la intención de recopilar toda la información
necesaria para tomar las decisiones a las que haya lugar. “Nosotros
tenemos abierta la investigación por los dineros involucrados en la
campaña presidencial”.
A ello se suma, que la
Fiscalía reveló que adelanta seis investigaciones por el escándalo de la
supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo
Petro en 2022, entre los indagados están la vicepresidenta Francia
Márquez y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
Hernando Barreto, fiscal delegado ante la Corte Suprema, mencionó que
los procesos se encuentran en la etapa de indagación en donde se
reunirán las pruebas para esclarecer las denuncias.
“En la Fiscalía en la unidad delegada hay seis actuaciones vinculadas
con el tema de financiación de campañas están en la primera y la sexta y
se van a continuar conforme han avanzado no podemos anticipar el estado
en el que se encuentra, pero se va a continuar con las indagaciones”,
dijo Barreto.
¿Qué viene ahora?
Durante unos días el CNE
viene estudiando la ponencia; sin embargo, no han podido tomar una
decisión debido a que no ha alcanzado la mayoría de votos exigida (seis
votos), pues tras la suspensión del Altus Baquero, solo quedan 8
magistrados.
¿Cómo están las fuerzas?
El Consejo Nacional
Electoral está compuesto por nueve magistrados, quienes son elegidos por
el Congreso de la República, para un periodo de cuatro (4) años, los
cuales son presentados por ternas que presentan cada partido.
En agosto del 2022 fueron elegidos Fabiola Márquez y Alba Lucía
Velásquez del Pacto Histórico; Cristian Ricardo Quiroz, de Alianza
Verde; Alfonso Campo, Partido Conservador; César Lorduy, Cambio Radical;
Maritza Martínez, Partido de la U; Benjamín Ortiz, Partido Liberal y,
Álvaro Hernán Prada Centro Democrático.
Actualmente, el CNE está compuesto solo por ocho magistrados, porque
desde mayo del 2023 fue suspendido Altus Alejandro Baquero del Partido
Liberal, porque no acreditó el requisito de experiencia que exige la
norma constitucional. “La Alta Corte indicó que por aplicarse a los
magistrados del CNE las mismas calidades exigidas a los magistrados de
altas cortes (artículo 264 de la Constitución Política), la experiencia
de 15 años se debe contabilizar a partir de la obtención del título de
abogado, sin que sea predicable la concurrencia de experiencia para su
cómputo”.
Así las cosas, se considera que, quienes estarían a favor de votar
positivamente a la ponencia serían: Alfonso Campo, César Lorduy, Maritza
Martínez, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, mientras que, se piensa
que apoyarían a Petro, Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Cristian
Ricardo Quiroz. Sin embargo, en vista de que cinco no harían la mayoría
de votar, sería necesario acudir a los conjueces −cada partido presentó
a dos, salvo liberales y Pacto Histórico que tienen a cuatro nominados−.
Los 17 conjueces son María Andrea Calero Tafur, Alejandro Felipe Sánchez
Cerón, Javier Ignacio Castro Monsalve, Ronald Javier Vásquez García,
Alberto Rojas Ríos, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Alberto Yepes
Barreiro, Jorge Iván Acuña Arrieta, Jaime Andrés López Gutiérrez, Libia
Milena Ayala Romero, Fernando Guzmán Rodríguez, Jorge Enrique Sánchez
Medina, Jesús María Carrillo Ballesteros, Julio Alexander Mora Mayorga,
Jaime Hernando Suárez Bayona, Marco Fidel Rodríguez Solano, Majer Nayi
Abushihab.
La defensa del presidente Petro ha insistido en que el proceso debe
pasar de inmediato a la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara; no obstante, expertos recordaron que no necesariamente tiene que
ser así, pues anteriormente el CNE investigó a los expresidentes Iván
Duque y Juan Manuel Santos.
Así las cosas, se espera que en dos semanas se tomé la decisión sobre el
futuro de la Administración del presidente Gustavo Petro.
Ponencia radicada ante el
CNE
“Solicitamos iniciar
investigación de manera inmediata sobre las cuentas, informes, reportes,
movimientos contables y movimientos de las cuentas de las campañas
políticas 2022- primera vuelta y segunda vuelta del Pacto Histórico”,
dice el documento.
Posteriormente, añade abrir una investigación y formular cargos contra
los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de candidato
presidencial; Ricardo Roa barragán, en calidad de gerente de campaña;
María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores;
el movimiento político Colombia Humana y el partido político Unión
Patriótica.
En el artículo primero de la ponencia el CNE solicita abrir
investigación y formular cargos en contra de los ciudadanos Ricardo Roa
Barragán en su calidad de gerente; Gustavo Francisco Petro Urrego,
identificado en su calidad de candidato a la Presidencia de la
República; Maria Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez en calidad de
auditores de la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico,
por la presunta vulneración de los topes de gastos a invertir en la
campaña de primera vuelta por la suma de $3 709 361 344; el segundo
proceso está relacionado con una investigación y formulación de cargos a
los anteriormente mencionados por la presunta financiación prohibida en
la campaña presidencial de primera vuelta por parte de Fecode, Ingenial
Media S.A.S. y/o Matrix Giros y Servicios S.A.S, Unión Sindical Obrera
(USO).
Por otro lado, los funcionarios deberían responder
por la presunta vulneración de los topes de gastos a invertir en la
campaña de segunda vuelta por la suma de $1 646 386 773. Con relación a
lo anterior, se suma la investigación por la presunta financiación
prohibida en la campaña presidencial de segunda vuelta por parte de
Servi Red S.A.S, Ingenial Media S.A.S y/o Matrix Giros y Servicios S.A.S
– su red y USO.
Asimismo, abrirán investigación y formulación de cargos en contra del
movimiento político Colombia Humana, por presuntamente, tolerar la
vulneración a los límites del monto de gastos en la suma de $3 709 361
344, así como también, permitir la financiación de la campaña
presidencial, con fuentes de financiación prohibidas (Fecode, Ingenial
Media S.A.S. y/o Matrix Giros y servicios S.A.S y, Unión Sindical
Obrera. Sumado a lo anterior, el partido deberá responder por
presuntamente, tolerar la vulneración a los topes o límites del monto de
gastos en la suma $1 646 386 773.
Finalmente, el noveno artículo pide abrir investigación y formular
cargos en contra de Colombia Humana por presuntamente permitir la
financiación de la campaña presidencial con fuentes de financiación
prohibidas tales como Servi red S.A.S., Ingenial Media S.A.S y/o Matrix
Giros y Servicios S.A.S – su red y USO, así como
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también por incumplir los deberes de diligencia en la
aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que regulan
la organización, funcionamiento, y financiación de las organizaciones
políticas.
Ingrid Betancourt se fue de frente
contra presidente Petro
Criticó punto a punto el
discurso del presidente Gustavo Petro y le ‘sacó los trapos al sol’ en
su cuenta de X, Ingrid Betancourt. “Cuando se destapó el escándalo de tu
hijo Nicolás y tu hermano Juan Fernando te moviste prestamente para
callarlos: visitaste al primero para que se retractara y no colaborara
con la fiscalía de Barbosa, prometiéndole pronto un fiscal de bolsillo;
y al segundo, lo sacaste de viaje con pasaporte diplomático”, dijo.
La excandidata señaló que “la corrupción institucionalizada se
profesionalizó en tu Gobierno, bajo tu dirección: tú nombraste a
Sarabia, Benedetti, Olmedo y demás. No viniste a acabar la corrupción,
sino a ponerla a tu servicio”.
Asimismo, puntualizó que Petro impuso un “fiscal de bolsillo que bien te
está sirviendo y lo hiciste con violencia, atacando a la Corte Suprema
de Justicia”.
Del mismo modo, mencionó que la “solución para limpiar la Policía de la
corrupción fue peor que el mal. Acabaste con la Fuerza Pública y lo que
queda, cuando no están ignorando las delincuencias con las cuales te
aliaste, están acuarteladas o muriendo abandonadas por ti, como en el
Cauca”.
Al hablar del Fomag y la Fiduprevisora aseguró: “Hiciste de la
corrupción tu aliada para destruir y reinar sobre las ruinas. Igual en
Ecopetrol: si tanto es que lograste identificar las venas abiertas de la
corrupción de Ecopetrol, la empresa debería estar boyante. Con tu mano
ha perdido 30 % de sus ingresos. Eres peor que toda la corrupción
anterior y le entregaste Ecopetrol a otro corrupto, pero tuyo”.
“La corrupción de la DIAN todos la conocíamos. Pero no digas que esos
corruptos no infiltraron tu campaña. Les abriste las puertas a ellos y a
todos los contrabandistas, como el hombre ‘Marlboro’. Los
narcotraficantes y terroristas, como Iván Mordisco, que te financió. Y
peor, transformaste a Colombia en nido de ratas internacional”, agregó
con molestia la política.
De igual manera, se refirió al escándalo que envuelve hoy a la Ungrd, y
aseguró que es hoy el “caso personal y estructural de corrupción.
Robaron hoy para ti y por ti. Con ello pagaste a congresistas corruptos
para que te pasaran tus alocadas reformas. Aprendiste rápido cómo
funcionaba la corrupción antes y tu cambio fue poner a tu gente a hacer
lo mismo”.
Betancourt no se guardó nada y aseveró que “ofende cómo le das órdenes a
la Fiscal Camargo para que “con toda celeridad” investigue la corrupción
de la Ungrd de los últimos 8 años. Mucha independencia la de tu fiscal.
Acabar con la independencia de los poderes públicos es más grave que
todo lo de la Ungrd”.
“Pedir que investigue lo que pasó antes está bien, pero no para
justificar que tú hagas peor ahora”, concluyó la excongresista en su
cuenta oficial de X.
Piden al Gobierno levantar cese al
fuego con grupos armados
En una declaración unánime,
gobernadores y alcaldes de ciudades capitales del país solicitan al
Gobierno poner fin al cese al fuego vigente con grupos armados,
argumentando una escalada de violencia y el fortalecimiento de estas
organizaciones ilegales.
Esta petición se dio en el marco del Encuentro ‘Reactivación desde las
Regiones’, convocado por Asocapitales y la Federación Nacional de
Departamentos en Pereira, Risaralda. En su comunicado, los mandatarios
enfatizaron la importancia de su participación activa en los procesos de
paz en curso.
En una declaración conjunta, los gobernadores y alcaldes expresaron su
preocupación por la creciente violencia perpetrada por grupos armados en
diferentes regiones del país. En palabras del documento, "la eventual
suspensión de los acuerdos debe tener como fundamento la real situación
de orden público a nivel nacional y las recurrentes acciones violentas
de los GAO ELN, GAOR Estado Mayor Central, GAOR Segunda Marquetalia y
GAO Clan del Golfo, en las diferentes regiones del país".
El llamado al Gobierno se fundamenta en la percepción de que la
suspensión de operaciones militares ha fortalecido a estas
organizaciones ilegales, permitiéndoles aumentar su influencia y
actividad delictiva en diversas comunidades. Los mandatarios consideran
que la participación activa en los procesos de paz es esencial para
abordar de manera efectiva la problemática del conflicto armado en
Colombia.
En este sentido, solicitan una mayor inclusión en las mesas de diálogo
de paz, con el fin de contribuir con sus perspectivas y acciones desde
el ámbito territorial. Según su declaración, "los gobernadores y los
alcaldes de ciudades capitales tengamos mayores espacios de
participación en ellos e incidencia real en potenciales acuerdos dentro
del marco de la Constitución, la ley y el Estado de Derecho".
El pedido también incluye una solicitud de fortalecimiento de las
capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y un aumento en la
inversión social en las regiones afectadas por la violencia. Los
mandatarios subrayan la importancia de garantizar la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos, así como la estabilidad institucional y
democrática del país.
Finalmente, hacen un llamado a los grupos armados para que demuestren
una verdadera voluntad de paz y renuncien a todas las acciones violentas
en contra del Estado y la población civil. Para los gobernadores y
alcaldes, el logro de la paz en Colombia es un deber moral y un anhelo
compartido que requiere el compromiso de todas las partes involucradas.
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