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Cuatro detenidos por
‘reclutar’ narco-mulas en Valle y Risaralda
La desarticulación de una red delictiva señalada de
contactar personas y convencerlas de llevar estupefacientes a diferentes
países de Europa fue desarticulada por la Fiscalía General de la Nación
en Risaralda y Valle del Cauca.
En diligencias realizadas de manera conjunta con la Dirección
Antinarcóticos de la Policía Nacional, en Medellín (Antioquia) y Pereira
(Risaralda), fueron capturados cuatro de los posibles integrantes de la
organización. Se trata de Rubén Darío Osorio Ramírez, alias “Trivi, Tío”
o “Changón”; Uberney Valencia González, alias “El Negro o Negrito”;
Nelson Narváez Cárdenas, alias “El Cucho o El Viejo”; y Alex Guzmán
Ospina, alias “Alex o Mono”.
De acuerdo con los elementos de prueba, estos hombres presuntamente
ubicaban a ciudadanos que tenían previsto salir del país, y a cambió de
diversas sumas de dinero y promesas de apoyo para cubrir los gastos del
traslado aéreo, los convencían de llevar sustancias ilícitas adheridas a
las paredes del equipaje o en maletas doble fondo, con destino a España,
Alemania y Países Bajos.
En el curso de la investigación a esta estructura narcotraficante le
fueron incautados algo más de 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína y
30 kilogramos de marihuana.
La Fiscalía presentó a los detenidos ante un juez de control de
garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir; y
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los procesados no
aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro
carcelario.
Cayó presunto pederasta
el cual ‘vendía’ sus videos en la red oscura
Pedofilia y pornografía infantil son, entre otros, los
delitos que se le imputan a Aldo Amaya Ruiz, el hombre de 58 años que
fue capturado por la Policía Nacional en la vía que de Bogotá conduce a
Mesitas del Colegio.
El colombiano de 58 años de edad, tenía notificación azul de Interpol y
en su vivienda, al sur de Bogotá, donde fueron rescatadas tres menores
de edad que hacían parte de su grupo familiar y de quienes presuntamente
abusaba sexualmente, fueron encontrados fotografías y videos con
contenido explícito de abuso sexual de menores.
Interpol Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación
realizaron la Operación San Gabriel luego de semanas de seguimiento y
tras recibir una alerta desde Washington (Estados Unidos) sobre la
existencia de material digital con contenido de abuso sexual a menores
en la Dark Web (Red Oscura) de Internet. Con la información de la Base
de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE) por sus
siglas en inglés, realizaron un trabajo exhaustivo de análisis forense y
de investigación criminal con el que lograron ubicar, individualizar e
identificar a este pederasta que habría cometido tan perturbadores
hechos.
A Amaya Ruiz se le imputan los delitos de acceso carnal abusivo con
menor de 14 años, acto sexual con menor de 14 años y pornografía con
menores, además, de presunto abuso sexual de las tres menores de edad
con las que fue encontrado.
Según los elementos materiales probatorios y evidencia física
recopilados, el presunto abusador habría subido a la red de internet
alrededor de 379 imágenes y videos con contenido explícito de abuso
sexual de menores, en los que aparecía él, en reiteradas ocasiones
cometiendo vejámenes y aberrantes actos contra las tres menores, a
quienes coactaba por medio de ofrecimientos de dádivas como teléfonos
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celulares, dinero, alimentos y paseos
a balnearios, con el fin de que no dieran aviso a sus madres o
familiares.
La investigación arrojó información relevante con la que
se pudo evidenciar que esta persona tenía archivos digitales con
contenido pedófilo desde mediados del año 2011; durante la diligencia de
registro y allanamiento practicada a una de las propiedades de él,
ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, se pudo comprobar que el lugar en
el que se habían realizado los videos y fotografías, era el mismo
allanado y que esos hechos fueron llevados a cabo desde el año 2021.
Durante la captura de este pederasta y el allanamiento a su vivienda, le
fueron incautados un disco duro y tres teléfonos celulares de su
propiedad, los cuales son objeto de análisis forense digital con el fin
de obtener más evidencias e identificar más posibles víctimas, además de
determinar si existía la complicidad o complacencia de terceras personas
en hechos reprochables.
Los videos y fotografías con contenido explícito de abuso
sexual de las menores eran distribuidos a través de la Dark Web,
llegando a Estados unidos y otros países, en donde las imágenes eran
compartidas en diferentes grupos y redes sociales alimentadas por otros
pedófilos quienes buscan satisfacer sus deseos aberrantes.
Dentro de las diligencias judiciales realizada por los investigadores
también se llevó a cabo el rescate y restablecimiento de los derechos de
las tres víctimas, quienes fueron dejadas bajo la protección del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Amaya Ruiz o fue presentado en audiencia virtual ante un Juez de Control
de Garantías, quien dio legalidad a su captura y a la diligencia de
allanamiento, una vez imputados los cargos por la Fiscalía General de la
Nación, el juez decidió enviarlo a un centro carcelario con medida de
aseguramiento privativa de la libertad.
Pondrán ‘tatequieto’ a
presos que siguen extorsionando
Con el fin de evitar que los presos continúen
extorsionando desde sus lugares de reclusión, las autoridades adoptaron
una serie de medidas, entre ellas, trasladar a quienes sigan
delinquiendo a la Colonia Agrícola de Acacías, Meta.
Así se dio a conocer luego de un consejo de seguridad realizado en Tuluá,
Valle, que contó con la participación del presidente Gustavo Petro, el
ministro de Defensa, Iván Velásquez; la cúpula militar y de la Policía,
la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el alcalde de Cali,
Alejandro Éder, y otros mandatarios municipales.
“Es un problema persistente el que se deriva de las extorsiones
carcelarias promovidas, precisamente, por cabecillas de organizaciones,
de bandas criminales como esta, que ha tenido tanta presencia en el
municipio de Tuluá, La Inmaculada, sobre lo cual –porque han continuado
con sus acciones aún desde las cárceles estos cabecillas– se ha tomado
la decisión de recluirlos en la DIJÍN, donde tendrán todo el control de
parte de la Policía Nacional, para impedir que continúen esas
actividades delictivas”, dijo el titular de la cartera de Defensa.
Y es que esta banda delincuencial desde hace ya varios
meses viene azotando tanto a comerciantes como a empresarios de la
región.
“Con el ministro de Justicia (Néstor Osuna), con el
director del Inpec, con el director de la Policía hemos convenido,
además, habilitar un pabellón especial en la Colonia Agrícola de Acacias
(Meta) para recluir a cerca de 20 o 30 personas privadas de la libertad,
que hemos identificado como los mayores dinamizadores de la extorsión
carcelaria”, añadió el jefe de esa cartera.
Asimismo, Velásquez anunció que este año se sumarán 20.000 uniformados a
la Policía en todo el territorio colombiano, “también la incorporación
de 16.000 soldados profesionales en los próximos tres años, iniciando
este con una incorporación de 11.000 soldados profesionales, 4.500 el
próximo año y 500 en el 2026”.
De otro lado, el ministro manifestó que “la Fiscalía General, la Policía
Nacional, el director general, han dispuesto la intervención, la
participación de 163 policías, tanto de inteligencia como de
investigación judicial, para dar apoyo a las investigaciones
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y esperamos que produzcan prontos
resultados”.
Vale decir que esta problemática ha
sido denunciada desde el Senado, pues hace algunas semanas, congresistas
del Partido Verde se pronunciaron al respecto.
Tal como indicó el senador Ariel Ávila: “Ya desde todas las cárceles
están saliendo llamadas extorsivas, los bloqueadores de señales no
sirven y las organizaciones criminales están controlando las cárceles y
desde allí operan. Es que hay una corrupción muy grande en la
institucionalidad”.
Además, en el Congreso se avanza en un proyecto de ley que busca ampliar
la capacidad de los municipios para atender a las personas privadas de
la libertad.
Por su parte, Jota Pe Hernández manifestó cuál podría ser
una solución: “Para que esta gente no tenga ningún tipo de señal móvil,
tendríamos que sacar muchas cárceles de los centros de la ciudad. Un
ejemplo: Bucaramanga tiene la cárcel en todo el centro de la ciudad”.
Asimismo, el presidente Petro a inicios de este año había advertido que
los delincuentes que estuvieran extorsionando desde la cárcel serían
trasladados a otros centros de reclusión de mayor seguridad.
“La extorsión está siendo dirigida en un 70% desde las cárceles. Allí
hay corrupción. Indudablemente, la política que estamos siguiendo es
inhibir de comunicación al delincuente que desde la cárcel está
generalizando la extorsión en Colombia”, señaló el mandatario.
El jefe de Estado sentenció en aquel momento: “Delincuente que nosotros
podamos tener evidencias ciertas de que está ocasionando extorsiones, se
va de esa cárcel y va a entrar a cárceles de mayor seguridad”.
De igual manera, la Procuraduría se pronunció sobre esto, ya que se
indicó que les “resulta preocupante que este tipo de extorsión vaya en
aumento, pues representa el 41% del delito desde las cárceles”.
Por soborno a testigos
imputarán a Enrique Pardo y Samuel Sánchez
En el marco del proceso legal que envuelve al
expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía General dio a conocer la
imputación de cargos a Enrique Pardo Hasche y Samuel Arturo Sánchez por
su presunta implicación en actos de soborno a testigos.
La diligencia judicial está fijada para el próximo 23 de mayo, ante un
juez de control de garantías, evidenciando así el avance de las
investigaciones y la determinación de llevar a los presuntos implicados
ante la justicia.
Según las pesquisas, Pardo Hasche habría desempeñado un papel crucial
como intermediario en un esquema para modificar testimonios,
específicamente el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. En
paralelo, se acusa a Samuel Sánchez de haber estado presente en momentos
clave de la manipulación de testigos, relacionados con el proceso contra
Uribe y el abogado Diego Cadena.
Estas acusaciones surgen en el contexto de un complejo entramado legal
que involucra a figuras de alto perfil en la política colombiana, como
Álvaro Uribe Vélez, quien recientemente ha compartido detalles sobre su
estrategia personal para manejar el estrés durante estos desafíos
legales.
Enrique Pardo Hasche, según la Fiscalía, fue identificado como uno de
los actores centrales en la posible búsqueda de retractación de
testimonios incriminatorios, mientras que Samuel Arturo Sánchez, abogado
de profesión, ha sido relacionado con la redacción y entrega de cartas
de retractación por parte de testigos clave en el caso.
Estas acusaciones se suman a un entorno legal tenso y complejo, donde
también se mantiene un juicio penal contra Diego Cadena por soborno y
fraude procesal, reflejando así la seriedad de las acusaciones y la
determinación de las autoridades en combatir la corrupción y garantizar
la integridad del sistema judicial colombiano.
Las implicaciones de esta imputación van más allá de los nombres
involucrados, evidenciando un panorama donde la transparencia y la lucha
contra la corrupción son pilares fundamentales para el funcionamiento
efectivo de la justicia en el país.
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