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Desarticulan a ‘Los
Camioneros’, red de narcotráfico en Bucaramanga
En horas de la mañana de este martes, la Policía
Metropolitana de Bucaramanga capturó a diez miembros de la banda
denominada ‘Los Camioneros’, quienes se dedicaban a dedicados al
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
De acuerdo con información de las autoridades, estos delincuentes
distribuían, mensualmente, alrededor de siete toneladas de sustancias
alucinógenas, entre ellas marihuana, cocaína y metanfetaminas, a bandas
como llamadas ‘Pichi’, ‘Poporro’, ‘San Rada’ y Los del Sur’, que operan
en el área metropolitana de Bucaramanga y el sur del Cesar.
Se estima que el rango de ganancias es de aproximadamente 1.500 millones
de pesos mensuales. “El perfil criminal de este grupo delincuencial
consistía en el transporte y comercialización de estupefacientes como la
marihuana, la cual era adquirida en los municipios de Santander de
Quilichao y Caloto-Cauca por parte de alias “Mechudo”, ya que esta
persona ostenta el cargo de Alguacil indígena y tenía los contactos para
ingresar sin problemas a la zona, posterior era transportada mediante
caleta en furgones, camiones y buses, para luego ser distribuida en el
área metropolitana de Bucaramanga”, informó el comandante de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga, el coronel Yesid Bello.
Entre los detenidos está alias ‘Mechudo’, ‘Beto, ‘El almacenista’, ‘El
tío’; ‘Don Berna’, ‘Carlos’, ’Media vida’ y ‘Llanta lisa’. Estos hombres
deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
Durante las diligencias de allanamiento y registro fue incautado 1.590
pastillas de droga sintética, 791 gramos de bazuco, 100 gramos de
cocaína, un arma de fuego tipo revólver, 22 cartuchos calibre 5.56, dos
cartuchos calibre 7.62, un vehículo tipo buseta, nueve teléfonos
celulares, $2´000.000 en efectivo y elementos para la fabricación y
dosificación de sustancia.
Encuentran muerta a
niña de 9 años en Aguachica, Cesar
Tras varios días de ser reportada como desaparecida en
Aguachica, Cesar, fue encontrada sin vida Kelly Carolina Carballo
Santana, una menor de nueve años.
De acuerdo con información preliminar, la niña fue encontrada con signos
de tortura y sin ropa en un área boscosa de la vereda El
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Minuto. Por las heridas que fueron
encontradas en su cuerpo, las autoridades no descartan que haya sido
víctima de abuso sexual.
La última vez que fue vista fue la en la carrera 5 con
calle 17 de Aguachica, allí cuidaba vehículos junto a su hermano.
“Ella frecuentaba dos sectores principales de este sector cuidando
motocicletas, por las precarias condiciones de su familia. En ocasiones,
se le veía acompañada de otros hermanitos. Se están analizando las
cámaras de este sector para avanzar en las investigaciones”, sostuvo
Víctor Roqueme, Alcalde de Aguachica.
Por información que permita la identificación y posterior captura del
responsable del crimen, la Gobernación del Cesar ofrece una recompensa
de $40 millones y la Alcaldía de Aguachica $60 millones.
Víctimas de
paramilitares protestan ante liberación de Salvatore Mancuso
Víctimas y familiares de víctimas de la Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) han expresado su rechazo a la inminente
liberación del antiguo líder de este grupo paramilitar, Salvatore
Mancuso, por decisión de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá.
Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, alcalde del municipio de El
Roble, Sucre, asesinado en 2003, ha recordado que Mancuso está acusado
de más de 35.000 crímenes. "No estamos hablando de una persona que por
accidente atropelló a alguien y le quitó la vida. Es un hombre que
cometió todo tipo de crímenes como masacres y desplazamientos. Le hizo
mucho daño a la ciudadanía".
Díaz ha explicado que está de acuerdo con que Mancuso diga la verdad y
sea gestor de paz, pero cree que "estos señores de la guerra nunca
regalan nada y todo lo hacen por conveniencia". "Estoy seguro de que él
no va a decir nada ni nos va a contar la verdad. Se va a burlar como lo
han hecho todos estos jefes paramilitares que hoy ya se encuentran
libres disfrutando las riquezas", ha añadido.
Por su parte, Álvaro Álvarez, familiar de Luis Francisco Hernández y
Freddy Hernández, aseguró que, si bien "cada víctima tiene su forma de
ver las cosas", él considera que la libertad de Mancuso le conviene más
que el hecho de que esté en prisión. "En prisión nunca hemos podido
hablar con él. Durante los 16 años que estuvo en Estados Unidos no
recibimos ningún beneficio de parte de él (...). Espero que sí nos diga
exactamente qué pasó con esas personas, dónde están, quién dio la orden
y por qué lo hicieron", ha apuntado.
Con Mancuso en libertad espera que tengan "la oportunidad de sentarnos
frente a frente y cara a cara con él, que realmente nos diga por qué lo
hicieron". Sin embargo, dijo que desconoce si Mancuso está arrepentido
de lo que hizo. "Creo que está dispuesto a resarcir el daño causado y
eso es lo que esperamos", ha indicado.
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El pasado 11 de mayo la Sala de
Justicia y Paz de Bogotá remitió la orden de libertad de Mancuso a la
cárcel La Picota después de que se le concediera ese beneficio.
Lo único que resta ahora para que sea efectiva la
libertad del excomandante de las AUC es que se suspenda la ejecución de
tres sentencias que faltan por resolver, casos en manos de jueces
ordinarios y relacionados por delitos cometidos en el marco del
conflicto armado.
Mancuso regresó a Colombia el pasado 27 de febrero para
rendir cuentas ante las salas de Justicia y Paz creada en el marco de
los acuerdos de paz suscritos con la guerrilla tras ser deportado de
Estados Unidos donde cumplió condena por narcotráfico.
Fiscalía investigará
presuntas anomalías en intervención a Sanitas
La Fiscalía decidió investigar la intervención de la EPS
Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, luego de recibir
denuncias que sugieren la existencia de presuntas irregularidades en el
proceso.
El abogado de Sanitas manifestó que esta investigación se origina a
partir de una indagación de oficio y una denuncia por el delito de
prevaricato, presentada por él mismo como representante legal de la EPS.
Según él, esta acción busca cuestionar la legalidad y la
proporcionalidad de la resolución de intervención emitida por el
superintendente nacional de Salud.
La investigación de la Fiscalía se encuentra en una fase inicial de
recopilación de evidencias, incluyendo testimonios de los implicados y
revisión de documentación pertinente. La finalidad de esta investigación
es determinar la legalidad y proporcionalidad de la resolución de
intervención emitida por el superintendente nacional de Salud, así como
evaluar el impacto real de esta intervención en los afiliados de
Sanitas.
Esta etapa es fundamental para determinar si existieron irregularidades
en el procedimiento, especialmente considerando las implicaciones que
tiene para los millones de usuarios de la EPS.
Al respecto, el abogado de Sanitas anunció una serie de acciones legales
y constitucionales para cuestionar la intervención y sus posibles
efectos negativos en la prestación de servicios de salud. Estas acciones
incluyen medidas a nivel nacional e internacional, buscando un
escrutinio exhaustivo de lo ocurrido y buscando resguardar los derechos
de los afiliados.
La investigación de la Fiscalía se suma a la labor de la Procuraduría
General de la Nación, que también ha adelantado diligencias para
esclarecer los motivos y la legalidad de la intervención. Ambas
entidades coinciden en la importancia de garantizar una gestión
transparente y legal en las entidades prestadoras de salud,
especialmente considerando la relevancia de Sanitas en el sistema de
salud colombiano.
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