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Vargas Lleras pide que se levante
el cese al fuego en el Huila
Huila está sitiado
por las disidencias de Iván Márquez y la nueva marquetalia, y
también por las de Iván Mordisco. Todas las estructuras
criminales del país, con excepción del ELN, tienen copado este
territorio, dijo el excandidato presidencial Germán Vargas
Lleras en la visita que desarrolló en este departamento.
Vargas Lleras
sostuvo en su vista, “Aquí fue en donde inauguraron la
carnetización. Todo el mundo se encuentra extorsionado y las
autoridades piden de inmediato el levantamiento del cese al
fuego, y el gobierno del "cambio” totalmente indiferente”.
Manifestó el líder
político, “Tenaz confirmar como la seguridad y el orden público
está peor que nunca." De manera vehemente dijo que es una
tristeza que el gobierno nacional no atienda los reclamos de
todas las autoridades del departamento, cuando se pide de manera
unánime que se levante el cese al fuego en el departamento para
que la fuerza pública pueda actuar.
“Que lamentable ver que este bello territorio ha caído
nuevamente en manos de las disidencias de Iván Márquez de la
nueva Marquetalia, y simultáneamente de Iván Mordisco”.
Sostuvo ante los huilenses, “quiero aprovechar este foro, para
anunciar ante los medios de comunicación, una vez más el sentir
del pueblo huilense por la forma en que ha venido creciendo el
control territorial de estas organizaciones”.
E indicó que asimismo pedía al igual que lo hacen las
autoridades del departamento y los parlamentarios al gobierno
nacional que reconsidere su negativa de levantar el cese al
fuego y permitir que la fuerza pública retome el control
territorial.
Piden audiencia pública por
demandas en compra de tierras del PND
La ministra de
Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, y el director
de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, radicaron este
miércoles ante la Corte Constitucional la solicitud de que se
convoque a una audiencia pública en torno a la demanda de
presunta inconstitucionalidad que cursa sobre el artículo 61 del
Plan Nacional de Desarrollo, que hace referencia a los
mecanismos para facilitar los procesos de compra de tierras por
oferta voluntaria.
En la petición radicada ante el máximo tribunal se precisa que
“la norma demandada reviste una especial importancia y
trascendencia, no solo para el Gobierno Nacional, por tratarse
de un instrumento que establece estrategias para materializar
las metas y objetivos económicos, sociales y ambientales
trazados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), sino también
para el Estado colombiano en su integralidad, en la medida que
contiene herramientas que permiten el cumplimiento del Acuerdo
Final de Paz”.
Tras la radicación de la solicitud, la
ministra Mojica explicó que, amparados en el artículo demandado,
el Gobierno destinó en 2023 recursos por $883.122 millones y en
2024 se adjudicaron tres billones de pesos para la adquisición
de tierras.
“Lo que se solicita es una audiencia pública con intervención de
expertos en materia agraria, tales como la línea de tierras y
campesinado del Centro de Estudios de Derecho Justicia y
Sociedad -Dejusticia, el Observatorio de Tierras de la
Universidad del Rosario, el Centro de Estudios Interculturales
de la Universidad Javeriana de Cali, entre otros. Cabe recordar
que se trata de una norma con profundas implicaciones, tanto en
la implementación del Plan Nacional de
Desarrollo, como del
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Acuerdo Final de Paz como compromiso de Estado. Se busca establecer un
debate amplio, que ofrezca mayor claridad a la honorable Corte
Constitucional sobre el fundamento, contenido y alcance de la
disposición acusada a partir de la experticia de quienes participan
directamente en su implementación”, añadió la ministra Mojica.
En su exposición de motivos, la ministra señaló que la garantía del
derecho a la tierra incluye derechos como a la territorialidad, a la
alimentación, el mínimo vital, el trabajo, la libertad de escoger oficio
o profesión, el libre desarrollo de la personalidad y la participación,
como manifestaciones de la dignidad humana, y los cuales se logran con
la aplicación del artículo 61 del PND.
“Estas demandas lo que buscan es echar por el suelo la
posibilidad de un país que pueda trascender la deuda histórica de la
Reforma Agraria y evitar que se cumpla el Acuerdo de Paz, como lo hizo
el gobierno pasado, que es desde donde vienen estas demandas”, enfatizó
Mojica.
Harman, por su parte, manifestó que las demandas de aparente
inconstitucionalidad que se han interpuesto contra el citado artículo
parten de una interpretación errada de la norma y están desprovistas de
argumentación constitucional.
“Los demandantes han aducido errores formales en la producción de la
norma y sustancialmente la han acusado de desconocer el derecho a la
propiedad privada, al acceso a la administración de justicia, a la
propiedad colectiva de comunidades étnicamente diferenciadas e inclusive
de ser una medida que desconoce el principio de progresividad y la
prohibición de regresividad. Sin embargo, los argumentos de las demandas
no atienden la realidad del desarrollo de los procedimientos especiales
agrarios”, concluyó el director de la Agencia Nacional de Tierras.
Profundizar descentralización urgen en el
Congreso
En Colombia urge un impulso
a la descentralización con el fin de disminuir las brechas
socioeconómicas.
En el marco de una sesión ayer en el Senado de la Comisión de
Ordenamiento Territorial y la Misión de Descentralización del Gobierno
nacional, varios de los participantes insistieron en que este es un
elemento primordial para que las regiones tengan más posibilidades de
gestión.
Para el senador citante, Guido Echeverri Piedrahita, del Partido En
Marcha, el país ha procurado desde hace muchos años reordenar el
territorio. Señaló, además que la Constitución del 91 facultó al
Congreso para tal fin, pero solo la Ley 1454 tibiamente ha hecho el
intento.
Resaltó que en la actualidad avanza con éxito en el Congreso un proyecto
de acto legislativo que pretende modificar los ingresos corrientes de la
Nación a los territorios a través del Sistema General de Participaciones
y que podría en “buena medida amortiguar esta problemática del país”.
Desde la Comisión de Ordenamiento Territorial construyen políticas
basadas en las realidades socioeconómicas, ambientales y geográficas de
las regiones que hicieron parte de las estrategias planteadas.
“Nosotros vemos cómo todos los alcaldes y los gobernadores llegan a
Bogotá rogando por recursos para solucionar problemas de sus regiones,
porque la centralización lo que genera es, desafortunadamente, una
dependencia”, dijo el senador Ferney Silva Idrobo, del Pacto Histórico.
En el mismo sentido, se
pronunció el senador por el Partido Comunes, Omar de Jesús Restrepo
Correa, al mencionar la importancia de “romper el esquema de la
centralización del poder, la disposición de los recursos y de las
capacidades institucionales”.
Desde la Misión de
Descentralización señalaron que continuarán en el recorrido por
distintos puntos del país para recoger y
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recopilar información suficiente que les permita la
radicación de proyectos de ley que respondan a esas necesidades.
Proyectos aprobados
Por otro lado, dos proyectos
de ley que pasan a sanción presidencial se aprobaron ayer en la plenaria
del Senado, que sesionó de manera virtual debido a que a la zona en
donde sesiona el Congreso le correspondió el turno de racionamiento en
la capital del país.
Por un lado, los senadores
dieron el último visto bueno a una iniciativa que impulsa la exaltación
del ritmo Mapalé como una manifestación del patrimonio cultural
inmaterial de la nación que se celebra en el municipio de Buenavista, en
el departamento de Córdoba.
El proyecto fue votado de forma unánime, con ponencia del senador Julio
Alberto Elías Vidal, del partido de la U.
También fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley por medio del
cual se dictan disposiciones “para la reducción de las desigualdades de
género en el sector de la infraestructura civil y la construcción en
Colombia, a través de la estrategia más mujeres construyendo”.
La ponencia estuvo a cargo de la senadora Norma Hurtado, también del
partido de la U, quien explicó que la iniciativa “es un proyecto por
medio del cual se establecen las medidas necesarias para reducción de
las desigualdades de género que existen en el sector de la
infraestructura civil y construcción en Colombia a través de una mayor
participación femenina”.
Por otra parte, la plenaria también aprobó, en primer debate el proyecto
de ley que declara la disciplina de la Chaza como deporte nacional, con
ponencia de la senadora Hurtado Sánchez.
“La chaza es un legado de nuestros ancestros y se hace de manera
espontánea y cotidiana en los departamentos de Nariño y sur del Cauca”,
sostuvo el senador Robert Daza, del Polo Democrático.
"Estamos cansados de discursos sin
soluciones": jóvenes a Petro
En un tenso encuentro
celebrado este 15 de mayo en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se vio
confrontado por un grupo de jóvenes exigentes que manifestaron
abiertamente su descontento con la falta de soluciones concretas por
parte del gobierno.
"Estamos cansados de que nos escuche, nos dé un discurso, pero no nos dé
soluciones", fueron las palabras expresadas por uno de los jóvenes
presentes.
El presidente, en su discurso inicial, no logró calmar los ánimos,
dejando insatisfechos a los asistentes con sus palabras que no se
tradujeron en acciones tangibles. Esta insatisfacción se hizo evidente
cuando, al intentar retirarse del evento, fue confrontado por una serie
de reclamos y demandas por parte de los jóvenes presentes. "Ponga a
trabajar a sus funcionarios", fue uno de los reclamos directos
expresados durante el encuentro.
En medio del encuentro, se
evidenció una creciente brecha entre las expectativas de la juventud
colombiana y la realidad gubernamental. "Aquí no se trata del que más
grite", tuvo que intervenir la vicepresidenta Francia Márquez en un
intento por mantener la calma y el respeto en el diálogo con el
presidente. Los jóvenes expresaron su necesidad de un diálogo efectivo y
acciones concretas por parte del gobierno para abordar sus
preocupaciones y desafíos cotidianos.
Uno de los principales reclamos fue la falta de atención a las demandas
de la juventud, así como la ausencia de una respuesta satisfactoria a
sus inquietudes. "Estamos cansados de que nos escuche, nos dé un
discurso, pero no nos dé soluciones", reiteraron los jóvenes presentes.
Los reclamos también incluyeron la necesidad de reformas legislativas
para otorgar mayor poder de decisión a los órganos juveniles y
garantizar una participación más efectiva en el proceso político.
Las demandas de los jóvenes son claras y contundentes: acciones
concretas y un compromiso real por parte del gobierno para abordar sus
preocupaciones y aspiraciones.
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