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Radican ponencia de reforma
pensional
Radicada en la
Comisión VII de la Cámara de Representantes quedó la ponencia
positiva para el tercer debate de la reforma pensional.
En el documento quedó establecido que el umbral para cotizar en
Colpensiones quedó en 2,3 salarios mínimo, tal y como lo había
pactado el Gobierno con el Partido Liberal.
Cabe recordar que el
presidente Gustavo Petro, en una alocución, había pedido subir
el umbral a 4 salarios. Estas palabras que tomaron como traición
del Ejecutivo a los liberales a la U. Sin embargo, en esta
ponencia se mantiene lo acordado.
Esa ponencia fue
firmada por Martha Alfonso, Alfredo Mondragón, Germán José
Gómez, Héctor David Chaparro, Jorge Alexander Quevedo y
Alexandra Vásquez.
Por su parte, los
parlamentarios de Cambio Radical, La U, Centro Democrático y
Curules de Paz se abstuvieron de firmar.
El congresista Alfredo Mondragón señaló que insistirá en subir
el umbral a cuatro salarios mínimos.
"Yo sigo creyendo en la propuesta del Presidente de que sean
hasta cuatro salarios mínimos, pero será parte del debate.
Estamos de acuerdo de que disminuya el número de semanas para
que las mujeres puedan acceder a pensión", señaló el
parlamentario.
A su vez, señaló que está de acuerdo en que se eliminen los
subsidios a las grandes pensiones. También mostró su respaldo
con la propuesta que establece la financiación de algunos
pilares.
Críticas
Por su parte, el
congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, criticó que
la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, estuviera presente
en la radicación de la ponencia.
Según el parlamentario, la presencia de la titular de la cartera
"implica pasar por encima de la sana división de poderes y de la
autonomía que debe gozar la rama legislativa. En cualquier caso,
hay que reconocer que el Gobierno logró que le radicaran la
ponencia en tiempo récord".
Indagan a MinEducación ad hoc por
presunta extralimitación de funciones
La Procuraduría
General de la Nación ordenó la apertura de una investigación
contra el ministro de Educación Nacional (ad hoc), Juan David
Correa Ulloa, por la presunta extralimitación de funciones al
convocar de manera irregular al Consejo Superior de la
Universidad Nacional para nombrar rector de manera provisional.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se investigará
en virtud de la queja interpuesta por el rector nombrado, Ismael
Peña Reyes, y las denuncias hechas por medios de comunicación
que refirieron que, al parecer, el funcionario profirió una
resolución en la que dio un plazo de 24 horas para que se
adelantara la reunión mientras se adopta una decisión sobre la
legitimidad de su posesión.
En el mismo sentido, la Entidad evaluará las instrucciones sobre
adoptar medidas que permitieran superar la vacancia de la
representación estudiantil en el Consejo, con lo que pudo
vulnerar la autonomía universitaria.
Como parte de su actuación el ente de control solicitó la
práctica de pruebas, y buscará determinar la ocurrencia de la
conducta para establecer si es constitutiva de falta
disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal
de exclusión de responsabilidad.
La polémica que
viene desde hace días por la escogencia de Ismael Peña en la
rectoría de la Universidad Nacional se intensificó este jueves
después de que el Ministerio de Educación pidiera al Consejo
Superior del alma mater nombrar un rector encargado mientras que
se aclaran las dudas jurídicas que el propio Gobierno manifestó
sobre su escogencia. Esto fue calificado por distintos sectores
como una intromisión en la autonomía universitaria que se
contempla en el país.
El Ministerio de Educación en la Resolución 7480 del pasado
miércoles, firmada por el nuevo ministro de Educación ad hoc,
Juan Correa, ordena al Consejo Superior Universitario de la
Nacional, “que en el término de 24 horas contadas a partir de la
comunicación de la presente decisión, convoque a sesión
extraordinaria cuyo único punto del orden del día sea encargar a
un rector de manera transitoria hasta tanto se adopte una
decisión definitiva por parte del Consejo respecto de la
conducta de autoposesión del señor Ismael Peña Reyes”.
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Se equivocaría el
Gobierno
Diferentes medios
consultaron a dos exrectores de la Universidad Nacional sobre la
situación que se presenta, quienes consideran que el Gobierno se
equivoca al involucrarse en la designación del rector, y que por ello se
estaría violando la autonomía universitaria, la cual está reconocida en
la Constitución.
Coinciden también en que la salida a esta situación es que el profesor
Peña pueda ejercer la rectoría y los que consideran que fue irregular su
elección demanden ante el Consejo de Estado.
Moisés Wasserman Lerner dijo
que: “En mi opinión es una total irregularidad, incluso es
inconstitucional. No soy abogado, no soy jurista, ojalá los juristas
demanden ese acto (la Resolución del Ministerio). La Constitución elevó
la autonomía universitaria a nivel de principio de Constitución; y la
autonomía universitaria es precisamente eso, que la universidad tiene
derecho de elegir sus propias autoridades, de regirse según sus propias
normas y que rechaza cualquier intromisión de los poderes políticos”.
Sobre la consulta que se hizo con los estudiantes, previa a la elección
del rector, y cuyo resultado no fue tenido en cuenta, Wasserman dijo que
“eso no es norma, y si se piensa que hay alguna ilegalidad, pues deben
esperar a que eso lo diga alguna autoridad judicial, porque las normas
administrativas se les da presunción de legalidad mientras que una
autoridad judicial no diga lo contrario”.
Por falta de acusación clara de Fiscalía,
defensa de Uribe pide nulidad del proceso
Luego de que la Fiscalía, a
través de su delegado Gilberto Villarreal, presentara este viernes ante
la juez de conocimiento, Sandra Heredia, escrito de acusación penal
contra Álvaro Uribe Vélez, el abogado del expresidente, Jaime Granados,
realizó una extensa disertación que concluyó con la petición de nulidad
de todo lo actuado por violación al debido proceso y el derecho a la
defensa.
Según era de conocimiento público, el fiscal delegado había anunciado
semanas atrás que acusaría al exmandatario como “determinador” de los
presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en
consonancia con lo solicitado en su momento por la sala de instrucción
de la Corte Suprema de Justicia. A lo que añadió este viernes el
supuesto ilícito de soborno directo, en relación con el caso de la
exfiscal condenada Hilda Jeaneth Niño Farfán, según explicó Villarreal
al inició de la audiencia.
Como también era de esperarse, la audiencia de acusación se prolongó por
más de diez horas, hasta que la juez aceptó la suspensión y citó la
continuación de esta etapa procesal para el próximo 24 de mayo. No en
vano, en dos ocasiones previas (año pasado) la Fiscalía había pedido la
preclusión y en esta oportunidad, surtidas diferentes etapas en otras
instancias, el ente acusador se decantó por la acusación.
Así las cosas, se trata de un proceso poco común, no solo en cuanto al
accionar disímil de la Fiscalía, sino frente a la homologación de dos
sistemas penales discrepantes como el inquisitivo y el acusatorio. De
hecho, es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente,
como es el caso de Álvaro Uribe, es juzgado bajo los mismos
procedimientos de un ciudadano corriente, una vez renunció a su curul de
Senado, en agosto de 2020, con el fin de dedicarse a su defensa, por lo
cual quedó sin fuero ante la Corte Suprema de Justicia.
En principio, esta corporación le dictó medida de aseguramiento cuando
el expresidente fungía de senador, pero al remitirse el proceso a la
Fiscalía, el ente acusador determinó esta medida como excesiva, en lo
cual el ahora fiscal del caso está de acuerdo, pues en su escrito de
acusación no aduce ninguna medida cautelar. Por lo que el expresidente
Uribe podrá seguir avanzando su defensa en libertad.
No hay claridad
Una vez el fiscal delegado
explicó los cargos, condensados en nueve páginas de las trece que
componen el documento, con el encabezado y los demás pormenores de ley,
tomó la palabra el abogado Granados e hizo una extensa declaración en
cuanto a que no hay claridad ni exactitud en la Fiscalía en varios de
los hechos que la entidad presenta como relevantes en el escrito de
acusación.
De suyo, Granados pidió que el fiscal delegado hiciera claridad en al
menos 15 temas del documento, puesto que adujo que en los diferentes
folios y varios párrafos se habla de personas indeterminadas, sucesos
genéricos y, en general, no se precisan las circunstancias de tiempo,
modo y lugar a que debe atenerse un escrito de este tipo para garantizar
el debido proceso y con el fin de permitir una defensa adecuada a los
términos constitucionales y al bloque de constitucionalidad atinente a
los tratados internacionales, en especial de los derechos humanos.
Inclusive, en eso coincidió con la Procuraduría General, a través de lo
dicho por su delegado, Bladimir Cuadro, que previamente había solicitado
concretar la acusación de modo más claro y efectivo.
El mismo Granados dejó entrever la incongruencia entre el documento de
imputación de la Corte, de alrededor de 1.500 páginas, con el de la
Fiscalía, que apenas contiene alrededor de una decena de folios.
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En ese sentido, Granados llegó incluso a señalar yerros
hasta en los pormenores de ley, ya que en el escrito de acusación se
modificó el nombre del padre del sindicado Uribe Vélez y se presentó
otra fecha de su nacimiento. Pero el énfasis, más que en estos elementos
básicos, estuvo en que, no habiendo sido señaladas las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en diversos acápites, era imposible adelantar un
proceso ajustado a derecho. Incluso hizo referencia a la novela de Kafka
en la que el acusado nunca sabe de qué lo sindican, en concreto, y los
señalamientos se desenvuelven en un ámbito que calificó de “gaseoso”.
Réplica de Villarreal
El fiscal delegado pidió,
entonces, la palabra para reafirmarse en su escrito de acusación,
señalando que de la concatenación de hechos y nombres que presenta es
factible deducir a que se refiere en cada caso. Y se abstuvo de hacer
aclaraciones, salvo los pormenores de ley, indicando que en manera
alguna podía tildarse el documento de “gaseoso”, aún más, exigiendo
respeto por su entidad.
Acto seguido, Granados
respondió que, en vista de que no se daba curso a las aclaraciones
pedidas, presentaba una petición de nulidad ante la juez, a fin de
garantizar el debido proceso. El fiscal Villarreal retomó la palabra
para sostener que todo ello no tenía sino el propósito de “dilatar,
dilatar, dilatar”, seguramente con el objeto de lograr la prescripción
de la acción penal e impedir la pronta justicia. En ese sentido, pidió a
la juez rechazar de plano la nulidad, en lo que también fue respaldado
por el defensor de las víctimas, Reynaldo Villalba.
Ante ello, en varias ocasiones Granados pidió una moción de orden para
sostener que exigía respeto de la Fiscalía y que, si bien estaba en su
derecho de controvertir, no así de menoscabar las consideraciones de la
defensa, acusándola de maniobras dilatorias cuando se trataba, no solo
de la pronta, sino de la debida justicia, bases indisolubles del debido
proceso que se pretendía ignorar. E insistió en su petición de nulidad.
La cual, por su parte, fue seguida por la intervención del procurador
Cuadro, en la que se mostró conforme con la participación de las
víctimas autorizadas en el proceso. Y concluyó que “a juicio del
Ministerio Público sí resulta oportuno que en este escenario se examine
de fondo la nulidad planteada por el defensor, y que no se rechace de
plano, pues la misma ha sido adecuadamente fundamentada”.
Finalmente, la juez Heredia
citó para seguir con la audiencia el próximo 24 de mayo, no sin antes
darle la palabra al expresidente Uribe, quien anunció que en esa sesión
hará varias observaciones complementarias.
Chocan Márquez y líder de jóvenes por
reclamos a Petro
Controversia generaron las
críticas del estudiante universitario y consejero para la juventud por
Santander, William Molina, quien acusó al presidente Gustavo Petro de
populista por la demagogia y el incumplimiento de compromisos con los
jóvenes del país quienes apoyaron a Petro en su carrera presidencial.
Tras estas declaraciones William Molina señaló que: “Yo salía de la
reunión, iba a saludar a uno de mis colegas que trabaja en uno de los
ministerios, la vicepresidenta me llama, me da la mano y me dice que yo
era cercano al gobierno, pero que resulté hablando mal del presidente, a
lo que le dije que no vine a denigrar del presidente, que yo solamente
vine a dar mi llamado como joven”.
Posteriormente, Molina añade que: “Producto de eso, fue lo que al
presidente le afectó esa palabra ‘populista’, pero él la entendió muy
mal porque esa palabra no se dio en el marco en que él fuera populista o
sus discursos. Por eso, esta mañana él mismo lo dijo en el trino que
sacó en su cuenta de X de la discusión respetuosa que tuvo conmigo, pero
yo sí me sentí atacado, cuando usted cerró su intervención se refirió
todo el tiempo hacia mí como el joven populista, y compañero del
populismo”.
Por su parte la vicepresidenta Francia Márquez, se refirió de la
siguiente manera a William Molina “yo lo tenía dentro de mis afectos,
pero usted vino a denigrar del presidente”, esto en defensa del Gobierno
nacional, y del presidente Gustavo Petro quien se sintió aludido cuando
fue increpado por el joven a través del término populista.
De igual manera, Francia Márquez sostuvo: “Aquí no se trata del que más
grite, porque si vino el presidente, vino la vicepresidenta y los
ministros para trabajar con los jóvenes, es porque estamos mostrando
nuestra disposición de construir con ustedes. Pero no es gritando, pero
especialmente, no es irrespetando al presidente, porque a gritos no se
puede hablar porque veo que así no podemos construir”.
Desde su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro afirmó: “¿Cuál fue la
discusión respetuosa con el joven Molina? Nos propuso un fondo que creo
pactaron con Duque, de créditos subsidiados para estudiar en
universidades. Al parecer solo lograron 256 cupos de 7000. Dije que
aceptamos los 7000, pero dentro del programa de 500 000 nuevos cupos
para la universidad pública y gratuita. Pagamos las becas ya otorgadas
hasta final de carrera, pero fortalecemos la educación pública superior
y gratuita tanto en cobertura como en calidad. La lucha por los derechos
universales como el de la educación, no es populismo”.
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