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El chavismo
veta la misión de la UE en las elecciones presidenciales de
Venezuela
En un movimiento polémico, el chavismo ha vetado
la participación de la misión electoral de la Unión Europea (UE)
en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
Este veto surge tras un conflicto forzado por el gobierno de
Nicolás Maduro, que ha provocado la retirada de la misión de
observación internacional. "Esta decisión no evitará la victoria
[del candidato unitario Edmundo González Urrutia]", afirmó el
Comando Venezuela de la oposición, confiado en la ventaja
significativa que González Urrutia mantiene sobre Maduro.
Según una reciente encuesta de Meganálisis, el
diplomático opositor lidera con una ventaja de alrededor de 50
puntos porcentuales, reflejando un fuerte apoyo en la Venezuela
profunda. A pesar de este panorama, el chavismo creó una
confrontación con Bruselas, a pesar de que la UE había levantado
previamente sanciones personales contra Elvis Amoroso,
presidente del Consejo Nacional Electoral, y otros antiguos
rectores.
Amoroso criticó a la UE, acusándola de
comportarse de manera "parcializada y agresiva", y exigió la
retirada de todas las sanciones como condición para permitir la
presencia de observadores europeos. La UE, sin embargo, defendió
sus sanciones, argumentando que están dirigidas exclusivamente a
individuos responsables de violaciones de derechos humanos y de
socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.
Con la UE y la Organización de Estados Americanos (OEA) vetadas,
los observadores internacionales restantes son la ONU y el
Centro Carter, además de los aliados del gobierno de Maduro.
Este proceso electoral ha estado marcado por irregularidades
desde el principio, incluyendo la inhabilitación de la opositora
María Corina Machado y el bloqueo de la filósofa Corina Yoris.
Además, el gobierno ha impedido que al menos cinco millones de
venezolanos en el exterior puedan votar.
Este veto a la misión de la UE añade una nueva capa de
controversia a unas elecciones ya cargadas de desafíos y
cuestionamientos sobre su transparencia y legitimidad.
La OTAN
debatirá en Praga sobre permitir a Ucrania atacar en Rusia
En medio de un tenso panorama internacional, los
ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reúnen en Praga
para discutir, entre otros temas, la posibilidad de levantar las
restricciones que impiden a Ucrania utilizar armamento
occidental para atacar objetivos en territorio ruso. Esta
reunión informal pretende elaborar un paquete de apoyo a Ucrania
que será presentado en la cumbre de la Alianza en Washington en
julio.
La insistencia de Ucrania en utilizar armas de mayor alcance
proporcionadas por sus aliados para golpear objetivos en Rusia
ha encontrado respaldo en algunos países europeos, incluyendo
Gran Bretaña, Países Bajos y Francia. Sin embargo, Estados
Unidos y Alemania mantienen su negativa, temiendo que dicha
acción provoque un conflicto directo con Moscú.
El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide,
expresó su apoyo a Ucrania, afirmando que Kiev no debería luchar
"con una mano atada a la espalda". Por su parte, el secretario
general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha subrayado la necesidad
de reconsiderar estas restricciones, argumentando que limitan la
capacidad de Ucrania para defenderse efectivamente.
“Los aliados están proporcionando muchos tipos
diferentes de apoyo militar a Ucrania y algunos de ellos han
impuesto restricciones al uso de estas armas. Se trata de
decisiones nacionales”, declaró Stoltenberg.
Sin embargo, enfatizó que,
dada la evolución del conflicto, es crucial revisar estas
limitaciones para permitir a los
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ucranianos defenderse plenamente.
Desde Moscú, la reacción ha sido
contundente. El presidente Vladimir Putin advirtió sobre "graves
consecuencias" si los países occidentales permiten a Ucrania usar su
armamento para ataques en suelo ruso. Dmitry Peskov, portavoz del
Kremlin, acusó a los miembros de la OTAN de escalar las tensiones.
A pesar de las preocupaciones, hay una creciente presión dentro de la
OTAN para que se dé más libertad a Ucrania. El ministro de Asuntos
Exteriores de Chequia, Jan Lipavsky, reconoció las preocupaciones sobre
el uso de armamento avanzado, pero también sugirió que se necesita más
flexibilidad para apoyar a Ucrania.
En paralelo a este debate, los
ministros de la OTAN en Praga trabajan en un paquete de apoyo para
Ucrania que satisfaga las necesidades inmediatas del país. Aunque el
ingreso de Ucrania en la Alianza sigue siendo una perspectiva lejana,
Stoltenberg busca un compromiso claro y plurianual de los miembros de la
OTAN sobre la asistencia futura. En este sentido, propuso un objetivo
global de 100.000 millones de euros a lo largo de cinco años, aunque los
aliados aún deben definir los detalles de este compromiso.
Una de las propuestas que podría obtener consenso es la sustitución de
Estados Unidos por la OTAN en la coordinación del suministro de armas a
Ucrania. Hasta ahora, Washington ha liderado este esfuerzo, pero la
implicación directa de la Alianza podría estabilizar y estructurar mejor
la asistencia militar a largo plazo, independientemente de cambios en la
política interna estadounidense.
Durante su visita a Praga, Stoltenberg se reunió con el primer ministro
checo, Petr Fiala, agradeciéndole las significativas contribuciones de
Chequia a la Alianza y su importante apoyo a Ucrania. Destacó la acogida
de refugiados ucranianos y el suministro de equipo militar crítico,
incluyendo tanques, helicópteros y misiles de defensa aérea. También
subrayó la importancia de la iniciativa checa para proporcionar más
municiones de artillería a Ucrania.
En un discurso ante el Senado checo, Stoltenberg enfatizó la importancia
de la próxima cumbre en Washington y expresó su esperanza de que se
tomen decisiones cruciales en tres áreas: el refuerzo de las defensas de
la OTAN, el aumento del apoyo a Ucrania y la profundización de las
asociaciones de la Alianza.
Mientras los ministros de la OTAN deliberan en Praga, el mundo observa
atento, consciente de que las decisiones tomadas en estas reuniones
podrían tener un impacto significativo en el curso del conflicto en
Ucrania y en la estabilidad global.
España aprueba la Ley
de amnistía para separatistas catalanes
El Congreso de España ha aprobado la controvertida ley de
amnistía para los separatistas catalanes con una estrecha votación de
177 votos a favor y 172 en contra, tras meses de intensas protestas y
debates. Esta ley, que se convertirá en oficial el día de hoy, viernes
31 de mayo, tras su publicación en el boletín oficial, permitirá el
regreso de líderes independentistas exiliados y anulará los antecedentes
judiciales de cientos de funcionarios y activistas implicados en el
impulso separatista de Cataluña desde 2011.
La aprobación de la ley es un paso clave para asegurar un segundo
mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha defendido
la medida como un esfuerzo de reconciliación con Cataluña, una región
que ha sido epicentro de la peor crisis política de España en más de 30
años. "En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el
rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La
convivencia se abre camino", comentó Sánchez en la red social X tras la
aprobación de la ley.
A pesar de este paso significativo, la ley ha generado una fuerte
oposición. El 62% de los encuestados a nivel nacional rechazan la
amnistía, según una encuesta del diario El Mundo realizada en marzo. Sin
embargo, en Cataluña, el 48% de los votantes la apoya, mostrando una
división clara en la percepción de esta medida entre el resto de España
y la región catalana.
La amnistía fue presentada por Sánchez el año pasado como parte de un
acuerdo para asegurar el apoyo parlamentario de los dos principales
partidos separatistas catalanes, Junts per Catalunya y Esquerra
Republicana de Catalunya. Este apoyo es crucial para
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Sánchez, quien necesita consolidar
alianzas con partidos pequeños para aprobar leyes en el Parlamento,
especialmente ahora que los separatistas han perdido su mayoría
parlamentaria.
El principal beneficiado por esta
amnistía es Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya y figura
prominente del fallido intento de independencia en 2017. Puigdemont, que
huyó a Bélgica para evitar la detención, verá levantada la orden de
detención española en su contra, lo que le permitirá regresar a España.
Sin embargo, la oposición conservadora no está dispuesta a aceptar esta
decisión sin luchar. Planean impugnar la amnistía en los tribunales, lo
que podría prolongar la incertidumbre política. Los tribunales españoles
tendrán hasta dos meses para aplicar la ley, lo que significa que
durante este periodo se anularán los antecedentes judiciales de los
implicados.
La ley de amnistía ha sido un tema
divisivo y seguirá siendo un punto de contención en la política
española. A pesar de la aprobación, queda por ver cómo afectará a la
estabilidad política y social del país. Mientras tanto, el Parlamento
español se prepara para elegir al nuevo presidente catalán, un proceso
que podría marcar el regreso de Puigdemont a la política activa en
España.
Perú
en tensión: Denuncian constitucionalmente al fiscal de la Nación
En un nuevo capítulo de la creciente tensión política en
Perú, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha sido
denunciado constitucionalmente ante el Congreso de la República. Esta
acción es una respuesta directa a la denuncia que Villena presentó
previamente contra la presidenta Dina Boluarte por presunto cohecho
pasivo impropio, conocido como el "caso Rolex", que involucra la entrega
de relojes y joyas de lujo por parte de un gobernador regional.
La denuncia contra Villena fue presentada por Jhon Carlos López
Goicochea, quien, según informes, tiene vínculos con personas cercanas
al Gobierno. López Goicochea acusa al fiscal de infringir la
Constitución y vulnerar dolosamente el código procesal penal. "El fiscal
de la Nación en plena inobservancia dolosa de la función principal de
defensor de la legalidad de los preceptos constitucionales, formula
denuncia constitucional a la presidenta por un delito común,
contraviniendo en el espíritu del precepto constitucional", argumentó
López en su denuncia.
La controversia se intensificó el miércoles, cuando la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos del Parlamento aprobó un proyecto de ley que
reduce las competencias del Ministerio Público, devolviendo la
investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú (PNP). El
congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, impulsor de la medida,
defendió la reforma afirmando que "la Policía investiga y la Fiscalía
procesa a los delincuentes".
El jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, calificó las
acciones del fiscal como una "persecución judicial" contra la presidenta
Boluarte. Esta línea ha sido apoyada por otros miembros del gabinete,
incluida la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, quien declaró
que el Ejecutivo está defendiendo el Estado de derecho y el artículo 117
de la Constitución, que establece que un presidente en funciones solo
puede ser acusado por cuatro causales específicas, excluyendo la
corrupción.
El ministro de Educación, Morgan Quero, también denunció un "acoso
sistemático" contra la presidenta, aludiendo a denuncias no
corroboradas, detenciones arbitrarias y allanamientos excesivos por
parte de la Fiscalía. Estas declaraciones se produjeron tras la
detención en mayo del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte,
acusado de liderar una presunta organización criminal.
Villena, quien ha mantenido un perfil bajo, no ha hecho declaraciones
sobre estas acusaciones. Sin embargo, el Ministerio Público anunció una
próxima reunión entre el fiscal y el ministro del Interior, Juan
Santiváñez, reafirmando su compromiso de prevenir y perseguir el delito
en coordinación con otras instituciones del sistema de justicia.
La situación ha generado un clima de alta tensión política y social en
Perú, con debates acalorados sobre la legalidad y la legitimidad de las
acciones tanto del Ejecutivo como del Ministerio Público. A medida que
se acerca la fecha de la reunión entre Villena y Santiváñez, el país
observa atentamente, consciente de que las decisiones que se tomen en
los próximos días podrían tener profundas implicaciones para la
estabilidad del gobierno y la administración de justicia en Perú.
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