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Caso Vitalogic:
condenan a Rodolfo Hernández a 5 años de casa por cárcel
Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y exalcalde
de Bucaramanga, fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión domiciliaria
por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en el
marco del escándalo de corrupción conocido como Vitalogic.
Este fallo se suma a las investigaciones que lo vinculan con la
asignación irregular de un millonario contrato para el manejo de basuras
en Bucaramanga, en beneficio de su hijo.
La condena impuesta se fundamenta en pruebas contundentes presentadas
por la Fiscalía, que demuestran su intervención para favorecer a la
empresa Vitalogic RSU en la adjudicación del contrato de consultoría 096
de 2016, destinado a implementar nuevas tecnologías en el relleno
sanitario El Carrasco.
Uno de los elementos centrales en esta sentencia es la participación
activa de Hernández en la designación de personas clave para manipular
el proceso licitatorio a favor de Vitalogic. Esto incluye la presunta
repartición de comisiones y beneficios económicos que involucraban a su
hijo, Luis Carlos Hernández, con la expectativa de un pago millonario.
El fallo del juez destaca la gravedad de los actos cometidos por
Hernández durante su gestión como alcalde, señalando que su conducta
constituye un claro caso de interés indebido en la celebración de
contratos, una práctica que socava la integridad de las instituciones
públicas y el manejo transparente de los recursos ciudadanos.
La decisión de otorgar la prisión domiciliaria se basa en
consideraciones como la edad avanzada de Hernández y su delicado estado
de salud, diagnosticado recientemente con cáncer terminal. A pesar de la
condena, Hernández ha manifestado su intención de apelar la sentencia,
confiando en su defensa y buscando demostrar su inocencia en instancias
superiores.
Destituyen a Natalia
Martínez, exdirectora del Instituto Para Sordos
La Procuraduría General de la Nación destituyó e
inhabilitó por nueve años a la exdirectora general del Instituto
Nacional
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para Sordos (Insor), Natalia Martínez
Pardo (2019-2022), por omitir la aplicación del porcentaje de
participación mínima de la mujer en la designación de los cargos
correspondientes a otros niveles decisorios, durante las vigencias 2019
y 2020.
El ente de control evidenció que ninguna mujer fue
nombrada en alguno de los dos cargos de subdirector general con los que
contaba el Insor para el 2019, y que en el 2020 fue designada una mujer
en uno de ellos, para el periodo parcial comprendido entre el 1 de
octubre y el 31 de diciembre, y no para toda la vigencia como lo exige
la ley.
A juicio del Ministerio Público, la disciplinada omitió adelantar “las
acciones pertinentes para promover la igualdad de género” y enfatizó en
que el interés del legislador con la Ley de Cuotas “es que la mujer
supere la baja participación en los niveles de decisión del Estado,
además, de erradicar las prácticas discriminatorias en estos
escenarios”.
En el fallo de primera instancia, la Procuraduría citó que la
Constitución Política establece que la participación adecuada de la
mujer se hará efectiva aplicando la regla que define que “mínimo el 30 %
de los cargos de otros niveles decisorios (…) serán desempeñados por
mujeres”.
La falta de Martínez Pardo fue calificada como falta gravísima cometida
a título de culpa gravísima.
La Procuraduría Delegada de Juzgamiento 3 manifestó que contra esta
decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria
Ordinaria de Juzgamiento.
Un muerto y tres
capturados deja combates en Antioquia
Un operativo de allanamiento llevado a cabo por la
Policía y el Ejército en la zona rural del municipio de San Andrés de
Cuerquia, al norte de Antioquia, resultó en enfrentamientos con miembros
del Clan del Golfo, dejando como saldo una persona muerta y tres
capturadas.
Los hechos ocurrieron en la vereda Montaña Adentro cuando tropas del
Batallón de Artillería de Campaña N° 4, bajo el plan de campaña
operacional Ayacucho, se disponían a realizar tres allanamientos
dirigidos contra integrantes de la subestructura Luis Hernando Rosso del
Clan del Golfo. En el momento de aproximarse a sus objetivos, las
fuerzas públicas fueron recibidas con disparos por parte de los miembros
del grupo ilegal.
El intercambio de fuego resultó en la muerte de uno de los integrantes
del Clan del Golfo, cuya identidad aún no ha sido confirmada, y la
captura de tres personas más, presuntamente vinculadas a actividades
ilegales de la organización criminal.
Las autoridades informaron que los enfrentamientos comenzaron alrededor
de las 6:00 a.m. y se enmarcan en las operaciones de contención que
buscan debilitar las capacidades del Clan del Golfo
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en la región. Esta subestructura
delictiva ha estado involucrada en una guerra por el control territorial
y las rentas ilegales en el norte de Antioquia y el Bajo Cauca, zonas
afectadas por la presencia de otros grupos armados como las disidencias
del frente 18 de las FARC y el grupo criminal de Los Caparros.
A pesar de la situación crítica, un equipo especial del
Ejército y el Departamento de Policía de Antioquia continúan operando en
la zona para asegurar la protección de la población civil. Las
autoridades aseguran tener control sobre la situación y han desplegado
refuerzos adicionales para mantener el orden público.
El gobernador de Antioquia, el secretario de Seguridad y los comandantes
de la Policía y el Ejército están monitoreando los eventos desde
primeras horas de la mañana. Aunque algunos generales se encuentran en
reuniones de alto mando en Bogotá, han estado emitiendo las
instrucciones necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes
y restaurar la normalidad en la región.
Imputan a Day Vásquez
por el delito de violación de datos personales
La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a
Daysuris del Carmen Vásquez Castro, exesposa de Nicolas Petro Burgos,
por el delito de violación de datos personales, presuntamente, por
interceptar el celular de Génesis Olave, mejor amiga de Laura Ojeda, con
el fin de hallar pruebas de infidelidad.
La diligencia se adelantó ante un juez19 penal municipal con función de
control de garantías de Barranquilla y fue manera reservada a petición
de la defensa de Génesis Leal Olave, quien alegó sentirse incomoda por
el manejo que algunos medios de comunicación le hacen a su caso.
“Yo no soy una persona pública, me ha tocado a través del
proceso que he vivido. Pero preferiría que la audiencia se haga de
manera reservada (...) Si agradezco al señor fiscal por avalar esta
petición pues si es muy incómodo para mí”, manifestó Olave.
La acusada se declaró inocente de los hechos que se le imputa. Cabe
señalar que a principios del año en curso Vázquez recibió una denuncia
formal por parte de Génesis Olave por haber pagado por ‘chuzar’ su red
de mensajería de WhatsApp para obtener información privada.
Lo anterior, tenía la finalizada de conocer conversaciones con Laura
Ojeda, quien, para ese momento, iniciaba una relación con el hijo mayor
del presidente Petro. Génesis denunció que a raíz del hackeo recibió
intimidaciones que la obligaron a salir del país, causándole daño a sus
hijos por el abandono.
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