caracterizados dentro del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), evidenciando que el servicio educativo de educación inclusiva no está siendo efectivo para la atención de las necesidades educativas especiales, lo anterior reforzado en que el 21% de los niños con discapacidad registrados en el SIMAT (38.067 estudiantes con discapacidad) cuentan con certificación del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), quedando un 79% por caracterizar (162.280 estudiantes con discapacidad). Esto subraya la preocupación por la falta de certificación, ya que afecta la asignación precisa de recursos y la calidad de la atención educativa.

Además, advierte que existe una financiación insuficiente. Los recursos adicionales podrían no estar siendo empleados de manera efectiva debido a las barreras de infraestructura, lo que podría comprometer la prestación adecuada del servicio educativo.

De acuerdo con estos hallazgos tanto administrativos, disciplinares y fiscales se presentó afectación en el servicio de educación inclusiva a aproximadamente 77.691 niños, niñas y jóvenes con discapacidad, representado en un 55% por la región Centro Oriente (42.654), seguido de la región Caribe (11.306) con 15% y Pacífico (9.492) con 12%, en contraste, las regiones que representan menor proporción de afectación son Llanos (5.619) con 7%, Centro Sur (5.013) con 6% y Eje Cafetero (3.616) con 5%.

Asimismo, la Contraloría señaló que El 5.19% de los estudiantes con discapacidad en el sector oficial abandonan la escuela, una tasa superior a la nacional (4.57%). Esta cifra destaca la necesidad de redoblar los esfuerzos para reducir el abandono escolar entre este grupo vulnerable, lo que requiere acciones concretas y efectivas por parte de las autoridades educativas.

El análisis detallado de los resultados de las Pruebas Saber 11 revela brechas educativas significativas de 40 puntos entre la población con discapacidad y la población general. Aunque se observa una mejora en los puntajes de la población con discapacidad, la caída constante de los puntajes generales plantea dudas sobre la efectividad de la estrategia, lo que sugiere la necesidad de revisar y ajustar las políticas públicas en materia educativa.

Niegan moción de censura contra los ministros de Salud y Defensa

La plenaria de la Cámara de Representantes, en su último día de legislatura, negó las mociones de censura presentadas contra el ministro de Defensa y de Salud, Iván Velásquez y Guillermo Alfonso Jaramillo.

Los funcionarios fueron citados el pasado lunes, 17 de junio, por representantes de la oposición, para rendir cuentas del estado actual de la seguridad y la salud, basados en las crisis y problemáticas que se han presentado en el país durante el presente año.

En el caso del ministro de Defensa fue llamado a responder por la situación de orden público, la cual se presenta actualmente en el Cauca, el Valle y otras regiones del país, por parte de grupos armados ilegales y disidencias.

Durante su intervención en el Congreso de la República, el funcionario informó que se ha incrementado el reclutamiento de soldados profesionales e infantes de marina, además de resaltar que durante este año, se ha incautado cerca de un 30 % más de clorhidrato de cocaína con respecto al mismo periodo de 2023.
 

De igual forma, Velásquez reconoció, este lunes, que el cese al fuego pactado con las disidencias de las FARC, han facilitado la expansión territorial del Estado Mayor Central.

"Estas acciones terroristas tienen como objetivo distraer la atención y disminuir la

Por su parte, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue llamado a dar respuestas a la plenaria de la Cámara por las fallas en el nuevo sistema de atención a la salud de los docentes del país; sin embargo, durante su intervención no brindo mayor respuesta sobre los hechos afirmando que era improcedente debido a que, según dijo el ministro, “no fue citada por la décima parte de los integrantes de la Cámara. Segundo, no corresponde a asuntos relacionados con las funciones propias del cargo ministerial”.

Urgen acciones del Gobierno para frenar deforestación en la Amazonía

La Defensoría del Pueblo insta al Gobierno Nacional y a las entidades competentes a promover el respeto y la garantía del derecho a un medioambiente sano en la extensa región selvática del sur del país.

El llamado refuerza una acción similar realizada a mediados de abril pasado, cuando, en colaboración con miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, emitió la Alerta Temprana (AT) FIO 001, con el objetivo de hacerle frente a la deforestación en el bioma amazónico.

Cifras oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dan cuenta de una pérdida de 40.219 hectáreas (ha) de bosques en el primer trimestre del 2024. Es decir, 12.042 ha más en comparación con el mismo periodo del 2023, lo que equivale a un aumento del 42,73%. El departamento del Meta presentó el mayor incremento, con 12.598 ha; le siguieron Caquetá, con 11.583 más, y Guaviare, con un aumento de 4098 ha. En contraste, Putumayo mostró una reducción de 1976 ha deforestadas.

Los factores claves han generado el aumento: en primer lugar, la temporada seca impulsada por la rudeza del fenómeno El Niño, lo que ha facilitado la tala y quema de bosques; en segundo lugar, la presencia de grupos armados al margen de la ley que obstaculizan la implementación y el avance de los programas de restauración y conservación.

Por tal razón, la Defensoría del Pueblo conmina al Gobierno central a actuar con celeridad, determinación y liderazgo, a trabajar articuladamente con la institucionalidad competente, fortalecer la gestión ambiental y proteger los recursos naturales, con el fin de evitar más dilaciones en el cuidado de tan vital ecosistema, así como poner en marcha medidas concretas y decisivas para controlar el preocupante aumento de la deforestación.

Las comunidades indígenas y locales son las principales víctimas del aumento de la deforestación, ya que la problemática afecta el medioambiente e impacta su vida, seguridad y dignidad y pone en riesgo la efectividad de sus derechos.

La AT 001 de la FIO, como documento defensorial de prevención y advertencia, tiene como objetivo principal contribuir a la identificación de soluciones integrales a los desafíos socioambientales en la Amazonía. Por lo tanto, es esencial una coordinación efectiva y una articulación del Ejecutivo, con el propósito de frenar el progreso de la deforestación, entre otras problemáticas.

Es preciso que las entidades del Sistema Nacional Ambiental trabajen en conjunto para mitigar los impactos que afectan la calidad de vida de las comunidades que dependen del vasto ecosistema en el suroriente de Meta, sur del Vichada y en la totalidad del territorio de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.