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Uribe lanzó críticas contra Petro
asegurando que busca una nueva Constitución
El expresidente
Álvaro Uribe, quien se encuentra impartiendo diplomados de
liderazgos para jóvenes en diferentes ciudades, se despachó
nuevamente contra la idea de constituyente del presidente
Gustavo Petro, asegurando que las Fuerzas Armadas deben proteger
la Constitución Política.
Desde Popayán, donde realizó uno de los talleres
y se reunió con el alcalde Jaime Andrés Beltrán, el exmandatario
indicó que “sería un atropello pretender convocar una
constituyente por fuera del marco constitucional, el pueblo
colombiano no lo puede permitir. Los guardianes de la
Constitución, que están en las Fuerzas Armadas, en el pueblo y
en la justicia, no pueden permitir esa violación de la
Constitución”.
El líder del partido Centro Democrático dijo que la Constitución
del 91 está equilibrada y que se pactó porque el 90 % de los
votantes la pedía, pero que actualmente no hay necesidad de
convocar a una nueva.
“No nos van a llevar ahora por vías inconstitucionales a un
texto constitucional neocomunista, del ELN, forzado por las
armas y por la estimulación callejera del neomarxismo, del
fachocomunismo. Eso no se puede”, sostuvo.
Aunque en un principio el presidente Gustavo Petro habló de una
Asamblea Nacional Constituyente, en sus últimas intervenciones
ha dejado claro que no tiene ese propósito, sino el de
fortalecer el poder constituyente, que es el del pueblo. Por
esto, ha reiterado que la movilización social es fundamental.
De igual forma, el jefe de Estado ha manifestado que buscará
otras alternativas para cambiar ciertas normas para así,
sostiene, cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz con las
extintas FARC.
Comienzan diálogos con Segunda
Marquetalia
El lunes, 24 de
junio, en Caracas, Venezuela, iniciará un nuevo intento del
Gobierno de Gustavo Petro por cumplir su promesa de resolución
del conflicto armado en Colombia; esta vez de la mano con las
disidencias de las FARC, al mando de alias 'Iván Márquez',
autodenominadas como la Segunda Marquetalia.
Los diálogos con el grupo al mando del exlíder de la extinta
guerrilla, son la tercera apuesta de paz del mandatario, quien
considera que la salida al conflicto armado de seis décadas en
Colombia son los acuerdos.
En 2022, Gustavo Petro, empezó a negociar con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) en Caracas, Ciudad de México y La
Habana. Además, instaló una mesa con el Estado Mayor Central (EMC),
otra facción de desertores del acuerdo de paz con las FARC
suscrito en 2016.
Por el momento, no se existen detalles sobre la agenda de los
diálogos con la Segunda Marquetalia, fuera de lo que acordaron
el pasado 5 de junio en Caracas, donde según el Gobierno, se
busca promover cambios y crear reformas democráticas enfocadas
en la paz de las poblaciones y los territorios.
"Vieja guardia"
El documento de Caracas tiene la firma de Iván Márquez, quien
era el segundo hombre más importante de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando esa guerrilla firmó la
paz para convertirse en partido político.
Luciano Marín, su
nombre real, fue el jefe negociador por los rebeldes y
permaneció algunos años dentro del proceso después de la firma,
pero desertó y en 2019 reapareció en un video anunciando una
nueva revolución armada.
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En 2023,
medios locales especularon con su muerte en Venezuela tras sufrir un
atentado. Luego, el gobierno de Petro aseguró que estaba en ese país
recuperándose de las heridas.
El pasado 11 de mayo,
Márquez reapareció en un video manifestando su apoyo a Petro, con el que
acordó en febrero entablar negociaciones.
Márquez es "de las pocas cabezas vieja guardia que quedan" con "fuertes
bases ideológicas", añadió Daza. Y eso "tiene un peso" y "puede que
contribuya a que una negociación sea mucho más rápida, mucho más eficaz"
que las que el gobierno tiene abiertas con el ELN y el EMC.
"Pista" política
La Segunda Marquetalia tiene unos 1.660 combatientes, según cálculos de
inteligencia militar. Analistas consideran que es una guerrilla débil en
comparación con las disidencias del Estado Mayor Central a cargo de
alias Iván Mordisco, un cabecilla que no firmó la paz en 2016, y con el
Ejército de Liberación Nacional.
Petro conversa con el EMC desde octubre del año pasado, antes de que el
grupo se dividiera en dos en abril. La mitad de los guerrilleros al
mando de Mordisco se apartaron, mientras que el otro 50% siguen en
diálogo.
De cualquier forma, este acercamiento ha sido criticado. "Se lee en
clave de que el gobierno está siendo permisivo con los grupos armados o
con aquellos desertores de la paz", indicó Daza.
Entre los escépticos está el senador Humberto de la Calle, jefe
negociador del gobierno del premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos en
el acuerdo de 2016.
"¿Quien garantiza que (Márquez) no nos vuelve a incumplir, que falte a
su palabra como lo hizo después de la firma del acuerdo?", dijo en un
video publicado en la red X De la Calle.
¿Están ‘chuzando’ a magistrados de la
Corte Constitucional?
A pesar de que el encargado
de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González,
dijo el pasado miércoles en el Congreso de la República que este
gobierno no realiza interceptaciones ilegales “a magistrados y
periodistas”, ese mismo día los togados de la Corte Constitucional le
habrían pedido a la fiscal, Luz Adriana Camargo, investigar si los están
chuzando.
Asimismo, el funcionario
reconoció que magistrados de las altas cortes le han expresado su
preocupación por rumores sobre supuestas interceptaciones.
En desarrollo de la citación, el senador David Luna sugirió que desde la
DNI están haciendo interceptaciones ilegales de las comunicaciones de la
oposición y en medio de un debate cuestionó a González sobre si se han
comprado equipos especializados que se usan para estas intervenciones y
otros que son invasivos sin la autorización de la Fiscalía General.
De acuerdo con lo que se ha conocido, el encuentro de la fiscal con los
togados se extendió por 40 minutos, tiempo en el que le expusieron
sospechas de que sus teléfonos móviles y otros medios de comunicación
podrían estar siendo interceptados ilegalmente. Además, indicaron que
han sido objeto de seguimientos y espionaje, lo cual afecta la
integridad de las deliberaciones y decisiones del Alto Tribunal.
Ante estas denuncias, se solicitó formalmente a la Fiscalía que
investigue la veracidad de estas afirmaciones y determine si desde hace
meses se ha desplegado una operación de inteligencia contra miembros de
la Corte.
Esta situación ha generado una ola de inquietud, no solo en el ámbito
judicial, sino también en el político. El magistrado Jorge Ibáñez ya
había manifestado la necesidad de mayor protección para los magistrados
y sus familias en una reunión de la Comisión Intersectorial de la Rama
Judicial, celebrada unos días antes. No obstante, la gravedad del asunto
llevó a los magistrados a plantear sus inquietudes directamente a la
Fiscal General en la sesión del miércoles.
González negó ese día de manera rotunda estas acusaciones y aseguró que
su oficina jamás adelantaría este tipo de acciones por principio y valor
ético del Gobierno.
“Este gobierno nunca haría eso”, declaró. Además, desmintió la
existencia de un supuesto grupo llamado ‘Orión’, y rechazó su
implicación en escándalos de corrupción recientes.
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El pasado 14 de junio, se informó sobre un mensaje de
alerta enviado por un magistrado a través de WhatsApp, en el que
denunciaba la intervención ilegal de sus comunicaciones por parte de
organismos de inteligencia del Estado. Esta denuncia, junto con las
inquietudes presentadas por la Corte Constitucional, ahora se encuentra
en manos de la Fiscalía, que tiene la responsabilidad de investigar y
esclarecer los hechos.
El miércoles con el senador David Luna tras el debate.
Dijo que “esperamos que nos hayan dicho la verdad, pero el director
nacional de Inteligencia negó todo lo que nosotros preguntamos”.
De igual manera agregó “pero hay que recordarle a él y a Colombia, que
sus declaraciones se encontraban bajo la gravedad de juramento, y sí le
mintió al Congreso y después algo se prueba, incurrirá en un gravísimo
delito. Precisamente por eso hicimos el llamado, para que el director de
la Dirección Nacional de Inteligencia nos aclare si ese tipo de
versiones son ciertas o no”.
Como parte del debate, el congresista explicó que
González “estaba en la obligación de contarle al país si es cierto sí o
no y bajo la gravedad del juramento, si ellos están interceptando
ilegalmente a miembros de la oposición, a periodistas, a militares en
uso de buen retiro. Sí, están alquilando inmuebles para hacerle
perfilamiento a quienes piensan distinto al gobierno del presidente
Petro, sí, si se están utilizando gastos reservados para la compra de
elementos, de herramientas para la interceptación de mensajería
instantánea tipo WhatsApp, Telegram y Signal”.
Terminado el debate, el senador David Luna le comentó a este Diario que
“hay que recordar que el presidente Petro hizo varios debates sobre esta
materia, y tanto él como cualquiera que tenga estas dudas tiene derecho
a adelantarlo. No podemos repetir la historia del viejo DAS, donde
claramente hubo una serie de violaciones muy complejas para el Estado”.
Además, el senador de Cambio Radical expresó que “el debate podría traer
todos los hechos históricos a colación, pero esos hechos históricos que
ustedes han mencionado también me obligan a decir que fue en este
gobierno cuando yo sufrí lo que sufrí, y es de público conocimiento. Yo
no hago un debate para juzgar, lo hago para prevenir, preguntar y
expresar las preocupaciones que se sienten”.
Repetir elección de la mesa directiva
del Concejo de Medellín pide CNE
El Consejo Nacional
Electoral (CNE) emitió una resolución que demanda al presidente del
Concejo de Medellín, Andrés Tobón, llevar a cabo una nueva elección para
la mesa directiva de la corporación. Esta decisión surge a raíz de las
quejas presentadas por concejales de la oposición, quienes argumentaron
que la conformación actual no respeta el estatuto de la oposición en el
Concejo de la ciudad.
El concejal del Pacto Histórico, José Luis Marín, fue una figura clave
en esta disputa, liderando una batalla legal desde enero para asegurar
la representación adecuada de la oposición en la mesa directiva. La
resolución del CNE, la 03061 de 2024, confirma la violación de los
derechos políticos de la oposición al no tener presencia en la actual
mesa, integrada por miembros de partidos declarados de gobierno como
Creemos, el Centro Democrático, y la Alianza Social Independiente (ASI).
Marín, al respecto, expresó: "Este documento nos da la razón en la
batalla jurídica que hemos dado todos estos meses a favor nuestro y de
la ciudadanía de Medellín. Dice que se violaron los derechos de la
oposición política en Medellín al no estar representada en la mesa
directiva del Concejo".
La resolución del CNE indica claramente que se deben repetir las
elecciones de primera y segunda vicepresidencia para garantizar la
inclusión de representantes de la oposición. Andrés Tobón, presidente
del Concejo, manifestó su intención de apelar esta decisión ante
instancias superiores, citando una "doble visión" sobre la elección de
la mesa directiva.
Por otro lado, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció a
favor de la decisión del CNE, resaltando la importancia de cumplir con
la ley para asegurar una representación equitativa en el Concejo.
La resolución del CNE establece un plazo de 48 horas para que el
presidente del Consejo convoque a una nueva sesión plenaria y se realice
la votación de las vicepresidencias de acuerdo con el estatuto de la
oposición.
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