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Policía neutraliza
artefacto explosivo en parque de Robles, Jamundí
La tranquilidad en el corregimiento de Robles, Jamundí,
se vio interrumpida nuevamente por la detonación de un artefacto
explosivo en el parque principal, generando alarma entre los residentes
y movilizando a las autoridades locales y nacionales.
El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de
Cali, confirmó que "se activó el plan de defensa tras la detonación",
sin que hasta el momento se evidenciaran daños significativos. Esta
acción preventiva responde a la estrategia de seguridad implementada en
la zona, tras el reciente atentado ocurrido el pasado 7 de junio, donde
un carro bomba estalló en este mismo corregimiento.
La Alcaldía, en coordinación con las fuerzas de seguridad, reforzó la
presencia policial en el área para garantizar la tranquilidad y
protección de los habitantes. "Estamos tomando todas las medidas
necesarias para asegurar el área y proteger a nuestros ciudadanos",
expresaron las autoridades municipales en un comunicado.
La intervención de la Policía Nacional fue crucial, al confirmar que se
trató de una detonación controlada del artefacto, lo que descartó la
posibilidad de un nuevo atentado en esta región afectada por la
presencia de grupos disidentes. No se reportaron afectaciones derivadas
de esta acción.
El director del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, a través
de X, indicó: “Se registró una explosión, de nuevo, en Robles,
corregimiento de Jamundí. La escalada de violencia que estamos
presenciando obedece a los beneficios que el régimen petrista le ha dado
a las narcoguerrillas. No olviden, colombianos, que esto hace parte de
su estrategia electoral”.
A juicio vicepresidenta
de Colpensiones por contratos irregulares
La Fiscalía General de la Nación lleva a juicio a la
vicepresidenta de Colpensiones, María Elisa Morón, por su presunta
participación en la adjudicación irregular de un contrato millonario de
defensa jurídica. Este contrato, que inicialmente estaba presupuestado
en 4.000 millones de pesos,
terminó aumentando a más de 12.000
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millones de pesos, sin una
justificación clara de dicha adición.
La acusación contra Morón se centra en el presunto
direccionamiento del millonario contrato de defensa jurídica en
Colpensiones, que ha levantado sospechas debido a su aumento
desproporcionado de costos.
Según la Fiscalía, este contrato fue adjudicado a la firma Lupa Jurídica
SAS sin una competencia transparente. La acusación señala que no se
presentaron cotizaciones competitivas y que el análisis de precios
favoreció irregularmente a esta firma en detrimento de otras posibles
competidoras, como lo evidenció un extracto de la acusación que
menciona: "Usted no verificó el contenido de los estudios previos, los
cuales reflejaron el valor del contrato producto de una cotización
concertada con el contratista Lupa Jurídica SAS".
Además, se sostiene que Morón permitió adiciones al contrato sin
justificación clara, aumentando el gasto público en más de 8.300
millones de pesos. Esta acción, según la Fiscalía, lesionó el bien
jurídico de la administración pública, lo cual constituye un grave
delito de peculado.
Las investigaciones, que iniciaron a finales de mayo, también abarcan
otros contratos de la entidad, generando inquietud y desconfianza entre
los colombianos, especialmente en el contexto de la reciente aprobación
de la reforma pensional.
María Elisa Morón y otros directivos de Colpensiones enfrentan múltiples
acusaciones relacionadas con contratos y adiciones presupuestales que
carecían de la justificación adecuada. Este escándalo pone en entredicho
la gestión de la entidad encargada de los fondos de pensiones, generando
un fuerte impacto en la opinión pública y exigiendo una respuesta
contundente por parte de las autoridades.
Fiscalía investiga
presuntas 'chuzadas' a Corte Constitucional
La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo,
ordenó este sábado, iniciar un proceso de investigación, tras las
denuncias presentadas por la Corte Constitucional, sobre presuntas
interceptaciones y seguimientos ilegales en uno de los despachos de sus
magistrados.
A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que la investigación,
ordenada para ser iniciada de forma inmediata, está a cargo de la Unidad
de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
"Frente a la gravedad de los hechos puestos en su conocimiento, al
recibir esta semana en la Corte Constitucional la denuncia sobre
presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los
despachos de sus magistrados, la fiscal general de la Nación, Luz
Adriana Camargo Garzón, ordenó iniciar la investigación correspondiente
de forma inmediata en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte
Suprema de
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Justicia", decía el comunicado de la
Fiscalía.
El pasado 19 de junio, la Fiscal General, Luz Adriana
Camargo, se reunió con los magistrados de la Corte Constitucional en el
Palacio de Justicia. Durante la sesión, que se extendió por
aproximadamente 40 minutos, los magistrados expresaron sus
preocupaciones sobre posibles actos de espionaje e interceptaciones
ilegales a sus comunicaciones y solicitaron una investigación
exhaustiva.
Fuentes informaron que durante la sesión, los funcionarios expusieron
sospechas de que sus teléfonos móviles y otros medios de comunicación
podrían estar siendo interceptados ilegalmente. Además, indicaron que
han sido objeto de seguimientos y espionaje, lo cual afecta la
integridad de las deliberaciones y decisiones del alto tribunal.
Debido a esto, la fiscal Camargo, aseguró que "dispuso todos los
recursos al alcance de la entidad, para avanzar con celeridad y rigor en
los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el
impacto de la delicada situación denunciada el pasado miércoles".
Un policía muerto y
otro herido dejó atentado en Curumaní, Cesar
En un ataque armado en zona rural de Curumaní, Cesar, el
patrullero Brayan Andrés Mojica Santos fue asesinado y el subintendente
César Silva resultó herido mientras realizaban una investigación contra
el crimen organizado en el corregimiento de Santa Isabel.
Según informes preliminares, los uniformados se movilizaban en un
vehículo blanco marca Suzuki cuando fueron interceptados por una
camioneta. De inmediato se desató un tiroteo en el que Mojica Santos fue
fatalmente herido. El subintendente Silva, que iba como copiloto,
recibió dos impactos de bala en la mano y el brazo derecho.
Tras el ataque, Silva logró llegar al corregimiento de San Roque, donde
informó sobre el incidente y las heridas que tanto él como su compañero
habían sufrido.
La Policía Nacional, a través de un comunicado, lamentó profundamente la
pérdida del patrullero y condenó el atentado. "Este comando se
solidariza con la familia del uniformado asesinado y dispuso de
inmediato el traslado del señor subintendente lesionado para que reciba
la atención médica necesaria. Así mismo, se desplegaron acciones
investigativas y operativas para dar con la captura de los responsables
de este execrable crimen", expresó el Comando de Policía de Cesar.
Además, aunque aún no se ha confirmado la identidad de los atacantes,
las autoridades no descartan la participación de grupos armados bajo el
mando de alias ‘Cesar’, perteneciente al ELN, conocidos por su actividad
en Santa Isabel.
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