Por incumplir orden, JEP podría sancionar a Hernán Penagos

Este viernes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que abrió un incidente de medidas correccionales contra Hernán

"La orden se dio en el marco de una acreditación de víctimas del Subcaso Meta, que tiene conocimiento de al menos 124 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado en este departamento, en los que se reportan 242 víctimas", indicó el tribunal.

La JEP le dio un plazo de dos días hábiles, a Hernán Penagos, para presentar las razones por las cuales no cumplió la orden, en lo que denominaron, su ejercicio de derecho de defensa y contradicción.

Según lo expresado por los magistrados, la medida es justificada debido a que deben garantizar el avance de las órdenes judiciales para que los casos tengan un trámite y con ello poder proteger los derechos de las víctimas.

Es importante resaltar que, la familia de Tulio Alonso Parra presentó la solicitud para que se les reconozca su calidad de víctimas y con ello poder participar del procedimiento judicial, durante junio de 2023.

Por baja ejecución de recursos, indagan a 14 entidades del gobierno Petro

Una investigación contra funcionarios de 14 entidades por presunta baja ejecución de recursos de inversión durante la vigencia de 2023 ordenó la Procuraduría General de la Nación. Destacan entre ellos los ministerios del Deporte y de Hacienda, además del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Sobre este asunto se pronunció la Delegada para la Economía y Hacienda Pública, que afirmó que harán una exhaustiva evaluación de la ejecución de proyectos de inversión que fueron programados para el año 2023. Pero también harán una revisión de aquellos que fueron comprometidos por medio de convenios interadministrativos y que, por su naturaleza, fueron suscritos con entidades del orden nacional, como Findeter y EnTerritorio.

De acuerdo con un comunicado publicado por el Ministerio Público, se supo que ya comenzó una acción disciplinaria, en expedientes separados, al Fondo Nacional Ambiental, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Servicio Geológico Colombiano, Aeronáutica Civil, Escuela Superior de Administración Pública, Superintendencia de Notariado y Registro, Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Además, la Procuraduría General de la Nación hizo la solicitud de prácticas de pruebas y también buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad.

Bajo recaudo de la DIAN

El pasado jueves, la Procuraduría también abrió investigación previa contra funcionarios por establecer de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El motivo de la indagación fue, según el Ministerio Público, un bajo recaudo tributario entre enero y mayo de 2024.

De igual forma, hubo pronunciamiento por parte de la Delegada para la Economía y Hacienda Pública, quien informó que, según la información conocida en torno a este caso, “la brecha en el recaudo de impuestos superaría los $12 billones y de acuerdo con varios análisis el recaudo tributario bruto de Colombia entre enero y abril de 2024

Pero además, el ente de control disciplinario solicitó en este caso la práctica de pruebas, con la intención de determinar si la conducta está prevista en la normativa legal como falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad.​

Otras investigaciones desde la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios del Ministerio de Hacienda ha anunciado el ente de control, liderado por Margarita Cabello. En febrero, la entidad informó sobre indagaciones a personal de esta cartera, en vista de las presuntas irregularidades en liquidación del presupuesto de 2024.

Al respecto, la Delegada para la Economía y la Hacienda Pública sostuvo que, según dieron a conocer medios de información, habría material probatorio que evidenciaría posibles anomalías en el detalle de las apropiaciones y en la clasificación y definición de los gastos de cerca de $13 billones.

Consejo de Estado aceptó demanda contra diálogos con Segunda Marquetalia

El Consejo de Estado, a través de la Sección Primera, aceptó una demanda presentada contra la instalación de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y la 'Segunda Marquetalia', disidencias de las FARC, lideradas por alias 'Iván Márquez'.

La demanda, presentada por la Fundación para el Estado de derecho (FEDe), pide que la Resolución 064 del 28 de febrero de 2024, con la cual el presidente Petro autorizó que se diera inicio a los diálogos, sea anulada.

El consejero, Oswaldo Giraldo López, aceptó el recurso jurídico presentado por la ONG, luego de que durante el mes de abril, fuera rechazada por un error en la redacción por parte de la fundación.

Según lo expresado por la FEDe, no es posible que se adelante ninguna conversación de paz con la Segunda Marquetalia, debido a que las disidencias, se componen de desertores del acuerdo de 2016, asegurando que las negociaciones van en contra de la Constitución.

"Declarar la nulidad de la Resolución No. 065 del 28 de febrero de 2024 "Por la cual se autoriza la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz con las autodenominadas Segunda Marquetalia y se dictan otras disposiciones" por cuanto adolece de vicios como la infracción a los artículos 122 y 66 transitorios de la Constitución, el artículo 2º de la Ley 2272 de 2022, falta de competencia y falsa motivación [...]", se lee en la demanda.

La Fundación afirmó que el Gobierno conocía que no es posible establecer una negociación con las disidencias a cargo de 'Iván Márquez', y por ello, según dijo la entidad, han reconocido la necesidad de establecer una constituyente para poder negociar con este grupo armado.

Con la aprobación por parte del Consejo de Estado, se procederá a estudiar los argumentos necesarios con el fin de ponerle, o no, un alto a la resolución. Sin embargo, por el momento el Alto Tribunal anunció que la norma continuará en vigencia hasta que se realice la evaluación.