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Referendo de autonomía fiscal
regional gana terreno
En los próximos días
comenzará en todo el país la recolección de firmas para
respaldar la realización del referendo de autonomía fiscal para
las regiones, con lo cual buscan tener más recursos para atender
sus múltiples responsabilidades con la población en materia de
servicios y bienestar. Este proceso puede tardar, si cumple los
requisitos, por lo menos un año y medio para llegar a las urnas
y que los ciudadanos tomen una decisión, pues antes debe pasar
por el Congreso y la Corte Constitucional.
A este referendo le dio el ‘soplo’ de vida el gobernador de
Antioquia, Andrés Rendón, a principios de este año, como
respuesta a la decisión de la administración Petro, por medio de
la Agencia de Minería, de no prorrogar más la delegación minera
que tenía este departamento desde 2001, que le autorizaba para
otorgar títulos de exploración y explotación de minerales, así
como ejercer el control en la materia.
Por esos días, el gobernador Rendón dijo que “la decisión del
gobierno Petro nos devuelve a las épocas fastidiosas del
centralismo y desconoce las capacidades como región. Nos ponen
un freno de mano en el desarrollo local. Con mayor razón seguiré
promoviendo ese referendo constitucional que les devuelva a las
regiones la autonomía, sobre todo fiscal”.
El referendo preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo o
no con que los impuestos sobre la renta y el patrimonio dejen de
ser gravámenes nacionales y pasen a ser departamentales y del
Distrito Capital, con lo cual se duplicarían los dineros que hoy
reciben por el Sistema General de Participaciones (SGP).
La Registraduría Nacional en la Resolución 6343, del pasado 27
de junio, declaró la inscripción del referendo denominado ‘Por
las regiones firme’, tras cumplir los requisitos exigidos. Como
consecuencia, inscribió al comité promotor integrado por nueve
personas.
Este comité debe recoger como mínimo 2'027.199 firmas ciudadanas
de respaldo a dicho referendo, para lo cual tiene plazo hasta el
próximo 28 de diciembre. No obstante, los promotores se han
puesto la meta de conseguir 4 millones, previniendo que en la
revisión que haga la Registraduría Nacional de estas rúbricas
determine inválida una importante cantidad por razones como que
no son legibles, no corresponden con el número de la cédula o
están repetidas, entre otras.
Pulso a la vista
El referendo de autonomía fiscal para las regiones no es la
única iniciativa que en este momento se encuentra sobre la mesa,
pues avanzó en primera vuelta el proyecto de reforma
constitucional que fortalece la autonomía territorial,
estableciendo que el Sistema General de Participación de los
departamentos, distritos y municipios represente mínimo el 46,5
% de los ingresos corrientes de la Nación a partir del año 2035.
Con este fin, se modifican los artículos 356 y 357 de la
Constitución.
La segunda vuelta de esta reforma se dará en la próxima
legislatura a partir del 20 de julio, comenzando su quinto
debate en la Comisión Primera del Senado.
Igualmente, el entrante ministro del Interior, Juan Cristo,
anunció que tiene cuatro objetivos fundamentales en su tarea. El
primero de los cuales es la búsqueda de un acuerdo nacional que
permita explorar la posibilidad de convocar una Asamblea
Nacional Constituyente. “Vamos a abrir un diálogo con todos los
sectores del país: amigos del Gobierno, oposición, altas cortes,
Congreso, organizaciones sociales y comunitarias, sindicatos,
gremios y empresarios”, detalló.
Entre estos objetivos prioritarios Cristo destacó la importancia
de profundizar la autonomía territorial en Colombia. “Vamos a
avanzar en un nuevo ordenamiento territorial y en un
fortalecimiento de las capacidades fiscales de los departamentos
y municipios del país”, dijo.
Entonces, en este momento hay tres iniciativas para mejorar los
ingresos de las regiones y se vislumbra un pulso entre el
Gobierno y las regiones en donde hay mandatarios que no
comparten el proyecto político del presidente Petro, como
Antioquia, por cuál concreta este asunto.
Como se dijo, el referendo que impulsan el gobernador de
Antioquia y otros mandatarios regionales, y que cuenta con el
respaldo de la oposición política por parte del partido Centro
Democrático, tomaría al menos año y medio para llegar a las
urnas, y es muy posible que no se alcance a hacer en lo que le
queda a la administración nacional.
En tanto que el Gobierno tendría dos cartas para jugar en este
propósito. Una, la constituyente que plantea el presidente
Petro, y que según explicó Cristo se haría por el cauce fijado
en la Carta Política, como es que cuente con el aval del
Congreso. A lo que se suma ahora que anuncian que primero
buscarán un acuerdo nacional con las diferentes fuerzas
políticas y sectores. No obstante, es claro que una asamblea
constituyente tampoco se alcanzaría a hacer en este Gobierno,
por los engorrosos requisitos que exige la ley para llevarla a
cabo.
La otra carta del Gobierno podría ser apoyar el proyecto de
reforma constitucional que fortalece la autonomía territorial,
que de superar la segunda vuelta en este semestre entraría en
vigor en los primeros meses del 2025.
Vale señalar que esta iniciativa de reforma
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fue radicada por el senador
Guido Echeverri, entre otros, del Movimiento En Marcha, la colectividad
de Juan Cristo, quien ahora llega a la cartera política. Este hecho
podría ser un punto a favor para que el Gobierno ‘adopte’ el proyecto.
Sin embargo,
también puede suceder que la Casa de Nariño no apoye esta reforma. Se
dice esto porque en diciembre pasado el presidente Petro replicó a la
senadora María Cabal cuando ella manifestó que “trabajaremos en un acto
legislativo para buscar la independencia de las regiones. No podemos
permitir que por revanchismo se afecte a un departamento”.
Entonces, Petro dijo: “Estimada senadora Cabal, si quiere cambiar el
régimen constitucional vigente, el camino no es un acto legislativo. De
acuerdo a la Corte Constitucional, un cambio sustancial del régimen
político es a través de una Asamblea Nacional Constituyente”.
Comité
promotor
Una de los integrantes del comité promotor del referendo es Ana Lucía
Villa, quien durante varios años en el Ministerio de Hacienda fue
directora de la Dirección de Apoyo Fiscal, dependencia en donde les
hacen seguimiento a los departamentos y municipios que se acogen a la
Ley 550 para reestructurar sus pasivos.
Villa le dijo sobre esta
iniciativa de referendo que "es muy importante, por eso estoy ahí,
porque creo que de todas maneras los departamentos necesitan un
financiamiento distinto. Y es que, si esto sale adelante, se modifica
sustancialmente el Sistema General de Participación".
Villa explicó que con estos recursos los departamentos tienen que
financiar "salud, educación, infraestructura, agua. Porque esto es un
recurso no propiamente para la gobernación, sino para el departamento, y
los departamentos están conformados por municipios. Entonces, obviamente
le queda a la gobernación la responsabilidad de los municipios”.
En tanto que la exsenadora del Centro Democrático María del Rosario
Guerra de la Espriella dijo que “la motivación que tenemos es
profundizar la descentralización, profundizar el proceso de recursos
fiscales que reciban los departamentos, de tal manera que con ello pueda
contribuir al cumplimiento de sus responsabilidades".
Explicó que "hoy, de todos los ingresos que tiene la Nación, que es un
monto bastante significativo, el 83 % los maneja la Nación, el 13 % lo
manejan los municipios, y los departamentos solo el 4 %. Entonces, lo
que estamos proponiendo es que el recaudo del impuesto a la renta, que
aproximadamente es de $140 billones, se quede en los departamentos donde
se genera la actividad productiva o las actividades de las personas
naturales, más el impuesto al patrimonio”.
Guerra dijo que “eso llevaría a que todos los departamentos verían
aumentados los recursos que reciben y no dependerían solo de las
transferencias que hoy le envía la Nación a través del Sistema General
de Participación".
Consejo de Estado niega tutela de Cielo
Rusinque por doble instancia
El viernes el Consejo de
Estado negó la tutela interpuesta por la superintendente de Industria y
Comercio, Cielo Rusinque, por la cual pedía que se le garantizará la
doble instancia, el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia en la modalidad de tutela judicial efectiva.
El amparo de la superintendente llega luego de que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca aceptará, en abril, una demanda en la que
se solicitaba la nulidad de la orden con la cual el presidente Gustavo
Petro nombró a la abogada como jefe de la SuperIndutria.
Según lo expuesto por el demandante, el abogado Miguel Ángel Martínez,
la funcionaria no cuenta con los requisitos que se solicitan para poder
asumir al cargo, señalando que existió "favoritismo" al momento de
asignar a Cielo Rusinque.
"Se ha manifestado la desviación de poder, cuando la demandada ha
ejercido cargos no solamente relacionados con el proyecto político que
hoy en día gobierna el país, sino en otros cargos públicos que
recientemente ha ocupado en el marco del Gobierno vigente", sostuvo
Martínez.
El Consejo de Estado aseguró que, en este caso, Rusinque cuenta con los
mecanismos ordinario que permitirán garantizar la efectividad de sus
derechos procesales que la asisten como sujeto demandado, argumentando
que "al interior del proceso puede válidamente exponer sus argumentos de
defensa y, además, cuestionar lo referente a la competencia en el
escrito de contestación".
En el fallo, el Alto Tribunal añadió que "la Sala estima que la
accionante no demostró la necesidad imperiosa de intervención del juez
constitucional, además, las particularidades del caso apoyadas en las
razones precedentes no permiten que a través de este mecanismo se invada
la órbita de competencia del juez electoral", quien según el Consejo, es
el primer llamado a garantizar y respetar los derechos fundamentales de
las partes involucradas "para entrar a estudiar las reglas de
competencia y determinar si el asunto debe ser tramitado en única o
primera instancia".
Por ello, la demanda del abogado Martínez en contra del nombramiento de
Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, continuará
su debido proceso ante el Tribunal de Cundinamarca.
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Indagan subsidios otorgados a
importación de leche en polvo desde EE.UU.
El Gobierno nacional informó
que iniciará una investigación a la importación de leche en polvo
subsidiada desde Estados Unidos por un aumento considerable y sostenido
del ingreso de ese producto a Colombia.
En el 2023 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
inició una evaluación al caso, en la que encontró que la importación de
leche en polvo subsidiada originaria de Estados Unidos aumentó en 862 %
entre 2012 y 2023, lo que impactó la producción colombiana de este
alimento que apenas creció 8,8 % en el mismo periodo.
“Este es un producto esencial en la economía campesina de Colombia y
hace parte de la base alimentaria de los hogares en todos los eslabones
de la cadena”, se lee en el comunicado.
Cabe recordar que el sector lácteo ha registrado una caída económica. La
producción de leche fue de 7.097 millones de litros en 2023, 5% menos
que en 2022, mientras que el consumo de leche cayó más de 9% y el precio
aumentó 2,1%.
La Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio manifestó que diariamente
se estarían perdiendo más de 50.000 litros de leche. De igual los
campesinos de Boyacá aseguran que las empresas no han investido de la
misma manera que hace dos años, provocando un represamiento del
alimento, y por consiguiente, la pérdida del producto.
La cartera confirmó que en el 2026 este alimento no tendrá arancel
(gravamen que se impone sobre un bien o servicio cuando cruza la
frontera de un país), esto en virtud del Acuerdo Comercial que tienen
los dos países vigentes desde 2012, hecho que empeora la crisis.
El Ministerio espera completar el proceso dentro de un marco de tiempo
razonable y proporcionará actualizaciones periódicas, en la medida que
avance la investigación.
Instan al Gobierno a saldar deudas con
ECOPETROL para mitigar riesgo financiero
La Contraloría le hizo un
llamado al Gobierno para que aborde de manera urgente y eficaz la
situación financiera de ECOPETROL S.A. en relación con el Fondo de
Estabilización de Precios del Combustible (FEPC), por las deficiencias
en los procesos de pagos gubernamentales.
Recordó el ente de control que la empresa se ha visto obligada a asumir
una carga financiera adicional debido a la demora en los pagos, lo que
ha impactado negativamente su liquidez y operaciones.
En el Informe de Auditoría Financiera a ECOPETROL, de la vigencia 2023,
la CGR considera fundamental garantizar la sostenibilidad y eficacia del
Fondo de Estabilización de Precios, así como fortalecer la colaboración
entre ECOPETROL y el gobierno con el objetivo de mitigar los riesgos
financieros generados por los retrasos en los pagos y salvaguardar la
solidez económica de la empresa a largo plazo.
A su vez, estima fundamental garantizar el adecuado funcionamiento del
Fondo de Estabilización de Precios en beneficio de la economía y la
empresa.
La gestión financiera de ECOPETROL ha enfrentado retos económicos por la
demora en los pagos gubernamentales destinados al Fondo de
Estabilización de Precios del combustible (FEPC).
Esta situación ha generado un déficit en el fondo, obligando a la
empresa a buscar financiamiento para cubrir la brecha presupuestal.
Aunque ECOPETROL ha realizado esfuerzos para sostener el déficit, la
falta de reconocimiento por parte del gobierno de los intereses
generados por la demora en los pagos agrava la situación financiera del
FEPC.
El FEPC ha generado un déficit significativo que ha impactado la
situación financiera de ECOPETROL en los últimos años, aunque se han
implementado medidas para reducir este impacto. En 2022, el saldo del
FEPC alcanzó COP $36,7 billones debido a la diferencia entre los precios
internacionales y los precios regulados en Colombia.
Durante 2023, el saldo se redujo en COP 5,8 billones y se recibieron
pagos del Ministerio de Hacienda por COP 2,8 billones, correspondientes
a liquidaciones del segundo, tercer y cuarto trimestre de 2022.
De acuerdo con la Contraloría, el Gobierno colombiano ha gestionado el
pago de los saldos y trabaja en esquemas de pago para los saldos
pendientes, buscando soluciones estructurales para cerrar las brechas
actuales del fondo.
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