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Bares clandestinos en Bogotá se ocultan haciéndose pasar por sedes sindicales

En Bogotá, numerosos negocios nocturnos han encontrado una manera ingeniosa de operar ilegalmente bajo la apariencia de sedes sindicales. Aprovechando los beneficios y protecciones que la ley otorga a locales relacionados con labores sindicales, estos establecimientos se escudan en esta fachada para eludir a las autoridades y llevar a cabo actividades ilícitas como la explotación sexual, la venta y consumo de licor adulterado y la venta y consumo de estupefacientes.

Un reciente informe de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) reveló que en 2023 se detectaron 108 bares clandestinos operando bajo la apariencia de sindicatos, de los cuales 96 siguen activos. Esta situación ha generado serias preocupaciones de seguridad y convivencia en la capital.

Los sindicatos, que son asociaciones de trabajadores dedicadas a defender y promover los intereses de sus miembros, tienen sedes bajo la vigilancia del Ministerio de Trabajo. Aunque la ley prohíbe actividades comerciales en estas sedes, la falta de inspección y control ha permitido que estos lugares funcionen sin restricciones, operando sin horarios establecidos y sin regulaciones, lo que facilita las actividades ilícitas.

Las localidades más afectadas por estos bares ilegales son Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Chapinero, Mártires y Teusaquillo. Los residentes de estas áreas han reportado problemas constantes debido al ruido, el consumo de alcohol y drogas, y la prostitución, afectando gravemente la calidad de vida en estos barrios.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puede imponer multas a los sindicatos que utilizan su figura de manera fraudulenta, con sanciones que van desde 1 hasta 50 veces el salario mínimo mensual más alto vigente. Si las violaciones persisten, el Ministerio puede solicitar la disolución del sindicato y la cancelación de su inscripción en el registro sindical.

Las autoridades locales, en colaboración con el Gobierno Nacional, están desarrollando estrategias para promover el cierre de estos establecimientos ilegales y asegurar el cumplimiento de la ley. La cooperación entre la comunidad y las autoridades es crucial para enfrentar y resolver esta problemática que afecta la seguridad y convivencia en Bogotá.

El concejal Julián Uscátegui denunció esta situación y llamó a la Alcaldía Mayor de Bogotá a trabajar junto con el Gobierno Nacional para cerrar estos establecimientos. "Es crucial trazar una hoja de ruta que permita promover el cierre de estos lugares y asegurar la calidad de vida de los bogotanos", señaló Uscátegui. También resaltó la incomodidad de los residentes que viven cerca de estos establecimientos: "Es totalmente impresentable que barrios residenciales deban padecer el funcionamiento ilegal de rumbeaderos y las autoridades no puedan hacer nada. No es calidad de vida vivir entre ruido, alcohol, drogas y prostitución".

La denuncia y la invitación a la colaboración interinstitucional son pasos importantes hacia la solución de esta problemática. No obstante, la implementación efectiva de medidas y la vigilancia constante serán esenciales para erradicar la operación de estos bares clandestinos y restablecer la tranquilidad en las zonas afectadas.

Cárcel para responsables de homicidio de policía en un atraco al sur de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Irben Adrián Romero Piñago y Octavio Obrehayan Rodríguez Esquivel, como presuntos responsables del homicidio del patrullero Heiner Yoel Loaiza Colo, ocurrido el pasado 6 de julio en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

El material de prueba indica que varias unidades de la Policía respondieron a un llamado de un comerciante sobre un hurto en las inmediaciones del Portal Sur de TransMilenio. Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos a disparos por cuatro hombres. Varios proyectiles impactaron al patrullero Loaiza Colo,
 

quien fue trasladado de urgencias a un centro asistencial, donde falleció horas después.

En medio de la reacción de los funcionarios, uno de los presuntos asaltantes resultó herido y otro fue capturado en flagrancia. Además, se incautó un arma de fuego en el lugar.

Una fiscal de la Seccional Bogotá imputó a los detenidos los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, hurto calificado y violencia contra servidor público, todas las conductas agravadas.

Aunque los cargos no fueron aceptados por los procesados, deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial. Esta acción reafirma el compromiso de la Fiscalía y la Policía para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad en la ciudad.

Contraloría alerta sobre posibles irregularidades en el metro de Bogotá

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) respondió a los hallazgos de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y la Contraloría Distrital, que señalaban posibles irregularidades en la primera línea del metro de Bogotá. Según la entidad, los contratos en cuestión fueron estructurados y adjudicados en administraciones anteriores, y aseguran que estos hallazgos no afectan el desarrollo de las obras actuales.

En una publicación, el IDU afirmó que la administración actual está tomando medidas frente a reprogramaciones y prórrogas necesarias para concluir los proyectos de movilidad en la ciudad. Además, destacó que se están estructurando las acciones correspondientes para atender las observaciones de las auditorías y dar solución a las mismas.

"El hallazgo no afecta el desarrollo de las obras", subrayó el IDU, añadiendo que están  trabajando día y noche para nivelar los retrasos y entregar los proyectos según lo previsto por el alcalde Carlos Fernando Galán. El director del IDU, Orlando Molano, especificó que, aunque las troncales de Transmilenio por la 68 y la Cali presentan retrasos contractuales del 11%, se están tomando todas las medidas necesarias para resolver estos problemas.

La situación expuesta por las auditorías indica que las supuestas irregularidades fueron heredadas de gobiernos anteriores. La administración actual se centra en resolver estos problemas para no afectar más el cronograma de las obras. Según el IDU, las auditorías muestran la necesidad de implementar medidas correctivas que actualmente están siendo evaluadas.

“La Contraloría General y la Contraloría Distrital hicieron unas auditorías sobre los contratos estructurados y firmados en administraciones anteriores, por ejemplo: las troncales de la Transmilenio por la 68, la Cali. Es muy importante resaltar que esta auditoría corresponde a contratos de administraciones anteriores, y nosotros desde esta administración, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán estamos tomando todas las medidas necesarias, para darle solución a estos temas”, declaró Molano.

Este caso subraya la importancia de una gestión transparente y efectiva de los recursos públicos en proyectos de gran envergadura como la construcción de la primera línea del metro, crucial para la movilidad de Bogotá. El IDU reiteró que ha tomado “las acciones necesarias frente a reprogramaciones y prórrogas” para asegurar la culminación de las obras, y que se están siguiendo todos los procedimientos estipulados para resolver cualquier tipo de observación presentada.

El informe de la Contraloría General de la República reveló múltiples irregularidades fiscales y administrativas en la primera línea del metro de Bogotá, detectando 22 hallazgos en las troncales y obras complementarias. De estos, 14 podrían derivar en consecuencias disciplinarias y una implicación fiscal de $18,179 millones. Las irregularidades fiscales están asociadas a la falta de deducción de tres estampillas distritales en los pagos realizados por Transmilenio a los contratistas.

Transmilenio, encargado de la gestión del transporte masivo en Bogotá, está bajo escrutinio por esta omisión, que podría acarrear consecuencias fiscales y disciplinarias relevantes. Las estampillas no deducidas en las órdenes de pago aprobadas por el IDU y realizadas por Transmilenio durante la ejecución de los contratos de obra corresponden a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el bienestar del adulto mayor y Procultura.

Se espera que las autoridades pertinentes tomen las medidas necesarias para corregir estas irregularidades y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y administrativas en los proyectos de infraestructura de la ciudad.

Personería de Bogotá solicita acciones urgentes por hacinamiento en centros carcelarios

El alarmante hacinamiento en las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá ha alcanzado un 167,4%, según las últimas cifras reveladas. Actualmente, estos centros albergan a 3.281 personas privadas de la libertad, a pesar de que su capacidad máxima es de solo 1.227. Este incremento es notable si se compara con marzo de este año, cuando el hacinamiento era del 150,29%.

La sobreocupación en cifras

Las estaciones de Policía y las URI, que están diseñadas para detenciones temporales de unas pocas horas y un máximo de 36 horas, respectivamente, están sobrepasadas en su capacidad. Según la Personería de Bogotá, con corte al 8 de julio, las estaciones de Policía presentan una sobreocupación del 212%. La estación de Bosa, por ejemplo, alberga a 253 personas cuando su capacidad es para 35, lo que representa un hacinamiento del 623%.

Otras estaciones también enfrentan cifras críticas: Kennedy con un hacinamiento del 558% (395 personas en un espacio para 60), Usaquén con un 490% (59 personas en un espacio para 10), entre otras. Estaciones como San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Terminal, Rafael Uribe Uribe y Candelaria también registran altos niveles de sobreocupación.

En cuanto a las URI, reportan una sobreocupación del 64%. De las personas privadas de la libertad en estos centros, 536 son extranjeras y 75 ya tienen sentencias condenatorias. Además, el Ministerio Público Distrital ha identificado a 588 personas condenadas que aún permanecen en estas instalaciones, algunas desde hace casi cuatro años, a pesar de que deberían estar en centros penitenciarios. Asimismo, hay 43 personas con detención domiciliaria en estos centros.

Llamado a la acción

Ante esta crisis, el Personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, ha hecho un llamado urgente para tomar acciones inmediatas que resuelvan el problema de hacinamiento en estos centros de detención transitorios. Este llamado subraya la necesidad de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

En respuesta, la Personería de Bogotá ha llevado a cabo jornadas de asistencia y orientación jurídica en varias estaciones de Policía, con el objetivo de evaluar y materializar mecanismos de protección de los derechos de estas personas, como acciones de tutela y derechos de petición.

La entidad ha destacado la importancia de garantizar el estado adecuado de los servicios básicos dentro de estos centros, incluyendo la alimentación, la atención médica y el acceso a la justicia. La Personería se ha comprometido a continuar realizando estas jornadas periódicamente para asegurar un trato digno a las personas privadas de la libertad.