|
|
Corte insta a definir ruta para
legalizar permanencia de venezolanos
Tras la presentación
de una tutela por parte de 39 personas de nacionalidad
venezolana, la Corte Constitucional, a través de la Sala Tercera
de Revisión, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a
Migración Colombia definir una ruta accesible que oriente a la
población del vecino país sobre las alternativas para permanecer
legalmente en territorio nacional.
Según lo señalado por los migrantes, la decisión de invocar el
amparo se dio tras considerar que el Ministerio de Relaciones
Exteriores vulneró su derecho al debido proceso, al dilatar
injustificadamente la resolución con la que solicitaban el
reconocimiento de su condición de refugiados en el país.
Por otra parte, añadieron que la Unidad Administrativa de
Migración Colombia vulneró el derecho al trabajo, puesto que
excluyó a los portadores del salvoconducto como beneficiarios
del Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la
Formalización (PEPFF) que les permitía trabajar mientras se
resolvía su petición.
La Corte Constitucional advirtió que para la resolución del
caso, se dividió a los accionantes debido a que cada uno tenía
una situación diferente.
Luego de realizar el debido análisis de los distintos casos, el
alto tribunal concluyó que el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Unidad Administrativa Especial de Migración
Colombia desconocieron los derechos al trabajo, mínimo vital e
igualdad de los accionantes. Añadiendo que, de igual forma,
restringieron el ejercicio del derecho a solicitar el
reconocimiento de su condición de refugiados, argumentando que
la cartera tardo injustificadamente entre uno y cuatro años para
resolver los requerimientos, pese a que, según dijo la Corte, no
eran complejas.
Además, en la resolución se mantuvo que las entidades no
ofrecieron alternativas eficaces para que los ciudadanos
venezolanos pudieran trabajar mientras se resolvían sus
requerimientos.
"La Sala recordó que la jurisprudencia ha resaltado que los
solicitantes de refugio son personas que, por definición, rompen
vínculos con su país de origen, habida cuenta de la situación de
persecución en la que se encuentran. Esta situación es
justamente la que motiva la solicitud de protección
internacional", incluyó en un comunicado la Corte.
En medio de dudas, se sanciona
este martes la reforma pensional
El esquema pensional
para los colombianos cambia el próximo martes con la sanción de
la ley que fue aprobada por el Congreso en medio de la polémica,
la cual entrará en vigor el 1° de julio del 2025.
El jefe de Estado la calificó como “la principal conquista
social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo”. Sin
embargo, enfrenta dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo,
como lo advirtieron en el Legislativo y Asofondos, así como por
las demandas que se avecinan por supuestos vicios de trámite.
La reforma introduce el sistema de pilares, que existe en varios
países. El solidario es para los adultos mayores más vulnerables
que no cotizaron, que tendrán una renta básica mensual de $223
mil. El semicontributivo es para quienes las semanas cotizadas
no les alcanzan para pensionarse. Estas personas tendrán una
renta vitalicia con el ahorro que lograron más un subsidio del
Estado, del 20 % los hombres y del 30 % las mujeres.
Los otros pilares son; el contributivo, para todos los que
cotizan en Colpensiones y logran acceder a la pensión, y de
ahorro individual, para quienes deseen mejorar sus ingresos para
la vejez.
Otro elemento clave
en la reforma es que estableció la obligación de cotizar en el
fondo público Colpensiones hasta los 2,3 salarios mínimos
mensuales. De ese valor en adelante las personas pueden hacer
sus aportes en los fondos privados.
La reforma también reduce a 1.000 las semanas de cotización a
las mujeres, atendiendo la sentencia de la Corte Constitucional.
Adicionalmente, reconoce un bono de género que va a permitir que
del año 2025 al 2035, las mujeres por cada hijo obtengan 50
semanas de cotización hasta un máximo de tres hijos.
Además, se establece un régimen de transición para aquellas
personas afiliadas al sistema que cuenten con 900 semanas si son
hombres o 750 semanas si son mujeres, a quienes se les
respetarán las condiciones establecidas en el régimen anterior,
Ley 100 de 1993.
De otra parte, elimina la competencia que hoy existe entre
Colpensiones y los fondos privados, pues se busca que se
complementen en un mismo sistema.
Una de las
consecuencias de ello es que en los fondos privados las semanas
de cotización pasan de 1.100 a 1.300.
Asimismo, en el Senado se determinó que el Gobierno, por
intermedio de Colpensiones, no va a manejar el fondo de ahorro
del pilar contributivo, sino que será una cuenta especial
administrada por el Banco de la República.
Duda por las demandas
Dos grandes interrogantes despierta la reforma pensional de cara
a su futuro, la primera de las cuales son las demandas que han
anunciado los partidos de oposición e independientes, así como
ciudadanos, por vicios de trámite. En particular, que la
plenaria de la Cámara de Representantes no le dio discusión en
cuarto debate, sino que por decisión de la mayoría se acogió el
texto que venía aprobado del Senado.
La determinación se tomó porque en ese momento era la última
semana de la legislatura y no se alcanzaba a que la plenaria de
la Cámara diera el debate que correspondía, más la votación de
la conciliación, porque se hubiera hundido.
En ese sentido, la
sanción que hará el presidente Petro de la reforma será el
banderazo para que comiencen a llegar a la Corte Constitucional
demandas contra la totalidad de la norma por la falta de
discusión en el cuarto debate o porque no se presentó como una
ley estatutaria, o contra varios de sus artículos.
Tras la aprobación de la reforma pensional, el Centro
Democrático fue el primer partido en anticiparse a informar que
la demandarán.
El representante
Juan Espinal dijo que “vamos a presentar demandas de
inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Hasta el
último minuto vamos a defender los
recursos de las pensiones de los colombianos. No vamos a
permitir que el presidente Gustavo Petro y el
|
|
Pacto Histórico se apropien
de $460 billones que es el ahorro de más de 16 millones de colombianos
para que hagan politiquería en el año 2026″.
Agregó que “lo que procede es solicitar a la Corte que tumbe la reforma.
Una reforma que además tiene temas muy complejos de fondo, como
equiparar un subsidio con la pensión, expropiar el ahorro de los
trabajadores y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema nuevo”.
La colectividad dijo en sus redes sociales que “una vez el proyecto sea
sancionado, será demandado por el Centro Democrático ante la Corte
Constitucional por los graves vicios que se presentaron durante su
trámite en el Congreso”.
Mientras que la representante Carolina Arbeláez, del partido Cambio
Radical, dijo que la reforma aprobada es “absolutamente
inconstitucional”, pues según ella se violaron los principios de
transparencia, publicidad y deliberación en el último debate en la
plenaria de la Cámara.
¿Gobierno corregirá el texto?
La otra duda que surge es si finalmente el Gobierno presenta un proyecto
para ajustar algunos vacíos en la reforma pensional.
El pasado 18 de junio, el entonces ministro del Interior, Luis Velasco,
anunció que recomendaría en el consejo de ministros que “revisemos tres
o cuatro puntos que pueden mejorarse para presentar un pequeño proyecto
que mejore la reforma antes de la entrada en vigencia”.
Uno de los puntos que serían corregidos, si es que el Gobierno se anima
a radicar el proyecto, es el que corresponde a la discriminación
positiva para sectores especiales, porque según dijo Velasco, debe
modularse adecuadamente. También se revisaría la tributación de las
pensiones por más de $3,6 millones mensuales, con el propósito de que no
se vean afectadas las personas de las clases media y media baja.
Se cree que la Corte Constitucional podría a finales de este año emitir
los primeros fallos por las demandas que se anuncian contra la reforma.
Entonces, lo más probable es que, dependiendo de lo que pase en este
frente, el Gobierno espere hasta principios del 2025 para radicar el
proyecto con los ajustes.
La reforma pensional será sancionada este martes en un acto especial en
la plaza de Bolívar por el presidente Petro, quien invitó a los adultos
mayores a acompañarlo. “Este 16 de julio espero a la tercera edad en la
plaza de Bolívar de Bogotá a las 2 p.m. para firmar la ley de reforma
pensional. El bono por 225.000 pesos mensuales para los viejos y viejas
que no lograron pensionarse”, dijo el mandatario.
El jefe de Estado destacó que “junto al Congreso de la República hemos
logrado una de las conquistas sociales más importantes de la historia
del pueblo trabajador de Colombia. Aprobamos una reforma al sistema
pensional que les devolverá a los adultos mayores de Colombia la
dignidad que por décadas les han negado”.
Academia no ve ‘timonazo’ político e
ideológico en último remezón ministerial
En menos de mes y medio, el
presidente Gustavo Petro sustituyó alrededor del 40% de su gabinete, lo
que ha sido considerado como el cambio más grande de los dos primeros
años del petrismo en el poder. Este último remezón, necesario para el
Gobierno para “corregir errores” y enfrentar los desafíos de este
segundo tramo de su mandato, tocó recientemente seis carteras
neurálgicas: Interior, Justicia, Transporte, Vivienda, Agricultura y
Educación. Semanas atrás hubo otros dos ajustes, en Cancillería y
Comercio Exterior.
Estos cambios han generado todo tipo de debates en el país, ya sea por
la postura radical que se manifestó desde la Casa de Nariño tras el
anuncio hecho por el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo,
de convocar vía Carta del 91 una asamblea nacional constituyente, o por
una supuesta falta de experiencia de algunos de los nuevos funcionarios,
como la de Daniel Rojas para dirigir el Ministerio de Educación, que,
según denuncias de la oposición política, podría afectar la ya
cuestionada formación académica de los jóvenes colombianos.
En medio de la polémica sobre la decisión presidencial de sustituir su
nómina al cumplir sus primeros dos años en el poder, se consultó a
decanos y expertos políticos de reconocidas universidades del país, para
conocer su posición frente a dos preguntas específicas: Desde el punto
de vista político e ideológico, ¿cómo se percibe el cambio de ocho
ministerios en mes y medio? Y, ¿cree que, con base en estos cambios,
habrá un ‘timonazo’ para la segunda parte de este Gobierno?
Angelika Rettberg, profesora del Departamento de Ciencias Políticas y
decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los
Andes, aseguró que los cambios representan el retorno y consolidación
del equipo de trabajo de Gustavo Petro desde la Alcaldía de Bogotá.
“Petro está buscando a las personas que van a defender su propuesta
programática. No sé si lo van a lograr, ya que a quienes está nombrando
no son necesariamente personas con capacidad de negociación electoral,
con experiencia en la política programática, ni con relaciones en el
Congreso”, destacó.
Por su parte, Sebastián Líppez de Castro, decano de la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia
Universidad Javeriana, indicó que dicha sustitución puede entenderse
como un cambio lógico después de un cierto desgaste de algunos de los
ministros durante un determinado periodo de trabajo.
“No es algo enteramente sorpresivo; más bien, es algo casi que rutinario
en algunos casos, más tratándose de Gustavo Petro, que en su anterior
experiencia como mandatario, en este caso de Bogotá, también se
caracterizó por numerosas sustituciones en su gabinete”, determinó.
Aun cuando estos movimientos resultan rutinarios, destacó que los nuevos
nombramientos han enviado un preocupante mensaje al país. “En sus
explicaciones sobre el cambio ministerial, Petro habla de corregir
errores y de realinear estrategias. Entonces, estas afirmaciones llevan
a uno a cuestionarse si realmente los equipos de trabajo de Petro están
alineados, si realmente comparten una visión y si logran desarrollar lo
que el presidente les ha pedido a cada uno de ellos”.
También cuestionó el hecho de que el mandatario argumente que parte de
los cambios se debe a la poca acción de los ministros frente al avance
de sus reformas en el Congreso, restándose él mismo responsabilidad por
los desaciertos que ha habido durante el trámite de estas propuestas.
“Es como si se estuviera escudando en la labor de sus ministros, como si
no tuviera nada que ver en esa gestión propia del Gobierno. Entonces,
esa fractura con sus equipos es permanente, desde tiempo atrás. El
presidente pareciera delegar en los ministros, pero luego se olvida de
trabajar de la mano con ellos y espera unos resultados sin importar lo
que tenga que ocurrir en los ministerios”, apuntó.
La
politóloga y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad
Javeriana, magíster en Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Oxford y decana de
|
|
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, Olga Illera, afirmó que los cambios ministeriales a dos años del
gobierno Petro se entienden de varias formas.
“Tener gente de su confianza, de un entorno cercano a su proyecto
político. Muchos de los cargos han tenido en algún punto algún contacto
con él. También hay otro, que es dar manejo político a aquellos perfiles
que no son de su círculo, pero atendiendo a un criterio de gestión y a
una necesidad de desarrollar la agenda, implementar compromisos y tener
manejo en el Congreso para mayor articulación y credibilidad. Es decir,
gente que ha estado en otros gobiernos, pero tiene los nexos y vasos
comunicantes que le permiten gestionar”, dijo.
Julio Londoño Paredes,
decano de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos
de la Universidad del Rosario, aseguró que “Petro se radicaliza aún más.
Quiere sacar adelante sus postulados. Hace 40 años está pensando en
ello. No va a desperdiciar el momento para hacerlo”.
Además, señaló que “es evidente que de ahora en adelante buscara a toda
costa la constituyente”.
Por su parte, Jorge Yarce Tamayo, analista político de la Universidad
Central, destacó que es común que los gobiernos con coaliciones amplias,
como lo fue el periodo inicial del presidente Gustavo Petro, inicien
gestión con una gran participación de esa coalición amplia,
representatividad en los órganos del poder público y en la conformación
del Gobierno.
“Pero en la medida en que avanza el Gobierno, es natural que esa
coalición vaya perdiendo terreno y el proyecto político e ideológico con
el que se triunfó en urnas, se ponga en primer lugar sobre los intereses
de los miembros de las distintas estructuras políticas que hicieron
parte de esa coalición”, indicó.
El ‘timonazo’ de Petro
Sobre si el gobierno Petro tomará un cambio de rumbo en la forma de
hacer política para este segundo tramo, los consultados por EL NUEVO
SIGLO están escépticos. Angelika Rettberg, decana de la Facultad de
Ciencias Sociales de los Andes, no ve posibilidad de un ‘timonazo’
significativo.
Al contrario, las últimas
decisiones de la Casa de Nariño “consolidan algo que estábamos viendo,
que es la diferenciación de Petro y sus intentos iniciales de acercarse
al centro y construir una alianza amplia”.
“(El presidente) busca concentrarse en su equipo ideológicamente más
cercano y más representativo de su agenda programática inicial. En
breve, creo que está nombrando personas cercanas a la agenda con la que
ganó la presidencia, no la agenda de sus primeros meses de Gobierno
cuando buscó acercarse a sectores no afines a su agenda”, respondió.
Sebastián Líppez de Castro
tampoco cree que haya un ‘timonazo’, ya que las propuestas y reformas
que el presidente propone en el Congreso son las mismas de hace dos
años.
“El tránsito de la reforma laboral y todo el tema pensional continúa
adelante. La reforma educativa se va a volver a presentar. Parece
señalar que importa más la alineación ideológica con esas propuestas y
no tanto la capacidad técnica y eso, por ejemplo, se refleja en el caso
de educación; es más el compromiso con la reforma de sacarla adelante”,
dijo.
Por su parte, el politólogo Jorge Yarce Tamayo manifestó que el Gobierno
no está dando un timonazo de su proyecto político. “Todo lo contrario,
están focalizando sus esfuerzos para ir juntos en la misma dirección,
reduciendo la participación de otros actores políticos dentro de la
misma estructura de poder, sin renunciar a lo que ha sido su plan
programático y contexto ideológico y político”.
Pero Olga Illera, decana de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, de alguna forma sí habrá un ‘timonazo’.
“¿En qué sentido? El poner a personas cercanas a su corazón, que de
pronto no tienen tanta trayectoria, habla de esa necesidad que tiene de
controlar ciertas áreas prioritarias para el desarrollo de su plan de
gobierno, áreas donde han existido dudas y cuestionamientos sobre, por
ejemplo, los tiempos de ejecución, sobre la capacidad de desarrollar e
implementar agenda, sobre la capacidad de corregir algunos errores”,
puntualizó.
Postulan a Fanny Elizabeth Guerrero como
experta de la Creg
Durante la mañana de este
viernes, el Gobierno nacional anunció la postulación de Fanny Elizabeth
Guerrero Maya como experta para integrar la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (Creg), publicando su hoja de vida en la página de la
Presidencia.
Luego de que la Procuraduría General de la Nación, el pasado miércoles,
3 de julio, solicitara al Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrir
un incidente de desacato en contra del presidente Gustavo Petro y el
ministro de Minas, Andrés Camacho, por el incumplimiento de la orden
judicial de nombrar a los integrantes de la Comisión, el Gobierno inició
el proceso de postulación.
De la misma forma, el pasado viernes 5 de julio, el Consejo de Estado
anuló el nombramiento del, hasta entonces, director de la entidad
regulatoria, argumentando que Omer Fredy Prias, no cumplía con los
requisitos solicitados por la ley, el alto tribunal evaluó una demanda
instaurada por el abogado Germán Lozano, en la que solicitaba la nulidad
del magistrado señalando que el decreto con el que se posicionó se
encontraba "viciado por haberse expedido con infracción de las normas en
que debería fundarse”.
Ahora, con la postulación de Fanny Guerrero, quien sería la primera
mujer en llegar a la Comisión de Regulación durante el actual Gobierno,
podría irse instaurando el organismo vital para lograr la regulación de
las actividades de los servicios de energía eléctrica, gas natural y gas
licuado de petróleo en el país.
¿Quién es Fanny Elizabeth Guerrero?
Fanny Elizabeth Guerrero Maya es ingeniera eléctrica de la Universidad
Tecnológica de Bolívar, cuenta con una especialización en gerencia
empresarial y una maestría en administración de la misma institución.
Según su hoja de vida, cuenta con experiencia profesional acreditada de
21 años, en los cuales ha asumido cargos en empresas como Electricaribe,
Kit Capital Partners, Green S.A.S, Empresa de Desarrollo Urbano de
Bolívar (Edurbe), contratista para la Alcaldía Mayor de Cartagena y
Smarten S.A.S ESP,.
Del mismo modo, fue asesora de planeación para la Alcaldía de Turbaco y
presidente de la Asociación de Energías Nuevas y del Hidrógeno del
Caribe.
|
|
