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Petro sancionó la ley que prohíbe
corridas de toros en el país
El presidente
Gustavo Petro Urrego sancionó el pasado lunes, en la plaza
cultural La Santamaría, la Ley 'No Más Olé', que prohíbe el
desarrollo de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas
y tientas en todo el territorio nacional.
El mandatario estuvo acompañado por el viceministro de las Artes
y la Economía Cultural y Creativa, Jorge Ignacio Zorro, y varios
ministros del Gabinete.
Durante el evento hubieron presentaciones musicales y artistas
invitados como I.R.A., Desarme, Chucho Merchán y Latín Latas.
Esta iniciativa permite dar cumplimiento a lo estipulado por el
jefe de Estado en su campaña a la Presidencia cuando manifestó:
“Impulsaremos la prohibición de todo tipo de espectáculos que
involucren prácticas de maltrato animal, incluidas las corridas
de toros".
La prohibición no será inmediata. De hecho, se espera un periodo
de transición de tres años para implementar estrategias que
permitan identificar al sector taurino y diseñar un programa de
reconversión económica para las familias que de manera directa e
indirecta derivan su sustento económico de las actividades
taurinas, además, de definir una medida para la transformación
de las plazas de toros en escenarios culturales.
Colombia estaba en la lista de ocho países que permitían las
corridas de todos como una actividad legal junto a España,
Portugal, Francia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.
La lucha en contra de la tauromaquia lleva alrededor de 30 años
en Colombia. Innumerables organizaciones y plataformas aportaron
de manera decisiva en la transformación cultural de rechazo a la
práctica a partir de su reconocimiento como una actividad de
tortura animal. Se habían radicado 14 proyectos de ley en el
Congreso que no tuvieron éxito.
Puntos Clave de la Ley ‘No Más Olé’
1. Prohibición de actividades taurinas. La Ley prohíbe de manera
definitiva la realización de corridas de toros, rejoneo,
novilladas, becerradas y tientas en Colombia.
2. Periodo de transición de tres años. La implementación de la
prohibición será gradual, en un periodo de transición de tres
años.
3. Programa de reconversión económica. Durante el periodo de
transición, se diseñará e implementará un programa para ayudar a
las familias que dependen económicamente de las actividades
taurinas a encontrar nuevas fuentes de ingreso.
4. Comisión Interinstitucional. Se creará una comisión compuesta
por entidades gubernamentales y representantes del sector
taurino para supervisar la implementación y seguimiento del
programa de reconversión.
5. Transformación de plazas de toros. Las plazas de toros serán
convertidas en espacios culturales, lúdicos, deportivos y
artísticos, priorizando la integración de las familias afectadas
por la prohibición.
Un Cambio Cultural Profundo
En Colombia, las corridas de toros se realizaban principalmente
en ciudades como Cali y Manizales, bajo estrictos requisitos
establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-666
de 2010. Sin embargo, la nueva ley pone fin a esta práctica en
todo el territorio nacional.
Diferentes estudios muestran que los animales utilizados en las
corridas de toros sufren condiciones de maltrato desde que son
extraídos de su ambiente natural, durante el transporte y hasta
el final del espectáculo. Son sometidos a largos periodos sin
comida ni agua, altos niveles de estrés, y lesiones graves.
Durante el espectáculo, experimentan sufrimiento físico
documentado científicamente, incluyendo daño a músculos, nervios
y órganos vitales, lo que les causa dolor extremo y,
eventualmente, la muerte.
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La Ley No Más Olé marca un
hito en la protección de los derechos de los animales en Colombia y
refleja el compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego
de impulsar la prohibición de espectáculos que involucren maltrato
animal.
Rechazan solicitud de libertad para
exsenador Álvaro García Romero
La Sala de Primera Instancia
de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad presentada
por el exsenador Álvaro García Romero, procesado por 'parapolítica', por
considerar que representa un peligro para la comunidad, además que
adelanta una investigación por desplazamiento forzado.
“La naturaleza del delito
por el que se procese en el presente asunto resulta ser una
circunstancia que para la Sala es de vital relevancia. Ello en razón a
que como se indicó en la providencia que le impuso la medida de
aseguramiento a García Romeo, dicha conducía ha afectado a la
colectividad colombiana, y en ese caso, a las comunidades de los
departamentos de Sucre y Bolívar”, señala el alto tribunal.
García fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre cometida entre
el 9 y el 17 de octubre de 2000, ejecutada por integrantes del
denominado "Bloque Héroes de los Montes de María", de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), en las veredas El Limón, La Palma, Los Deseos,
El Pavo, El Floral, entre otras, del corregimiento de Macayepo en
comprensión municipal de El Carmen de Bolívar (Bolívar) y San Onofre
(Sucre).
En tales sucesos se dio muerte violenta a algunos lugareños quienes
fueron identificados como Andrés Alberto Álvarez Palacios, Líderes
Rafael Tapias Terán, Manuel de Jesús Julio Gutiérrez, Orlando Rafael
Oviedo Moguea, Alcibíades Mendoza, Hugo Adolfo Díaz Díaz, y Juan Manuel
Jiménez Hernández.
De acuerdo con el documento judicial, dicha acción tuvo como propósito
afianzar el dominio paramilitar en la zona y a su vez recuperar una
considerable cantidad de semovientes que fueron hurtados al ganadero
José Joaquín del Niño García Rodríguez por subversivos que operaban en
la zona.
Para facilitar la incursión armada, García Rodríguez acudió al exsenador
para que, prevalido de su dignidad de Senador, lograra que las
autoridades militares del Departamento de Sucre omitieran cumplir su
deber de contrarrestar el ataque paramilitar.
Aunque el grupo paramilitar se desmovilizó en 2005, la corte señaló que
eso no impide que el procesado no represente un peligro para la
comunidad, pues su reconocida y marcada influencia a nivel regional,
permiten afirmar que subsiste la posibilidad de continuar implementado
hegemonías para el manejo de territorio de manera irregular.
Citan a Mintransporte a debate de control
político
El senador barranquillero
Mauricio Gómez convocó a la ministra de Transporte, María Constanza
García, a un debate de control político en el Senado de la República. La
sesión, programada para la próxima semana, se centrará en la
controvertida medida de cobro de valorización a más de 240.000 predios
ubicados a lo largo de la Vía al Mar, que conecta Barranquilla con
Cartagena.
Gómez argumenta que este gravamen, que podría recaudar más de $721 mil
millones, es injusto y perjudicial para las comunidades locales. "El
cobro de valorización afectará no solo a los habitantes y comerciantes
de los
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barrios del noroccidente de Barranquilla como Miramar y
Villa Santos, sino también a la gente de los municipios de Puerto
Colombia, Piojó, Juan de Acosta y Tubará, así como también a Soledad,
Malambo, Galapa, al tener estos últimos jurisdicción en esta zona
costera a través de la vía de la prosperidad" afirmó Gómez en una
reciente entrevista.
El senador también criticó la falta de obras completas en
la región, mencionando específicamente las dobles calzadas entre
Barranquilla-Cartagena y Barranquilla-Ciénaga, así como la ampliación de
la calle 30 y la demolición del antiguo Puente Pumarejo.
El presidente del Senado,
Efraín Cepeda, ha admitido la propuesta de debate, destacando la
importancia de abordar las preocupaciones de la ciudadanía y los gremios
empresariales. Cepeda también señaló que el número de predios afectados
es significativamente mayor al inicialmente.
Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, también
se pronunció en contra del cobro, describiéndolo como una "amenaza de
confiscación" para los predios ubicados en un radio de 5 kilómetros
desde el eje de las vías afectadas. Según Cepeda, el Gobierno
inicialmente proyectaba recaudar 724.544 millones de pesos, pero ahora
se habla de una base gravable de 240.000 predios, cuadruplicando la base
inicial.
El diputado Camilo Torres Villalba agregó que esta medida es "lesiva"
para el departamento, ya que gran parte de la población en Puerto
Colombia se vería afectada sin recibir beneficios concretos en términos
de proyectos y obras para la región.
Diversos actores políticos,
representantes de la sociedad civil y medios de comunicación
participarán en el debate. Se espera que la ciudadanía siga de cerca
este evento crucial que busca proteger los intereses de la comunidad
barranquillera y del Atlántico.
El impacto económico y
social del cobro de valorización será el eje central de las discusiones,
con la exigencia de "respuestas claras" y "acciones concretas" por parte
del Ministerio de Transporte. "No podemos permitir que se imponga una
medida que, en lugar de fomentar el desarrollo, obstaculice el progreso
de nuestra región," concluyó Gómez.
Este debate representa una oportunidad para revisar y ajustar políticas
que afectan directamente a los ciudadanos y garantizar una gestión más
equitativa y efectiva de los recursos públicos.
Dudas y aciertos de la gestión de Andres
Calle en presidencia de Cámara
Al finalizar su periodo como
presidente de la Cámara, el representante liberal Andrés Calle reveló
que fueron más de 120 proyectos aprobados durante las sesiones plenarias
que lideró al mando de esa célula legislativa.
“Durante este importante año logramos la aprobación de 128 proyectos en
la plenaria de la Cámara. 45 de estos proyectos hoy son ley de la
república. Además estuvimos presidiendo sesiones retadoras con proyectos
como: Reforma a la Salud, Reforma a la Educación, Reforma Pensional,
Reforma Agraria”.
Además, agrega que “Además iniciativas legislativas dentro de las que
encontramos la ley de hambre cero, el regreso del día sin iva, la mesada
14 para la fuerza pública, una ley para esterilizar perros y gatos en
situación de calle, entre otras que benefician a los colombianos y
colombianas”.
Sin embargo, cabe destacar que se dejaron pasar las mociones de censura
al Ministro de Salud por las irregularidades en el Fomag, al ministro de
Defensa por la inseguridad en el Cauca y el aumento de los grupos
disidentes. Así como las investigaciones que tiene la Corte Suprema de
Justicia contra varios congresistas por el escándalo en la Unidad de
Gestión del Riesgo, entre otros.
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