Colombia y EE.UU. refuerzan lucha contra las drogas

12 métricas para medir los resultados de la lucha contra las drogas fueron acordadas entre Colombia y EE.UU. De acuerdo a un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia, ambos países se comprometieron a fortalecer la medición del progreso en la implementación de la estrategia bilateral holística, que articula las iniciativas en materia de reducción integrada de la oferta de drogas, desarrollo económico, seguridad rural, presencia institucional, y protección del medio ambiente, a través de la actualización de las métricas.

Según las entidades, el acuerdo muestra la firme intención de avanzar en la transformación de las condiciones de los territorios afectados por la economía ilegal de las drogas. Con este objetivo, a los indicadores tradicionales orientados a monitorear la producción y la oferta, se suman métricas referentes a la presencia del Estado, la provisión y acceso a bienes públicos, así como el acceso y titulación de la tierra. Se incorporan, además, indicadores dirigidos a la protección del ambiente, con la recuperación y restauración de zonas que han sido afectadas por los cultivos de coca, y la persecución del lavado de activos vinculado a delitos ambientales.

Algunas de las métricas son fondos públicos comprometidos para la provisión de bienes públicos en municipios priorizados; número de hectáreas tituladas o con contratos de derechos de uso; número de hectáreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación en áreas con presencia de coca; maquinaria amarilla, dragas y dragones incautados o destruidos en operaciones de la Fuerza Pública contra minas ilegales de oro; personas con escritos de acusación de delitos de lavado de activos asociados con narcotráfico; personas con escritos de acusación de delitos de lavado de activos asociados con delitos contra el medio ambiente; número y valor de activos afectados/ocupados en el proceso de extinción del derecho de dominio en casos de narcotráfico.

Sumado a lo anterior, el compromiso también está relacionado con número de kilogramos de clorhidrato de cocaína y de pasta/base de cocaína incautado; número de hectáreas de coca erradicadas; complejos de producción de clorhidrato de cocaína y laboratorios de pasta/base de cocaína desmantelados; número de policías por kilómetro cuadrado que permanentemente están en departamentos con mayor afectación de coca y, finalmente, militares por kilómetro cuadrado en departamentos con mayor afectación de coca: Nariño, Putumayo, Cauca, Norte de Santander, y Antioquia.

El alcalde Orozco, en múltiples ocasiones, ha solicitado la reglamentación de dicha ley, argumentando que las personas afectadas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad. En un comunicado, la Federación Colombiana de Municipios expresó su solidaridad con el alcalde y el pueblo vallenato, y renovó su llamado al Gobierno Nacional para que atienda esta problemática de manera urgente.

"La Federación Colombiana de Municipios se solidariza con el Alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, y el pueblo vallenato por la situación que están viviendo. Reiteramos al Gobierno Nacional el pedido del alcalde para la reglamentación de la Ley 2044 del 2000", concluye el comunicado de Fedemunicipios.

La controversia en torno a esta situación ha puesto de relieve las dificultades que enfrentan los alcaldes y gobernadores en Colombia al tratar de equilibrar el cumplimiento de decisiones judiciales con la protección y el bienestar de sus comunidades. Mientras tanto, la comunidad de Valledupar espera una solución que permita la legalización y mejora de las condiciones de los asentamientos afectados.

Cárcel para sargento del Ejército que filtró información a disidencias

Una investigación liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) y la Dijin de la Policía evidenció la existencia de una organización criminal integrada por un sargento del Ejército y varios civiles, que suministrarían información sobre movimientos militares en el Magdalena Medio a alias Pedro, cabecilla del bloque 37 de las disidencias que delinquen en zona.

Se trata del sargento segundo Edwar Egidio Garzón Lozano, alias Kevin; y los civiles Andrés Humberto Alzate, Ruth Caballero Ardila, alias La Mona y Karen Margarita Dávila Sánchez.

Según la investigación, Garzón Lozano aprovechó su condición de integrante del Batallón de Contra Inteligencia #2 Ejército Nacional con sede en Barrancabermeja (Santander), para suministrar información relacionada con movimientos de tropa a las
 

Denuncian a miembros Emberá por someter a ciudadano al "Cepo"

La Secretaría de Integración Social denunció ante la Fiscalía los hechos acaecidos el día 25 de julio, donde presuntamente algunos miembros de la Comunidad Emberá decidieron someter al "Cepo" a un ciudadano habitante de calle.

Esta denuncia penal se realizó ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta usurpación de funciones públicas realizada por integrantes de esta Comunidad al hacer uso del "Cepo" en el ciudadano habitante de calle, siendo este un instrumento propio de la Jurisdicción Indígena.

El equipo de abordaje territorial de Integración Social, y que hace presencia en el Parque Nacional, realizó intervención al ciudadano habitante de calle, ofreciendo el Servicio para ciudadanos habitantes de calles Hogar de Paso Los Mártires.

Estas actuaciones se realizan en el marco de las acciones permanentes que viene adelantando la Administración Distrital en el Parque Nacional a través del Puesto de Mando Unificado-PMU donde participan las secretarias distritales de Integración Social, Seguridad, Convivencia y Justicia, Gobierno y Salud, así como la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, con el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Integración Social está comprometida con la garantía de los derechos de los ciudadanos y hace un llamado para que los conflictos que se presenten en el Parque Nacional y en la Ciudad, se resuelvan a través de las autoridades competentes.