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Colombia llama a evitar la
violencia y la represión en Venezuela
El canciller Luis Gilberto Murillo, aseguró este martes que su
país rechaza "cualquier acto que lleve al aumento de la
violencia o que genere represión" en Venezuela, escenario de
protestas contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro que
dejan 24 muertos.
Tras unos comicios donde la oposición denuncia un fraude y
mientras las manifestaciones contra el chavismo no ceden, el
ministro colombiano instó "a que haya mucha cautela, mucha
prudencia, para evitar que se generen brotes de violencia".
Estados Unidos y varios países de América Latina reconocen al
candidato opositor Edmundo González Urrutia como vencedor de los
comicios.
De su lado, los gobiernos de Colombia, Brasil y México impulsan
un acuerdo político en Venezuela que permita superar la crisis.
Los presidentes Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y
Andrés Manuel López Obrador "están en ese tipo de contactos.
Esperamos que en esta semana y la próxima puedan, si ellos así
lo deciden, comunicar los avances que han tenido", añadió
Murillo en una rueda de prensa en el departamento colombiano de
La Guajira (norte).
Maduro fue proclamado vencedor de las elecciones del 28 de julio
por la autoridad electoral con el 52% de los votos, por encima
de un 43% de González Urrutia, quien reivindica su triunfo,
denuncia un fraude y sostiene tener la mayoría de las actas que
lo confirman.
Anunciado el resultado, estallaron protestas que dejan al menos
24 muertos, según organizaciones de derechos humanos, y unos
2.000 detenidos, de acuerdo con Maduro.
"En cualquier escenario, se tienen y se deben respetar los
derechos de las personas, sus derechos políticos, sociales,
económicos", aseguró Murillo.
MinInterior en busca de
consensos para reformas sociales
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió este
martes con las bancadas del Partido de la
U y de la Coalición Centro Esperanza para debatir sobre las
reformas sociales como a la Salud y la Ley de Jurisdicción
Agraria.
Tras esas conversaciones, los representantes y senadores
manifestaron su apoyo a incluir la implementación del Acuerdo de
Paz como elemento esencial del Acuerdo Nacional y se mostraron
abiertos a discutir la Reforma a la Salud y la Ley de
Jurisdicción Agraria, entre otros proyectos de la agenda
legislativa.
“Seguimos en esta tarea de socializar el
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Acuerdo
Nacional al que ha convocado el señor presidente y las reuniones de hoy
son muy positivas. Encontramos un ánimo propositivo de buscar consensos
alrededor de la agenda legislativa y los temas del país”, dijo el
ministro Cristo al finalizar la jornada.
El jefe de cartera insistió en que la “tarea urgente” para acelerar la
implementación del Acuerdo es priorizar la inversión en los 170
municipios PDET y que para eso presentará un paquete de reformas
enfocado en ese propósito.
La reunión estuvo enfocada en discutir la Reforma a la Salud y la Ley de
Jurisdicción Agraria y que, según se acordó en estas mesas, se
presentarán en las próximas semanas.
La Reforma Laboral, la Ley de Servicios Públicos y los actos
legislativos para la pequeña minería y la Autonomía Territorial también
fueron temas de discusión con cada una de las bancadas.
“Sus municipios y departamentos también han sido víctimas de este
centralismo que les ha quitado recursos a las regiones (…) Lo que
queremos es presentarles un proyecto con el que en los próximos 10 años
garanticemos un crecimiento de las transferencias hasta un 46,5%, como
se estableció en la constitución del 91”, les dijo el ministro Cristo a
las bancadas.
Por parte de la Coalición Centro Esperanza asistieron los senadores
Humberto de la Calle, Inti Asprilla, Andrea Padilla, Angélica Lozano,
Ariel Ávila, Ana Carolina Espitia, Guido Echeverri, Gustavo Moreno y
Jairo Castellanos, quienes conversaron ampliamente y se mostraron
abiertos a aportar y debatir en el Congreso.
Mientras que por parte del Partido de la U asistieron los representantes
a la Cámara Astrid Sánchez, Jorge Salazar, Milena Jarava, Teresa
Enriques, Jorge Cerchiaro, Ana Paola García, Camilo Ávila, Hernando
Guida, Jorge Tamayo, Julián López, Saray Robayo y Víctor Salcedo.
En siete años, Defensoría ha emitido 173
alertas por el Clan del Golfo
La Defensoría del Pueblo, a través de su
Sistema de Alertas Tempranas
(SAT), ha venido haciendo monitoreo y advertencias sobre los factores de
amenaza que constituyen riesgos para la población a causa del conflicto
armado en el país. Entre el 2017 y lo que va del 2024 ha emitido 317
Alertas Tempranas (AT); en 173 de ellas, es decir, del 54% del total, ha
alertado sobre la presencia y operación criminal de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) en distintos lugares del
territorio nacional.
La presencia, injerencia o tránsito del grupo armado entre el 2019 y el
2024 tuvo un aumento del 84%, al pasar de 213 municipios hace cinco años
a 392 este año. Es una de las estructuras al margen de la ley con mayor
crecimiento en Colombia.
Los departamentos con más número de AT emitidas que advierten sobre las
actividades delictivas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son
Antioquia, con 39; Chocó, 38; Bolívar, 21; Córdoba y Meta, 17 cada
uno; Nariño, Cauca y Valle del Cauca, 15 cada uno; Cesar y
Cundinamarca, con 13 AT cada uno. Hoy la operación de las AGC se ha
extendido a 24 de los 32 departamentos del país.
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Su accionar criminal ha llevado a la Defensoría a alertar sobre la
posible ocurrencia de más de 50 tipos de conductas vulneradoras de
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH),
siendo los desplazamientos forzados masivos, confinamientos,
reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, masacres,
desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de la
población, violencia sexual, restricciones a la movilidad, entre otros
hechos, los más recurrentes.
En relación con las economías ilícitas de las AGC, del total de las AT
emitidas hasta la fecha, en 166 de ellas —el 92%— ha identificado al
narcotráfico como una de las principales actividades asociadas a su
actuar delictivo. Igualmente, en 70 AT ha identificado su operación en
minería ilegal; en 66 AT, actividades relacionadas con contrabando, y
en 20, con los préstamos conocidos como ‘gota a gota’.
Los hechos sistemáticos, que vulneran y violentan los derechos humanos,
además de que van en contravía de lo establecido por el DIH, llevan a la
Defensoría del Pueblo a solicitarles e insistirles al Gobierno Nacional
y los entes competentes del orden territorial lo importante que es
emprender acciones y planes de protección efectivos para las
comunidades, especialmente en aquellas zonas convulsionadas por el
conflicto armado, sin tener en cuenta si solamente hay presencia de las
AGC o de otros grupos armados al margen de la ley. Es obligación del
Estado garantizar los derechos de la población civil.
Radican proyecto que modificaría normativa
en financiación de campañas
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha radicado un nuevo
proyecto que propone modificar la Ley 1475 de 2011, la cual comprende la
financiación de las campañas electorales, rendición pública de cuentas e
inscripción de candidatos.
Este proyecto, presentado por los magistrados César Lorduy y Maritza
Martínez, busca establecer reglas más estrictas sobre cómo se financian
las campañas, con el objetivo de aumentar la transparencia y reducir la
influencia del dinero en la política.
“En uso de la iniciativa legislativa del Consejo Nacional Electoral
prevista en el numeral cinco del artículo 265 de la Constitución, como
presidenta de la Corporación me permito poner a consideración del
Congreso de la República el presente proyecto de ley estatutaria para
que se adelante el trámite respectivo", indicó Martínez.
Una de las principales características del proyecto es la prohibición de
los aportes en efectivo a las campañas electorales. Esta medida busca
evitar la opacidad en las donaciones y garantizar que todas las
contribuciones sean registradas de manera adecuada.
La iniciativa también establece la obligación de presentar informes
financieros detallados, lo que permitirá un mejor seguimiento de los
recursos utilizados en las campañas.
Además, el proyecto de ley busca cerrar vacíos legales que han permitido
la elusión de las normativas actuales. Se propone establecer límites
claros a las candidaturas independientes que se alinean con partidos
políticos, asegurando que todos los actores operen bajo las mismas
reglas.
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