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Hallaron una cabeza en una
bolsa de basura: vecinos se alertaron por el repugnante olor
Un macabro hallazgo se registró sobre el mediodía del martes 6 de agosto
de 2024, pues los habitantes del barrio Carlos Meisel, situado en el
suroccidente de Barranquilla, se comunicaron con las autoridades para
reportar que había una cabeza humana.
Los restos se encontraban en una bolsa de basura que estaba tirada en
una zona boscosa en la que, generalmente, los ciudadanos se deshacen de
los residuos, por lo que se alertaron ante el nauseabundo olor y
decidieron acercarse a ver qué era lo que se encontraba allí y
descubrieron que se trataba de una parte de un cuerpo humano.
La Policía Metropolitana de Barranquilla se desplazó hasta la calle 74C
con carrera 24 y, efectivamente, lograron corroborar la versión de los
habitantes del sector. Por esta razón, se llevaron a cabo las
respectivas labores para el levantamiento, como el acordonamiento de la
zona y la verificación del sector.
Sin embargo, el resto del cuerpo no fue encontrado por lo que las
autoridades se encuentran adelantando labores de búsqueda para hallar
las demás partes y establecer qué fue lo que le ocurrió al hombre.
En cuanto a la identidad del ciudadano, versiones preliminares indican
que se trata de Yensy Gutiérrez Yepes, de 20 años, que fue reportado
como desaparecido unos días atrás y era conocido en la zona como “El
mello”.
Así también, se dio a conocer que el ciudadano vivía en el barrio
Ferrocarril en el municipio de Soledad y que se dedicaba a las labores
de conducción de motocarro. Aunque se estima que tendría vínculos con la
banda Los costeños, que está bajo el mando de un sujeto conocido como
alias Castor.
Cabe mencionar que, este no es el primer caso de un cuerpo desmembrado
que se presenta en el sector, por lo que los ciudadanos piden acciones
contundentes para evitar que hechos de este tipo vuelvan a ocurrir. Uno
de los hallazgos más sonados se presentó el 22 de abril de 2024, en ese
momento, los asesinados eran dos jóvenes cuyos cuerpos fueron
abandonados en la zona de El Basurero.
En ese entonces, las víctimas mortales fueron identificadas como Jainer
Peralta Rocha, de 20 años, y Samuel Barrios Solano, de 18 años, que
habitaban en esta zona del suroccidente de la ciudad, por lo que fueron
reconocidas por sus allegados.
Diarios locales como El Heraldo afirman que en la zona no solo hay
presencia de Los costeños, sino que también se cuenta con delincuentes
que pertenecen al Clan del Golfo y algunos de los asesinatos estarían
relacionados con el enfrentamiento entre estos dos grupos armados.
Sin embargo, esta sigue siendo una hipótesis que será aclarada conforme
avance la investigación que pretende determinar los móviles de estos
brutales asesinatos y evitar que un acto similar se vuelva a presentar
en la ciudad.
Otro de los actos violentos que se presentó recientemente en la zona
tuvo lugar el viernes 2 de agosto, en ese momento, se desató una
balacera entre agentes del Gaula de la Policía y presuntos criminales
dedicados a la extorsión de los habitantes y comerciantes del
suroccidente de la ciudad.
Los uniformados intentaron arrestar en flagrancia a los delincuentes,
pues se encontraban amenazando a un comerciante. Sin embargo, los
criminales recibieron a balazos a las autoridades para intentar huir,
pero todo terminó en un intercambio de disparos que acabó con la vida de
uno de los extorsionistas que alcanzó a ser trasladado al Hospital
General de Barranquilla, donde se confirmó su fallecimiento. Este
contaba con anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de
armas, terrorismo, hurto y fuga de presos.
En cuanto al cómplice, se confirmó que quedó en manos de la Policía que
se encargó de realizar el respectivo traslado hasta un centro médico,
donde fue atendido para posteriormente ser judicializado.
Preocupación por la
expansión del Clan del Golfo en Colombia: está en el 75% del territorio
nacional
El Clan del Golfo, conocido también como Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC), ha logrado expandir su influencia en el 75% del
territorio colombiano, operando actualmente en 24 de los 32
departamentos del país. Así lo reveló un reciente informe de la
Defensoría del Pueblo, que presentó una radiografía detallada de las
actividades criminales de este grupo armado. Desde 2017, un notable 54%
de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría fueron relacionadas
con el Clan del Golfo, evidenciando el creciente dominio y la amenaza
que representa para la seguridad nacional.
El crecimiento de la organización criminal es alarmante. Durante el
período comprendido
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entre 2019 y 2024, este grupo pasó de tener presencia en
213 municipios a ocupar 392, lo que representa un incremento del 84%.
Los departamentos donde su acción es más notoria incluyen Antioquia,
Chocó, Bolívar, Córdoba, Meta, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cesar y
Cundinamarca. La expansión del Clan del Golfo es especialmente
significativa al norte del país, consolidando así su influencia en una
vasta extensión del territorio colombiano.
Cabe mencionar que, este grupo armado ha sido acusado de una amplia gama
de delitos y violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario.
Entre las conductas criminales más recurrentes están los desplazamientos
forzados masivos, confinamientos de comunidades enteras, reclutamiento,
uso y utilización de menores para actividades delictivas, masacres,
desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de la
población civil, violencia sexual y restricciones a la movilidad de los
habitantes.
Además, la dependencia señaló que el 92% de las alertas también resaltan
las ganancias ilícitas provenientes principalmente del narcotráfico.
Otras fuentes de financiamiento ilegal incluyen la minería ilegal, el
contrabando y los préstamos usureros conocidos como ‘gota a gota’.
La publicación del informe sobre el accionar del Clan del Golfo coincide
con la reciente decisión del Gobierno nacional de iniciar un diálogo con
esta organización. El 8 de julio, el Estado emitió la resolución 257 de
2024, que establece la instalación de una mesa de negociación con las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Esta mesa tendrá el objetivo de
abrir un camino para discutir la desmovilización y desmantelamiento de
las actividades criminales del Clan del Golfo, a la vez que se analizará
el futuro de las órdenes de captura contra sus cabecillas.
Es preciso acotar que el presidente Gustavo Petro ha abordado ocasiones
pasadas el avance del Clan del Golfo y la amenaza que representa para
las comunidades afectadas. En mayo, durante un discurso en Bojayá,
Chocó, enfatizó que la fuerza pública debía enfrentar y frenar el
crecimiento de esta organización criminal. “El Clan del Golfo tiene que
dejar de extorsionar a la población, está creciendo y hay que actuar de
inmediato”, indicó el mandatario, destacando que las instituciones
militares no deben trabajar en connivencia con el crimen organizado.
Petro también resaltó que la lucha contra el Clan del Golfo no debe
limitarse a acciones militares, sino que su gobierno tiene el deber de
buscar mecanismos jurídicos y pacíficos que permitan el desmantelamiento
total de esta organización. “El crimen tiene que ser destruido, o se
somete, o se destruye. La fuerza pública tiene ese deber en lo que tiene
que ver con la destrucción y nosotros tenemos el deber de abrir un
camino jurídico y pacífico de desmantelamiento del crimen en la región”,
afirmó el presidente.
Además, el tema cobró relevancia y urgencia dado el impacto social y
económico que genera la violencia ejercida por el Clan del Golfo. En
muchos de los municipios donde tienen presencia, las comunidades viven
bajo constantes amenazas y con una movilidad limitada, lo que agrava la
crisis humanitaria en estas zonas. Por ello, la Defensoría del Pueblo
llamó al gobierno a “emprender acciones y planes de protección efectivos
para las comunidades, especialmente en aquellas zonas convulsionadas por
el conflicto armado”.
Suspenden clases a más de 1.400
estudiantes por enfrentamientos entre grupos armados en el norte del
Cauca
El recrudecimiento del conflicto armado en el Cauca ha generado graves
afectaciones en el derecho a la educación, debido a los constantes
enfrentamientos y hostigamientos que deja en medio a la comunidad
estudiantil.
Esta es la situación que enfrentan más de 1.400 estudiantes en el norte
del departamento por los combates entre el frente 57 y la estructura
Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, ocurridos hacia las 5:40
a. m. del martes 6 de agosto, justo cuando muchas familias se alistaban
para iniciar sus actividades diarias.
“Se trata de 1,490 estudiantes que no asisten a sus sedes educativas
debido al enfrentamiento presentado”, afirmó Anyi Zapata, autoridad
ancestral de Toribío.
Las sedes educativas de los colegios Vichiquí, El Congo, Belén, Toribío
y La Mina son las que se han visto más afectadas, pues en sus entornos
prima la muerte y la violencia por cuenta de los grupos armados al
margen de la ley. “Prácticamente a diario están asesinando personas en
nuestro territorio y dentro de eso le pedimos a la comunidad que sea
prudente: que evite salir de noche, no andar solos. Es una guerra que no
nos corresponde y lo único que nos corresponde es ser prudentes con
nuestras familias e hijos” complementó la líder comunera.
Reportan la muerte de un
comunero indígena en su propia vivienda
Y es que la situación se tornó más compleja
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luego de que se reportara el crimen de
dos indígenas, a quienes habrían sacado de sus viviendas para
ejecutarlos en una de las carreteras del municipio. “Lamentablemente,
fueron asesinados dos comuneros. Al haber presencia de los grupos
armados y por ser prudentes con la vida de nuestros niños indígenas, la
autoridad tomó la decisión de cancelar las clases, precisamente, porque
hay mucho movimiento de actores armados”, apuntó Zapata.
Los docentes también son víctimas de los enfrentamientos
entre grupos armados en el Cauca
Los profesores que se desplazan hasta los rincones más remotos del
departamento para dictar las clases a sus estudiantes, también padecen
la crueldad de una guerra que no les corresponde.
De hecho, el sábado 3 de agosto, se reportó el homicidio de Edgar
Eduardo Victoria Segura, que se desempeñaba como docente de matemáticas
en la Institución Educativa Monte Cruz, en el resguardo Indígena de
Vitoncó, en Páez (Cauca).
De acuerdo con las versiones del crimen, Victoria Segura se movilizaba
en una camioneta por una vía del municipio con destino a La Plata (Huila),
cuando fue interceptado por hombres armados que le habrían disparado en
repetidas ocasiones. En el vehículo también viajaban otros dos docentes.
“Allí, sobre el puente de la vereda Ricaurte, fueron interceptados por
un grupo de hombres, que lo atacaron con arma de fuego a él y otros dos
profesores”, afirmó Leonardo González, director de INDEPAZ.
Según lo que indicó Jhoe Sauca, consejero mayor del Consejo Regional
Indígena del Cauca (Cric), en la camioneta también se movilizaban
personas de la comunidad y una menor de cinco años.
Luego del repudiable ataque, el profesor de 28 años, que también hacía
parte de los procesos culturales con niños indígenas en el municipio,
fue trasladado a un centro asistencial en La Plata; sin embargo, murió
horas después por la gravedad de las heridas.
Ante este preocupante panorama, Víctor Jiménez, representante del
Sindicato de Maestros del Cauca, Asoinca, enfatizó en que el Gobierno
nacional debe reforzar las medidas de protección para la comunidad
educativa, pues los estudiantes terminan siendo los más afectados. “Le
hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a los organismos
internacionales para que defiendan la vida de los actores en la
educación”, dijo el representante de Asoinca, citado por el medio
reseñado.
Dragoneante del Inpec que había denunciado corrupción en las cárceles
fue asesinado en Montería
Las autoridades en Montería están investigando el asesinato de un
dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en
un ataque perpetrado la noche del lunes 5 de agosto.
La víctima, identificada como José Richard Hernández, fue atacada con un
arma de fuego mientras se desplazaba en su motocicleta entre los barrios
Villa Caribe y la Urbanización Mandála, de la ciudad de Montería, según
informó la Policía Metropolitana del municpio.
El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el coronel Carlos
García, dio declaraciones sobre el incidente, señalando que Hernández
estaba de descanso y se dirigía a su residencia en el momento del
ataque.
“Se nos presentó el homicidio del dragoneante José Richard Hernández,
persona que se desplazaba hacia su residencia. Fue abordado por dos
delincuentes que le causaron la muerte”, expresó García.
Añadió también que se ofrece una recompensa de hasta veinte millones de
pesos por información que lleve a la captura de los responsables del
asesinato. “Las autoridades ofrecen hasta veinte millones de pesos por
quien nos apoye con información que nos permita la identificación e
individualización de estos delincuentes. En este momento estamos
trabajando las hipótesis que pudieron originar estos hechos, si están
relacionadas con el ejercicio de su cargo o actividades diferentes”,
agregó el coronel.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se pronunció ante la
muerte del dragoneante en sus redes sociales: “Lamentamos profundamente
el fallecimiento del Dg y guía canino, Richard Hernández, quien se
encontraba vinculado al ERON de Montería. Queremos expresar nuestras más
sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo.
Nuestro apoyo y solidaridad están con ustedes”.
De acuerdo con información de Caracol Radio, días antes de su muerte,
Hernández había denunciado actos de corrupción por parte de un compañero
dentro de la cárcel Las Mercedes de Montería. Según Hernández, su
compañero había estado permitiendo el ingreso de teléfonos a los
reclusos. Por este motivo, José Richard había sido trasladado a Caucasia,
sin embargo, no tenía plan de seguridad.
Este antecedente plantea la hipótesis de que el asesinato pudiera estar
vinculado a sus denuncias y a su rol dentro del Inpec. Según, Óscar
Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios,
afirmó que en el 2024 van 37 funcionarios del Inpec asesinados por
realizar sus tareas correspondientes.
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