En doce días de la tercera legislatura se han radicado 202 proyectos

Se consultó a las secretarías de Senado y Cámara sobre el volumen de iniciativas que han sido presentadas, en su mayoría por los congresistas, evidenciándose que hay un alto volumen de proyectos. Y eso sin contar que hasta el momento el Gobierno no ha radicado ninguna de las grandes reformas ni demás proyectos que ha venido anunciando el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

En el caso del Senado, por ejemplo, son 78 proyectos radicados, sobre las más diversas temáticas. En cuanto a los proyectos de acto legislativo, se destaca la propuesta del derecho fundamental a la educación inicial y a la educación media, por medio del cual se pretende que la población pueda acceder a la educación gratuita a nivel nacional.

Desde el mismo Legislativo se discutirá una propuesta de reforma constitucional que modifica la carta política y establece cambios en el Consejo Nacional Electoral, partiendo de la manera como se elige a los magistrados de ese tribunal y las funciones que debe cumplir para ofrecer garantías electorales a los partidos políticos e integrantes de las colectividades. La autoría es de los senadores Humberto de la Calle y Ariel Ávila y cuenta con el respaldo de las representantes Catherine Juvinao y Jénnifer Pedraza.

Una iniciativa que podría tener fuertes oposiciones es la que contempla una reforma constitucional que pretende que se aumente en el Congreso de la República la representación de la población colombiana residente en el exterior por medio de representación parlamentaria en Cámara y Senado. El proyecto es de iniciativa parlamentaria y fue presentado por la bancada del Pacto Histórico.

En lo que respecta a los proyectos de ley, en el Senado se discutirá la propuesta que agiliza los trámites para adelantar procesos de transformación energética en el país, que es de la autoría del senador del Partido Conservador Miguel Barreto. Además, la célula legislativa debatirá un proyecto que formularía lineamientos de política pública de seguridad digital de niños, niñas y adolescentes.

Además, se encuentra en marcha un proyecto de ley que fortalece los consejos de juventud en Colombia y que permitirá un reconocimiento económico a quienes integran estas asambleas, así como la regularización de esta actividad política. Como se sabe, también serán objeto de debate varias alternativas de índole social, como el proyecto Mi Casa en Colombia, el cual está dirigido a connacionales residentes en el exterior y propone el acceso a vivienda en el país a través de procesos rápidos para aquellas personas que desean adquirir finca raíz.

De la misma forma, el Senado de la República analizará un proyecto por medio del cual se decreta la amnistía a campesinos deudores del Banco Agrario de Colombia, víctimas de la violencia, siniestros ambientales, covid-19 o cultivos afectados por enfermedades fitosanitarias, zoosanitarias (generadas por plagas y enfermedades en cultivos y animales) o biológicos, y se elimina el reporte crediticio. Esto debido a la crisis generada en la economía campesina tras la pandemia, así como otros fenómenos naturales que afectan al agro.

Aún el Congreso se encuentra a la espera de las principales reformas anunciadas por el Gobierno nacional, como la reforma agraria para la implementación de los acuerdos de paz; la reforma a la justicia, que va a tener cambios en el texto preliminar que ya tiene estructurado el Ministerio de Justicia; y las reformas a la salud, así como la de educación, que fueron objeto de discusión en la legislatura anterior y que se hundieron en el Senado de la República.

Cámara de Representantes

Según la Secretaría General de la célula Cámara, los representantes han radicado 128 iniciativas entre proyectos de ley y actos legislativos. Desde la presidencia de esa corporación, Se conoció que en ella se discutirá el proyecto de ley de reforma a la regla fiscal. Esta fue una de las propuestas anunciadas por el Gobierno nacional y que debía contar con la presentación directamente del Ministerio de Hacienda; sin embargo, el actual presidente de la célula congresional, Jaime Raúl Salamanca, se anticipó al Ejecutivo y presentó este proyecto, que busca modificar los topes de endeudamientos de la Nación y que se va a debatir como ley orgánica.

Para este periodo, el Congreso de la República va a tramitar una ley que le dará fuerza al sistema judicial para atacar la distribución ilegal de fentanilo, un medicamento utilizado como analgésico por su efecto químico para mitigar dolores fuertes. Sin embargo, desde el año 2017 los carteles del narcotráfico en Europa lo utilizan como una sustancia ilegal, la cual ya se distribuye en Colombia y otros países de Norte, Centro y Suramérica. Ante esta situación, los congresistas Héctor Mauricio Cuéllar Pinzón, Juan Daniel Peñuela Calvache, Efraín José Cepeda Sarabia y Germán Alcides Blanco Álvarez proponen constituir una ley que castigue penalmente la distribución ilegal del fármaco en el país.

De la misma manera, se tramitarán proyectos de acto legislativo, como por ejemplo la propuesta para la creación de un nuevo departamento bautizado como Sur Caribe; se trata de una propuesta de unir varias poblaciones ancladas en el Magdalena Medio y que comprenden los departamentos de Bolívar, Magdalena y Norte de Santander, cuyas administraciones deberán ceder algunas poblaciones para ser declaradas como integrantes de esa nueva región.

Por otra parte, en la agenda de debates a proyectos de acto legislativo se encuentra la reforma al Sistema General de Regalías. La Iniciativa tiene por objeto modificar los artículos 332, 360 y 361 de la Constitución Política de 1991, con el fin de fortalecer la Autonomía Territorial y la Descentralización Administrativa de las entidades territoriales receptoras de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), estableciendo que los departamentos, distritos y municipios participen del 98 % de los recursos del SGR, con el propósito de garantizar un proceso efectivo que permita el cierre de brechas mediante la ejecución de proyectos de inversión necesarios en los territorios, asegurando una distribución equitativa y eficiente de los recursos.

También se analizará una propuesta constitucional que pretende modificar los requisitos necesarios para los cargos de ministro y directores de departamentos, senador de la República y representante a la Cámara. Según los autores de esta propuesta, como Olga Lucía Velásquez, Gloria Liliana Rodríguez y otros parlamentarios, se propone establecer requisitos más expeditos para alcanzar cargos de elección popular y aquellos que son de libre nombramiento y remoción, para que cualquier persona pueda aspirar a ellos.

En la agenda legislativa se incluyó una propuesta que establece la autonomía de las entidades territoriales. Para el Congreso, se pretende establecer una reglamentación que propenda por un ordenamiento del territorio con una lógica de desarrollo productivo y competitivo, tendiente a lograr cierres de brechas y la definición de competencias entre los distintos niveles de gobierno con criterios de competitividad, coordinación y eficiencia.

Por parte del Gobierno nacional, el proyecto de la reforma laboral entra a segundo debate en el plenaria de la Cámara tras ser aprobado en la Comisión Séptima de la
 

corporación. Además, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció en el pasado mes de junio que el proyecto que prohibía la explotación de petróleo a través de 'fracking 'se hundió por falta de agendamiento en el Congreso.

En este sentido, Muhamad anunció recientemente que el proyecto vuelve a ser presentado por el Gobierno y entra por Secretaría de Cámara de Representantes. Otro de los aspectos que resalta la ministra en este sentido es que su cartera se pone al tanto de las discusiones de la propuesta y vigilará de cerca que se adelanten los debates tanto en comisión como en la plenaria. La tarea de trámite congresional estará a cargo de la bancada del Pacto Histórico para que la iniciativa avance durante esta legislatura.

Otra cosa fundamental que dijo la Fiscalía en esta audiencia, en boca de la fiscal delegada María Cristina Patiño, es que “acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública”.

Esto ya lo había señalado la Fiscalía en la audiencia del 25 de julio en que imputó a Sneyder Pinilla, Olmedo López y el contratista Luis López por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado, por los sobrecostos y otras irregularidades en la millonaria contratación, entre los últimos meses del 2023 y primeros de 2024, con el propósito de llevar agua a La Guajira por los efectos del fenómeno de El Niño.

Olmedo López y Sneyder Pinilla, respectivamente exdirector y exsubdirector de la Ungrd, quienes figuran hasta el momento como los principales responsables de este entramado de corrupción, han declarado a la Fiscalía, en el marco de la colaboración que tienen con la justicia buscando un acuerdo de oportunidad que les signifique algunos beneficios penales, que de la millonaria contratación para llevar agua a La Guajira se sacaron recursos para entregar a varios congresistas.

El exdirector y el exsubdirector de la Ungrd han entregado a la Fiscalía nombres y un voluminoso paquete de información con documentos, grabaciones de audio y conversaciones de whatsapp en que se comprobaría la participación de algunos ministros y altos funcionarios en los hechos de corrupción.

Olmedo López asegura que en una reunión, que él califica de “cónclave”, el pasado 27 de noviembre en la oficina del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), algunos ministros y altos funcionarios le dieron instrucciones para que entregara dinero y contratos a por lo menos 15 congresistas.

Aunque el exfuncionario considera que “el presidente no sabía, el presidente creo que en la medida en que han transcurrido los días recientes viene conociendo parte de la verdad y creo que es uno de los grandes sorprendidos”.

Mientras que Sneyder Pinilla sostuvo que en el contrato por $46.800 millones para comprar 40 carrotanques con el propósito de acarrear agua a La Guajira, el contratista que se quedó con el negocio prestó $4.000 millones. De los cuales, según este exfuncionario, se entregaron $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al por esos días presidente de la Cámara, Andrés Calle.

Como consecuencia, la Fiscalía el pasado 18 de julio abrió investigación preliminar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; al entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos González, quien renunció al cargo en los días siguientes; al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y a la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.

¿Se enreda más el Gobierno?

El presidente Petro ha sido enfático en que su gobierno no compra congresistas y dice que Pinilla y López buscan con estas afirmaciones, que sostiene son mentirosas, lograr una pena corta para después salir a disfrutar el dinero que asegura se robaron.

Asimismo, el ministro Bonilla, el exministro Velasco, el director de la Función Pública, César Manrique; el exdirector de la Dirección de Inteligencia, Carlos González, y la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, sostienen que no han incurrido en irregularidades y que López y Pinilla mienten.

Es más, el jefe de Estado defendió al ministro de Hacienda tras los señalamientos de que supuestamente direccionó tres contratos para que congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público aprobaran el cupo de endeudamiento que solicitó el Gobierno para atender las obligaciones con deuda externa.

“Es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista, como hicieron en el pasado (...), sino que intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia”, dijo Petro de Bonilla.

Sin embargo, para la Fiscalía sería claro que el ministro tuvo que ver en este escándalo y, como se dijo, dio más detalles al respecto esta semana en la audiencia de medida de aseguramiento contra López y Pinilla.

La fiscal Patiño dijo que Olmedo López “ordenó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del Ministro de Hacienda, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y El Carmen de Bolívar, Bolívar, en concreto en el corregimiento de El Salado, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara, de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso”.

En tanto que en una grabación que reprodujo la Fiscalía en la audiencia se escucha a Olmedo López decir “como fue el entramado que se construyó con el director de la Función Pública, César Manrique, con los subdirectores de Gestión del Riesgo Sneyder Pinilla y el subdirector de conocimiento, Luis Carlos Barreto”.

Agregó la Fiscalía que “Sneyder y Olmedo se interesaron en los recursos reducidos de la ANT (Agencia Nacional de Tierras), los direccionaron a Luis Carlos Barreto, quien en compañía de César Manrique Soacha conseguiría los contratistas a cambio de una coima equivalente al 7 % del valor de cada contrato para Olmedo López, quien a su vez lo repartiría con Sneyder Pinilla y los otros funcionarios de la Ungrd que participaron en la tramitación de la actuación ilícita".

La fiscal Patiño señaló también que “entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó a Olmedo López conseguir contratos por $60 mil millones a Iván Leonidas Name Vásquez y por un poco más de $10 mil millones para Andrés David Calle Aguas, contratos que posteriormente se cambiaron por $3 mil millones en efectivo para Name Vásquez y $1.000 millones en efectivo para Calle Aguas”.

Sobre esto último, Pinilla acudió el pasado viernes a la Corte Suprema a declarar en la investigación que se adelanta contra el senador Name y el representante Calle Aguas.

Impacto en el Congreso

El escándalo de corrupción en la Ungrd pone un manto de duda sobre si tendrá algún efecto en la discusión del paquete de proyectos que anunció el Gobierno. Se han escuchado voces de parlamentarios que dicen que el ministro Bonilla no debería tramitar la reforma tributaria que anunció ni el Presupuesto General de la Nación para 2025, por los señalamientos en su contra.

La representante Jénnifer Pedraza dijo que “cuando acaba de ser señalado por la Fiscalía por presuntamente haber hecho parte de esta red de corrupción, desde mi perspectiva, no hay nada que justifique que el presidente Gustavo Petro siga defendiendo y atornillando en su cargo al ministro Ricardo Bonilla”.

En tanto que el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, anunció hace unos días que “he citado a un debate de control político al minhacienda, Ricardo Bonilla, para que le dé la cara al país y aclare su vinculación con la corrupción de la Ungrd y el pésimo manejo de las finanzas. Es hora de que Petro y sus ministros se hagan cargo de sus actos y asuman su responsabilidad. No más carreta y hacerse los locos con tan graves situaciones que estamos padeciendo”.