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Machado dice que Maduro depende de
los militares para mantenerse en el poder
New York - La líder opositora venezolana, María Corina Machado,
dijo el martes que el presidente Nicolás Maduro se había
"atrincherado" con los principales líderes militares del país
para mantenerse en el poder después de las disputadas elecciones
del mes pasado.
La autoridad electoral, el CNE, que la oposición dice es leal a
Maduro, declaró que había ganado la reelección en la votación
del 28 de julio, mientras que la oposición sostiene que la ganó
su candidato, Edmundo González.
El CNE no ha publicado un recuento detallado de los votos y su
sitio web ha estado inactivo desde las primeras horas del 29 de
julio. La oposición ha publicado su recuento de votos en línea,
que muestra que González recibió el doble de votos que Maduro.
Machado, hablando en una conferencia de prensa virtual con
medios de Colombia, Ecuador y Perú el martes, llamó a los
venezolanos en el país y en el extranjero a protestar el sábado
para obligar a Maduro a "respetar" el resultado de las
elecciones. "Lo que Maduro ha elegido hacer es atrincherarse en
el alto mando militar, eso es todo lo que le queda", dijo
Machado.
El ejército de Venezuela ha apoyado durante mucho tiempo a
Maduro, en el poder desde 2013, y no ha habido señales públicas
desde las elecciones de que los líderes de las fuerzas armadas
se estén separando del gobierno.
Machado está bajo investigación penal por presuntamente incitar
a la policía y al ejército a la desobediencia civil después de
que publicara una carta en la que les pedía que abandonaran a
Maduro.
Las fuerzas de seguridad también han lanzado una ofensiva contra
las personas que dicen que fueron autores de delitos violentos
durante las protestas posteriores a las elecciones. Han
realizado más de 2.400 arrestos, lo que según los grupos de
defensa ha dejado a la gente con miedo de salir a las calles.
"Maduro ha sopesado incorrectamente sus opciones", dijo Machado.
"Hay que presionarlo para que entienda que la mejor opción para
él es aceptar los términos de una transición negociada".
En una entrevista con El País el fin de semana, dijo que no está
sobre la mesa un plan de reparto de poder entre el partido
gobernante y la oposición.
Los países occidentales han condenado en general las acciones de
Maduro como fraude, pero reaccionan con cautela, teniendo en
cuenta los fracasos diplomáticos anteriores.
Canciller Murillo no asistió a
debate de control político sobre pasaportes
El debate de control político convocado para el día de hoy en la
Comisión Segunda del Senado sobre el contrato de pasaportes no
contó con la presencia del canciller Luis Gilberto Murillo. A
través de un comunicado, el funcionario presentó sus excusas y
explicó que se encuentra atendiendo compromisos previamente
adquiridos.
En su misiva, el canciller argumentó que no podría asistir
debido a dos compromisos importantes. El primero es la recepción
de una delegación de empresarios de Estados Unidos, y el segundo
es su participación en el evento "Reconocimiento Internacional
de los Pueblos Afrodescendientes: el rol de los Estados y de la
Diplomacia Ciudadana – La experiencia del pueblo Garífuna", que
se está llevando a cabo en Cali en la misma fecha y hora del
debate.
Murillo solicitó a la Mesa Directiva y a los senadores que
comprendieran su situación y propuso el aplazamiento del debate
para una nueva fecha. Este evento es parte de las gestiones
preparatorias para la Conferencia de las Partes del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (COP-16), que se realizará en Cali
en los próximos meses.
El debate estaba programado para abordar varias inquietudes
respecto al contrato de pasaportes, cuyo inicio está previsto
para el 3 de octubre, una vez concluya el convenio actual. La
falta de presencia del canciller llevó a la Comisión a aplazar
el debate. El senador Iván Cepeda justificó la ausencia del
funcionario mencionando que estaba cumpliendo compromisos
relacionados con la COP-16.
Sin embargo, lo que ha generado mayor atención es que Murillo,
desde Cali, ofreció una rueda de prensa centrada en un evento
cultural sobre la comunidad garífuna, sin mencionar la COP-16.
En su declaración, el canciller enfatizó que el evento en el que
participaba era una tarea encomendada por el presidente Gustavo
Petro.
El debate,
convocado por el senador Nicolás Echeverry, también contaba con la
participación de la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, y el
director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva. Echeverry
había destacado previamente que el propósito del debate es aclarar
aspectos sobre la licitación de pasaportes para 2023 y 2024, así como
los contratos y convenios relacionados.
También había expresado su preocupación por posibles incumplimientos que
podrían resultar en costos millonarios para el Estado, especialmente
considerando la demanda de Thomas Greg & Sons por 117.000 millones de
pesos debido a la suspensión de la licitación anterior.
Máxima preocupación por
creación de autoridad ambiental indígena
Con preocupación ven algunos gremios y las Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR) la intención que tiene el Gobierno de
dar vida a la autoridad ambiental indígena, con lo cual esta
población podrá en sus territorios regular en la materia. La
ANDI dice que esto podría convertirse
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en un palo
en la rueda para los proyectos de desarrollo en todo el país, pues hay
más de 800 resguardos.
En tanto que las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) advierten que
ello afecta el régimen que en su caso establece la Constitución.
En junio pasado, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que
firmó con la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y
Organizaciones Indígenas de Colombia (MPC) el acuerdo que define los
lineamientos finales que incluye el decreto que dará vida a la autoridad
ambiental indígena, que dijo es clave para la protección de los
ecosistemas naturales.
“Estamos muy felices de firmar este histórico acuerdo que los pueblos
indígenas han buscado durante años y que hoy es una realidad. Esta es
una deuda desde la Constitución de 1991 que 33 años después logra una
concertación. Para la expedición del decreto viene ahora la consulta
pública y luego, obviamente, la firma por parte del presidente Gustavo
Petro”, explicó la ministra.
Además, Muhamad aseguró que “este decreto será un hito hacia la COP16 de
Biodiversidad. Más del 80% de la biodiversidad del planeta está siendo
hoy protegida por las formas de vida, las culturas y los pueblos
indígenas. Y generar esta corresponsabilidad en el manejo ambiental con
ellos y ellas es reconocer su conocimiento ancestral y su relación
cultural y social con la biodiversidad de forma que entre todos podamos
protegerla”.
Esta normativa busca establecer las medidas de funcionamiento de los
territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las
competencias que tendrán en coordinación con las demás autoridades y
entidades públicas que son parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA).
El borrador de decreto sobre el particular fue publicado desde hace días
por el Ministerio de Ambiente para comentarios de los ciudadanos,
gremios y distintas asociaciones interesadas en el tema.
Entre algunas de las consideraciones que se expresa en dicho proyecto de
decreto, dice que el artículo 330 de la Constitución establece que los
territorios indígenas tienen la función de velar por la preservación de
los recursos naturales según sus usos y costumbres; y en su parágrafo
establece que “la explotación de los recursos naturales en los
territorios indígenas se hará́ sin desmedro de la integridad cultural,
social y económica de las comunidades indígenas”.
Agrega que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 fija para los
territorios indígenas y para los territorios colectivos de comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que los determinantes
del ordenamiento del territorio respetarán y acatarán los principios de
la palabra de vida, leyes de origen, derecho mayor, derecho propio de
cada pueblo. Establece que “en todo caso, los fundamentos definidos por
los pueblos y comunidades indígenas serán vinculantes para todos los
actores públicos y privados en sus territorios y territorialidades”.
El borrador de decreto señala que, para sus efectos, el interés general
será entendido como la prevalencia de las disposiciones constitucionales
tendientes al reconocimiento y protección de la diversidad étnica
cultural y aquellas que propendan por garantizar la conservación,
preservación, restauración, cuidado y protección del ambiente, en
atención al principio de maximización de la autonomía de los pueblos
indígenas.
Señala también que “el territorio indígena comprende todos aquellos
espacios que los pueblos indígenas reconocen como esenciales en la
vivencia de su cosmovisión y que son fundamentales para su existencia
como pueblos indígenas”.
Dice también que, para efectos de lo dispuesto en este decreto, en el
diálogo entre las autoridades ambientales primará la coordinación,
complementariedad e interdependencia; “en todo caso, se aplicarán de
preferencia los sistemas normativos propios de los pueblos, así como los
principios establecidos en la Constitución y las reglas derivadas de la
jurisprudencia nacional e internacional respecto a los derechos de los
pueblos indígenas”.
Añade el borrador de decreto que las autoridades tradicionales indígenas
hacen parte del Sistema Nacional Ambiental y ejercen las competencias en
materia de ordenamiento ambiental territorial, determinación de los
mecanismos regulatorios, de gestión y gobierno con fines de
preservación, conservación, restauración, protección.
Inquietud por efectos de
la medida
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI (Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia), manifestó en Red Más que es “como decir que
las autoridades indígenas cada una de ellas se va a convertir en
autoridad ambiental. Hay un decreto en este momento para discusión
alrededor de eso. Eso significaría que en Colombia tendríamos 870
autoridades ambientales, eso es ingobernable, haga una carretera. Eso,
por ejemplo, no debería darse como decisión regulatoria por parte del
Gobierno”.
Por su parte, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y
Desarrollo Sostenible (Asocars) dijo que “expresamos nuestra
inconformidad ante la crítica situación jurídica, funcional y conflictos
de competencia que puede traer consigo la sanción o expedición del
proyecto de decreto”. Agregó que en el mismo “evidenciamos vicios de
inconstitucionalidad y de inconveniencia”.
Expresa Asocars que “a nuestro juicio, la regulación de los asuntos
relacionados con la administración y manejo del ambiente y los recursos
naturales en los territorios indígenas y las atribuciones de sus
autoridades, debe enmarcarse en los límites de las propias normas
constitucionales”. Agrega que esta medida vulneraría el régimen de
autonomía de las CAR.
También esta Asociación
expresa razones de inconveniencia de dicha iniciativa gubernamental, por
“la posible atomización en el ejercicio de autoridad ambiental regional,
la complejidad en la toma de decisiones y la inseguridad jurídica”.
Dice también Asocars que en el proyecto analizado se cuestiona el hecho
de que el “Ejecutivo pretenda, aparentemente, abrogarse funciones que
son propias del Congreso
de la República, que es sobre quien recae la competencia para legislar
en materia ambiental, y sin que pueda el Gobierno nacional −so pretexto
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de reglamentar− entrar a
modificar y/o asignar funciones a actores distintos de los señalados por
el Congreso a través de la Ley 99 de 1993 y demás normatividad legal
vigente”.
¿Son más competentes autoridades indígenas
que las CAR?
El senador Marcos Pineda García, del Partido Conservador, dijoque “hay
varios aspectos claves que deben ser evaluados en relación con esta
medida. Lo más importante que debemos analizar es el impacto ambiental:
¿Son estas nuevas autoridades más competentes que las corporaciones
ambientales existentes para ejercer el control ambiental? ¿Estamos
garantizando con esta medida la conservación efectiva de nuestro
territorio?”.
El parlamentario integrante de la Comisión Quinta, célula legislativa
que entre otros asuntos se ocupa de ecología, medioambiente y recursos
naturales, considera que “primero deberíamos pensar en cómo fortalecer
las capacidades de nuestras autoridades ambientales existentes, antes de
pensar en crear un número indeterminado de entidades nuevas sin
capacidad instalada para realizar estas labores”.
Añadió que “desde la Comisión Quinta del Senado, haremos un seguimiento
riguroso a este proyecto de decreto para asegurar que las decisiones
tomadas sean completamente legales y beneficien al territorio
colombiano”.
Con polémica en Cámara inicia elección del
Defensor del Pueblo
Hoy se realizará la audiencia pública ante la cual la terna presentada
por el Gobierno nacional para la Defensoría del Pueblo, expondrá sus
hojas de vida ante la plenaria de la Cámara para el cargo. Sin embargo,
el proceso comienza con las denuncias del Centro Democrático de una
posible persecución de Jomary Ortegón contra el expresidente Álvaro
Uribe.
Al respecto, el representante Hernán Cadavid quién advirtió que “Jomary
no estaría orquestando una persecución. Ya la empezó desde hace muchos
años siendo denunciante internacional del presidente Álvaro Uribe con
unos argumentos absolutamente reforzados y endilgándole
responsabilidades directas de falsos positivos. Además, ella ha dicho
que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que debe
definir la elección, no cumple su rol misional. Entonces si no cree en
una célula del Congreso de la República para qué se presenta a un cargo
por elección de la Cámara”.
Por otra parte, el representante Christian Garcés, agregó que “a la
Defensoría no puede llegar personas radicales, sesgadas como la doctora
Ortegón que no solo se valió de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, y de la Corte Penal Internacional para sus denuncias. Sino que
quiso ir a otro país y presentó denuncia contra un colombiano para que
fuera juzgado por otro país. Ese tipo de actuación que viola los
derechos a defenderse, las garantías que tiene todo colombiano
demuestran el nivel de inconveniencia que tiene la señora”.
Mientras que el representante Germán Rozo del Partido Liberal explicó
que “la Defensoría del Pueblo no es una instancia judicial, la
Defensoría solo se ha dedicado en los últimos años a propender por una
defensa de los derechos humanos de personas en las regiones apartadas.
Ha servido de puente humanitario para la liberación de secuestrados,
creo que es una labor que ha venido realizando en la protección de los
derechos fundamentales que no tiene a dónde acudir en una instancia
jurídica. Yo creo que crear fantasma de que alguna de las candidatas va
a hacer persecución contra el presidente Álvaro Uribe, esa no es la
razón de ser de la Defensoría del Pueblo”.
Igualmente, la representante Jennifer Pedraza manifestó que “las
ternadas fueron postuladas por organizaciones de derechos humanos, por
organizaciones de mujeres y por organizaciones ambientales que han
reconocido su experiencia y vocación para ser defensora del Pueblo y por
eso creo que no hay ninguna intención de persecución al expresidente
Álvaro Uribe, además no es necesaria la elección de una defensora del
Pueblo para que haya una responsabilidad política sobre el ex presidente
por los falsos positivos”.
Agenda prioritaria en Defensoría
Uno de los aspectos que recordó el representante Cadavid es que el
actual gobierno criticó los funcionarios de bolsillo de anteriores
administraciones, sin embargo, “no es ilegal que alguien que haya sido
defensor del entonces candidato Gustavo Petro ahora sea ternada. Pero
como ellos se dedicaron a hacerle un reproche ético a los gobiernos
anteriores porque nombraban funcionarios de bolsillo ahora les parece
que Jomary Ortegón es la persona indicada para el cargo”.
Por su parte Christian Garcés sostuvo que “la prioridad de la Defensoría
es ejercer control sobre el deterioro de la seguridad en el territorio
donde el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes comunitarios, y
el reclutamiento ilegal de menores viene en crecimiento generando graves
problemas para la vida y la tranquilidad de los colombianos”.
Del mismo modo, Germán Rozo dijo que “se debe seguir el camino de la
defensa de los derechos humanos y hoy más que nunca se debe hacer un
gran esfuerzo, en las zonas de conflicto e incrementar la planta
personal y la presencia institucional en zonas apartadas donde hay
fuertes conflictos como el Catatumbo en Norte de Santander, Arauca,
Cauca, y en Vichada donde se requiere mayor institucionalidad que
integre a la sociedad civil a los diálogos entre gobierno y grupos
armados, convocada por la Defensoría”.
Finalmente, Jennifer Pedraza afirmó que “se debe implementar la
emergencia nacional por la violencia machista que implica la acción y
prevención de acciones para la protección vital de las mujeres. Aplicar
la defensa de líderes y lideresas sociales porque el panorama en el
Cauca es muy desolador y en Bogotá trece líderes han sido amenazados y
uno fue asesinado sin que se tomen medidas de protección para estos
liderazgos sociales ni en este gobierno ni en el de Duque; Y se debe
luchar contra el reclutamiento armado de la juventud, ahí se necesita
una acción muy coordinada con el Gobierno nacional para prevenir,
atender y sancionar este fenómeno”.
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