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Disidencias de las FARC
serían responsables del 91% de minas antipersona instaladas durante 2024
en Colombia
Los grupos disidentes de las FARC serían los responsables del más de 90%
de las minas antipersonales instaladas 2024, según un informe del
Ejército Nacional. Este dato proviene de la destrucción de 3.958 minas
antipersonal llevada a cabo por las tropas militares en lo que va del
año.
De acuerdo con el informe, “la implementación de estos medios y métodos
ilícitos de guerra, que constituyen una clara violación a los derechos
humanos y una vulneración de las disposiciones del derecho internacional
humanitario, se atribuye en un 91 % a las disidencias de las FARC”.
Además de los dispositivos instalados por las disidencias de las Farc,
un 4% de las minas fueron colocadas por el ELN, otro 4% por el Clan del
Golfo y el restante 1% por grupos de delincuencia organizada. Según la
institución castrense, también se han logrado controlar de manera
controlada 2.984 artefactos explosivos improvisados.
Los datos revelados por la autoridad militar también señalan que los
departamentos más afectados por la presencia de estos artefactos son
Meta, con 2672 minas desactivadas, seguido de Putumayo (1940), Nariño
(512), Valle del Cauca (352), Cauca (309) y Caquetá (213). Estas cifras
demuestran la capacidad y efectividad de las tropas para neutralizar
estas amenazas.
Cabe mencionar que, el avance militar se ha enmarcado en el Plan de
Campaña Operacional Ayacucho 2023-2026, a través del cual las tropas han
conseguido destruir de manera controlada 3.958 minas antipersona y 2.984
artefactos explosivos en diversas regiones del país, buscando proteger
tanto a las comunidades locales como a los propios efectivos militares
desplegados en esas zonas.
Además, los grupos antiexplosivos del Ejército informaron la destrucción
de 3.884 kilogramos de explosivos y 2.445 metros de cordón detonante
utilizados en la fabricación de estos dispositivos. Estos elementos
representan un grave riesgo, especialmente para niños y campesinos,
quienes son frecuentemente víctimas de estas armas ilegales.
El esfuerzo continuo del Ejército en la detección y desmantelamiento de
minas antipersona y explosivos improvisados subraya la persistencia de
una amenaza significativa en Colombia, atribuible en su mayor parte a
las disidencias de las Farc y otros grupos ilegales. La información
destaca no solo los peligros existentes, sino también los logros
alcanzados en la mitigación de estos riesgos a lo largo del año.
Ejército declaró La Jagua de Ibirico libre de minas antipersonal
Soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.° 3
lograron declarar al municipio La Jagua de Ibirico libre de minas
antipersona. Este avance beneficia a más de 22.300 habitantes, que ahora
pueden utilizar el terreno despejado para fines productivos, según
informó el líder de desminado mecánico, sargento segundo Ricardo Chica.
Las labores de desminado se llevaron a cabo en el noroeste del
departamento del Cesar, interviniendo cuatro áreas peligrosas
contaminadas con artefactos explosivos. Los expertos emplearon técnicas
de desminado manual, mecánico y canino.
Mediante estudios no técnicos, los militares también investigaron 18
sectores, liberando 26.261 metros cuadrados y destruyendo tres
artefactos explosivos, beneficiando así a 54.368 personas. Durante los
años 2022 y 2023, se realizaron talleres de educación en el riesgo de
minas antipersonal, capacitando a cerca de 10.000 personas para promover
prácticas seguras en la comunidad, informó la unidad militar.
Además de estas labores, los soldados del batallón se unieron a la
Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) y a la Secretaría
de Medio Ambiente y Turismo Municipal para sembrar 17.250 árboles, como
parte de su compromiso con la protección del medio ambiente y la
sostenibilidad de los ecosistemas locales.
La secretaria de gobierno municipal, Jazmín Quintero, expresó su
agradecimiento hacia el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario
N.° 3 por su dedicación tanto en la zona urbana como en las áreas
rurales del municipio, enfatizando la tranquilidad que esta declaratoria
trae a la comunidad. Con la liberación de La Jagua de Ibirico, el
Ejército Nacional ha logrado que 277 municipios en Colombia estén libres
de sospecha de minas antipersonal, un logro significativo en la labor
continua de asegurar el territorio nacional.
Cadáver duró dos años en
Medicina Legal por trabas administrativas: la Corte Constitucional hizo
duro llamado de atención
En un caso que ha sacudido a la opinión
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pública y ha puesto de manifiesto las
fallas en la administración de justicia y servicios en Colombia, el caso
de Hugo Andrés Chavarro Perdomo ha resaltado la problemática de la
burocracia en el manejo de cadáveres por parte de Medicina Legal y otras
instituciones.
La historia de Chavarro, un hombre que falleció en un accidente de
tránsito en Garzón, Huila, ha evidenciado las dificultades que enfrentan
las familias en situación de vulnerabilidad para acceder a servicios
funerarios básicos. El trágico accidente ocurrió el 16 de septiembre de
2022; sin embargo, el cuerpo de Chavarro no fue entregado a su madre,
quien se encontraba en prisión en el penal El Buen Pastor en Bogotá por
un delito relacionado con el tráfico de armas, hasta enero de 2024, casi
dos años después del fallecimiento.
Este prolongado período de tiempo ha sido objeto de críticas y de un
llamado de atención por parte de la Corte Constitucional, que ha
intervenido para acelerar el proceso de entrega de cadáveres y proteger
los derechos fundamentales de las personas en situaciones similares.
El caso comenzó a complicarse cuando, tras el accidente, la madre de
Chavarro intentó, sin éxito, que el cuerpo de su hijo fuera entregado lo
antes posible. A pesar de sus constantes solicitudes y de su situación
desesperada, Medicina Legal, la Fiscalía y la Alcaldía de Neiva pusieron
en marcha una serie de trabas administrativas que retrasaron enormemente
el proceso.
Una de las respuestas de la Alcaldía de Neiva a la madre, fechada el 16
de marzo de 2023, indicaba que el municipio no contaba con un contrato
de prestación de servicios funerarios para atender su solicitud y que el
servicio estaba en proceso de selección.
Debido al mal trámite, la madre de Chavarro decidió imponer una
tutela
El proceso se vio aún más complicado cuando la madre, tras recuperar su
libertad, tuvo que recurrir a una tutela para forzar la entrega del
cuerpo. Este proceso legal se extendió durante varios meses en distintas
instancias judiciales, lo que aumentó la angustia y el sufrimiento de la
madre.
La situación se convirtió en un testimonio de las dificultades que
enfrentan muchas personas en condiciones de vulnerabilidad cuando buscan
cumplir con los rituales funerarios de acuerdo con sus creencias y
tradiciones.
Finalmente, la Corte Constitucional decidió intervenir. Aunque la tutela
había perdido su objeto porque la madre ya había logrado enterrar a su
hijo, la Sala Quinta de Revisión decidió emitir una opinión de fondo. La
Corte criticó duramente la actuación de las entidades públicas
involucradas, que según el tribunal, solo generaron barreras
administrativas que violaron los derechos fundamentales de la madre y su
hijo.
La Corte argumentó que la demora en la entrega del cuerpo y las
dificultades para acceder a los servicios funerarios gratuitos violaban
no solo el derecho a la dignidad humana, sino también la libertad
religiosa de quienes intentan proporcionar una sepultura conforme a sus
creencias.
En sus declaraciones, la Corte manifestó que era inaceptable que un
municipio no cumpliera con su deber de sepultar a las personas de
recursos limitados, justificando el incumplimiento con deficiencias
administrativas.
La Corte Constitucional ha instado a la Alcaldía de Neiva a tomar
medidas para garantizar que se brinden oportunamente los servicios
funerarios gratuitos a personas de escasos recursos. Asimismo, ha
instado a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses a acelerar los trámites de entrega de
cadáveres a sus familiares, evitando futuros retrasos que puedan afectar
gravemente a personas en condiciones similares.
La intervención de la Corte Constitucional marca un importante
precedente en la protección de estos derechos y en la llamada de
atención a las instituciones públicas para que actúen con mayor
eficiencia y empatía en la gestión de estos casos.
5.000 hombres del Ejército
vigilarán puntos estratégicos de Chocó para combatir al ELN
El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) anunció un paro armado indefinido en varias zonas del
Chocó a partir del 11 de agosto de 2024, por la ofensiva del grupo
criminal
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armado Clan del Golfo, que se agudizó por
la supuesta unión entre los paramilitares en el río San Juan y las
Fuerzas Armadas del Estado Colombiano.
En un comunicado difundido el viernes 9 de agosto de 2024, el ELN señaló
que el Estado colombiano decidió no cumplir con los acuerdos pactados y
que “por el contrario, sus unidades militares se alinean con los
mercenarios del Clan del Golfo”.
A la par, señaló que la presencia de las Fuerzas
Militares solo pretende ejecutar grandes proyectos en la zona para
saquear y despojar de recursos a los habitantes del territorio. Por tal
razón, el grupo armado ilegal “busca asegurar posiciones en las bocas
del río Sipi, San Agustín y Brisas, así como en Barranconcito por el río
Cajón”.
En ese sentido, el ELN afirmó que “se decreta Paro Armado indefinido en
los ríos San Juan, Sipi y Cajón y la carretera Novita-Torra a partir de
las 00:00 horas del día 11 de agosto a las cero horas”.
Ante el anuncio del grupo armado ilegal, las autoridades del
departamento, junto al Ejército Nacional de Colombia, se reunieron para
discutir la hoja de ruta a seguir para proteger la integridad de los
habitantes en el contexto de guerra que hay en la región y en el caso de
que la confrontación tienda a agudizarse.
En el Consejo de Seguridad en Quibdó se reunieron los alcaldes
municipales de la subregión del San Juan, la Fiscalía General de la
Nación-seccional del Chocó y la Procuraduría regional del departamento,
que ratificaron el despliegue de más de 5.000 hombres en puntos
estratégicos del departamento.
A propósito, el coronel Christian Alexander Leguizamón Zárate,
comandante (e) Fuerza de Tarea Conjunta Titán, explicó que en las
próximas horas a la zona llegarán helicópteros para movilidad de tropas
y otros 100 soldados para reforzar la seguridad.
Al mismo tiempo, el uniformado señaló que se encuentran trabajando para
mantener la dinámica operacional en los principales ríos y vías del
departamento del Chocó. En ese sentido, aseguró que, “se están
realizando consejos de seguridad con la Gobernación del Chocó, alcaldías
de los municipios Istmina, Medio Baudó, San Juan, Sipí, Nóvita: líderes
sociales, defensores de Derechos Humanos y entes institucionales
nacionales para generar estrategias y terror y miedo, principalmente del
ELN, que en las últimas horas han lanzado amenazas contra la integridad
de la población civil y la fuerza pública”.
Cayó banda dedicada a secuestrar
y torturar a mujeres en Medellín: les quemaban los genitales con una
plancha
La Fiscalía General de la Nación confirmó que cuatro criminales fueron
capturados por pertenecer a una banda delincuencial dedicada al
secuestro, tortura y sometimiento de mujeres en la ciudad de Medellín,
capital antioqueña.
De acuerdo con el reporte oficial de los investigadores del caso, los
delincuentes operaban mediante engaños, debido a que los delincuentes
contactaban a las mujeres por redes sociales para que prestaran
servicios como masajistas o damas de compañía. Así, las citaban en
apartamentos de exclusivas zonas de la ciudad sin despertar mayores
sospechas.
Al llegar, las víctimas se encontraban con un panorama completamente
diferente, pues eran secuestradas, desnudadas, golpeadas y amarradas,
mientras que los criminales las obligaban a entregar las claves de sus
tarjetas, celulares y las despojaban de cualquier elemento de valor.
Los apartamentos eran alquilados en zonas como El Poblado, Laureles, El
Rodeo, Belén, Robledo y Suramericana, hasta donde llegaban las mujeres
con el fin de obtener unos cuantos pesos, pero la realidad era otra,
eran torturadas hasta entregar lo poco que tenían.
La investigación reveló terribles torturas contra las mujeres
Una de las mujeres que fue víctima de la banda se negó a
entregar sus pertenencias y claves, por lo que estos optaron por
quemarle los genitales y los ojos con una plancha de cabello. Después de
someterla a la tortura, le exigieron que entregara sus claves, pero en
medio del shock la mujer no se acordaba, por lo que usaron alcohol para
rociarle en las heridas.
Entre tanto, se confirmó que otra de las ciudadanas que cayó en manos de
esta peligrosa red fue rociada con parafina hirviendo en la espalda. Y
otras de las víctimas fueron sometidas a puñaladas y cortes en sus
senos, así como a cortes de cabello con cuchillos.
Mientras cometían estos actos violentos en contra de la integridad de
las mujeres, los delincuentes apagaban las luces de los apartamentos que
alquilaban y, también le subían el volumen a los equipos de sonido, con
el fin de evitar que los vecinos se dieran cuenta de lo que estaba
ocurriendo en el lugar y no se comunicaran con las autoridades.
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