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Alerta por incremento en
el número de colombianos que viven en zonas de conflicto armado
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) entregó su más reciente reporte
sobre el número de colombianos que vive en zonas donde tienen influencia
grupos armados y aseguró que este aumentó en un 70% desde 2021.
El reporte indica que un total de 8,4 millones de colombianos viven en
zonas de conflicto, lo que representa 3,5 millones más que en 2021. Por
esta razón, la organización hizo un enfático llamado, asegurando que “El
sufrimiento de la población civil está siendo ignorado. Tanto el
gobierno como las agencias humanitarias que brindan ayuda deben hacer
más para atender las necesidades humanitarias y de protección de la
población civil”.
A su vez, el secretario general de NRC, Jan Egeland, realizó una visita
a las áreas en conflicto del país y sus declaraciones generaron
preocupación: “La esperanza de paz, que fue tan intensa en mi visita a
Colombia hace 10 años, se está desvaneciendo, especialmente en las zonas
rurales. Desde entonces, la violencia en Colombia ha alcanzado niveles
devastadores, como ocurría antes del acuerdo de paz de 2016. Todas las
partes del conflicto deben priorizar urgentemente el fin de la violencia
y la protección de las víctimas en los esfuerzos de paz actuales. La
oportunidad de restablecer la paz se está esfumando”, explicó.
Así también, agregó que los grupos armados presentes en las zonas
rurales utilizan una serie de tácticas para imponerse y controlar la
vida de los habitantes de estas zonas. Entre ellas, les impiden a la
población salir de sus comunidades, una situación conocida como
“confinamiento“.
En el primer semestre de este año, los asesinatos, las intimidaciones,
las minas antipersonal y el fuego cruzado han prevenido a casi 65.000
personas a salir de las áreas donde se encuentran sus viviendas, por lo
que el desplazamiento volvió a estar en el radar de los principales
problemas en el territorio.
El informe indica que, en comparación con el año anterior, la expansión
de los grupos armados no estatales y los enfrentamientos armados han
provocado un incremento del 20% en el número de personas confinadas en
2024, convirtiendo a las víctimas del conflicto en “invisibles” e
imposibles de recibir ayuda humanitaria.
No cesa la violencia en
Barranquilla: sicarios asesinaron a auxiliar de policía y vigilante
mientras conversaban
Barranquilla está viviendo sus peores tiempos de violencia por cuenta de
los hurtos, extorsiones y asesinatos que están a la orden del día.
El hecho más reciente se registró en la carrera primera sur con calle
68, en el barrio Siete de abril, en la capital atlanticense, hacia
las 9:50 p. m. del
miércoles 14 de agosto, donde un auxiliar de policía y un vigilante
informal del sector fueron asesinados a bala.
Las víctimas fueron identificadas como Julio César del Río Castro, de 22
años, y Rafael Armando Ahumada Fontalvo, de 20, quienes para el momento
del atentado se encontraban conversando.
De acuerdo con lo que citó El Heraldo, a Del Río, auxiliar vinculado a
la escuela de Policía Antonio Nariño, le dispararon en tres ocasiones,
mientras que de Ahumada Fontalvo solo se conoció que recibió los balazos
en el pecho. Las víctimas, gravemente heridas, alcanzaron a llegar al
hospital Santa María, pero murieron horas después.
En cuanto a los sicarios, el general Herbert
Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de
Barranquilla, aseguró que luego de que en la zona realizaran labores
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de control lograron capturarlos, incautándoles el arma
con que habían perpetrado el doble homicidio.
“Ocurrió la noche del miércoles, cuando las unidades del nuevo modelo
del servicio de Policía se encontraban realizando labores de control en
el barrio Siete de Abril y fueron alertadas por la comunidad del sector
sobre un atentado criminal que segó las vidas de dos personas. Las
patrullas iniciaron la persecución de los sospechosos,
a quienes se les halló el arma de fuego que, al parecer,
utilizaron en este hecho delictivo”, informó el comandante de la Policía
de Barranquilla.
Diez pueblos indígenas del
Casanare están en peligro por consolidación territorial de las FARC
El Frente 28 José María Córdoba del Estado Mayor Central de las Farc y
otras estructuras armadas ilegales han puesto en riesgo los derechos
fundamentales de diez pueblos indígenas en el resguardo Caño Mochuelo,
localizado en las zonas rurales de Hato Corozal y Paz de Ariporo, en
Casanare.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI)
020 de 2024 para advertir del peligro que enfrentan estas comunidades,
entre las que se encuentran los pueblos Sikuani, Piapoco, Sáliva y
Amorua, de tradición sedentaria, así como los Maiben Masiware, Wamonae,
Waüpijiwi, Yamalero (Mayaleros), Tsiripus y Yaruros, de tradición
nómada.
La situación en el resguardo Caño Mochuelo es particularmente delicada
porque grupos disidentes del Frente 28 impiden a las autoridades
tradicionales indígenas tomar decisiones autónomas sobre sus
comunidades, imponiendo su propia “justicia” para asegurar un control
absoluto del territorio. Esta imposición amenaza no solo a las
autoridades étnicas, sino a todos los indígenas de las comunidades,
quienes se ven obligados a someterse a las condiciones impuestas por el
grupo rebelde.
Ante esta grave situación de derechos humanos, la Defensoría solicitó la
intervención urgente del Estado para proteger los derechos a la vida, la
integridad, la seguridad y la libertad de estas comunidades indígenas.
De acuerdo con la entidad, se requiere un trabajo articulado y
diferencial que considere la tradición cultural nómada de algunos de
estos grupos, para abordar de manera adecuada las amenazas que
enfrentan.
Otra inquietud derivada del control territorial y los posibles
enfrentamientos armados es la amenaza a las formas de sustento de estas
comunidades, incluyendo cultivos y prácticas alimentarias esenciales.
Esto podría comprometer la subsistencia de los más vulnerables, como
niños, adolescentes, mujeres y ancianos.
Por ello, la implementación de medidas de prevención orientadas a la
seguridad alimentaria y la atención humanitaria es crucial, según indicó
la Defensoría, precisando que es necesario acompañar y neutralizar las
pretensiones de los actores armados ilegales, garantizando siempre el
respeto a los derechos de los pueblos indígenas, su jurisdicción
especial, autonomía territorial y dinámica cultural.
La alerta temprana emitida por la Defensoría también insta al Ministerio
del Interior a cumplir con las medidas de prevención y protección
adoptadas, así como a activar los mecanismos de respuesta rápida frente
a posibles vulneraciones de derechos humanos y violaciones del Derecho
Internacional Humanitario (DIH).
Para la entidad, el liderazgo del Ministerio del Interior
es fundamental para proteger y preservar la diversidad étnica y
cultural, mitigar el riesgo para las comunidades afectadas y asegurar el
respeto a sus derechos culturales, de autonomía y jurisdicción especial.
Cabe recordar que, a comienzos de julio de 2024, la Defensoría emitió
otra alerta en el sur de Casanare, concretamente para las poblaciones de
Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y sus zonas rurales,
debido al riesgo que corren las comunidades por cuenta de la disputa
territorial entre grupos amados ilegales que delinquen en el lugar.
La
situación de violencia en el territorio dejó en evidencia que hay tres
escenarios de riesgo relacionados entre sí, como lo son el proceso de
consolidación del control armado ilegal ejercido por el Clan del Golfo,
su accionar violento y la injerencia del Ejército de Liberación Nacional
(ELN), a través de su frente José David Suárez,
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y de facciones disidentes de las Farc, particularmente de
sus Frentes 28 y 10 del Estado Mayor Central (EMC).
Entre la población en riesgo de varias formas de violencia están
organizaciones comunitarias y campesinas, víctimas del conflicto
armado, niñas, niños y jóvenes, firmantes de paz, mujeres, servidores
públicos de las regiones mencionadas, agricultores, ganaderos,
reclamantes de tierras, población socialmente estigmatizada,
sindicalistas, comerciantes, transportadores, docentes, estudiantes,
entre otros.
La Iglesia católica cuestionó al
ELN y al Clan del Golfo en Chocó: “Todos ustedes están destruyendo”
La Pastoral Social de la Iglesia católica lanzó una dura crítica a los
grupos ilegales ELN y el Clan del Golfo, que atormentan constantemente a
la población civil al sur del departamento de Chocó. La presencia de
estas organizaciones ha derivado en confinamientos y en desplazamientos
forzados.
De acuerdo con la iglesia, estos grupos armados son incoherentes, ya que
dicen que están en una lucha popular y revolucionaria cuando realmente
afectan a la población civil. “... si es un abuso de poder que un fuerte
se aproveche de un débil y que un rico se aproveche de los pobres,
también es un abuso de poder el que personas, y grupos armados, se
aprovechen de personas desarmadas. Todos ustedes están destruyendo lo
que dicen pretender construir. La guerra nunca ha sido solución. Solo ha
traído siempre males mayores”, cuestionó la iglesia en un comunicado.
La entidad envió un mensaje de solidaridad con las comunidades afectadas
al sur de este departamento y a las iglesias que hacen presencia en las
zonas, deseando así que la crisis por el conflicto armado termine
pronto.
“Queremos pedirles, en esta hora, vuestra auténtica capacidad de
liderazgo para ejercer, con nobleza, la vocación política, reconociendo
con acierto la situación que se vive, alentando el compromiso y el
empeño de todos y dejando de lado descalificaciones y posturas que
promuevan el resentimiento y la división”, agrega la misiva.
De acuerdo con cifras de la Defensoría, el paro armado ordenado por el
ELN hace varios días ha afectado a más de 45.000 personas de comunidades
afros e indígenas. Los municipios que más sufren por esta problemática
son Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan. La
confrontación de esta organización con el Clan del Golfo, que se
disputan el control del territorio, ha empeorado la situación a gran
escala.
Recientemente, una niña indígena, identificada como Isabella Piraza
Pizario, de tan solo 16 meses, murió en el municipio de Istmina como
resultado de la falta de atención médica, esto tras las intimidaciones
del paro armado anunciado por este grupo criminal que supone un riesgo
latente para las comunidades de la zona.
Jeison Mosquera, el alcalde de esta localidad, en diálogo con Blu Radio,
aseguró que la menor pertenecía a la comunidad indígena de San
Cristóbal, que queda a dos horas en lancha de la zona urbana del
municipio. El traslado de la niña se dificultó debido al temor y la
zozobra de los habitantes por posibles enfrentamientos y represalias del
grupo armado ilegal.
“Tenía síntomas de paludismo, de desnutrición y por el paro no pudo
salir. En esa comunidad no hay centro de salud y por la situación de
seguridad no pudo llegar al médico”, dijo el funcionario.
El mandatario local manifestó su impotencia e inconformidad ante debido
a la imposibilidad de acompañar a la familia de la niña, ya que navegar
el río San Juan supone riesgos de seguridad. En la zona de los hechos
también hay otras personas que necesitan de atención médica urgente,
como una mujer en estado de embarazo.
“No hemos podido acompañar a la familia porque como están en esa zona
donde no se puede ingresar por el tema del paro y nosotros estamos en la
cabecera municipal, únicamente hemos tenido comunicación por teléfono.
Ha sido imposible ir al territorio”, agregó Mosquera.
Las autoridades locales indicaron que hay un grave riesgo para 200
estudiantes de una escuela rural de Istmina, que este domingo presentan
las pruebas Saber 11. La aplicación del examen no ha sido confirmada
debido a que la situación de seguridad complica la llegada de la
logística.
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