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Alertan riesgo de incumplimiento
en el proyecto ‘pueblito Cordobés’
La Procuraduría General de la Nación advirtió algunas situaciones que
tienen en riesgo de incumplimiento la construcción del megaproyecto
turístico, Pueblito Cordobés, que se financia con $ 20.836 millones del
Sistema General de Regalías.
Las obras se construyen en el terreno del antiguo Coliseo de Ferias de
Montería, con el fin de promover el turismo en la región y mejorar las
condiciones de vida y a la generación de nuevos ingresos económicos para
al menos 204.000 beneficiarios.
En visita realizada por el procurador delegado para el Seguimiento a
Regalías, John Harvey Pinzón, y el Grupo Especial de Seguimiento a esos
recursos, GES-SGR, se pudo establecer que tiene tres meses de retraso en
la entrega y su nivel de avance físico es de 47 %, y financiero de 49 %,
lo que augura nuevas demoras y sobre costos para su finalización.
Entre las falencias encontradas están el presunto incumplimiento de las
normas arquitectónicas y constructivas para garantizar la seguridad y la
preservar la vida de los ocupantes y usuarios de las distintas
edificaciones y el acceso a personas con movilidad reducida a las
edificaciones que tendrán más de un piso.
También la ausencia de informes de supervisión e interventoría que
permitan a los entes de control evidenciar y constatar el avance
reportado por los constructores.
En cuanto a los recursos para operar y sostener el proyecto, una vez sea
entregado a la comunidad, aunque existe un presupuesto estimado, aún no
se sabe a qué entidades públicas o privadas se entregará en concesión la
administración de sus diferentes espacios.
Con la información recaudada, la Procuraduría Delegada para el
Seguimiento a los Recursos de Regalías evaluará las acciones preventivas
y disciplinarias a las que haya lugar para garantizar la terminación y
entrega de las obras, así como la puesta en marcha del proyecto para
beneficio de la ciudadanía.
Cierre del Parque El Cocuy se
mantendrá hasta el 22 de agosto
La comunidad indígena u'wa bloqueó el acceso a turistas y operadores al
Parque Nacional Natural El Cocuy en forma de
protestas, pues exigen la presencia del
Gobierno nacional para que les brinde solución inmediata a diferentes
problemáticas que afecta a la población.
Integrantes de los u’wa hacen presencia en puntos del Parque El Cocuy,
Güicán y Chita a la espera de una repuesta por parte de sectores
políticos. Cabe señalar que hace más de un mes, la comunidad indígena
anunció realizar una huelga por el presunto incumplimiento del Gobierno
ante el acuerdo suscrito a el reconocimiento de sus territorios
sagrados.
Los operadores turísticos han criticado a los U'wa, sugiriendo que este
acto atenta contra sus derechos, al tener repercusiones económicas
significativas.
“Es preocupante, ya que la afectación es inminente en estos municipios
de la provincia de Gutiérrez. También es alarmante la posición que toma
Parques Nacionales ante el cierre, haciendo caso o miso y no protegiendo
nuestros derechos”, manifestó Deisy Lucia Marchan, operadora turística.
El turismo, según los U'wa, no solo ha causado daños físicos al
ecosistema, sino que también ha impactado negativamente su cultura y
cosmovisión. A medida que el conflicto persiste, el Parque El Cocuy
permanece cerrado para turistas,
y las discusiones entre los U'wa y
el Gobierno continúan sin un acuerdo claro. La comunidad ha declarado
una asamblea permanente, lo que indica que están dispuestos a mantener
su postura hasta que se logren las condiciones que consideran justas.
Por su parte, la oficina de Parques no venderá boletos para el ingreso
durante el 20, 21, y 22 de agosto mientras se da una solución durante la
reunión convocada entre las partes, la cual tendrá lugar esta semana.
Implementación del
acuerdo de paz avanzando a paso lento: Defensoría
El ‘VI Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera’, presentado por el Defensor del Pueblo,
Julio Balanta Mina, da cuenta de un
panorama preocupante sobre las obligaciones del Estado. En materia de
cumplimiento, aún falta por hacer.
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Se requiere el robustecimiento de la
arquitectura institucional, con una cabeza autónoma que lidere y emita
directrices y líneas de política pública; así mismo, es necesario
actualizar y mantener actualizado el estado del avance de los
indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI); igualmente,
registrar periódicamente la información presupuestal mediante el
trazador previsto en el Plan Nacional de Desarrollo.
En lo que tiene que ver con tierras, subsiste la falta de claridad en
las cifras, pues hay una enorme disparidad en la información que se
entrega sobre un mismo punto y no se avanza en la caracterización de los
predios para facilitar su adjudicación. De 21.132 predios ingresados,
solamente el 37.84% ha sido adjudicado. De más de 1500 predios ofertados
por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), tan solo han sido
adquiridos 26.
Adicionalmente, la ruta étnica en materia de restitución de tierras no
presenta mayores avances. En la ruta individual, 2730 solicitudes
inscritas en diferentes vigencias aún no cuentan con demanda, y hay
16.995 solicitudes pendientes de microfocalización, en las que el 80%
corresponde a adultos mayores, quienes esperan la aplicación del Decreto
1623 de 2023, el cual facilita la continuidad del trámite.
Al primero de enero del 2024 fue reportado el 12,40% del área geográfica
del país con información actualizada con catastro multipropósito. En
términos reales, el avance durante la vigencia 2022-2024 es de tan solo
el 3%. En lo que refiere al Plan de Zonificación, presenta un avance del
6.35%, siendo el más bajo en comparación con los otros 15 planes.
En materia de PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), el
avance durante el periodo analizado (con corte al 31 de abril del 2024)
es del 1% en comparación con lo reportado por la Defensoría en su
informe anterior, en el que se indica un porcentaje de avance del 44%
(15.545 iniciativas de las 33.007 pactadas en los patrones
establecidos).
La violencia persiste
Otro aspecto que preocupa a la Defensoría está relacionado con la
violencia, lamentablemente persisten los escenarios de riesgo para el
ejercicio de su labor de lideresas, líderes y personas defensoras de
derechos humanos: hay un registro de 57 casos de homicidios entre enero
y abril del 2024.
Balanta Mina señaló que si no hay seguridad en los territorios rurales
del país, no puede haber reforma agraria, tampoco sustitución de
cultivos ilícitos por economías lícitas, ni restitución de tierras, ni
retorno de la población desplazada.
La seguridad territorial es un tema en el
que la Defensoría del Pueblo ha insistido y seguirá insistiendo. Con las
Alertas Tempranas emitidas ha advertido de qué manera los grupos armados
no estatales están copando zonas rurales y ejerciendo el control en los
territorios.
Para que el campesino, el indígena, el afrodescendiente o cualquier
colombiano pueda explotar la tierra entregada o retornada o desarrollar
un proyecto productivo lícito, es necesario que las condiciones de
seguridad se lo permitan, y en ese sentido las entidades gubernamentales
deben garantizarlas.
La articulación interinstitucional como aspecto clave
La Defensoría insiste, a través del Informe, en la necesaria
articulación interinstitucional. Las entidades encargadas de la
implementación del Acuerdo de Paz deben ir más allá de las buenas
intenciones, en sus agendas deben estar las acciones y actividades que
apunten a cumplir los compromisos establecidos. Es propicio ponerse de
acuerdo para garantizar un desarrollo rural que le permita condiciones
de vida dignas al campesinado.
La reforma agraria, por ejemplo, debe vincular a todos los actores,
porque no se trata solamente de entregar tierra a quien no la posee,
implica el ordenamiento social de la propiedad, la formalización, la
decisión de procesos administrativos represados, la aplicación de la
Sentencia SU-288 para la recuperación de baldíos, el respeto de derechos
adquiridos de buena fe. Adicionalmente, la participación de la
producción agrícola, el acceso al uso adecuado del agua, la atención de
la población en zonas protegidas, entre otros. Para que todo sea
posible, se requiere un trabajo conjunto.
El documento añade que el uso de recursos públicos también debe estar en
sintonía con el trabajo articulado. Los programas que incentivan o
fortalecen las economías lícitas deben corresponder a políticas públicas
y no a decisiones coyunturales. No son medidas ‘asistencialistas’ las
que se deben implementar, son políticas públicas orientadas a garantizar
proyectos productivos sostenibles, tierras aptas para producir y
explotar y seguridad jurídica en los derechos adquiridos.
Son indispensables indicadores del cumplimiento de metas
Para permitir que la sociedad y las comunidades nacional e internacional
dimensionen el nivel de compromiso y avance en el cumplimiento de las
metas, se requieren cifras claras y verificables. Ello genera confianza
y permite el control social. Se requiere, por lo tanto, la actualización
urgente de indicadores y el compromiso de seguir alimentándolos
oportunamente.
El tiempo de ajuste institucional a mitad de camino del Gobierno supone
grandes
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esfuerzos que deben verse reflejados en
indicadores y anuncios importantes en materia de entrega de tierras,
compra y formalización. Aspectos como el catastro multipropósito exigen
medidas urgentes, ya que a la fecha las cifras de avance distan de lo
esperado y prometido.
No obstante, el seguimiento de la Defensoría, sustentado en sus seis
informes, ha permitido evidenciar el esfuerzo de la Agencia para la
Renovación del Territorio con las alcaldías de los municipios PDET, el
plan de mejora de la Unidad de Restitución de Tierras y la gestión del
fondo de esa entidad para garantizar retornos en condiciones dignas y
facilitar el cumplimiento de las órdenes judiciales y la atención a los
reincorporados. A ello se suma el avance del Gobierno Nacional en la
consolidación de la Jurisdicción Agraria.
Legalizarán 41 barrios
de Cali con más de dos décadas de existencia
La Alcaldía de Cali legalizará 41 Asentamientos Humanos de Desarrollo
Incompleto (AHDI) o informales, beneficiando a aproximadamente 9.000
familias caleñas.
Esta decisión fue tomada por un Comité Técnico Ampliado y tras un
análisis exhaustivo sobre la situación actual de los 193 asentamientos
existentes en la ciudad, coordinado por la Secretaría de Vivienda Social
y Hábitat y otros organismos de la Administración Distrital.
La legalización se enmarca en la política "Mejorando MIHábitat" del Plan
de Desarrollo Distrital, cuyo objetivo es mejorar el entorno y
condiciones de vida de los hogares, abordando temas como acceso a
servicios públicos, desarrollo de infraestructura y espacio público,
seguridad en la tenencia de la propiedad, y mejoramientos de vivienda.
Para lograr este objetivo, se llevarán a cabo jornadas de levantamientos
topográficos, diagnósticos y caracterizaciones sociales, entre otras
actividades.
“Es importante aclarar que no estamos promoviendo que las personas se
sigan asentando de manera irregular. Estamos legalizando aquellos
asentamientos que tienen más de 20 o 30 años de existencia y tenencia de
buena fe”, precisó María del Mar Mozo, secretaria de Vivienda Social y
Hábitat de Cali.
Según explicó la funcionaria, estos asentamientos han sido el hogar de
muchas familias durante décadas y ahora tendrán acceso a servicios
básicos, seguridad y un mejor entorno, en la medida que avance el
proceso durante el cuatrienio (2024-2027). “Es hora de que todos
disfrutemos de una ciudad más justa e inclusiva”, enfatizó la
secretaria.
Según un estudio de la Universidad del Valle, Cali es una de las
ciudades que tiene más Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI)
en Colombia, 193 en total, que durante los últimos ocho años crecieron
un 60%, pasando de 490 hectáreas en 2014 a 783 en 2022. Con la decisión
que tomó el Comité Técnico Ampliado, se espera realizar la intervención
para legalizar más de 41 AHDI, lo que beneficiará a un estimado de 9.000
hogares.
Los asentamientos que serán intervenidos en el cuatrienio
Comuna 1
1. El Realengo (Alto Aguacatal).
Comuna 4
1. Ignacio Rengifo (La Isla-Sector La Playita).
2. La Isla.
Comuna 13
1. Cinta Policarpa.
2. El Poblado II.
3. Los Robles.
4. Sardi-Charco Azul-La Pajarera.
5. Villablanca.
6. Asprosocial.
7. Horizonte II.
8. Calipso (Aprosocial Omasa).
9. Sardi.
Comuna 14
1. La Casona.
2. San Martín.
3. Tayrona El Pilar.
4. Vuelta vía a Navarro.
5. Cinta Navarro.
6. Manuela.
Comuna 15
1. El Retiro.
2. África.
3. Colonia Nariñense.
4. El Encanto.
5. El Valladito.
Comuna 18
1. El Jordán.
2. El Hueco (Alto Jordán).
3. Alto de Los Chorros.
4. Mandarinos.
Comuna 20
1. El 30.
2. El Cortijo.
3. La Capilla.
4. La Estrella.
5. La Cucharita.
6. Lleras Camargo.
7. Siloé.
8. Puente Tabla.
9. Juan Fernández.
10. Egipto.
Comuna 21
1. Líderes III.
2. Líderes IV.
3. Villa Mercado.
4. Villa Mercedes.
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