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inmovilización de un vehículo perteneciente a su colectivo. La infracción que motivó la medida es la D12, la cual sanciona la utilización de un vehículo para un servicio diferente al que está autorizado en su licencia de tránsito. El motociclista de 27 años denunció un supuesto abuso de autoridad por parte de los agentes de tránsito, afirmando que los conductores son tratados como "billeteras portátiles" por las entidades de tránsito y la Policía.

El motociclista también denunció que sufrió una fractura de muñeca durante su detención, la cual, según él, fue causada por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. A pesar de que el Distrito se comprometió a enviar una ambulancia cada seis horas para verificar su estado de salud, Diego aseguró que en los tres días solo fue atendido una vez. Sin embargo, ha recibido el apoyo constante de otros conductores de plataformas, quienes le han suministrado agua y alimentos durante su protesta.

En respuesta a la situación, la Secretaría de Movilidad afirmó que ha brindado acompañamiento continuo a Diego a través de sus Gestores de Diálogo de la Oficina de Gestión Social y que también han estado presentes Gestores de la Secretaría de Seguridad para garantizar su integridad. La Secretaría de Salud, por su parte, ha realizado controles médicos en el lugar para monitorear el estado de salud del manifestante.

No obstante, la Secretaría de Movilidad reveló que Diego no posee una licencia de conducción y nunca ha tramitado dicho documento. Además, cuenta con seis multas por infracciones al Código Nacional de Tránsito, que suman un total de aproximadamente 4.5 millones de pesos. A pesar de la protesta, la entidad aseguró que los servicios en la sede de la calle 13, así como en las Ventanillas Únicas de Servicio y los canales virtuales, han seguido operando con normalidad.

Este incidente pone de manifiesto la problemática que enfrentan los conductores de plataformas de transporte en Colombia, quienes operan en un marco legal ambiguo debido a la falta de una regulación clara. Mientras que sectores como el gremio de taxistas abogan por la prohibición de estas plataformas, los conductores exigen condiciones laborales dignas y el cese de las inmovilizaciones. En respuesta, tanto el Ministerio de Transporte como la Secretaría de Movilidad han realizado mesas de diálogo con los distintos actores involucrados, aunque las tensiones persisten.

Ante la falta de soluciones concretas, los conductores de plataformas han anunciado una movilización para el próximo 4 de septiembre, en la que exigirán al Gobierno Nacional una regulación clara y justa que les permita trabajar sin temor a sanciones arbitrarias. La protesta de Diego, aunque individual, es reflejo de una problemática mayor que afecta a miles de trabajadores en la capital y el país.

Bogotá enfrenta incertidumbre jurídica tras la cancelación del contrato del Hospital San Juan de Dios

La reciente decisión del Gobierno Nacional de cancelar unilateralmente el contrato con la empresa española Copasa para la demolición y construcción de una nueva torre en el Hospital San Juan de Dios ha desatado una serie de controversias y preocupaciones en Bogotá. Esta medida, respaldada por el presidente Gustavo Petro, ha generado un complejo escenario legal y político que podría implicar millonarias demandas contra el Distrito.

Un conflicto de poderes y autonomía

El conflicto en torno al Hospital San Juan de Dios tiene sus raíces en la decisión del Ministerio de las Culturas de preservar la torre central del hospital, clasificada como patrimonio de la Nación, lo que impidió su demolición tal como estaba previsto en el contrato firmado con Copasa en 2020. Este contrato, originalmente gestionado por la administración de Claudia López, fue cancelado por la Superintendencia Nacional de Salud bajo el argumento de deficiencias administrativas en la Subred Centro Oriente, entidad que estaba a cargo del proyecto.

El presidente Petro, quien ya había intentado rescatar el hospital durante su periodo como alcalde de Bogotá, celebró la cancelación del contrato en redes sociales, afirmando que se había evitado la demolición del hospital público más antiguo de Colombia. Sin embargo, esta acción ha sido vista por algunos como una injerencia en la autonomía del gobierno distrital, lo que ha generado tensiones con el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Galán ha expresado su descontento con la intervención del Gobierno Nacional en asuntos de la ciudad, señalando que el Presidente debe respetar la autonomía territorial que le confiere la Constitución a Bogotá. Esta controversia se suma a otros desacuerdos entre Galán y Petro, como los relacionados con el metro, obras viales, y políticas sociales.
 

Riesgos legales y financieros

La cancelación del contrato con Copasa no solo ha generado un conflicto político, sino que también ha puesto al Distrito en riesgo de enfrentar una millonaria demanda por parte de la empresa española. Copasa ya había solicitado la formación de un tribunal de arbitramento internacional para dirimir el litigio originado por la falta de permisos para la demolición de la torre central, una situación que ha mantenido el proyecto en un limbo legal.

No obstante, la cláusula compromisoria del contrato estipula que las disputas deben resolverse en un tribunal nacional, lo que ha complicado aún más el proceso. La negativa de Copasa a aceptar esta cláusula llevó a la Subred Centro Oriente a solicitar un panel de amigable composición ante la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de evaluar si la decisión del Ministerio de las Culturas configuraba un evento eximente de responsabilidad que justificara la terminación anticipada del contrato.

Sin embargo, el panel resolvió que no era competente para pronunciarse sobre la terminación anticipada, dejando la disputa en manos de los tribunales de arbitramento. Según expertos consultados, el tribunal internacional no podría conocer una eventual nueva demanda de Copasa por la cancelación del contrato, lo que obligaría a la empresa a llevar el caso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia.

Consecuencias para el futuro del hospital

Mientras el conflicto legal se resuelve, el futuro del Hospital San Juan de Dios sigue siendo incierto. La intervención de la Superintendencia Nacional de Salud ha dejado al Distrito sin capacidad de acción directa sobre la Subred Centro Oriente, lo que limita la posibilidad de avanzar en la recuperación del hospital.

El concejal Oscar Ramírez Vahos ha señalado que la ciudad se encuentra en una situación complicada: no puede intervenir el hospital porque la Subred está intervenida, no puede demandar al contratista porque se liquidó el contrato de manera unilateral, y los recursos asignados al proyecto están atrapados en una fiducia.

En resumen, Bogotá se encuentra atrapada en un escenario donde la disputa política, la defensa del patrimonio y las implicaciones legales han convergido para crear un caso complejo y con potenciales consecuencias económicas significativas. Mientras tanto, el Hospital San Juan de Dios, un símbolo de la historia de la salud en Colombia, sigue esperando una solución que permita su recuperación sin más dilaciones.

Preocupante situación en Bogotá: embalses descienden y el ahorro de agua se debilita

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha encendido las alarmas debido a la preocupante disminución en los niveles de los embalses del Sistema Chingaza, que actualmente se encuentran al 51% de su capacidad. Esta caída se debe a la escasez de lluvias y al relajamiento en las medidas de ahorro de agua por parte de los bogotanos.

Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, destacó que la ausencia de precipitaciones tanto en el embalse de Chuza como en el piedemonte llanero ha sido un factor determinante en la reducción de los niveles de agua. Además, advirtió sobre el incremento en el consumo, que ha alcanzado un promedio de 17 metros cúbicos por segundo en los días sin racionamiento, superando los objetivos propuestos por la entidad.

Ante este panorama, la EAAB ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos refuercen las prácticas de ahorro de agua. Algunas de las recomendaciones incluyen evitar el uso del tanque de reserva durante los días de racionamiento, reducir el tiempo de las duchas a tres minutos, y abstenerse de lavar vehículos y fachadas. Estas medidas, sumadas a las acciones técnicas diarias y las esperadas lluvias, serán clave para mantener los niveles de los embalses y evitar mayores restricciones en el suministro de agua en los próximos meses.

A pesar de que el último reporte, publicado el 22 de agosto, señaló que el nivel del agua se mantuvo estable en comparación con el día anterior, la tendencia sigue siendo negativa. El embalse de Chingaza, por ejemplo, mostró una capacidad del 52,12% el 17 de agosto, lo que refleja una reducción cercana al 1% en solo cinco días.

Esta situación subraya la importancia de la conciencia y colaboración ciudadana para enfrentar una crisis hídrica que, de no controlarse, podría derivar en restricciones más severas para la capital del país.

Estación de TransMilenio Calle 63 cerrará por obras del Metro de Bogotá

A partir del próximo 31 de agosto, la estación Calle 63 de TransMilenio, ubicada en la avenida Caracas, cerrará sus puertas debido al avance de las obras del Metro de Bogotá. Esta estación se suma a las ya clausuradas Marly, Calle 26 y Calle 72, como parte del proceso de construcción del viaducto que recorrerá esta importante arteria de la capital.

Desde mayo, TransMilenio ha venido desmontando las estaciones afectadas por el proyecto del Metro, y ahora es el turno de la Calle 63. Los usuarios que normalmente utilizan esta estación tendrán que buscar alternativas en las cercanas Calle 57 o Flores, o recurrir a las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que operan por la carrera 13.

La primera estación en cerrar fue la Calle 26, el pasado 4 de mayo, lo que afectó a cerca de 400,000 usuarios diarios. Ante esta situación, TransMilenio implementó un plan alterno de movilidad que se apoya en las estaciones adyacentes, buscando minimizar el impacto en los desplazamientos de los usuarios.

TransMilenio también ha recordado a sus usuarios que pueden consultar detalles sobre las rutas alternativas, horarios y puntos de parada en su página web, además de recibir actualizaciones en tiempo real a través de su canal de WhatsApp y la aplicación TransMi App.

Este cierre es un paso más en la transformación de Bogotá, aunque supone un reto para los miles de usuarios que deberán ajustar sus rutas diarias. La recomendación principal es planificar con anticipación y estar atentos a las actualizaciones que TransMilenio emite a través de sus diferentes canales de información.

Motociclista se encadena a la Secretaría de Movilidad a modo de protesta

Desde el pasado 21 de agosto, un motociclista identificado como Diego ha permanecido encadenado en el Centro de Servicios de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, ubicado en la calle 13, como una forma de protesta contra las constantes inmovilizaciones de vehículos que trabajan con aplicaciones de transporte. Este acto de resistencia ha generado reacciones tanto en la comunidad de conductores como en las autoridades distritales.

Diego, quien trabaja en plataformas de transporte y representa a un grupo de conductores, decidió encadenarse tras la