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Palos de ciego
en la paz total
Sectores
independientes y de la oposición política, así como algunos
gobernadores y alcaldes, señalan que la política de paz total
del Gobierno va de bandazo en bandazo por la forma como trata de
resolver los múltiples problemas que enfrenta, mientras que los
avances son pocos.
Esta semana, el proceso con el ELN prácticamente quedó en un
punto muerto porque crecieron las recriminaciones de lado y
lado, responsabilizándose por supuestos incumplimientos y es
incierto si se reactivará la mesa de negociación.
En cuanto a la mesa con las disidencias, sigue en pie, pero su
mayor problema es que hace meses se levantó el bloque Amazonas,
al mando de alias ‘Iván Mordisco’, el grupo mayoritario, que
desde entonces desató una escalada terrorista en el suroccidente
del país. En tanto que siguen en la negociación con el Gobierno
tres facciones.
Mientras que con la Segunda Marquetalia la negociación comenzó a
finales de junio pasado, pero hay dudas jurídicas para su
desarrollo porque el Gobierno le dio estatus político a este
grupo. Aunque no es claro si ello es posible, porque muchos de
sus integrantes, comenzando por su cabecilla, alias ‘Iván
Márquez’, son reincidentes pues abandonaron el Acuerdo de Paz y
como consecuencia los excluyó la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP).
Entretanto, el Gobierno hace los preparativos para iniciar
conversaciones formales por primera vez con grupos criminales de
alto impacto, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra
Nevada. Sin embargo, no hay un marco jurídico, porque se hundió
la ley de sometimiento a la justicia que presentó el entonces
ministro Néstor Osuna en la primera legislatura, y a la fecha no
han vuelto a radicar el proyecto.
Volviendo a la crisis del proceso con el ELN, la negociación con
el Gobierno comenzó en noviembre del 2022 en Caracas, siendo la
primera mesa que la administración Petro logró instalar dentro
de su política de paz total. Desde entonces se han desarrollado
seis ciclos con varias polémicas a bordo por asuntos como la
persistencia de esa organización en el secuestro.
A principios de febrero anterior se realizó el sexto ciclo en La
Habana, en el que entre otras se prorrogó el cese el fuego hasta
el pasado 3 de agosto. Sin embargo, días después el Eln
responsabilizó al Ejecutivo de supuestamente congelar la mesa,
esto debido a que le molestó que la Casa de Nariño mantiene en
Nariño una negociación con el frente Comuneros del Sur, una
facción que se separó de este grupo armado.
El presidente Petro le hizo al ELN una “propuesta confidencial”
en un intento por reactivar la mesa de conversaciones, la cual
era viabilizar un punto de acuerdo que se había logrado sobre
reforma económica.
Sin embargo, el Comando Central del ELN le dio un portazo al
presidente al señalar que “la grave situación de crisis que
padece la mesa y el proceso de paz en este momento, no requiere
de propuestas confidenciales (…) sino franqueza y claridad al
país”.
Esta semana, alias ‘Antonio García’, máximo cabecilla del ELN,
le dio un ultimátum al Gobierno para que los saque de la lista
de grupos armados organizados (GAO).
“El tiempo sigue corriendo y nada que el gobierno de Gustavo
Petro responde si va a sacar al ELN de la lista de los GAO, tal
como se acordó”, expresó ‘García’.
Por su parte, el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, dijo
que “llamarlos un grupo armado rebelde, o cualquier otra
denominación, significaría algo que depende del Congreso y no
del presidente de la República”.
Como consecuencia de que las conversaciones están suspendidas no
se prorrogó el cese el fuego que, como se dijo, venció el pasado
3 de agosto. Por lo tanto, las Fuerzas Militares reactivaron las
operaciones contra el ELN, que tampoco cede en sus acciones
criminales, como el paro armado que desarrolló en Chocó en días
pasados.
Las disidencias
Hasta el momento las delegaciones del Gobierno y de las
disidencias han sostenido cinco ciclos de conversaciones, sin
alcanzar un acuerdo importante. Sin embargo, desde marzo pasado
el proceso entró en una crisis, después de que el presidente
Petro ordenó suspender el cese el fuego en Valle, Nariño y
Cauca, porque uno de los frentes, en el último de estos
departamentos, asesinó a una líder indígena e hirió a tres
personas más.
Entonces, el Ejército emprendió una ofensiva contra las
disidencias en el suroccidente del país, a mayor escala en
Cauca, y como consecuencia alias ‘Iván Mordisco’ se apartó de la
mesa y desató una ola terrorista en esa región.
Por lo pronto se mantienen en la mesa conversando con el
Gobierno tres facciones al mando de alias ‘Calarcá’: los bloques
Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio-Comandante Gentil Duarte y
Frente Raúl Reyes. Además, en julio pasado se extendió el cese
al fuego con estas estructuras por tres meses más, hasta
octubre.
No obstante, otro palo en la rueda surgió esta semana, pues el
bloque Amazonas, al mando de ‘Iván Mordisco’, declaró la guerra
a los frentes que dirige alias ‘Calarcá’, quien se mantienen en
la mesa.
Entonces, a las dificultades que tiene el Gobierno para mantener
con vida esta negociación se suma un nuevo conflicto armado en
el país entre estos dos bloques de las disidencias, que amenaza
con más violencia en diferentes regiones.
Qué pasó con ley de sometimiento
El Gobierno inició a principios de este mes un espacio de
diálogo, que denominó sociojurídico, con el Clan del Golfo, tal
vez el grupo con mayor poder criminal en el país en el
narcotráfico y otras actividades como la extorsión.
En dicho proceso la fiscal general, Luz Camargo, atendiendo una
solicitud del Gobierno, suspendió las órdenes de captura contra
Orozman Osten Blanco, alias ‘Rodrigo Flechas’; Elkin Casarrubia
Posada, alias el ‘Cura’, y Luis Pérez Castañeda, alias ‘Bruno’.
El Ejecutivo espera hacer con grupos criminales como el Clan del
Golfo un proceso de sometimiento a la justicia y no una
negociación, porque no les reconoce estatus político, como sí al
ELN, las disidencias y la Segunda Marquetalia.
Sin embargo, las
conversaciones que van a comenzar con el Clan del Golfo
despiertan polémica, porque no existe un marco jurídico de cómo
llevarlas a cabo ni cómo
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implementar
los eventuales acuerdos a los que se llegue.
La senadora
Paloma Valencia, del Centro Democrático, dijo que “la fiscal no puede
levantar órdenes de captura de narcos del Clan del Golfo, así lo pida el
Gobierno. No hay norma que la habilite. No hay ley de sometimiento”.
Añadió que “esto es gravísimo. Si no hay ley de sometimiento, no pueden
levantar las órdenes de captura; lo hemos dicho y hay que repetirlo.
Esto es totalmente abusivo, porque no hay cómo desmovilizar a quienes
negocian con el Gobierno”.
No es el único problema que de entrada se aprecia en estas
conversaciones, pues el abogado Ricardo Giraldo, quien fue contratado
por el Clan del Golfo, advirtió que para este grupo el sometimiento no
es una opción.
“Incluso, el comandante máximo del Ejército Gaitanista lo dijo hace unos
15 días: ellos quieren que haya justicia transicional, porque el
sometimiento no va a garantizar la pacificación de los territorios”,
dijo Giraldo.
Autodefensas de la Sierra Nevada
A comienzos de este mes se conoció una resolución en la que el Gobierno
abre la puerta a iniciar un diálogo con las Autodefensas Conquistadoras
de la Sierra Nevada (ACSN), organización criminal también conocida como
Los Pachenca.
Al igual que con el denominado Clan del Golfo, el Gobierno pretende
desarrollar con Los Pachenca “un espacio de conversación sociojurídico”.
Sin embargo, este proceso
también carece de piso jurídico por la falta de una ley de sometimiento
a la justicia. No obstante, en el caso del Clan del Golfo ello no fue
óbice para que, como se dijo, el Gobierno pidiera a la Fiscalía levantar
la orden de captura a varios integrantes de ese grupo.
En ese contexto, no es de extrañar que la Casa de Nariño en los próximos
días solicite a la Fiscalía .
Evalúan propuesta de cinco países para
impresión de pasaportes
En la tarde de este viernes,
el canciller Luis Gilberto Murillo anunció que desde el pasado jueves ya
se encuentran evaluando las propuestas hechas por Francia, Portugal,
Canadá, Alemania y Polonia para convertirse en "socios estratégicos" en
la impresión de los pasaportes colombianos.
"A partir del 3 de octubre de este año, el Gobierno asume el manejo de
los datos de los colombianos y las colombianas, son datos
confidenciales, este es un proceso nuevo de la expedición de los
pasaportes, simplemente se va a hacer la producción a través de un socio
estratégico", señaló el canciller Murillo.
Según lo expresado por el funcionario, la próxima semana se dará a
conocer el país que fue seleccionado para ser el socio, en el proceso de
la impresión de los pasaportes, advirtiendo que el propósito es que
durante un periodo de varios años, se logre favorecer el Estado
colombiano para que pueda asumir la totalidad de la expedición de los
documentos.
Murillo, aseguró que desde la Cancillería se garantizará la expedición
de los pasaportes de todos los ciudadanos que lo soliciten.
Mesa de trabajo entre Cancillería y Thomas Greg & Sons
El próximo martes 27 de agosto se realizará la primera mesa de trabajo
entre el Ministerio de Exteriores y la empresa Thomas Greg, para buscar
una solución a las controversias surgidas sobre la licitación de los
pasaportes.
La reunión, convocada por la Procuraduría General de la Nación, responde
a la solicitud conjunta de la Secretaria General del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Paola Andrea Vásquez Restrepo, y la representante
legal de Thomas Greg & Sons, Ana María Gómez Sarmiento.
Reforma laboral: expertos la tachan de
anacrónica e inconveniente
Gremios económicos,
empresarios y expertos en el campo de trabajo han encendido las alarmas
por las implicaciones negativas que dejará al país el articulado de la
reforma laboral, luego de conocerse que el segundo debate a esta
iniciativa del gobierno Petro en la plenaria de la Cámara de
Representantes podría comenzar el 17 de septiembre.
Las primeras manifestaciones contra la polémica propuesta, que el pasado
18 de julio pasó su primera prueba en la Comisión Séptima, vino de la
Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas), que aseguró que el texto
del Ejecutivo se centra en el trabajo dependiente y sindicalizado, sin
considerar empleos independientes y formalidad, que hoy en día
constituyen el grueso del mercado laboral colombiano.
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) también cuestionó el
articulado, por cuanto no soluciona la informalidad en el campo, mucho
menos resuelve las principales necesidades del sector agrícola.
En la misma tónica se pronunció la ANDI, a través de un documento que
conoció este diario. Bruce Mac Master, presidente de la organización,
aseguró que cualquier reforma laboral debe tomar en cuenta el empleo
como prioridad.
Ante los duros cuestionamientos surgidos previo al inicio del segundo
debate del proyecto, se analizó junto con expertos en materia laboral
las implicaciones de esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de la
ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y, por supuesto, de la
bancada del Pacto Histórico en el Congreso.
Sobre el tema, el especialista en derecho laboral Charles Chapman
aseguró que la reforma laboral de Gustavo Petro tiene un enfoque
desafortunado.
“En un momento de crisis
como el que vivimos hoy, ocasionado por erradas políticas públicas de
este Gobierno, lo que se quiere es reactivar. Y una reforma que
incrementa costos cuando estamos ante la peor catástrofe de mortalidad
empresarial en
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Colombia, obviamente tiene un enfoque desafortunado”,
aseguró Chapman, quien ayudó al Partido Conservador al desarrollo de una
versión propia de esta iniciativa, la cual reposa en el Congreso desde
finales de 2023.
Manifestó que indiscutiblemente la reforma del Gobierno es
inconveniente, ya que, además, la “mortalidad empresarial” a la que hizo
referencia va acompañada con la destrucción del empleo.
“Con eso, por supuesto, también muchas empresas no resistirán y se
liquidarán. En el mejor de los casos, entre comillas, les tocará pasar a
la informalidad. Digo entre comillas porque la informalidad no es lo
deseado. Lo peor que pasaría sería liquidar, pero en el mejor de los
casos es pasar a la informalidad”, apuntó.
Para el experto en derecho
laboral, la reforma del gobierno Petro tampoco incentiva nuevos empleos,
ni siquiera fomentará la inversión extranjera o la conformación de
nuevas empresas en Colombia: “La misma ministra ha confesado que no
genera empleo. Esa reforma no va a generar empleo”.
Además, consultado sobre la posibilidad de que la iniciativa esté
adecuada al mercado laboral, Chapman fue tajante al contestar: “No, para
nada. Todo lo contrario. Hay cosas tan ilógicas como que se crea una
carga para las empresas cuando hacen cambios tecnológicos. En vez de
estar impulsándolas, generan más obligaciones para las compañías cuando
hacen cambios tecnológicos. Entonces, eso no tiene sentido. Parece que
quisieran llevar a Colombia más atrás de la Cuarta Revolución
Industrial”, afirmó.
“La veo innecesaria”
Esta reforma es, para la directora del Observatorio Laboral de la
Universidad Javeriana, Juliana Morad, innecesaria.
“La veo innecesaria. En este
momento del país, creo que tenemos que volcar energías en reactivar, en
movilizar productividad empresarial; estar pensando en políticas de
transformación energética, de retorno laboral a la formación educativa,
que no necesitan reformas legislativas, sino simple voluntad política”,
respondió la docente.
Morad asegura que este proyecto necesita adecuarse al mercado laboral
actual. “Creo que el espíritu con el que comenzó era desacertado. Se han
recortado muchos puntos de ese articulado. Aun así, siguen viéndose
cambios muy puntuales de demandas de grupos pequeños que siguen siendo
grupos privilegiados. Está totalmente descoordinada con las necesidades
de país”, indicó.
La apuesta del Gobierno en el Congreso es, a su juicio, inútil en el
propósito de favorecer y fortalecer las empresas.
“No ha sido el enfoque, no hacen estudios a profundidad sobre la
necesidad de fortalecer el gran empresariado colombiano”, aseguró Morad,
quien también afirmó que la reforma “es desajustada con las otras
apuestas que el Gobierno ha mostrado en economía popular. Y no solo
desajustado, sino que incluso puede tener un impacto muy difícil en la
mediana y la pequeña empresa con los antecedentes graves que ya venimos
viviendo, relacionados con la subida del salario mínimo en el último
periodo de Iván Duque, y las subidas del salario mínimo tan grandes que
ha tenido el gobierno Petro, que finalmente en lo que se traducen es en
ampliar la brecha entre los pocos afortunados que pueden ganar un mínimo
y el resto de la población”.
Tampoco cree que fomente el empleo y sea atractiva para la inversión
privada. Pero hay un elemento que considera imprescindible y que no es
considerado por la iniciativa, que es que no incentiva la participación
laboral.
“Nosotros en el Observatorio Laboral hicimos un estudio,
junto con el Observatorio Fiscal. Nos dimos cuenta de que el empleo ha
fluctuado, pero no drásticamente, en los últimos 10 años. La formalidad,
por su parte, ha crecido de una manera importante, gracias a unas
reformas que han disminuido cargas”, informó.
Pero agregó: “Lo que nos preocupa, sin embargo, es que se ha
incrementado la no participación laboral; es decir, las personas que no
buscan trabajo, en donde, por supuesto, está el gran universo de los
jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, creo que también la
invitación es que dejemos de pensar solo en empleo, ya que las
necesidades del mercado laboral nos están mostrando otras
particularidades, como la no participación laboral de los jóvenes y la
no participación laboral de las mujeres”.
Radican proyecto para reducir multas de
tránsito
Un proyecto de ley con el
que se busca reducir a la mitad las multas de tránsito fue consignado
ante el Congreso por el senador Álex Flórez.
Según el legislador, la intención es disminuir la desproporcionalidad
que existe entre las sanciones y los ingresos de los ciudadanos de este
país.
Destacó que los principales beneficiados con la iniciativa son las
personas de más bajos recursos, sobre todo quienes dependen de sus
vehículos para ganarse la vida.
“Mientras que, en otros países, las sanciones equivalen al 20% del
ingreso económico de la persona, en Colombia las multas alcanzan entre
el 50% y 100% del salario mínimo, lo cual es desproporcionado y genera
afectaciones gravosas que no tienen que ver con el propósito de una
sanción que lo que busca es mejorar el comportamiento y reformar la
conducta de quien comete una falta”, indicó el senador.
El senador también aseguró que no serán modificadas aquellas sanciones
para personas que son capturadas conduciendo bajo los efectos del
alcohol u otras sustancias. “Mucho menos serán reducidas por este
proyecto”, informó Flórez.
También afirmó que países como Finlandia, Suiza, Suecia, Dinamarca y
Reino Unido optaron por cambiar el sistema de multas. Según el
parlamentario, en esos países de Europa, fueron sustituidos por unos en
los que las rentas de los infractores se consideran a la hora de fijar
una determinada sanción.
“El país requiere que haya multas y sanciones administrativas
proporcionales a la renta de las personas; por lo tanto, se requiere
modificar el actual sistema por uno más justo y funcional”, indicó.
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