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Thomas Greg & Sons asesorará la
expedición de pasaportes
Luego de que finalizará la mesa de diálogo establecida entre
Thomas Greg & Sons y la Cancillería de Colombia, se dio a
conocer que la firma continuará realizando los pasaportes, pero
esta vez, en calidad de asesor del Gobierno Nacional, debido al
nuevo modelo que ha instaurado el ejecutivo.
" (...) Mediante la posibilidad de que Thomas Greg asesore al
Gobierno en la implementación del nuevo modelo y en ese
asesoramiento el que va a asumir el nuevo modelo se integre a
esa forma, Thomas Greg le dirá cómo y entonces ese nuevo
operador, que puede ser un órgano internacional, entrará a ser
la operación", afirmó Ramiro Escandón, procurador delegado para
la conciliación administrativa.
La noticia se dio a conocer luego de que durante este martes se
llevará a cabo una reunión entre la Procuraduría General de la
Nación, la firma Thomas Greg & Sons y la cancillería que tenía
como propósito discutir la licitación de los pasaportes que se
ha convertido en una problemática constante para el Gobierno
actual desde la decisión de implementar un nuevo modelo tras la
finalización del contrato con la empresa mexicana el próximo 2
de octubre.
El pasado jueves, 22 de agosto, se dio a conocer que la
Cancillería habría realizado acercamientos a la firma para
discutir la demanda interpuesta contra el Estado por el presunto
incumplimiento del contrato pasado.
Inspección en la sede de la Cancillería
El pasado 26 de agosto, la Procuraduría General de la Nación
llevó a cabo una inspección en la sede de la Cancillería ubicada
en el centro de Bogotá para examinar el proceso de agendamiento
de las citas para la expedición de pasaportes en el país, debido
a la falla constante en el sistema que hacía que los
agendamientos solo pudieran hacerse entre las 5 y las 5:05 de la
tarde todos los días.
Admiten otra demanda
contra elección de Carlos Rodríguez como contralor
El Consejo de Estado aceptó examinar una
petición que solicita la anulación de la designación de Carlos
Hernán Rodríguez como contralor general.
Esto genera un nuevo capítulo en la controversia que rodea su
nombramiento. Según el autor de la demanda, Eduardo Padilla, "la
norma en cuestión dispone que no puede ser elegido como
contralor general de la República quien se hubiera desempeñado
como gestor fiscal del orden nacional en el año inmediatamente
anterior a la elección".
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La demanda
argumenta que la elección de Rodríguez, quien fue nombrado antes de que
transcurriera el año requerido, podría ser considerada ilegítima.
“Elegido sino un año después de
haber cesado en el ejercicio de sus funciones, lo que implicaba que el
demandado solo podría haber asumido nuevamente el cargo después del 16
de junio de 2024, ya que sus últimos actos como gestor fiscal y
contralor general en propiedad se dieron el 15 de junio de 2023" .
Además, el documento legal señala que "se surtieron al menos cuatro
etapas sin que se aplicaran las reglas generales y obligatorias de la
convocatoria, a saber: (i) elección de las comisiones accidentales de la
Cámara de Representantes y del Senado de la República; (ii) audiencia
pública del 27 de mayo de 2024 ante las comisiones occidentales". Este
aspecto resalta la falta de adherencia a los procedimientos
establecidos.
La situación es particularmente delicada, ya que Rodríguez ha ocupado el
cargo en dos ocasiones anteriores y su regreso al mismo ha sido objeto
de críticas y cuestionamientos legales. La decisión del Consejo de
Estado de admitir esta nueva demanda pone en tela de juicio la
estabilidad de su mandato.
Ley de Víctimas presenta atrasos
en su implementación: Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la
Contraloría General de la República rebelaron a través del Informe sobre
la Ley de Víctimas, un retaso en la implementación de la ruta de
atención y los planes de reparación colectiva. A pesar de que hay
9.737.008 víctimas registradas, los recursos para su asistencia y
reparación son insuficientes, especialmente en áreas críticas como
vivienda, salud y educación.
Desde la entrada en vigor de la Ley 1448 en 2011, solo el 14% de las
víctimas han sido indemnizadas, lo que resalta la necesidad de $303,9
billones para cumplir con las medidas de atención entre 2024 y 2031.
El informe también resalta un aumento en los eventos de confinamiento,
especialmente en departamentos como Chocó y Nariño, donde las
comunidades enfrentan control territorial y extorsión. Se identifican
como prioritarios los departamentos de Nariño, Valle del Cauca,
Antioquia, Norte de Santander y Cauca, que requieren atención urgente
debido a la persistencia del conflicto armado. La Comisión subraya la
importancia de que la Unidad para la Atención y Reparación Integral de
las Víctimas (UARIV) priorice estos territorios para garantizar la
entrega oportuna de asistencia humanitaria.
En cuanto a la vivienda, más del 77% de las víctimas enfrentan déficit
habitacional, y la participación de estas en subsidios ha disminuido
drásticamente. Entre 2012 y 2024, se han entregado solo el 12% de los
subsidios urbanos asignados. Además, el informe alerta sobre las
falencias en la restitución de tierras, con demoras significativas en
los trámites y un incumplimiento de las sentencias.
La situación de las víctimas
en el exterior también es preocupante, con un subregistro que dificulta
su reconocimiento y atención. Se están realizando esfuerzos para
facilitar su declaración bajo la Ley 2343 de 2023.
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El reporte concluye que la pobreza extrema aumenta entre las víctimas,
con un 51,6% sin ingresos suficientes para alimentación y servicios
básicos. A pesar de que el 50,6% de los hogares víctimas accedieron a
programas de generación de ingresos, solo el 25,1% ha superado su
vulnerabilidad socioeconómica. Además, se identifican barreras
significativas en la protección de mujeres y personas LGBTIQ+, lo que
resalta la necesidad de aplicar un enfoque de género en las políticas de
atención y reparación.
Ley de Jurisdicción Agraria legaliza la
invasión de tierras: Valencia
Varias críticas ha recibido el proyecto de ley ordinaria que reglamenta
la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia tras su radicación en el
Congreso este martes. La senadora Paloma Valencia alertó que esta
iniciativa legaliza la invasión de tierras.
A través de un video, la parlamentaria señaló que este proyecto es el
más grave en lo que se refiere a la propiedad de la tierra y al derecho
agropecuario de Colombia.
"Con este proyecto que acaba la inversión en el campo colombiano. Todos
los que estén invirtiendo hoy van a sentir pánico porque el proyecto
legaliza la invasión", indicó Valencia.
La senadora también indicó que si el dueño de algún predio tiene un
invasor y dicha persona tiene un cultivo de pancoger "ya nadie, ni un
juez, lo va a poder sacar de la tierra".
Como segundo punto, la senadora afirma que la iniciativa gubernamental
"crea una especie de expropiación vía la propia jurisdicción, porque
dentro de los fines está la justicia y la equidad en la tenencia de la
tierra y los quieren extender con todo lo que tiene que ver con el
agro".
"Expropiación exprés"
Por su parte, la congresista Katherine Miranda también denunció que en
el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, el Gobierno incluyó un
'mico' que abre la puerta a la 'expropiación exprés'.
"El artículo 5º numeral 4º del proyecto de ley señala que serán sujetos
de expropiación todas las actividades que se alineen con la reforma
agraria y rural, ¿cuál es el racero que se usará para determinar que la
tierra tiene esas características? ¿Si alguien tiene una finca en un
terreno fértil, puede expropiarse?", indicó Miranda.
Asimismo, Miranda señala que "lo más grave está en el parágrafo 1º del
artículo 12. Allí se señala que los procedimientos especiales como los
de expropiación, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras, una
entidad administrativa, cuando hoy lo hace un Juez de la República"
Según el Gobierno, tiene como objetivo determinar las competencias de
los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, como los
relacionados con posesión y tenencia de la tierra, servidumbres
agrarias, deslinde y amojonamiento de predios agrarios y los que surjan
de las actividades de producción agrarias, entre otros.
Esta iniciativa se convierte en el primer proyecto de ley presentado por
el Gobierno durante el actual periodo legislativo y tendrá su primer
debate en la Comisión Primera del Senado.
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