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ONU suspende
operaciones de ayuda en Gaza debido a evacuaciones israelíes
Naciones Unidas ha decidido pausar gran parte de
sus operaciones humanitarias en la Franja de Gaza a causa de las
constantes órdenes de evacuación emitidas por Israel. Estas
órdenes han afectado gravemente los centros de asistencia que la
organización tiene en Deir Al-Balah, ubicado a 14 kilómetros al
sur de la ciudad de Gaza. A pesar de que inicialmente se informó
sobre la suspensión completa de las actividades, Stéphanie
Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António
Guterres, aclaró que la asistencia continúa de manera limitada y
"en conjunto" con la población local.
El desplazamiento forzoso impuesto por Israel ha obligado a la
ONU a reorganizar su operativo humanitario, ya que su principal
sede en la región se encuentra en Deir Al-Balah. Dujarric señaló
que, al igual que los residentes locales, el personal
humanitario también se ve obligado a moverse. "Si los
trabajadores humanitarios están integrados con la población de
una zona específica, pueden continuar operando y distribuyendo
ayuda", explicó. No obstante, lamentó que la situación en Gaza
es tan crítica que la asistencia ofrecida es "una mitad de una
gota en un barril".
La ONU cuenta con 15 instalaciones y cuatro almacenes en Deir
Al-Balah, una zona que ahora está bajo las nuevas órdenes de
evacuación israelíes. Sam Rose, subdirector de campo de la
agencia de la ONU para territorios palestinos (UNRWA), confirmó
que a pesar de las dificultades, "los servicios sanitarios
continúan en ocho o nueve centros de atención primaria y en 90
puntos de salud".
Rose destacó el deterioro de la situación en Gaza, mencionando
que en las últimas semanas se han incrementado las órdenes de
evacuación, lo que ha reducido la superficie habitable a solo un
11% del territorio. "Cientos de miles de personas se han visto
desplazadas nuevamente", lamentó, y advirtió que la capacidad
del sistema humanitario para operar en Gaza es cada vez más
limitada. Uno de los lugares más afectados es el hospital de Al
Aqsa, en el centro de Gaza, que se encuentra sobrecargado por la
afluencia de pacientes y desplazados que buscan refugio.
Además, las evacuaciones han interrumpido una importante
operación de la ONU para vacunar a más de 600.000 niños ante el
riesgo de propagación del virus de la polio, detectado
recientemente en el enclave tras 25 años sin casos. Louise
Wateridge, oficial de la UNRWA, describió la situación en Gaza
como "catastrófica".
La UNRWA ha denunciado la falta de lugares seguros para llevar a
cabo sus operaciones, a pesar de compartir las coordenadas de
sus actividades con las autoridades israelíes. Desde el inicio
del conflicto en octubre, 207 miembros del personal de la UNRWA
han fallecido en bombardeos israelíes. En casi 11 meses de
guerra, más de 40.000 palestinos han muerto, en su mayoría
mujeres y niños, y el 90% de la población ha sido desplazada.
Boric reafirma
su postura y califica de "dictadura" al régimen de Venezuela
El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha
reafirmado su postura crítica hacia el gobierno de Venezuela,
calificándolo abiertamente como una "dictadura" y rechazando la
posibilidad de repetir las elecciones en ese país, tal como han
propuesto Brasil y Colombia. Esta declaración sitúa a Boric en
una de las posturas más firmes en América Latina contra el
régimen de Nicolás Maduro, alineándose con líderes como Javier
Milei de Argentina.
Por un momento, se pensó que Boric podría haber
apoyado la propuesta de repetir las elecciones en Venezuela,
pero rápidamente quedó claro que el mandatario chileno sigue
considerando que las elecciones en ese país
fueron fraudulentas. "No nos
corresponde a nosotros como país
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proclamar ganadores de elecciones, pero sí valorar
elecciones, y en este caso estamos ante una elección fraudulenta",
afirmó el ministro de Exteriores chileno, Alberto van Klaveren.
Van Klaveren había generado dudas días antes al calificar de
"interesantes" los esfuerzos de mediación de los presidentes Luiz Inácio
Lula da Silva y Gustavo Petro, quienes promueven la repetición de las
elecciones en Venezuela. Sin embargo, Boric despejó cualquier duda
durante una extensa entrevista televisiva en la que criticó duramente a
Maduro y reiteró que Chile se mantiene firme en su postura de no
reconocer el resultado de unas elecciones que considera fraudulentas.
Chile se encuentra entre un grupo de 11 países, incluyendo Argentina,
Estados Unidos, Ecuador, Perú y Uruguay, que también han calificado las
elecciones en Venezuela como fraudulentas. Este grupo adopta una postura
más dura en comparación con Brasil y Colombia, que prefieren la
mediación y han sugerido la posibilidad de repetir los comicios.
La postura de Boric ha generado tensiones dentro de su propio gobierno,
especialmente con el Partido Comunista (PC), que forma parte de su
coalición y tiene dos ministros en el gabinete. A pesar de las
diferencias ideológicas, la ministra portavoz, Camila Vallejo,
integrante del PC, respaldó las declaraciones de Boric, afirmando que
"el presidente y el canciller fijan la política exterior del país" y que
apoya cada una de las decisiones que tome el gobierno en este ámbito.
Con aproximadamente 800.000 venezolanos viviendo en Chile, el futuro de
Venezuela es también un tema de política interna. Boric, consciente de
la importancia de este asunto, continúa su enfoque firme y paciente, a
pesar de las críticas de algunos sectores que lo acusan de alinearse con
la extrema derecha mundial. Chile, junto con los otros 10 firmantes de
la declaración de condena a Caracas, planea seguir ejerciendo presión
diplomática sobre el gobierno de Maduro, incluyendo la convocatoria a
una reunión antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Violencia en Mato Grosso
do Sul: La lucha ancestral de los Guaraní Kaiowá por sus tierras
La comunidad indígena Guaraní Kaiowá en Brasil enfrenta
una escalada de violencia que amenaza su existencia y su conexión
ancestral con la tierra. La reciente oleada de ataques comenzó el 14 de
julio, cuando un grupo de indígenas intentó recuperar una propiedad en
Douradina, Mato Grosso do Sul, que consideran suya por derecho
histórico. En respuesta, un grupo armado identificado como "productores
rurales" utilizó bombas y fuegos artificiales para expulsarlos, hiriendo
a un indígena en la pierna.
La situación empeoró el 3 de agosto cuando, nuevamente, los Guaraní
Kaiowá fueron brutalmente atacados por hombres armados en camionetas y
tractores, dejando al menos 10 heridos, incluidos una anciana y dos
adolescentes. Dos de los heridos se encuentran en estado grave tras
recibir disparos en la cabeza y el cuello. La presencia de la Fuerza
Nacional en la región no logró detener las agresiones.
Este conflicto no es nuevo; se remonta a principios del siglo pasado
cuando, tras la Guerra del Paraguay, Brasil colonizó la región,
expulsando a los Guaraní Kaiowá de sus tierras ancestrales. Hoy, Mato
Grosso do Sul es el estado con la mayor concentración agraria del país,
donde el 92% del territorio está en manos privadas, dedicadas
principalmente a la monocultura de soja, caña de azúcar y maíz.
El concepto de "tekoha", o lugar de vida y espiritualidad para los
Guaraní Kaiowá, es central en su cosmovisión. Para ellos, la tierra no
es solo una unidad productiva, sino un espacio sagrado que garantiza su
tradición y espiritualidad. Este apego a la tierra ha llevado a la
comunidad a enfrentarse a poderosos intereses económicos en la región.
La violencia contra los Guaraní Kaiowá ha sido constante en la última
década, con episodios trágicos como el asesinato del líder Simão
Vilhalva en 2015 y la muerte de Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza en
2016. A pesar de los arrestos de algunos responsables, las agresiones
continúan, exacerbadas por la aprobación de leyes que dificultan la
recuperación de tierras por parte de los indígenas.
La reciente visita de la ministra de los
Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, a la región a inicios de agosto
subraya la preocupación del gobierno por la violencia, aunque muchos
líderes indígenas exigen
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más compromiso por parte del presidente
Luiz Inácio Lula da Silva en la demarcación de territorios indígenas.
Desde su retorno al poder, Lula ha ratificado la demarcación de ocho
tierras indígenas, pero estas medidas se consideran insuficientes para
resolver el conflicto.
La situación se complica con la aprobación del "Marco
Temporal", una ley que restringe los derechos de los pueblos indígenas a
las tierras que ocupaban en 1988, cuando se promulgó la Constitución.
Esta ley, impulsada por los ruralistas, ha sido criticada como una
amenaza para los derechos indígenas, y su implementación ha sido
suspendida por el Supremo Tribunal Federal, que busca una solución
definitiva.
En medio de la creciente violencia, el gobierno de Lula
ha propuesto la compra de tierras para entregarlas a los Guaraní Kaiowá
como una forma de reparación. Sin embargo, esta iniciativa aún no ha
producido resultados concretos, y la comunidad indígena sigue
enfrentando hostilidad y exclusión en sus propias tierras.
La lucha de los Guaraní Kaiowá es un reflejo de un conflicto más amplio
en Brasil, donde la demarcación de tierras indígenas enfrenta la
resistencia de poderosos intereses económicos y políticos. Mientras
tanto, la comunidad indígena sigue exigiendo justicia y el
reconocimiento de su derecho a vivir en paz en las tierras que han
habitado durante generaciones.
Biden condena la
suspensión de programa migratorio para cónyuges de estadounidenses
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó
enérgicamente la decisión de un juez federal de Texas de suspender
temporalmente su programa "Keeping Families Together", diseñado para
regularizar el estatus legal de los cónyuges de ciudadanos
estadounidenses. El programa, que apenas había abierto sus inscripciones
el pasado 19 de agosto, podría haber beneficiado a unos 500,000
inmigrantes y a sus familias.
En un comunicado emitido por la Casa Blanca, Biden expresó su
descontento con el fallo del juez J. Campbell Barker, calificándolo de
"incorrecto". El presidente subrayó la importancia de mantener a las
familias unidas y reiteró su compromiso de luchar por una reforma
migratoria que permita una frontera segura y un sistema más justo. "Las
familias no deberían ser separadas innecesariamente; deberían poder
permanecer juntas", afirmó Biden en sus redes sociales.
La suspensión temporal, que durará al menos dos semanas, fue ordenada
después de que 16 estados, liderados por fiscales generales
republicanos, presentaran una demanda contra el programa. Los estados
argumentan que la administración Biden está eludiendo al Congreso con
fines políticos y que la iniciativa incrementaría los costos estatales
en áreas como asistencia sanitaria y aplicación de la ley.
El juez Barker, nombrado por el expresidente Donald Trump en 2019,
explicó que las reclamaciones presentadas son "sustanciales" y
justifican una revisión más detallada del caso. Barker ha establecido un
calendario que podría llevar a una decisión final poco antes de las
elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Ambas partes tienen
hasta el 10 de octubre para presentar sus alegaciones.
El programa "Keeping Families Together" ofrecía a los cónyuges de
ciudadanos estadounidenses, que cumplen ciertos criterios, una vía para
obtener la ciudadanía sin tener que abandonar el país. Anteriormente, el
proceso de regularización podía requerir que los inmigrantes regresaran
a su país de origen durante años, lo que frecuentemente resultaba en la
separación prolongada de las familias.
Jessica Cisneros, abogada de la organización de defensa Texas
Immigration Law Council, calificó la suspensión como "devastadora" para
miles de familias en Texas que esperaban beneficiarse del programa.
Karen Tumlin, fundadora de Justice Action Center, advirtió que Texas no
debería tener el poder de decidir el destino de tantas personas sin
considerar su impacto humano.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la decisión del
tribunal, afirmando que es solo "el primer paso" en la lucha por
preservar el Estado de Derecho. A pesar de la incertidumbre, la
administración Biden sigue comprometida con la defensa de este programa,
considerado vital en un año electoral marcado por el debate sobre la
migración.
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