cerrar el campo de producción Caño Sur, en Puerto Gaitán, departamento del Meta, debido a que se alcanzó la capacidad máxima de almacenamiento de crudo y ante la imposibilidad de evacuar el hidrocarburo vía terrestre, como consecuencia de los bloqueos en la zona. Con el apagado del campo se dejan de producir 45 mil barriles de petróleo por día.

En las próximas horas, por esta misma situación, quedarán apagados los campos Llanos Norte, (Arauca) y Tisquirama, San Roque y Aullador, ubicados en el Magdalena Medio, así como el Clúster 25-Nueva Esperanza (Meta).

Adicionalmente, se presentan dificultades porque no ha sido posible evacuar los altos inventarios de GLP que se acumulan en los campos Cusiana y Cupiagua, en Casanare, que necesariamente deben transportarse por tierra en vehículos cisterna, hasta los puntos de entrega.

Con el aumento de los bloqueos, los recientes atentados terroristas contra el oleoducto Caño Limón Coveñas y Bicentenario, que ya suman 15, y la toma de la planta de gas Gibraltar, se hacen más complejas las condiciones de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos, lo cual plantea serias dificultades para la entrega de combustibles y su llegada a los puntos de distribución y venta.

Pese a la situación, el plan de contingencia de Ecopetrol ha hecho posible que la empresa siga cumpliendo, como es su prioridad, con el suministro de gas y petróleo, y que las refinerías mantengan la producción de combustibles bajo las condiciones operativas programadas. Dicha situación puede variar, de prolongarse los bloqueos y las alteraciones de orden público.

Levantar orden de arresto contra su líder pide Segunda Marquetalia

Una de las facciones disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, la Segunda Marquetalia, exigió durante una entrevista con la AFP que se levante la orden de captura contra su histórico líder, para destrabar las negociaciones de paz con el gobierno colombiano.

El proceso "no ha avanzado nada", dice el número dos y jefe negociador de la organización, Walter Mendoza, durante una entrevista exclusiva en una zona rural del departamento de Nariño, en el conflictivo suroeste de Colombia.

"Estamos totalmente dispuestos para que este proceso avance", dice Mendoza, rodeado por hombres armados, campos de coca hasta donde alcanza la vista y laboratorios para pasta base de cocaína, en las proximidades de las localidades de Llorente y Zabaleta, bastiones del grupo.

El problema es que, desde el gobierno, "no han hecho absolutamente nada" de lo que se decidió en Caracas, acusa Mendoza, de 67 años, figura histórica de las FARC con "casi 46 años" en la selva.

Las conversaciones entre el gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro y la Segunda Marquetalia comenzaron a finales de junio en la vecina Venezuela, base de retaguardia de los rebeldes.

La Segunda Marquetalia aceptó entonces un alto el fuego unilateral, y las dos partes acordaron una reunión antes del 20 de julio en Nariño, que finalmente no tuvo lugar.
"Nosotros no estamos opuestos a que el
 

gobierno monte mesas con los grupos armados. El problema es que va a ser muy difícil", advierte Mendoza.

La reunión del 20 de julio fue anulada por el gobierno departamental, "con el pretexto de que no habíamos dado ningún dato de contacto (...), lo que es completamente falso, no nos dijeron nada", dice el principal negociador de esta guerrilla.

Uno de los temas que lo inquieta es la "georreferenciación" de los territorios bajo su control.

La delimitación de las zonas rebeldes, "no se puede hacer de la noche a la mañana", explica.

"No vamos a aceptar (...) unos corrales" como sitio de concentración durante los diálogos, añade.

La Segunda Marquetalia está presente en doce regiones del país y aunque dicen que son 1.700 o 2.000, ese es apenas el número de comandantes, bromea Mendoza, con algunas canas y una kufiya al cuello.

La Segunda Marquetalia es el segundo grupo disidente más importante de las antiguas FARC, después del Estado Mayor Central (EMC).

Protección laboral a parejas de mujeres embarazadas pide Procuraduría

En un concepto que busca la protección del núcleo familiar y los derechos de la mujer gestante, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, solicitó ampliar la cobertura del fuero de paternidad (Ley 2141 de 2021), para que los empleados cuya pareja o cónyuge esté embarazada no puedan ser despedidos a pesar de que ellas cuenten con un trabajo estable.

Así lo pidió la jefe del Ministerio Público a la Corte Constitucional, al indicar que la exigencia contemplada actualmente en la ley, que limita esa protección a casos donde la mujer se encuentre desempleada, es una medida desproporcionada y regresiva en relación con la protección de la familia, los derechos de la mujer gestante y el interés superior de los niños.

Indicó que dicho requisito desampara a las familias en las que los ingresos de subsistencia no solo dependen del trabajo del hombre cuya pareja está embarazada, sino del empleo de ambos miembros del núcleo familiar.

Advirtió que la aplicación de la referida protección solo cuando la pareja no tenga un empleo formal “condiciona materialmente la vinculación y estabilidad laboral de la mujer gestante, pues su permanencia en el trabajo impide que su pareja se beneficie del fuero de paternidad y, en consecuencia, se garantice cierta estabilidad laboral y económica de la familia”.

Señaló que la norma es regresiva, en tanto introduce un requisito adicional para la aplicación del fuero de paternidad, el cual no era requerido previamente en los términos de la Sentencia C-005 de 2017 de la Corte Constitucional, que habla de la estabilidad reforzada de la pareja de las mujeres embarazadas.

Por esas razones, la Procuradora General pidió declarar inexequible el aparte de la Ley 2141 de 2021 que exige que la mujer no tenga trabajo formal para que pueda operar el fuero de paternidad (art. 1, numeral 5) y, con ello, “se optimice la protección de la familia, los derechos de la mujer gestante y el interés superior de los niños”.