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Otra vez, Petro arremete contra
Consejo Nacional Electoral
La respaldada
competencia que tiene el Consejo Nacional Electoral para
investigar presunta violación de los topes de financiación en la
campaña de Gustavo Petro fue, de nuevo, cuestionada por el
mandatario, insistiendo en su teoría de que “se está gestando un
golpe de Estado”.
Como se sabe, hace
una semana la Sala de Consulta Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado determinó que el CNE si puede realizar dicha
investigación, dirimiendo un presunto conflicto de competencia
con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Ante ello y a través
de su habitual medio de comunicación, el presidente Petro
escribió este sábado en la red social X: “No acepto que a través
de un documento de una sala de consulta del consejo de estado
que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya
despojado del fuero integral constitucional que me protege”.
Insiste, a renglón seguido, que “La Constitución no permite que
una instancia puramente administrativa y política como el
consejo electoral, prepare el camino para suspender al
presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre
la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a
la elección. Cada paso dado contra el presidente en el consejo
electoral construye un golpe de estado”.
Y finaliza su pronunciamiento señalando: “¿Se quejan de
Venezuela? en Colombia avanza un golpe de estado contra el
presidente”.
Vale recordar que el pronunciamiento del Consejo de Estado
refrendó, también, que es competencia del Congreso, a través de
la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para
sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento
en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al
desarrollo de una actuación de esa naturaleza.
La Sala explicó que el CNE tiene la facultad de imponer las
sanciones administrativas a las que haya lugar contra el ganador
de la campaña a la Presidencia, en caso de comprobar
irregularidades previstas en la ley, excepto la de una eventual
pérdida del cargo. En ese caso, la competencia recae
exclusivamente en el Congreso de la República, conforme lo
exigen los juicios por indignidad política, precisó.
“La decisión del presente conflicto de competencias
administrativas en manera alguna afecta las competencias
específicas que, por mandato constitucional, en materia penal y
disciplinaria de altos servidores del Estado, corresponden al
resorte privativo de la Comisión de Investigación y Acusación de
la Cámara de Representantes”, concluyó la providencia emanada el
pasado 23 de agosto.
Reacciones encontradas tras
acuerdo que levantó paro camionero
Con alivio recibió
el país el acuerdo que en la madrugada del pasado viernes
permitió levantar el paro camionero, que se alcanzó a extender
por cuatro días y ya generaba desabastecimiento de alimentos y
combustibles en algunas ciudades.
El presidente Petro señaló que esta protesta se solucionó “de la
mejor manera”, Así como el Gobierno sostiene que es el punto de
partida para establecer la hoja de ruta para la nivelación del
precio del ACPM que permita cerrar el déficit del Fondo de
Estabilización de Precios de los Combustibles. Sin embargo,
algunos sectores criticaron los términos en que se dio la
solución.
El exministro de
Hacienda Juan Camilo Restrepo indicó en la red X que “el
levantamiento del paro camionero no es un triunfo para nadie. El
Gobierno, al tener la flexibilidad de reconocer que había que
negociar una fórmula como la que se anunció, le evitó al país
incalculables perjuicios que, aunque empezaron a darse, hubieran
sido catastróficos en un escenario de paro prolongado. Los
camioneros quedaron mal al mostrarse insensibles ante las
dificultades que les causaron a personas que nada tenían que ver
con el conflicto”.
Restrepo Salazar consideró que “el problema fiscal que genera el
subsidio del diésel subsiste, aunque levemente atenuado. Ojalá
que los encuentros que se anuncian para buscar salidas más
estructurales a la problemática del transporte carretero
conduzcan a resultados concretos”.
Mientras que el presidente de la Sociedad de Agricultores de
Colombia (SAC), Jorge Bedoya, reaccionó a este acuerdo señalando
que “queda probado que el chantaje, la violación de los derechos
de los demás y el daño económico y social, fácilmente quedan en
la impunidad. Nadie responderá por los daños a nuestros
productores y al resto de los ciudadanos. Y tampoco responderán
ante la justicia”.
A su turno, el
exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas dijo que “levantar el
paro camionero es un triunfo para el país, pero no para el
Gobierno”. Añadió que “le queda un problema que cuesta $10
billones al año, cuando no hay plata. Se compromete a una ley
para cambiar la fórmula del precio de la gasolina y el ACPM, lo
cual será un problema adicional. Vuelve la política del uno a
uno, ahora extendida a volquetas”.
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Agregó Cárdenas que “quedó
clara la falta de estrategia del Gobierno, que acabó cediendo todo
cuando se vio contra las cuerdas. Vendrán más protestas”.
A su turno, el exsenador y dirigente del partido Dignidad y Compromiso,
Jorge Robledo, dijo que “notable triunfo de los transportadores y de los
colombianos opuestos a la intransigencia neoliberal de Gustavo Petro,
siguiendo al FMI, de cobrarnos el ACPM al precio de EE.UU.
Importante derrota de Petro,
porque el ACPM lo pagan los paupérrimos, los pobres y las clases medias,
y sus precios muy altos también le hacen daño a la industria, al agro y
a toda la economía, haciendo menos competitivo al país frente a las
importaciones”.
El incremento
El paro camionero en todo el país estalló el pasado lunes, en protesta
por el incremento que hizo el Gobierno nacional de $1.904 este mes en el
galón del diésel y que seguiría subiendo en lo que resta de este año y
el 2025 hasta llegar a $6.000 de alza.
El Gobierno por el paro convocó una mesa de diálogo con los
transportistas en donde bajó sus pretensiones. Primero propuso congelar
los aumentos del año 2025, es decir, que se dejaba el aumento solo en
$1.904 y que no se volvería a aumentar hasta tanto no se tomaran
decisiones de carácter estructural que mejoren las condiciones de vida
del camionero pequeño.
Luego el Ejecutivo planteó bajar el ajuste del diésel a $800 y que no se
hagan efectivos de manera inmediata, sino en cuatro meses, hasta
diciembre de este año.
Sin embargo, el Gobierno acordó con los representantes de los camioneros
que se modificará la resolución vigente expedida por los Ministerios de
Minas y Energía, y Hacienda y Crédito Público con el fin de determinar
que el incremento en el costo del galón de ACPM sea de $800.
El alza se dará en dos momentos, el primero en $400, que regirá a partir
de la modificación de la resolución, y otro también de $400 que se
implementará el próximo 1° de diciembre.
Asimismo, en el acuerdo se establece suspender las alzas de combustible
tipo diésel - ACPM posteriores a las ya mencionadas, “en tanto no se
logren las transformaciones estructurales en las relaciones económicas
en el transporte de carga y en la modalidad del servicio especial y de
pasajeros que recojan las problemáticas descritas en las mesas
adelantadas en la negociación contenida en esta acta y que se encuentran
consignadas en las grabaciones de las mesas realizadas”.
El presidente Petro dijo que “hemos resuelto más rápido de lo que
pensaban y de la mejor manera el paro camionero. Felicitaciones a los
pequeños camioneros que supieron poner como prioridad su agenda de
reivindicación y no agendas extrañas. Les cumpliremos. Felicitaciones a
la ciudadanía, que tuvo la paciencia y no pasó a confrontaciones en el
seno del pueblo mismo. Felicitaciones a la Fuerza Pública, que actuó con
prudencia democrática”.
Otros aspectos del acuerdo
- Convocar dentro de los próximos ocho días las mesas técnicas para
estructurar el Sistema de Costos Eficientes (SICE-TAC) para otros
prestadores del servicio público de transporte de carga: volquetas,
líquidos, carga liviana, refrigerados, grúas y niñeras.
- El Ministerio de Trabajo llevará al proyecto de reforma laboral un
artículo especial para el sector transportador, que recoja las
necesidades planteadas por los representantes de los conductores.
- La Superintendencia de Transporte fortalecerá la capacidad de control
del SICE- TAC y demás conductas que se constituyen en incumplimiento de
las normas que regulan las relaciones económicas del sector transporte
de carga.
- Revisar y modificar la política de reposición vehicular, para
garantizar la reposición uno a uno, incluyendo volquetas y vehículos de
carga de dos ejes rígidos.
- Presentar al Congreso de la República el proyecto de Ley del Régimen
Sancionatorio del sector transporte.
- Solicitar ante las autoridades que corresponda el archivo de los
procesos penales y la cancelación de las sanciones administrativas y/o
contravencionales que se hayan impuesto con ocasión del ejercicio del
derecho legítimo a la protesta.
- Generar una mesa de trabajo con los ministerios de Hacienda y Minas y
Energía para analizar nuevamente la fórmula mediante la cual se fija el
precio del combustible, garantizando la participación de los gremios que
representan a las bases transportadoras.
"Están los votos para hundir reforma
tributaria del Gobierno": Cepeda
Una fuerte polémica se
desató entre el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el presidente de
la República, Gustavo Petro, por la ley de financiamiento que el
Gobierno nacional incluyó en la discusión del Presupuesto General para
la Nación para obtener $12 billones.
Luego de una reunión en la Casa de Nariño, tras una invitación de
Gustavo Petro al presidente del Senado, Cepeda advirtió que tiene los
votos necesarios para hundir la ley de financiamiento en las comisiones
económicas que discuten el monto del presupuesto para la Nación del
próximo año.
“¿Quién dijo que el Congreso tiene que aprobar una reforma tributaria
por $12 billones? ¿Para gravar a quién? Déjeme decirle que tengo los
votos necesarios para hundir esa reforma tributaria en las comisiones
económicas”.
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Sin embargo, el primer mandatario no guardó silencio y
explicó a través de la red social X que “si se reduce la inversión en 12
billones por decisión del Congreso, de inmediato viene el recorte que no
se hará en el gasto para los pobres. Reducir inversión solo trae como
consecuencia estancar la economía. Pero en mi gobierno los pobres no
pagarán la crisis. Recorten o no recorten la ley de presupuesto, la ley
de financiamiento o la reforma tributaria se presentará porque hay que
reactivar la economía".
Las alternativas que da el Congreso
Antes del 15 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso de la
República discutirán el monto del Presupuesto General de la Nación 2025.
En este sentido el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró:
“Presidente, el Congreso tampoco quiere que el recorte sea asumido por
las clases más vulnerables. Nada que los afecte más que un presupuesto
desfinanciado que desordene las finanzas públicas y termine afectando
todos los programas sociales. No podemos ser irresponsables”.
Posteriormente, el también senador del Partido Conservador agregó: “Le
propongo: más ejecución, menos burocracia, menos gastos improductivos y
más eficiencia en la planeación. El Congreso aprobó presupuestos que no
se ejecutaron. De nada sirve que el Congreso asigne recursos a los
ministerios que no llegan a los sectores vulnerables, ese es el peor de
los mundos”.
Cabe señalar que, en medio de las reuniones que desde el pasado 26 de
agosto han venido desarrollando las comisiones económicas del Congreso
con los ministerios y entidades nacionales, Efraín Cepeda ya había
advertido que “no pueden llevar al Congreso a dar un salto al vacío con
una ley de financiamiento que nadie conoce. En lugar de aprobar esos $12
billones, mejor hagamos una adición presupuestal en caso de ser
necesario, pero no cometamos el mismo error del año anterior cuando el
Gobierno tuvo que congelar $20 billones de la vigencia 2024 porque no
alcanzó el recaudo”.
A las comisiones económicas llegó una proposición del representante a la
Cámara Carlos Edward Osorio, quien explica al respecto: “El Gobierno
presentó un presupuesto al Marco Fiscal de Mediano Plazo por $403.5
billones; y para el presupuesto general contempló un gasto para 2025 por
$427.3 billones, lo cual evidencia una diferencia de $23.8 billones”,
así es como define el Congreso que el proyecto de presupuesto está
desfinanciado. La proposición entregada por el representante Osorio
contempla que se discuta el monto del presupuesto sin los $12 billones
de pesos, que será votada en los próximos días.
Conclusiones de la reunión
Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República, señaló luego del
encuentro con Gustavo Petro que “tuvimos la oportunidad de expresar la
importancia de que las ramas del poder público trabajen de manera
armónica, respetando las competencias de cada una. En ese sentido, el
Congreso ejercerá su competencia discutiendo leyes como la tributaria o
la de financiamiento con seriedad y pensando en los altos intereses del
país”.
Seguidamente, el conservador agregó: “Puse en alerta el recorte al
sector vivienda de casi un 40 %, afectando a un sector que ensambla a la
economía y genera una gran parte del empleo de este país. Insistí en que
deben salir adelante los proyectos de infraestructura de las regiones.
Debemos pensar en la prosperidad de cada territorio adelantando los
proyectos como el Canal del Dique y la doble calzada
Ciénaga-Barranquilla, así como otras preocupaciones.
Avanza proyecto que entregaría productos
menstruales en colegios
La Comisión de Gobierno del
Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo de
autoría del concejal Julián Sastoque que garantizará el acceso a
productos de higiene menstrual en los colegios públicos de la ciudad,
con prioridad en las zonas de menos recursos y la ruralidad.
“Bogotá va a hacer historia y le va a marcar la hoja de ruta al país en
materia de reconocer los derechos menstruales y la necesidad de avanzar
hacia la dignificación del cuidado menstrual en los colegios públicos”,
aseguró el concejal Sastoque, autor de la iniciativa.
Dentro de los elementos de cuidado menstrual que deberán ser entregados
estarán incluidos, entre otros, toallas higiénicas, tampones,
protectores íntimos, copas menstruales, ropa interior absorbente,
productos para la gestión del dolor menstrual, entre otros.
Adicionalmente, la Administración Distrital deberá realizar la revisión
periódica de las baterías sanitarias de las instituciones educativas
oficiales de la ciudad para que cumplan con estándares de accesibilidad,
higiene, privacidad, iluminación, acceso a agua potable, insumos para el
cambio y la limpieza de los elementos de cuidado menstrual.
La iniciativa también incluirá un componente pedagógico con el fin de
brindar a la comunidad educativa información integral sobre el ciclo
menstrual, los derechos menstruales y el cuidado menstrual. Esta
formación estará dirigida a estudiantes, docentes, directivos,
administrativos y padres de familia o cuidadores.
Adicionalmente se implementarán campañas de concientización y
sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general para eliminar los
mitos y estigmas en torno al ciclo menstrual, así como educar sobre los
derechos menstruales.
La iniciativa pasa a segundo debate en plenaria del Concejo para luego
convertirse en una norma de ciudad con la ratificación de la
Administración Distrital.
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