Global Witness destaca algunos avances en el gigante sudamericano, de la mano del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, como la reactivación de la financiación destinada a proteger la Amazonía y la instauración de la agencia de asuntos indígenas que desmanteló el exmandatario Jair Bolsonaro.

En tercer y cuarto lugar se ubican México y Honduras, que registraron cada uno 18 asesinatos de activistas en 2023, lo que supone un descenso para México (en comparación con las 31 de 2022) y un aumento para Honduras (desde las 14 de 2022), que es el país con la mayor tasa de homicidios de Centroamérica.

Global Witness señala que además de los asesinatos, en México también se ha producido un número considerable de desapariciones forzadas.

En el resto de la región, Nicaragua registró 10 asesinatos de activistas, Panamá, Guatemala y Perú 4 cada uno, Paraguay 2, Ecuador y Venezuela 1 cada uno.
En Asia, Filipinas encabeza la lista de países más peligrosos para los activistas, con 17 asesinatos en 2023.

En África, Global Witness registró 4 asesinados de activistas en 2023, pero la ONG advierte que es probable que la cifra esté muy por debajo de la realidad debido a las dificultades para acceder a la información.

En Europa y Norteamérica, los defensores del medioambiente también se enfrentan a situaciones cada vez más difíciles. La ONG destaca una "vigilancia severa" y "penas desproporcionadas" en la Unión Europea.

Procuraduría indaga sobre compra de software “Pegasus”

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa, en averiguación de responsables, de la Dirección de Inteligencia Policial por las presuntas irregularidades en la adquisición y funcionamiento del software de inteligencia “Pegasus”.

De acuerdo con la información publicada por los medios de comunicación el presidente Petro denunció la compra de este programa por parte de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), por USD 11 millones.

El ente de control solicitó a la a Unidad de Análisis Financiero de Colombia UIAF el informe entregado al presidente de la República y del que dio lectura en su alocución nacional el 5 de septiembre de 2024.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública también recaudará pruebas sobre en el proceso de contratación, realizado por la Dirección de Inteligencia Policial, el rubro utilizado para su adquisición e información sobre su funcionamiento.

Lupa de Fiscalía

Las investigaciones para conocer si las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre una presunta compra del programa espía “Pegasus” durante la Administración Duque continúan. Así lo informó la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
 

 
La jefa del ente acusador afirmó que sostuvo una reunión con el jefe de Estado, quien le habló sobre la compra de dicho software.
No obstante, la funcionaria afirmó que no tiene, hasta ahora, ningún indicio que le dé a pensar que dicho programa haya sido utilizado para interceptaciones ilegales a magistrados durante la gestión anterior.

Aun así, recomendó estar atentos a las indagaciones para conocer la verdad detrás de las afirmaciones del mandatario nacional.

“El presidente me dio a conocer que existía esa información y que iba a hacerla pública. Nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sucedido. Estamos identificando si ese software existió”, manifestó la fiscal general.

Camargo también dijo que “Pegasus” es conocido por ser un software lo suficientemente sofisticado como para no dejar ningún tipo de huellas de su uso.

Por lo mismo, destacó que este es un caso que será bastante difícil de analizar.

Multan a Clínica Uros por vender dispositivos médicos a precios elevados

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la Clínica Uros S.A.S. por infringir el régimen de control de precios de medicamentos y dispositivos médicos al venderlos por encima del precio máximo fijado.

Mediante la Resolución 52054, fechada el 6 de septiembre de 2024, se determinó que la clínica deberá pagar una multa de $557.668.724, equivalente a 439 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sanción.

La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio se fundamenta en una revisión exhaustiva de la facturación de Clínica Uros. entre octubre de 2021 y junio de 2022. Durante este periodo, se descubrió que la clínica vendió 46 stents coronarios medicados a precios que superaban los máximos establecidos en la Circular 02 de 2016, emitida por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

Por ejemplo, el stent coronario medicado Ultimaster Tansei, cuyo precio máximo de venta era de $3.540.341,70, fue comercializado a $4.579.785, lo que representa un incremento del 29,36%.

Los stents coronarios son dispositivos médicos cruciales utilizados para tratar el estrechamiento de las arterias coronarias, mejorando el flujo sanguíneo al corazón y reduciendo el riesgo de reestenosis. La Superintendencia ha enfatizado que el régimen de control de precios es una medida vital para garantizar la eficiencia en el uso de recursos públicos en el sector salud y para asegurar que los medicamentos y dispositivos médicos sean accesibles a la población.

La entidad declaró que las sanciones impuestas tienen como objetivo proteger derechos fundamentales como la salud y la vida, que se ven amenazados por el acceso limitado a dispositivos médicos debido a precios excesivos. La Superintendencia dejó claro que el acceso oportuno a estos dispositivos es esencial, especialmente en un contexto donde la insuficiencia financiera del sistema de salud puede comprometer la atención adecuada a los pacientes.

Ante esta situación, la clínica tiene la opción de presentar recursos de reposición y apelación contra el acto administrativo sancionador