Borja en un conversatorio en la Universidad Javeriana de Cali. Se trata de miles de personas que fueron asesinadas por integrantes del Ejército Nacional y reportadas como guerrilleros que fueron dados de baja en combate.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, fue la “constante demanda de resultados” la que recrudeció la violencia en el país, ejercida por la misma fuerza pública, que tenía el deber de proteger a la población. “El objetivo era conseguir resultados a como diera lugar”, precisó la Comisión, luego de recoger varios testimonios de militares involucrados en estos casos, mal llamados falsos positivos.
 

Luego de sus revelaciones, el coronel (r) Borja explicó que, antes del 2.000, ya se habían presentado ejecuciones extrajudiciales, de hecho, en 1986 él ya se había perpetrado algunos. Sin embargo, la contabilización de los casos, según detalló, no ha tenido en cuenta los hechos registrados antes del 2.000, por lo que supone que pudieron ser más de 10.000 víctimas.

“Yo he admitido, desde 2010, que me presenté a la Fiscalía, más de 70 falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, durante toda mi carrera militar, desde el año 86, al año 2008″, precisó el exmilitar.

Condenaron en EE. UU. a dos exmilitares colombianos por participar en un atentado con carro bomba en 2021

Estados Unidos condenó a dos exmilitares colombianos a 30 y 35 años de cárcel por participar en un atentado con carro bomba en Cúcuta en 2021, en el que las disidencias de las Farc tenían como objetivo atacar una base militar del sector en donde se encontraban dos soldados norteamericanos.

Los responsables fueron identificados como Andrés Fernando Medina Rodríguez, de 40 años, y Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, de 31. De acuerdo con los documentos presentados, los exmilitares conspiraron con miembros del frente 33 de este grupo armado ilegal para llevar a cabo el atentado.

“Según los documentos judiciales, Medina Rodríguez y Gutiérrez Ballesteros, en concierto con miembros del Frente 33, atacaron específicamente a las tropas estadounidenses estacionadas en la Base de la Brigada 30 del Ejército colombiano en Cúcuta, Colombia”, confirmó el jueves 12 de septiembre el departamento de Justicia de Estados Unidos.

Medina aprovechó su condición de oficial del Ejército colombiano retirado, por problemas de salud, para obtener acceso a la base. Una vez allí, realizó vigilancia fotográfica y de video de los lugares en donde estaban los soldados estadounidenses. 10 días antes del ataque, estos criminales entregaron una camioneta de color blanco a sus cómplices, quienes la llenaron de artefactos explosivos.

El 15 de junio de 2021, Medina trasladó el vehículo cargado de bombas hasta la base del Ejército para finalmente estacionarlo en frente del lugar en donde trabajaba el personal estadounidense y colombiano. Por otro lado, Gutiérrez Ballesteros escoltaba a su cómplice a bordo de una motocicleta; una vez llegaron al sitio, Medina Rodríguez se dispuso a activar el temporizador de los explosivos, en ese momento ambos criminales se dieron a la huida.

El ministro de Defensa de esa época, Diego Molano, fue al lugar del atentado y relató el momento exacto en el que se produjo la detonación. “A las 3:05 p. m. una camioneta blanca, (marca) Toyota, entró con dos individuos suplantando a unos funcionarios públicos. A las 3:10 p. m., esta camioneta tuvo una primera explosión, que, por supuesto, afectó las instalaciones. Pasados dos minutos, hubo una segunda explosión de la misma camioneta, afectando de forma grave instalaciones de esta brigada”, dijo el entonces jefe de la cartera.

Los hechos dejaron a 44 militares colombianos y tres soldados del ejército

estadounidense heridos en el lugar. El fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, y el subdirector Ejecutivo Robert Wells, de la División de Seguridad Nacional del FBI, fueron los encargados de anunciar la sentencia.

La agencia norteamericana, en conjunto con la asistencia del Agregado Legal del FBI en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la Policía Nacional, investigó el caso durante los últimos años. De acuerdo con las informaciones, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la Oficina del Agregado Judicial de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá trabajaron de la mano con los uniformados colombianos para asegurar la captura y extradición de estos sujetos.

Por otro lado, Medina había sido señalado por la justicia colombiana de ser uno de los responsables de la planeación del atentado en contra del expresidente Iván Duque, cuando seis disparos impactaron en el helicóptero presidencial al momento de aterrizar en Cúcuta.

“Como demuestran las condenas impuestas (...) los individuos que amenacen la seguridad de Estados Unidos y de nuestros conciudadanos se enfrentarán a toda la fuerza del sistema de justicia penal de nuestra nación”, indicó el fiscal del distrito sur de Florida, Markenzy Lapointe en el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

Graves abusos en Chocó: miembros del Clan del Golfo habrían obligado a mujeres embera a bailar como acto de intimidación

La situación humanitaria en el departamento del Chocó, particularmente en las comunidades indígenas y rurales, ha alcanzado un punto crítico que exige la atención inmediata del Gobierno nacional y la comunidad internacional.

El 11 de septiembre, organizaciones de mujeres y colectivos feministas denunciaron un hecho escalofriante que refleja el nivel de degradación y abuso en la región. Miembros del Clan del Golfo habrían irrumpido en la comunidad indígena embera y obligaron a las mujeres a bailar para ellos como un acto de intimidación.

De acuerdo con las organizaciones, en medio de la noche, las mujeres intentaron escapar, pero cinco de ellas fueron retenidas. Estas mujeres, cuyas edades oscilan entre los 14 y 19 años, fueron identificadas como Merina Forastero Isarama, de14 años; Yamilda Forastero Isarama, de 18; Enerita Forastero, de 14 años; Clara Chamorro Morroco, de 19 y Yorleydi Chamorro Morroco, de 15 años.

Según el comunicado compartido por las denunciantes, los detalles del paradero de las víctimas y su situación actual permanecen desconocidos, aumentando el temor por sus vidas.

Estos hechos no son aislados, pues las organizaciones señalaron que la violencia sistemática en Chocó se ha intensificado a lo largo del tiempo, con un total de 108 homicidios en lo que va de 2024, todos atribuidos a bandas delincuenciales organizadas y al Clan del Golfo. Incluso, destacaron que el propio alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños Pino, ha tenido que trasladarse a Bogotá para exigir atención por parte del Gobierno nacional, ya que las medidas locales parecen insuficientes ante el embate de la criminalidad.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas sobre la situación de las mujeres en Chocó en múltiples ocasiones, señalando la precariedad y vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado. Tras sus visitas el 8 y 24 de mayo a las comunidades de Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudo; la entidad defensora de los derechos humanos advirtió que las mujeres de estas regiones han sido víctimas de extorsión, acoso sexual y ultrajes, un patrón de abuso, “que parece no tener fin”.

“Nos manifestaron que quieren suicidarse, que no soportan más la degradación a la que están siendo sometidas. Si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro. Tienen temor”, señalan las organizaciones de mujeres.