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Con alud de críticas aterrizó en
Congreso nueva reforma a la salud
Ya fue radicado por
el Ministerio de Salud, ante la Cámara de Representantes, el
texto de lo que sería la reforma a la salud, este viernes 13 de
septiembre. Durante el proceso estuvieron presentes el jefe de
esta cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el superintendente
de Salud, Luis Carlos Leal Angarita.
"Aquí no hay ningún proyecto de ley nuevo, aquí se continúa con
el proyecto de ley que hace año y medio se entregó", afirmó el
ministro Jaramillo, a la vez que indicó que “este proyecto de
ley refleja un proceso de consenso amplio. Hemos tomado en
cuenta y abordado las observaciones de todas las partes
involucradas para lograr una reforma integral y efectiva”.
Asimismo, señaló que “queremos construir una salud sin barreras,
donde cada ciudadano, sin importar su ubicación o condición
socioeconómica, pueda acceder a servicios de calidad".
Uno de los principales cambios que sufriría el actual sistema es
que las EPS, es decir, las Entidades Promotoras de Salud, se
convertirán en “gestoras de de salud y vida”, según el
Ministerio, con el objetivo de “mejorar la coordinación y
eficiencia en la prestación de servicios, reduciendo los tiempos
de espera y facilitando el acceso a la atención médica para
millones de colombianos que hoy enfrentan dificultades”. Estas
serán las encargadas de gestionar tareas administrativas como la
obtención de citas, así como la entrega de medicamentos.
En el caso de los pacientes que padecen enfermedades de alto
costo, el Minsalud sostiene que “se implementarán programas
específicos para tratar enfermedades raras o de alto costo,
asegurando el acceso a tratamientos adecuados”.
De igual manera, el proyecto de ley explica que “los centros de
atención trabajarán de manera articulada para ofrecer atención
sin discriminación por capacidad de pago”. Mientras que enfoca
sus esfuerzos en la población rural, pues se afirma que se
“construirán y dotarán hospitales públicos en áreas rurales,
garantizando atención adecuada a poblaciones dispersas".
Un punto neurálgico es el tema de los recursos, pues el Gobierno
nacional ha insistido en que habrá un pagador único, que será la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (Adres) la entidad que gestionará todos los
fondos y pagará directamente a los hospitales y clínicas,
eliminando de esta manera los intermediarios.
En ese mismo hilo, aseguran que los mismos podrán ser visibles
para los actores del sistema, permitiendo “la supervisión
ciudadana y garantizando un uso eficiente de los recursos”. Y
también que habrá auditorías por parte de las gestoras y la
Adres.
“Un derecho fundamental, no un favor”
Las reacciones a la radicación del proyecto de reforma a la
salud no se hicieron esperar. Desde Pacientes Colombia, su
vocero Denis Silva manifestó su descontento con los puntos que
propone el texto y sentenció que son varios riesgos los que se
correrían, de ser aprobada la reforma.
Mediante un video compartido en X, Silva señaló que “el Gobierno
nacional acaba de cometer una chambonada con el proyecto de ley
donde acaba y elimina lo que conocemos hoy como sistema de
salud. El Gobierno acaba todas las pólizas de aseguramiento
individual y todo lo enmarca dentro de una póliza de
aseguramiento social que funcionará hasta donde la plata
alcance. Y si esta no alcanza, los pacientes se quedarán sin
servicio de salud”.
“Las EPS quedan duplicadas con los entes territoriales y los
CAPS. Y si alguno no cumple ¿a quién entutela el paciente, o es
que de alguna manera están tocando la acción de tutela?”, añadió
el vocero.
Además, Denis aseguró que “el Gobierno habla de los monopolios,
pero ahora yo veo un supermonopolio con la Adres. ¿Para qué
entonces transformamos a las EPS, sí no van a tener ninguna
función vinculante? Les estamos regalando a las EPS 8 billones
de pesos sin funciones vinculantes. ¿No que no hay dinero?”.
“La ruta de atención no es clara para aquellos pacientes que
tienen enfermedades huérfanas o degenerativas. No se sabe
claramente cómo los van a atender y cómo será el suministro de
sus medicamentos”, agregó el vocero de Pacientes Colombia.
“Dividen la UPC en tres subcuentas. Si se acaba la plata de un
lado, ¿cómo van a garantizar la prestación de los servicios a
los pacientes y el pago a los equipos médicos? Y por último nos
preguntamos: ¿esta es una reforma para transformar el sistema o
para poner en peligro la vida de 50 millones de colombianos?
Presidente, ¿en esta oportunidad también van a dar dádivas a los
presidentes de la Cámara y del Senado, como presuntamente se
hizo en la legislatura anterior? La salud es un derecho
fundamental, no un favor”, puntualizó de manera enfática Silva.
Por su parte, el exministro de Salud Alejandro Gaviria expresó
desde su cuenta oficial de X que “sin concertación, casi a
escondidas, radican una reforma a la salud sin cambios
sustanciales, idéntica en esencia a la ya hundida. Eso del
acuerdo nacional no es más que un engaño”.
Gaviria también manifestó que "hay una parte de la reforma que
me preocupa sobremanera, y es que recursos de tratamientos y
medicamentos van a ser ahora destinados al fortalecimiento de la
infraestructura pública, que es loable, pero debería tener otra
fuente de financiamiento".
Medios consultaron con Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de
Acemi, quien señaló que están “haciendo la revisión del
articulado y esperando también los comentarios de las EPS.
Cuando terminemos ese ejercicio, nos pronunciaremos”. Mientras
que Afidro, el gremio de las droguerías, tampoco se ha
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pronunciado al respecto.
Las críticas desde el Congreso
Por otra parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia opinó
sobre el numeral del proyecto que impone un manual tarifario, porque
“esto atenta contra la calidad y la innovación de los procedimientos y
los medicamentos. No hay posibilidad de que el mercado reconozca más
valor ante las mejorías de servicios, las innovaciones o los
tratamientos de última tecnología”.
A su turno,
la senadora Katherine Juvinao expresó su descontento a través de Twitter:
“Respetados (mininterior) Juan Fernando Cristo Bustos y (minsalud)
Guillermo Jaramillo, este no fue el acuerdo que ustedes hicieron con
nuestra bancada hace par semanas; se supone que íbamos a tener mesas
técnicas para proponer y concertar. Una vez más, el Gobierno falta a su
palabra y burla su promesa de diálogo nacional. Tenaz ¿Para qué nos
reunieron tres horas el pasado 28 de agosto, para qué se comprometieron
a concertar las reformas, si al final iban a radicar a las patadas?
Definitivamente en este gobierno no existen códigos de ética ni buena
fe. Perverso”.
Mientras que el senador Miguel Ángel Pinto aseguró que “la misma reforma
que archivamos en la Comisión Séptima de Senado. ¿No era mejor una
reforma concertada con todos los actores del sistema de salud que lo
mejore?, ¿una que cumpla con las sentencias de la Corte
Constitucional?".
Al respecto, el senador
Hernán Cadavid señaló que así, como ocurrió con el modelo de atención
del magisterio, el Gobierno “persiste en el error de presentar un texto
de reformas sin consenso alguno en términos idénticos o iguales a la
reforma que ya fracasó en el Congreso de la República, incorporando
mayores niveles de incertidumbre a los 50 millones de habitantes de
Colombia. Ese texto no tiene ninguna modificación ni consenso con los
sectores de la salud, ni con las EPS, ni con los usuarios, ni con las
clínicas u hospitales, lo que hace pensar que será cuestión de tiempo
para que vuelva a hundirse en el trámite en el Congreso de la República.
Persiste en el error el Gobierno nacional”.
Nuestras actuaciones son constitucionales
y ajustadas a la ley: CNE a Petro
El Consejo Nacional
Electoral (CNE) reafirmó este sábado que todas sus acciones en la
investigación contra el presidente Gustavo Petro se ajustan
rigurosamente a la Constitución y las leyes colombianas. La aclaración
surge en respuesta a las recientes declaraciones del mandatario, quien
calificó la investigación como un intento de conspiración para sacarlo
del poder.
En un comunicado oficial, se destacó que las actuaciones del organismo
son estrictamente institucionales y están respaldadas por recientes
decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, las cuales
ratifican la competencia del CNE como incuestionable. La investigación
administrativa en cuestión aborda la supuesta violación de los topes
electorales durante la campaña presidencial de Petro en 2022.
El CNE desestimó las afirmaciones del presidente Petro, quien ha
sugerido que la investigación constituye un plan para despojarlo del
cargo y ha mencionado incluso amenazas contra su vida. El mandatario
afirmó: "La orden está dada", aludiendo a un golpe que se materializaría
no con armas, sino con maniobras legales y administrativas.
En respuesta, el Consejo Nacional Electoral subrayó que “la estabilidad
institucional y la seguridad de los funcionarios del Consejo Nacional
Electoral deben garantizarse”, reiterando que no existe ninguna
posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial.
La sala plena decidirá próximamente si procede a abrir una investigación
formal contra la campaña de Petro. De ser así, los cargos se mantendrían
en el ámbito administrativo, aunque podrían escalar a un juicio político
si el CNE remite el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la
cual sería el juez natural del presidente.
Además, la investigación también involucra a Ricardo Roa, gerente de
campaña en ese entonces y actual presidente de Ecopetrol. La semana
pasada, el CNE había revelado que la campaña de Petro había sobrepasado
los límites de gasto establecidos y recurrido a fuentes de financiación
prohibidas.
Invertirán $22 mil millones para
conectividad en Cali y Valle del Cauca
Desde el Instituto
Departamental de Bellas Artes, Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC), firmó el convenio
‘Conectando el Valle del Cauca’, que beneficia con conectividad gratuita
a 7.531 hogares de 17 municipios, entre ellos Santiago de Cali, y un
corregimiento.
"Me siento muy contento de concretar tres temas que son fundamentales
para el Valle del Cauca. El primero es el despliegue de fibra óptica por
17 municipios y un corregimiento del departamento, que llevará internet
a cerca de 7.500 hogares. También tenemos unos recursos para apoyar el
proyecto de innovación 'Nido' que viene desarrollando la Gobernación,
para que el sector emprendedor de la región detone su
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potencial con tecnología, y finalmente está el desarrollo
de centros de aprendizaje de Inteligencia Artificial en Buenaventura,
Cartago, Tuluá y Palmira", enfatizó el ministro TIC, Mauricio Lizcano.
En su visita a Cali, el jefe de la cartera TIC también
firmó una segunda alianza para promover, coordinar y ejecutar
actividades que fortalezcan el gobierno digital en el Valle del Cauca,
que incluye un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) de contenidos
educativos para 200 servidores públicos, la financiación de soluciones
enfocadas a retos para 10 entidades beneficiadas y la creación de 10
Centros de Innovación Móvil, todo con una inversión de $7.000 millones
por parte del Ministerio TIC y $500 millones aportados por la
Gobernación del Valle.
Para seguir potenciando al Valle con conectividad, el ministro señaló
que en total se invertirán $94.933 millones en el departamento, de los
cuales $42.215 millones serán para llevar internet a cinco municipios
(Andalucía, Buenaventura, Bugalagrande, Dagua y Vijes) beneficiando a
45.148 hogares a través del proyecto ConectiVIDAd para Cambiar Vidas'.
Así mismo, con el proyecto Zonas Comunitarias para la Paz (ZCP) se
asignaron 17 puntos para dos municipios PDE.
Me retracto: Petro a familia Vargas
Lleras por Nueva EPS
“Me retracto de la
afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado
hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era
miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser
investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de
las investigaciones”.
Con este único párrafo en un documento de dos páginas, el presidente
Gustavo Petro acató, a regañadientes, el fallo del Consejo de Estado que
lo obligaba a rectificar sus señalamientos y presentar excusas públicas
a Enrique Vargas Lleras por presuntas irregularidades ocurridas en la
mencionada EPS cuando hizo parte de su Junta Directiva.
Al vencerse esta noche vencía el plazo que tenía para hacer la
rectificación, Petro publicó en su cuenta de X, un largo escrito (once
párrafos) para cumplir solo una parte lo ordenado por el Alto Tribunal,
mientras apela a la objeción de conciencia, no como jefe de Estado sino
como ciudadano” para desacatar el resto de lo estipulado en el fallo de
la tutela fallada a favor de Enrique Vargas Lleras.
Petro empieza
el documento señalando “Justificaré expresamente ante las autoridades
judiciales correspondientes, en el momento procesal oportuno, por
convicciones internas que constituyen en mi fuero íntimo razones de
objeción de conciencia, mi posición frente a mi deber jurídico derivado
de la orden señalada en el resuelve tercero del fallo de tutela emitido
por el Consejo de Estado, en el proceso 2024-03889 promovido por Enrique
Vargas Lleras”.
A renglón seguido recuerda que esta situación “surge de unas
manifestaciones de Germán Vargas Lleras contra la salud, a lo anterior
manifesté que había un conflicto de intereses ya que su hermano Enrique
Vargas era miembro de la Junta Directiva de la Nueva EPS y se había
desempeñado como asesor jurídico en varias EPS”.
Tras esas explicaciones, Petro procede la rectificación forzada y a
medias, pero al mismo tiempo insistiendo en sus señalamientos de
presunta corrupción. Manifiesta “Me retracto de la afirmación que hasta
hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de
irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era miembro de la
junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente
como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones”.
En otro acápite del documento, Petro apela nuevamente a la objeción de
conciencia, esta vez como ciudadano, para no cumplir a cabalidad lo que
le ordenó el Consejo de Estado. De esta forma señala “como servidor
público debo someterme al ordenamiento jurídico, no obstante que como
persona sigo siendo titular de los derechos fundamentales. No busco que
se deje de aplicar la ley, ni que se dejen de cumplir los fallos
judiciales, pretendo que, por razones de conciencia, se me permita
apartarme del cumplimiento de esta orden judicial en concreto”.
También se muestra ‘convencido’-y sin mencionar nombres- de que el
diseño de nuestro sistema de salud “ha posibilitado a particulares, que
hoy pueden señalarse puntualmente, deben ser investigados para conocer
si se han lucrado ilegal e indebidamente a costa delos recursos y las
necesidades en salud de los colombianos y colombianas”, asegurando que
ello “riñe con mis convicciones internas”.
El presidente Petro señala que “está obligado a adoptar un
comportamiento inflexible frente a los abusos que en la prestación de
este servicio se permiten” y por ello invoca el amparo del artículo 18
de la Constitución para “no ser obligado a actuar en contra de mis
convicciones”.
Valga recordar que Vargas Lleras interpuso una acción judicial contra el
presidente Petro porque en distintas publicaciones, en mayo y en junio
pasados, así como en una alocución presidencial, insinuó que “los
interesados en defender el sistema de salud mercantil han salido a decir
que destruimos la salud. Pero esta es la realidad: en la Nueva EPS,
manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron $ 5,5 billones en
deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. ¿Cómo se
reparará esta salud destruida por la codicia?”.
Este 6 de septiembre el Consejo de Estado le dio la razón a los
accionantes y conminó a Petro a que se retractara de sus declaraciones.
Incluso determinó que la respectiva rectificación debía publicarse y
permanecer en las redes sociales de la Presidencia de la República, el
Departamento Administrativo de la Presidencia y la cuenta personal del
jefe de Estado en X.
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