En riesgo comunidades ribereñas por niveles bajos del río Amazonas

La Amazonía considerada la región más biodiversa y a su vez, la más vulnerable del planeta, en alerta por los niveles bajos del río Amazonas y sus implicaciones humanitarias. Los impactos del cambio climático y calentamiento global empiezan a ser una realidad en los territorios.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades locales y departamentales, así como a las comunidades a tomar las medidas necesarias para reducir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de este fenómeno de sequía y desabastecimiento de agua.

Ante la sequía provocada por los bajos niveles del río Amazonas y sus afluentes, que se viene presentando desde mediados del mes de agosto según reportes del Ideam, la Defensoría del Pueblo adelanta acompañamiento a las comunidades ribereñas para la garantía del derecho a la prevención y atención de desastres.
La entidad, sin dejar de lado eventos adyacentes a este fenómeno como el desabastecimiento de agua, que en su agudización podría repercutir en la seguridad alimentaria de la población y también la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal, ha hecho un llamado a las autoridades locales, regionales y nacionales para que implementen desde ya medidas que garanticen el bienestar de las poblaciones de la zona.

Es claro que la Amazonía colombiana es considerada una de las regiones más biodiversas y vulnerables del planeta, la cual experimenta una variabilidad climática que, en la actualidad, se ha visto fuertemente influenciada por diversos factores naturales y antrópicos. Además de los efectos del cambio climático y el calentamiento global, tanto a nivel local como global, debido al aumento de las temperaturas y las actividades de deforestación, es necesario que las autoridades ambientales activen las alertas para atender oportunamente esta problemática.

A pesar de su gran extensión, esta región presenta una baja densidad poblacional, concentrada principalmente en las riberas de los ríos y en pequeñas ciudades.

Por su parte, las autoridades locales de los municipios de Leticia y Puerto Nariño, en respuesta a la temporada seca y la afectación generada por disminución del cauce de los ríos y cuerpos de agua, han decretado la alerta amarilla y la existencia de la situación de calamidad pública en los asentamientos urbanos, rurales y ecosistemas amazónicos respectivamente. Además, en estas declaraciones se han indicado las acciones a realizar a cargo de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y Desastres (CMGRD) de estos municipios y de las demás entidades de orden municipal, departamental y nacional que así se requiera.

Admiten demanda para anular diálogos con el Clan del Golfo

El Consejo de Estado admitió una demanda interpuesta por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, que busca la anulación de las resoluciones que permitieron la apertura de diálogos entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo. La acción judicial plantea la violación de varias garantías constitucionales, poniendo en entredicho la legalidad y legitimidad de estas conversaciones.

Según el auto interlocutorio emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado,

 la demanda cumple con los requisitos formales establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En consecuencia, se procederá a evaluar la solicitud de nulidad de las resoluciones núms. 257 y 279, expedidas en julio de 2024, mediante las cuales se autorizó un espacio de conversación sociojurídico con las AGC y se reconoció a representantes de este grupo armado para participar en dichas negociaciones.

Argumentos del demandante

Wilson Ruiz, en un comunicado de prensa, subrayó su preocupación por el tratamiento que el Gobierno Nacional ha dado a las AGC, otorgándoles un estatus político, lo cual, en su opinión, desconoce los estándares internacionales en materia de reconocimiento de conflicto. El exministro cuestionó la pasividad del Gobierno frente a estos grupos armados y advirtió sobre el incremento de la violencia y la pérdida de control territorial en las zonas más afectadas.

“La voluntad por la paz es indispensable y debe demostrarse para adelantar diálogos con grupos armados. Sin embargo, el Gobierno ha mostrado debilidad ante el Clan del Golfo, lo que ha favorecido una escalada de criminalidad”, afirmó Ruiz. El exministro argumenta que las resoluciones impugnadas violan artículos clave de la Constitución colombiana, como los relativos a la preservación del orden público y la seguridad ciudadana, así como disposiciones de la Ley 2272 de 2022.

La demanda busca verificar si el Clan del Golfo ha mostrado un compromiso real de cesar la violencia, el narcotráfico y otros crímenes. Además, Ruiz plantea que las negociaciones deben estar acompañadas de planes concretos de inclusión social y desarrollo económico en las regiones más afectadas por la violencia, para asegurar que los ciudadanos no queden vulnerables ante la acción de estos grupos criminales.

El proceso judicial

El proceso de nulidad, identificado con el número 11001-03-24-000-2024-00222-00, enfrentará al exministro Wilson Ruiz con el Presidente de la República, parte demandada en el caso. La decisión final podría influir significativamente en las políticas de paz del actual Gobierno y en la relación con grupos armados al margen de la ley.

Este paso judicial refleja la creciente controversia en torno a los diálogos con grupos como el Clan del Golfo, que han sido objeto de críticas tanto por parte de la oposición como de sectores de la sociedad civil, quienes piden mayor firmeza en la defensa de la seguridad y el orden público en el país.

Colombia espera con atención el desarrollo de este proceso, que podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se gestionan los procesos de paz y se aborda la criminalidad organizada en el país.