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Enrique Vargas Lleras radicó un
incidente de desacato contra Petro
A pesar de la cuestionada retractación de Petro respecto a las
acusaciones que hizo contra la Familia Vargas Lleras
relacionadas con presuntas irregularidades en la Nueva EPS,
Enrique Vargas expresó su descontento, afirmando que no se ha
cumplido con los términos legales requeridos. Por tanto, radicó
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, un incidente de
desacato contra el Presidente por no cumplir el fallo de tutela
emitido por el Consejo de Estado.
A través de un documento, Vargas presentó una serie de
argumentos que justifica la iniciación del incidente de
desacato, entre ellos resaltó el día 11 de septiembre de 2024,
Petro presentó impugnación en contra de la sentencia de fecha 27
de agosto de 2024 como un intento de evitar cumplir con la orden
del Consejo de Estado.
Vargas Lleras solicitó al Consejo de Estado que se impongan
sanciones, incluyendo arresto y multa, si se determina que Petro
no ha cumplido con las órdenes judiciales. Además, pide que se
ordene al Presidente cumplir con la sentencia en un plazo de 48
horas tras la notificación del incidente.
Petro defendió sus declaraciones, argumentando que su objeción
de conciencia le permite apartarse del cumplimiento de la orden
judicial, aunque esto ha sido rechazado por Vargas Lleras como
una justificación válida.
“La objeción de conciencia solo aplica para tema de salud como
eutanasia y abortos pero dónde está cuando la Corporación le ha
dicho al Presidente que sobre los agravios y señalamientos que
ha hecho sobre mi persona y mi familia pueda haber una objeción
de conciencia cuando el dice que yo hice un ocultamiento de más
de 5.5 billones de facturas de la Nueva EPS. Aquí no podemos
maltratar el derecho y usar figuras constitucionales para
desconocer los fallos judiciales”, afirmó Enrique Vargas.
Uribe solicitó
aclaración sobre supuesto uso de Pegasus en sus mandatos
En un reciente pronunciamiento, el expresidente Álvaro Uribe
Vélez ha hecho
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un
llamado a los exministros de Defensa que formaron parte
de sus administraciones para que aclaren si durante sus mandatos se
adquirió o renovó la licencia del controvertido software de espionaje
Pegasus.
Uribe ha manifestado que durante su tiempo en el cargo, nunca recibió
información sobre la compra o uso de Pegasus, un programa conocido por
su capacidad para interceptar comunicaciones y acceder a datos
personales. "Jamás se ordenó interceptar a la oposición; las acciones
estaban dirigidas únicamente a terroristas o a receptores de dinero de
Chávez", afirmó el exmandatario, enfatizando que cualquier operación
relacionada con espionaje se llevó a cabo bajo la supervisión de las
instancias competentes.
El expresidente también recordó que en 2014, durante una campaña
electoral, el gobierno de la época (Juan Manuel Santos) intentó
vincularlo con la Central de Inteligencia Andrómeda, un organismo que él
asegura no conocer. Además, mencionó que fue relacionado con una
investigación sobre un hacker por parte del fiscal de ese entonces,
aunque él afirma haber estado completamente ajeno a tales acusaciones
hasta que estalló el escándalo.
"Mi proceso sigue en la Fiscalía a pesar de todas las pruebas en mi
favor. Ya diez años", escribió Uribe en su cuenta de X, subrayando su
frustración ante lo que considera una falta de justicia y transparencia.
Secretario de Transparencia, Andrés
Idárraga, recibió amenaza de muerte
Andrés Idárraga, el secretario de Transparencia de la Presidencia, fue
objeto de amenazas de muerte. Este martes, reveló que una corona de
flores con un mensaje desafiante fue dejada en el lugar donde reside.
“Yo me encontraba trabajando en el Palacio de Nariño, cuando la señora
que nos colabora en la casa me avisa que había llegado una corona, pero
yo no entendí a qué se refirió, yo le dije que la recogiera, hubo que
pagarla, luego me envía las fotos y se activa todo el procedimiento de
seguridad”.
El secretario de Transparencia expresó su preocupación tras recibir
amenazas de muerte, señalando que "ya es la segunda amenaza que recibo,
la anterior fue en abril del año pasado y es desafortunado porque en
este país no deberían pasar estas cosas". Idárraga describió la
situación como "muy incómoda, triste, sobre todo y que rechazo
fuertemente".
Así mismo, confirmó que las autoridades están avanzando en reforzar su
seguridad y en la investigación para identificar a los responsables,
quienes podrían estar vinculados a la mafia.
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Ante el hecho, la Casa de Nariño manifestó apoyo a Idárraga, subrayando
que estas intimidaciones son una clara señal de la resistencia que
enfrenta el Gobierno en su esfuerzo por erradicar prácticas corruptas
que han plagado al país durante décadas.
Es importante destacar que la lucha contra la corrupción es un objetivo
compartido por todos los sectores políticos y la sociedad en general.
Sin embargo, la forma en que el gobierno ha manejado este tema ha sido
cuestionada por la oposición, que considera que las acciones del
ejecutivo están más enfocadas en perseguir a sus adversarios políticos
que en implementar medidas efectivas y transparentes.
Nuevos reparos a la ley de
financiamiento
Una nueva polémica surgió entre el Gobierno Nacional y el Centro
Democrático al conocerse la ley de financiamiento que presentó el
Gobierno Nacional hace algunos días. Esta vez es la Senadora Paloma
Valencia quien indicó que el Gobierno pretende acabar con el régimen
simple para el comercio lo que perjudica enormemente a los pequeños
comerciantes.
Según dice la parlamentaria que “el régimen de tributación simple le
garantizaba a Colombia un recaudo de esos pequeños empresarios, que era
cómodo para ellos pero muy importante para el país. Durante el último
año se reportó un impuesto de $1.8 billones de pesos”.
De igual manera, Valencia aseguró que “eran más de 150.000 pequeños
empresarios contribuyendo a la economía colombiana, y venía creciendo
más o menos un 32% adicional. Se suponía que en estos años el
crecimiento sería mayor porque se calculaba sobre el doble de la
tributación actual en los impuestos que estábamos pagando”.
Escencia de la norma
La senadora del Centro Democrático sostuvo que “se suponía que íbamos a
llegar a $3.8 billones de pesos pagados por esos pequeños negocios. Esto
no era un tema solo de las grandes ciudades porque la gente colombiana
se quiere formalizar y quiere contribuir al Estado colombiano. Más de
1022 municipios ya tenían empresarios inscritos en el régimen simple y
el Gobierno de Gustavo Petro quiere acabar con ese régimen”.
Posteriormente, la congresistas señaló que “Ahora, los empresarios
pagarían sobre utilidades, tener que pagar contadores, pagar todos los
impuestos de manera independiente. Lo que significa que se van a ir, no
van a pagar impuestos en Colombia, pero sobre todo, vuelven a esa
oscuridad que significa la informalidad. Petro, al eliminar el régimen
simple, le cierra las puertas a los colombianos que decidieron
contribuir a Colombia. Afectan a esos pequeños negocios, como
misceláneas, salones de belleza, peluquerías y tiendas, que quieren
salir adelante y encontraron en el régimen simple una manera de ser
formales. El cambio…”
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