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Starmer busca
"lecciones" de Meloni para reducir la inmigración ilegal

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer,
se encuentra en Roma para reunirse con su homóloga italiana,
Giorgia Meloni, con el objetivo de aprender de primera mano cómo
Italia ha logrado una significativa reducción de la inmigración
ilegal. Starmer, acompañado por Martin Hewitt, el ex jefe de
policía y líder del recién formado Comando de Seguridad de
Fronteras, mostró interés en conocer las estrategias italianas
que han permitido reducir hasta en un 60% la inmigración
irregular en el último año.
"Italia ha hecho un trabajo impresionante en la
prevención de la inmigración ilegal desde los países de origen,
y queremos entender cómo lo han logrado", declaró Starmer en su
primer encuentro con Meloni. El premier británico se mostró
especialmente interesado en los acuerdos bilaterales de
cooperación que Italia ha establecido, especialmente con
Albania, y su enfoque en fortalecer la seguridad en las
fronteras.
Durante su visita, Starmer y Hewitt también
recorrerán el Centro Nacional de Coordinación de la Inmigración
en Italia, con el propósito de conocer los detalles operativos
que han llevado a este éxito en la reducción de la inmigración
ilegal. Starmer destacó la importancia de trabajar en
colaboración internacional para desmantelar las redes de tráfico
humano que, según él, son responsables de las tragedias humanas
que se producen en las fronteras.
El viaje de Starmer a Italia se da en un contexto delicado, ya
que hace pocos días ocho migrantes murieron en el Canal de la
Mancha tras el hundimiento de un bote. Este hecho ha elevado a
20 el número de fallecidos solo en septiembre, lo que subraya la
urgencia del gobierno británico por encontrar soluciones más
efectivas para gestionar el flujo migratorio.
Starmer ha dejado claro que no seguirá los pasos de su
predecesor, Rishi Sunak, quien promovió el polémico plan Ruanda,
un acuerdo que buscaba deportar inmigrantes al país africano.
"No habrá más trucos como ese", señaló Starmer, enfatizando que
su gobierno se centrará en desmantelar las redes de tráfico
humano y en proteger las fronteras del Reino Unido.
El nombramiento de Martin Hewitt como líder del Comando de
Seguridad de Fronteras marca, según Starmer, "el inicio de una
nueva era" en la implementación de políticas internacionales
para hacer frente a este problema. Hewitt, con una vasta
experiencia en seguridad, se comprometió a combatir a las bandas
organizadas que trafican con personas, asegurando que "durante
demasiado tiempo han lucrado con la vida de personas inocentes y
vulnerables".
No obstante, la visita de Starmer a Italia ha sido criticada
tanto por organizaciones humanitarias como por miembros de su
propio partido. Grupos como Amnistía Internacional y el UK
Refugee Council han advertido sobre los riesgos de emular las
políticas de un gobierno al que consideran de ultraderecha.
Además, varios diputados laboristas han cuestionado si Starmer
está dispuesto a adoptar enfoques que algunos consideran
cercanos a la extrema derecha, lo que ha generado tensiones
dentro del partido.
El futuro de la política migratoria del Reino
Unido, especialmente tras esta visita a Italia, sigue siendo
incierto, y Starmer ha evitado comprometerse con una estrategia
específica, dejando abierta la posibilidad de explorar nuevas
alternativas en los próximos meses.
Ataque con
explosivos en 'Beepers' de Hizbulá: Escalada de tensión en
Líbano e Israel

Una serie de explosiones simultáneas en
dispositivos de mensajería de miembros de Hizbulá ha dejado al
menos nueve muertos y más de 2.800 heridos en Líbano y Siria (al
cierre de esta edición), intensificando el ya tenso escenario
entre la milicia libanesa e Israel. Las detonaciones ocurrieron
de forma repentina y afectaron a varias zonas, incluyendo Dahiya,
el bastión de Hizbulá en Beirut, y áreas en el sur del Líbano.
La magnitud y el impacto de estas explosiones han sido descritos
por las autoridades de Hizbulá como "la mayor brecha de
seguridad" en décadas de conflicto con Israel.
La reacción de
Hizbulá no se hizo esperar, acusando directamente a Israel de
ser responsable del ataque. En un comunicado, la milicia chií
prometió venganza: "El enemigo recibirá su justo castigo",
señaló uno de sus líderes, destacando que se encuentran
investigando cómo fue posible que un ataque de tal precisión y
coordinación afectara a tantos de sus miembros simultáneamente.
Este ataque ha incrementado la sensación de vulnerabilidad
dentro de las filas del grupo armado, que ahora teme una mayor
infiltración en sus sistemas de comunicación.
Al cierre de esta edición, Israel, no ha emitido una respuesta
oficial, ni confirmando ni desmintiendo su participación en los
hechos. Sin embargo, algunos expertos señalan que este ataque
marca un cambio
radical en las tácticas utilizadas por ambos bandos en el
conflicto, destacando que no
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se emplearon ni cazas ni misiles, sino un
método más sutil y sofisticado, propio de operaciones de inteligencia y
espionaje.
Operación de inteligencia sofisticada
Los dispositivos de mensajería que explotaron pertenecían en su mayoría
a miembros de alto rango de Hizbulá, lo que aumenta las sospechas de un
ciberataque o una infiltración tecnológica por parte de los servicios de
inteligencia israelíes, posiblemente el Mosad. Las explosiones
ocurrieron cuando las baterías de los dispositivos empezaron a
"calentarse", algo que inicialmente parecía un fallo técnico menor, pero
que resultó ser el indicio de una operación meticulosamente planeada.
Varios hospitales en Líbano, especialmente en Beirut, se vieron
desbordados por la cantidad de heridos, muchos de ellos con lesiones
graves en las extremidades. Entre los afectados se encuentra el
embajador de Irán en Líbano, Mojtaba Amani, cuyo asistente resultó
herido cuando uno de estos dispositivos explotó en sus manos. Se ha
revelado que muchos de estos aparatos eran de fabricación iraní, lo que
ha generado más especulaciones sobre la posible implicación de servicios
de inteligencia extranjeros en la cadena de explosiones.
Respuesta de Hizbulá y reacciones internacionales
La escalada entre Israel e Hizbulá no es nueva. Desde octubre, Hizbulá
ha lanzado ataques limitados contra Israel como parte de su apoyo a
Hamas en la Franja de Gaza. Sin embargo, el incidente con los "buscas"
eleva el nivel de tensión a una nueva dimensión, dado que no se trata de
un ataque tradicional, sino de una operación encubierta con graves
implicaciones estratégicas.
El primer ministro libanés, Najib Mikati, condenó el ataque,
calificándolo de "agresión criminal de Israel". Mientras tanto, las
autoridades israelíes se mantienen en alerta, aunque no han variado las
consignas de protección civil. Se teme que Hizbulá responda de forma
significativa, lo que podría desencadenar el peor enfrentamiento entre
ambas partes desde la guerra de 2006.
En Israel, la preocupación por un posible recrudecimiento del conflicto
no solo se centra en el frente militar, sino también en el impacto sobre
la situación de los rehenes israelíes en Gaza. Actualmente, 101
israelíes permanecen en cautiverio, y las familias temen que un
enfrentamiento mayor con Hizbulá entierre aún más cualquier posibilidad
de negociar su liberación.
Una operación con efectos a largo plazo
Este ataque ha puesto en evidencia la capacidad de los servicios de
inteligencia para penetrar en las defensas tecnológicas de Hizbulá, pero
también ha mostrado la fragilidad de la situación en el Líbano, donde
cualquier incidente puede desencadenar una reacción en cadena con graves
consecuencias. El emisario de Estados Unidos, Amos Hochstein, se ha
reunido con el liderazgo israelí en un intento de evitar una escalada
mayor. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha
dejado claro que no será posible el retorno de los ciudadanos evacuados
del norte de Israel sin un cambio significativo en la situación de
seguridad.
Con Hizbulá prometiendo represalias y la situación en la Franja de Gaza
cada vez más tensa, los próximos días serán cruciales para determinar si
el conflicto entre Israel y el grupo armado chií se intensifica aún más,
alejando cualquier posibilidad de tregua y preparando el terreno para un
nuevo enfrentamiento bélico en la región.
Trump reanuda su campaña
tras intento de atentado y pone en evidencia fallas del Servicio Secreto

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, retomó
su campaña electoral en Michigan, tras lo que ha sido descrito como un
aparente nuevo intento de asesinato en su contra. Este incidente se suma
a una serie de episodios que evidencian las crecientes tensiones y
limitaciones que enfrenta el Servicio Secreto, la agencia encargada de
la seguridad del exmandatario y otros líderes políticos.
El mitin en Michigan marca un retorno clave en la contienda electoral, a
menos de dos meses de las cruciales elecciones presidenciales del 5 de
noviembre. Trump, que sigue siendo una figura dominante dentro del
Partido Republicano, ha continuado su campaña a pesar de los riesgos de
seguridad a los que se ha enfrentado. El estado de Michigan, uno de los
más importantes en la carrera por la Casa Blanca, también será visitado
próximamente por la vicepresidenta Kamala Harris, quien busca captar el
apoyo de los votantes demócratas.
El aparente atentado más reciente contra Trump ocurrió el 15 de
septiembre en Florida, en su campo de golf privado. El exmandatario
relató el incidente en sus redes sociales, afirmando que escuchó lo que
parecían ser disparos antes de ser evacuado por el Servicio Secreto.
Aunque el sospechoso fue detenido, Trump expresó su preocupación sobre
los fallos en la seguridad y las implicaciones que esto podría tener en
su campaña.
Este no es el primer ataque que enfrenta Trump. En julio, durante un
acto de campaña en Pensilvania, sufrió una herida en la oreja durante un
incidente que también fue calificado como un intento de asesinato. Estos
eventos han puesto en tela de juicio la capacidad del Servicio Secreto
para proteger al exmandatario, especialmente en un contexto de creciente
violencia política en Estados Unidos.
La presión sobre el Servicio Secreto ha aumentado significativamente en
los últimos
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meses. En respuesta al atentado de julio,
la entonces directora de la agencia, Kimberly Cheatle, renunció, y
varios agentes fueron suspendidos, incluyendo el jefe de la oficina de
campo de Pittsburgh, Kevin Rojek. Sin embargo, el problema parece ser
más profundo, ya que la agencia enfrenta una crisis de personal que ha
dificultado su capacidad operativa.
El Servicio Secreto, que tiene la
responsabilidad de proteger a los líderes políticos y exmandatarios del
país, ha estado funcionando por debajo de sus niveles de personal
proyectados. Según informes de Reuters, la agencia contaba con 7.879
agentes en febrero de este año, aproximadamente 400 menos de lo que el
Congreso había autorizado. Aunque el presupuesto para la agencia aumentó
un 9% este año, el proceso para contratar nuevos agentes es lento y
extremadamente riguroso. Solo el 2% de los solicitantes son contratados,
lo que limita la capacidad de la agencia para aumentar rápidamente su
personal.
El director interino del Servicio Secreto, Ronald Rowe, quien asumió el
cargo tras la renuncia de Cheatle, ha reconocido los desafíos que
enfrenta la agencia. La campaña de Trump presenta un desafío adicional,
ya que sus apariciones en espacios abiertos, como campos de golf, crean
mayores riesgos de seguridad. A diferencia de otros expresidentes, como
Barack Obama y Bill Clinton, que solían jugar en campos militares
cerrados al público, Trump prefiere jugar en instalaciones privadas, lo
que complica las medidas de seguridad.
El incidente más reciente en Florida
expuso nuevamente estas dificultades. Los agentes del Servicio Secreto
no realizaron una inspección rutinaria del lugar, lo que podría haber
evitado que el sospechoso, Ryan Wesley Routh, se escondiera durante
aproximadamente 12 horas cerca del quinto hoyo del campo de golf. Routh
fue finalmente detenido, pero el incidente ha vuelto a poner bajo
escrutinio la efectividad del Servicio Secreto.
Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la
esquina, la presión sobre el Servicio Secreto sigue aumentando. Los
demócratas y republicanos han señalado que podrían aprobar fondos
adicionales en el Congreso para fortalecer la seguridad, pero los
cambios no llegarán a tiempo para las elecciones de noviembre. Mientras
tanto, la agencia enfrenta la difícil tarea de proteger a sus protegidos
en un entorno de creciente polarización y violencia política.
La campaña de Trump continúa, con eventos programados en
Nueva York y Washington D.C., pero la sombra de los fallos en seguridad
persiste.
La ONU denuncia aumento de
la represión en Venezuela tras elecciones presidenciales

La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para
Venezuela ha alertado sobre un alarmante incremento en la represión y
violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro
tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En su informe
más reciente, presentado el 17 de septiembre, la misión señaló que
Venezuela atraviesa su peor crisis de derechos humanos desde 2019, con
un aumento de los abusos tras las controversias que rodearon los
resultados electorales.
El informe destaca que más de dos docenas de personas han muerto y al
menos 2.400 han sido detenidas en las manifestaciones que surgieron
después de que las autoridades electorales declararan a Maduro como el
ganador sin haber presentado las actas de votación. La oposición,
liderada por María Corina Machado y Edmundo González, afirmó que había
obtenido la mayoría, lo que desató una ola de protestas a nivel
nacional.
La misión, que no ha podido ingresar al país y realizó su investigación
a través de entrevistas remotas, concluyó que el gobierno de Maduro ha
orquestado un plan para desmantelar la oposición y silenciar cualquier
tipo de crítica. Marta Valiñas, jefa de la misión, afirmó que se está
llevando a cabo una represión "sistemática, coordinada y deliberada"
para asegurar la permanencia del gobierno en el poder. Además, señaló
que el aparato estatal, incluido el sistema judicial, ha sido
instrumentalizado para silenciar a los disidentes.
El informe también reveló que 24 de las 25 muertes durante las protestas
fueron causadas por disparos, la mayoría de ellos en el cuello de
jóvenes menores de 30 años de barrios populares. En los primeros días de
manifestaciones, 158 niños fueron arrestados, algunos de ellos con
discapacidades, y acusados de delitos graves como terrorismo.
Desde 2019, las denuncias de desapariciones, torturas y tratos crueles
han aumentado. Además, la operación "toc toc", una redada que consistía
en la detención de críticos del gobierno en sus hogares, afectó
principalmente a ciudadanos de barrios pobres, según el informe de la
ONU.
El gobierno venezolano, sin embargo, ha responsabilizado a "extremistas
de derecha" instigados desde el extranjero por el aumento de la
violencia, aunque hasta el momento no ha emitido una respuesta oficial
al informe de la ONU.
A pesar de que las investigaciones de la ONU no tienen efectos jurídicos
inmediatos, Francisco Cox, miembro de la misión, señaló que la
documentación podría ser utilizada en la Corte Penal Internacional o en
países que aplican la jurisdicción universal. Esto abre la posibilidad
de que las violaciones denunciadas sean investigadas en tribunales
internacionales.
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