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Controversia Petro-Estados Unidos
por discurso antisemita
La encargada
especial de la oficina contra el antisemitismo de Estados
Unidos, Deborah Lipstadt, cuestionó las críticas del presidente
Gustavo Petro, a la ofensiva militar israelí en la Franja de
Gaza.
"La retórica continua del presidente Gustavo Petro normaliza el
antisemitismo. No podemos aceptarlo, no podemos tolerarlo.
Debemos condenar estas narrativas dañinas", ha afirmado Lipstadt
en un mensaje republicado en las redes sociales de la Embajada
estadounidense en Bogotá.
Para Lipstadt, "comparar cualquier acción actual,
particularmente de Israel, con la aniquilación sistemática de
los campos de exterminio nazis es profundamente ofensivo". "Hay
que separar la preocupación legítima por los derechos humanos en
Gaza de referencias históricas erróneas y antisemitas",
argumentó.
El propio Petro respondió a Lipstadt empleando también la red
social X en un extenso mensaje. "Señora embajadora. Los
palestinos son semitas de acuerdo a la Biblia, dado que la
palabra semita designa a los descendientes de Sem y su lengua",
apuntó antes de señalar a Israel por ser antisemita.
"Es antisemita matar niños y niñas arrojando bombas en Gaza y no
oponerse a ello (...). Yo no soy antisemita. No confunda y
respete. No soy antijudío, creo en la libertad de cultos y si
hubiera nacido en esa época hubiera dado mi vida en la
resistencia armada contra los nazis", argumentó.
Petro afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin "Netanyahu
y su gobierno, reo ausente de la justicia internacional, no es
el semitismo, es el nazismo".
Radicaron tutela contra Petro por
ternar a Eljach a la Procuraduría
Un día después de
que Gustavo Petro anunciara a Gregorio Eljach como su candidato
a la Procuraduría General, se radicó una tutela ante el Consejo
de Estado en la que se argumenta que el presidente no respetó el
debido proceso al excluir a Eljach de la convocatoria pública.
La controversia se originó cuando el presidente Petro realizó
una convocatoria pública para que los ciudadanos se postularan
al cargo de procurador, resultando en 41 inscripciones. Sin
embargo, el actual secretario del Senado, Gregorio Eljach, no
participó en este proceso, ni figuró en el listado de 20
preseleccionados que fueron evaluados por el Departamento
Administrativo de la Función Pública.
La acción judicial,
presentada por el abogado Saúl Villar Jiménez, sostiene que "el
hecho de que el jefe de Estado no eligiera su candidato de las
personas que participaron de la convocatoria pública constituye
una violación al debido proceso".
El abogado Saúl Villar Jiménez, responsable de la tutela
radicada ante el Consejo de Estado, argumenta que el presidente
ha violado el derecho al debido proceso al no seleccionar su
candidato de entre los postulantes que sí participaron en la
convocatoria. Según la tutela, “una vez revisadas las hojas de
vida de los aspirantes inscritos en la Presidencia de la
República para ser ternados por el Ejecutivo para la
Procuraduría General de la Nación, por parte del Departamento
Administrativo de la Función Pública, quedó un listado de 20
aspirantes en el cual no aparece el nombre del doctor Juan
Gregorio Eljach Pacheco”.
Villar menciona que,
aunque la Constitución no impone un procedimiento específico
para la elección del procurador, la existencia de
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un acto administrativo que
incluía una invitación pública genera la obligación de respetar dicho
proceso. “No le importó la invitación pública que él [el presidente]
había hecho para escoger su candidato, jugando con los sentimientos y
aspiraciones no solo de los colombianos que aceptaron la invitación”,
señala la tutela.
La tutela también menciona
la existencia de posibles conflictos de interés e inhabilidades en
relación con la postulación de Eljach, al ser el secretario del Senado,
ocupa un cargo que lo vincula directamente con la corporación encargada
de elegir al nuevo procurador, lo que genera dudas sobre la idoneidad de
su postulación. Villar argumenta que “el doctor Juan Gregorio Eljach
Pacheco puede estar incurso en una causal de inhabilidad”, lo que abre
un debate sobre la transparencia y la ética en el proceso.
Reacción de Petro
En respuesta a la tutela, el presidente Petro utilizó su cuenta en la
red social X para manifestar su desacuerdo y defender su derecho
constitucional a ternar candidatos. En un mensaje se preguntó: “¿También
me van a quitar mi derecho constitucional a ternar candidato a
procurador de todas las personas que se inscribieron ante las cortes y
mi despacho, como dice mi carta al presidente del Senado? ¿O se trata de
un vargasllerismo que sufre de viudez del poder?”. Además, concluyó su
mensaje advirtiendo sobre el uso político de la justicia: “Por favor, no
más Néstor Humberto, no más cartel de la toga, no más usar la justicia
como arma política y extorsiva”.
La tutela, presentada ante el Consejo de Estado, no solo busca la
suspensión inmediata de la candidatura de Eljach, sino que también exige
que el presidente elija a su candidato de entre los 20 preseleccionados
que sí participaron en la convocatoria. Esta situación plantea un dilema
sobre el equilibrio entre la autonomía del presidente en la toma de
decisiones y la necesidad de respetar los procedimientos establecidos.
Corte Constitucional confirma que ya
admitió 11 demandas contra la Pensional
La Corte Constitucional
confirmó que se han admitido 11 demandas en contra de la reforma
pensional del Gobierno nacional que modifica el sistema de jubilación en
Colombia. Según se advierte desde el sistema de la Secretaría General
del alto tribunal, a la fecha se han interpuesto 36 recursos en contra
de la ley 2381 de 2024.
Frente al alud de
actuaciones presentadas, los magistrados de la Corte han aceptado
comenzar con al menos 11 de las solicitudes, que fueron clasificadas de
manera que estuvieran relacionados con casos y argumentos similares
sobre los cuales se fundamenta la demanda. Una de esas en estudio es la
de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que se encuentra
en el despacho del vicepresidente de la Corte, Jorge Ibáñez, quien fue
recusado para resolver la demanda en razón de las denuncias que hiciera
por interceptaciones ilegales en su contra.
En dicha recusación se advierte que “la actitud asumida por el
magistrado Ibáñez al denunciar ser víctima de interceptaciones ilegales
y posteriormente afirmar que no tiene indicios de tales actos en su
contra, lo que denota es un aparente ánimo de generar suspicacias en
contra del Ejecutivo, porque no es de buen recibo que del talante del
magistrado Ibáñez haga este tipo de acusaciones sin material probatorio
y de forma acelerada”.
Sin embargo, una de las
demandas que no cumplieron con el trámite constitucional fue la del
senador Jonathan Pulido, más conocido como Jota Pe Hernández, del
partido Alianza Verde. Según explica la Corte Constitucional, este
recurso jurídico fue rechazado por no ceñirse a los requisitos para
iniciar el trámite de constitucionalidad.
Congreso presentó cinco demandas
A su turno, el representante Carlos Edward Osorio, del Centro
Democrático por el departamento del Tolima, confirmó a través de sus
redes sociales que una de las cinco demandas presentadas por el Congreso
de la República en contra de la reforma pensional fue la suya.
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Tras esa determinación, Osorio señaló: “Lo logramos, la
Corte Constitucional admitió la demanda contra la reforma pensional que
lideramos en compañía de la bancada de Cámara del Centro Democrático y
de otros congresistas de oposición. Nos motiva como siempre la defensa
de la institucionalidad, y en este caso en particular, preservar y
salvaguardar el ahorro y las cotizaciones de los colombianos, que el
gobierno del presidente Petro quiere coger de caja menor, volviéndola
plata de bolsillo. Para otorgar alivios a la tercera edad, que en efecto
necesitan, no se requieren leyes pensiónales; solo voluntad política y
manejo transparente de los recursos públicos”.
En este sentido se conoce que desde el 21 de agosto el magistrado José
Fernando Reyes admitió la segunda demanda que presentaron los
representantes a la Cámara por el Centro Democrático Carlos Edward
Osorio, Andrés Forero, Óscar Villamizar, Hernán Cadavid, entre otros
parlamentarios de esa colectividad. Advirtiendo principalmente que la
reforma debía tener cuatro debates y se aprobó únicamente con tres
discusiones, dos en Senado y una en Cámara.
Así las cosas, el alto tribunal señaló: “Los reproches formulados son
claros, porque los argumentos expuestos permiten comprender como la
aprobación del proyecto infringió los principios de consecutividad y
publicidad, así como también la elusión del debate”. Esto al tratarse de
la aprobación de una proposición para que se acogiera el texto de Senado
una vez finalizó en Cámara la resolución de impedimentos y recusaciones
a los congresistas”.
Diálogos con España sobre el galeón San
José van por muy buen camino
El viceministro de
Exteriores de Colombia, Jorge Rojas, ha afirmado este viernes que las
conversaciones con el Gobierno de España sobre la batalla legal en torno
a la propiedad del galeón 'San José', de bandera española y hundido
frente a las costas de Cartagena, "van por el buen camino".
Durante una entrevista con Europa Press en Casa de América, Rojas ha
hablado de "avances importantes" en el marco de estas negociaciones,
ahora gestionadas por las carteras de Exteriores de ambos países. Por
ello, ha explicado, los próximos anuncios al respecto se harán de forma
"bilateral".
"Hemos decidido que algunos
asuntos de esa relación con España se manejen en términos de Cancillería
y tenemos avances importantes que queremos anunciar bilateralmente en su
momento", ha puntualizado en relación al carácter diplomático de la
cuestión.
Sus palabras llegan poco
antes de que Colombia presente el próximo mes de octubre una respuesta
ante el Tribunal Permanente de Arbitraje a la demanda presentada en 2022
por la empresa estadounidense Sea Search Armada, que busca quedarse con
parte del tesoro hallado en el navío.
Se trata de un complejo proceso arbitraje valorado en unos 8.500
millones de euros --cuantía exigida por Sea Search Armada, que asegura
que la compañía ya había descubierto en los años 80 los bienes y afirma
que se trata de un caso de expropiación por parte del Gobierno de
Colombia--.
El pasado mes de agosto, las autoridades colombianas, que consideran el
galeón un bien de interés cultural para la nación, hallaron nuevas
piezas arqueológicas durante su primera expedición a la zona.
La empresa estadounidense localizó los restos del barco, objeto ahora de
una disputa a tres bandas que implica a esta compañía, a Colombia y a
España, a cuenta de los derechos de cada una de las partes. El Gobierno
de Gustavo Petro ha declarado la zona del hundimiento Área Arqueológica
Protegida de la Nación.
Por su parte, el Gobierno de España reitera que se trata de "un buque de
Estado de titularidad española" y sostiene que las negociaciones con el
Ejecutivo colombiano continúan para el estudio y conservación de sus
restos.
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