que están en manos de otros actores de la industria.

Ecopetrol afirmó que uno de las medidas es "la flexibilización de la regulación, que le permita a Ecopetrol poner a disposición del mercado la totalidad de su gas disponible para la venta en firme, en cualquier momento y mediante bloques menores a un año. Esto, como complemento a los esfuerzos y cambios regulatorios ya adelantados por el Ministerio de Minas y Energía y la CREG durante 2024"

En ese sentido, también agregó que "la demanda nacional creó una expectativa en el año 2023, cuando Canacol Energy anunció un potencial de producción para los años 2025 y 2026 de 231 GBTUD. Sin embargo, en el 2024 este productor ha reducido la producción esperada a 158 GBTUD, lo que estaría generando un déficit de 73 GBTUD. Por lo tanto, es imperioso que se recuperen estos volúmenes de producción, pues se hacen indispensables para balancear las necesidades de gas a nivel nacional".

Otra medida que anunció fue importación a través de la plataforma de SPEC LNG seguirá siendo la mejor opción de respaldo de garantía de suministro y por eso se requiere que, sobre una capacidad de 50 GBTUD de la misma, se desarrolle rápidamente la comercialidad de estos volúmenes, para que sea posible asegurar la capacidad, la firmeza y eficiencia del mercado con dicha importación. Ecopetrol celebra que se haya aprobado a SPEC LNG la expansión de 30 GBTUD adicionales para poner a disposición del mercado en el 2025.
La petrolera afirmó que adicionalmente "es necesario asegurar la viabilidad financiera para el desarrollo de la capacidad de transporte de gas, que permita los mayores flujos desde la costa caribe hasta el interior del país, en especial, es muy importante que el proyecto de bidireccionalidad del sistema Barranquilla – Ballena entre en operación en el primer trimestre de 2026"

Por último, es fundamental acelerar la entrada de los proyectos de generación a partir de fuentes renovables, de tal forma que alivien la presión que el sector eléctrico está imponiendo al sector de gas natural, y que permitan sustituir gradualmente el uso de combustibles líquidos en la producción de electricidad. Es urgente implementar medidas que posibiliten superar las dificultades, en los ámbitos social y ambiental, que hoy enfrentan los proyectos de energía renovable.

Vehículo tractocamión se incendió en la vía Guaduas

Un tractocamión perteneciente a la Industria Militar (Indumil) se incendió mientras transitaba por la vía Guaduas – Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca, debido a una falla mecánica.

El incidente se registró a las 6:15 p.m., cuando el vehículo formaba parte de un convoy que transportaba material restringido.

Indumil confirmó en un comunicado que el incendio fue provocado por una falla mecánica en los frenos del vehículo, lo que
 

ocasionó que impactara a otro automotor, desencadenando las llamas. De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad, y la emergencia fue atendida por miembros del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar la situación. Las autoridades informaron que no se reportaron personas heridas, y que actualmente se trabaja en garantizar la seguridad en la zona afectada.

Se hace un llamado a la comunidad cercana a seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúan las labores de control y normalización del área.

Este tipo de caravanas son habituales en la zona, dado que se encargan del transporte de material militar bajo escolta.

Presentarán tutela para recuperar $70 mil millones de Centros Poblados

Desde Manizales, la procuradora Margarita Cabello Blanco confirmó que la Procuraduría General de la Nación presentará en los próximos días una tutela para intentar recuperar los $70 mil millones de pesos perdidos en el escándalo de Centros Poblados. Este anuncio surge luego de que el Consejo de Estado rechazara la acción popular interpuesta por la entidad para tal fin.

Estos recursos fueron entregados como anticipo en un contrato fallido que pretendía llevar internet a las escuelas rurales de las zonas más apartadas del país. La tutela, según explicó Cabello, busca reactivar la acción popular que fue negada en abril por el Consejo de Estado.

"Estamos listos para presentar una acción de tutela que permita que la acción popular continúe su recorrido y se tomen las medidas necesarias para recuperar estos recursos", afirmó la procuradora durante su intervención. La Procuraduría ha sido la única entidad que ha tomado acciones concretas contra los implicados, imponiendo sanciones a funcionarios del Ministerio de las TIC relacionados con la fallida licitación. “Nosotros sí actuamos”, enfatizó Cabello.

En medio de la polémica, la procuradora también se refirió a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, señalando que no se encontraron pruebas que la vincularan directamente al proceso de adjudicación del contrato. Según la investigación, la responsabilidad de la licitación recaía en la Secretaría General del Ministerio, y fue la propia Abudinen quien ordenó detener el proceso al detectar irregularidades en las pólizas y quien inició la investigación que sacó a la luz el escándalo.

El caso de Centros Poblados ha sido un referente en los temas de corrupción en el país, afectando tanto la gestión pública como los esfuerzos por cerrar la brecha digital en las áreas rurales. Pese a la decisión del Consejo de Estado de archivar la acción popular, Cabello expresó su confianza en que la tutela será el mecanismo que permita que el proceso continúe y se logre el reintegro total de los recursos públicos mal utilizados.

Además de la tutela, la Procuraduría sigue avanzando en varias investigaciones relacionadas con este contrato, lo que ha permitido recuperar una parte de los dineros desviados. No obstante, según la procuradora, es fundamental persistir en los esfuerzos para garantizar la devolución completa del anticipo entregado a Centros Poblados.