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A la cárcel tres presuntos
integrantes de las disidencias de las FARC: estarían vinculados con 14
homicidios
Tres presuntos integrantes de la estructura Iván Díaz de las disidencias
de las Farc fueron judicializados por su presunta participación en 14
homicidios selectivos que se cometieron en el departamento del Huila.
Según lo que informó la Fiscalía General de la Nación la mañana del
jueves 26 de septiembre de 2024, estos hechos delictivos se habrían
presentado entre agosto de 2023 y septiembre de 2024 en los municipios
de Hobo, Campoalegre y Algeciras, en Huila.
Estos crímenes están relacionados con disputas por el control de rentas
ilícitas y actos de intimidación contra la población civil, explicó el
ente investigador.
De acuerdo con los elementos materiales de prueba que recolectó el
equipo de investigadores se pudo identificar a Cristol Andrea Sánchez
Uribe, alias La Negra o Wend; Britny Juliet Cuéllar Martínez, alias
Derly; y Elmer Ronaldo Collazos Camayo, alias Churos.
Según las autoridades, estos individuos están implicados en casos de
homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación,
tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones
agravado.
Pero aparte de todo eso, a ‘La Negra’ también le imputaron el delito de
terrorismo. Esto último se determinó debido a su relación con el
lanzamiento de un artefacto explosivo contra una estación de servicio en
Hobo el 24 de agosto de 2023 y la incineración de un vehículo de
transporte público intermunicipal.
Los tres acusados no aceptaron los cargos y, por orden de un juez de
control de garantías, deberán cumplir una nueva medida de aseguramiento
en un establecimiento carcelario. Estos individuos ya habían sido
capturados, judicializados y privados de la libertad por otros delitos.
Lo que se conoció en medio de la audiencia
“Desde mayo del año 2023 en el departamento del Huila, (alias La Negra,
Derly y Churos), acordaron pertenecer a la empresa criminal denominada
frente Iván Díaz, que actuaría como una disidencia de las Farc-ep, es
decir, como un grupo armado organizado residual (GAOR) desarrollaron
actividades ilícitas en el departamento del Huila”, explicó la fiscal.
“Asimismo se tiene que los procesados dentro de la empresa criminal
tenían el rol de sicarios, desempeñándose en la comandancia de la red
urbana del frente Iván Díaz”, agregó la Fiscalia.
Para que no quedaran dudas sobre su participación en estos 14
homicidios, la fiscal expresó: “aquí también se tiene la participación
de los tres imputados ocurre el 24 de junio del año 2023 siendo las
12:30 horas en Puerto Seboruco, del municipio de Campo Alegre Huila;
aquí miembros del Frente Iván Díaz utilizando armas de fuego uso
personal, sin permiso para porte, segaron la vida (de una de sus
víctimas...), siendo coautores en una edición de trabajo Cristol Andrea
Sánchez Uribe, Elmer Ronaldo Collazos Camayo y Britny Juliet Cuéllar
Martínez”.
“El resultado de la necropsia a la inspección técnica de cadáver”,
sumado a las mismas entrevistas dieron cuenta que varios de los cuerpos
de las víctimas “presentaban disparos letales en su cabeza en la cara
alguno de ellos fueron realizados a corta distancia”, indicó la fiscal
en medio de la diligencia judicial.
Preocupa presencia de las disidencias de las FARC en Tolima
Este caso se suma a un nuevo hecho que tiene en alerta a la fuerza
pública, en específico en el departamento de Tolima, que ha sido testigo
de la llegada de una nueva facción de las disidencias de las Farc,
conocida como el Frente 57, proveniente del Valle del Cauca.
Según las autoridades de seguridad del departamento, este grupo ha
comenzado a realizar actividades para anunciar su presencia en la región
sur del departamento.
El coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía del Tolima,
informó que en la última semana se han observado varias pancartas y
viviendas pintadas con el nombre del Frente 57 en el municipio de
Planadas, informó RCN Radio. “Estamos trabajando con nuestro Ejército
Nacional para capturar a las redes de apoyo que ellos tienen o que
estarían llegando al municipio”, explicó Ojeda.
Las labores de inteligencia han identificado que estas actividades se
concentran en la zona rural del municipio, específicamente en los
corregimientos de Gaitania y Bilbao, donde se han instalado pancartas y
pintado grafitis en varias casas. Aunque no se han registrado actos
violentos, la presencia de este grupo ha generado preocupación entre los
habitantes de la región.
El Frente 57 es una facción disidente del Estado Mayor Central de las
FARC, y su llegada al Tolima se suma a la compleja situación de
seguridad en el departamento. Las autoridades locales están en alerta y
han intensificado las operaciones para prevenir cualquier acción
delictiva por parte de este grupo.
Guardia del INPEC fue asesinado
luego de salir de su turno en Barranquilla
En la mañana del jueves 26 de septiembre fue asesinado un guardia el
Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) en un
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ataque sicarial en inmediaciones a la penitenciaría El
Bosque, ubicado en el suroccidente de Barranquilla (Atlántico).
De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las
8:30 de la mañana en el barrio Las Malvinas, cuando la víctima se
desplazaba hacia su vivienda en su camioneta de color gris, placas QHY-819,
y fue abordado por hombres armados.
El ataque se produjo cuando los delincuentes, a bordo de una
motocicleta, se detuvieron junto al carro de la víctima y comenzaron a
disparar indiscriminadamente. Luego de lograr su cometido, aceleraron,
huyeron del lugar y tomaron rumbo desconocido.
La víctima fue identificada como el dragoneante Valentín Payares.
Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva para dar con los
responsables de este ataque contra el funcionario del Inpec, por lo que
se desplegó un operativo en el sector de Barranquilla, con el objetivo
de localizar a los motorizados implicados en el crimen.
Desde el Inpec rechazaron este acto violento ocurrido en el sur de
Barranquilla: “Como familia Inpec nos levantamos con una trágica noticia
tras el asesinato del dragoneante Valentín Payares del Eron El Bosque de
Barranquilla. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”,
escribieron.
Además, la entidad pidió a las autoridades competentes dar con los
responsables del crimen. “Acompañamos a sus seres queridos en este
difícil momento y solicitamos a las autoridades competentes dar con los
responsables de este lamentable suceso”, expresaron en sus redes
sociales.
Por su parte, Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, el director general del
Inpec, se pronunció también a través de su cuenta de X y expresó su
lamento por la pérdida, además dejó un mensaje de condolencia para
acompañabar el dolor de la familia del dragoneante. “Lamentamos
profundamente su pérdida y solicitamos a las autoridades celeridad en la
investigación para dar con los responsables de este hecho. Acompañamos a
su familia”, señaló el funcionario.
El director hizo énfasis en que la importante de las indagaciones de las
autoridades para que avancen con celeridad y se haga justicia.
En lo corrido del 2024, casos como este han sido 38 funcionarios del
Inpec asesinados, por cumplir con sus deberes.
Dragoneante del Inpec que había denunciado corrupción en las cárceles
fue asesinado en Montería.
Días antes de su asesinato, José Richard Hernández, dragoneante del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), había denunciado
actos de corrupción en la cárcel Las Mercedes de Montería.
Hernández fue asesinado la noche del lunes 5 de agosto mientras se
desplazaba en su motocicleta entre los barrios Villa Caribe y la
Urbanización Mandála en Montería.
El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el coronel Carlos
García, informó que Hernández estaba de descanso y se dirigía a su
residencia cuando fue atacado por dos delincuentes que le dispararon,
causándole la muerte. Las autoridades han ofrecido una recompensa de
hasta veinte millones de pesos por información que conduzca a la captura
de los responsables.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario expresó sus
condolencias a través de sus redes sociales, lamentando profundamente la
pérdida de Hernández, quien también era guía canino y estaba vinculado
al ERON de Montería. “Queremos expresar nuestras más sentidas
condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo. Nuestro apoyo
y solidaridad están con ustedes”, publicaron.
La denuncia de Hernández involucraba a un compañero que permitía el
ingreso de teléfonos móviles a los reclusos, lo que llevó a su traslado
a Caucasia sin un plan de seguridad adecuado. Este antecedente ha
llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de que el
asesinato esté relacionado con sus denuncias y su rol dentro del INPEC.
El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el coronel Carlos
García, informó que Hernández estaba de descanso y se dirigía a su
residencia cuando fue atacado por dos delincuentes que le dispararon,
causándole la muerte. Las autoridades han ofrecido una recompensa de
hasta veinte millones de pesos por información que conduzca a la captura
de los responsables.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario expresó sus
condolencias a través de sus redes sociales, lamentando profundamente la
pérdida de Hernández, quien también era guía canino y estaba vinculado
al ERON de Montería. “Queremos expresar nuestras más sentidas
condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo. Nuestro apoyo
y solidaridad están con ustedes”, publicaron.
La denuncia de Hernández involucraba a un compañero que permitía el
ingreso de teléfonos móviles a los reclusos, lo que llevó a su traslado
a Caucasia sin un plan de seguridad adecuado. Este antecedente ha
llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de que el
asesinato esté relacionado con sus denuncias y su rol dentro del INPEC.
Desarticularon call center
extorsivo en cárcel de Cundinamarca
Un operativo llevado a cabo por el Gaula
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Militar y la Policía Nacional en el
establecimiento penitenciario la Esperanza, más conocido como La Pola,
ubicado en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, se logró la
desarticulación de una red criminal que operaba dentro de las celdas
bajo un sofisticado modelo de call center con fines extorsivos.
Este resultado que hace parte de las acciones dentro del Plan Ayacucho,
se conoció la mañana del 26 de septiembre de 2024, luego que los agentes
llegaron de sorpresa al centro de reclusión, donde hallaron todos los
componentes de la oficina que tenían montada para realizar llamadas a
comerciantes de Bogotá.
Los reos les exigían millonarias sumas de dinero a sus víctimas
haciéndose pasar por miembros de estructuras criminales, y además de la
capital del país, también operaban en otros municipios cercanos, donde
los ciudadanos recibían estas inoportunas llamadas.
“Se incautaron 27 celulares, veinte sim cards, cincuenta cargadores de
celular y 28 audífonos, que según la información recolectada por labores
de inteligencia, eran utilizados para realizar llamadas extorsivas a
comerciantes del centro del país”, informó el brigadier general Rodolfo
Morales Franco, comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército
Nacional.
Este tipo de modalidad conocido como llamada carcelaria, consiste en que
personas privadas de la libertad se hacen pasar por diferentes
estructuras criminales (como courrió con comerciantes de la localidad de
Kennedy y delincunentes que cobraban extorsiones haciéndose pasar por
miembros del Tren de Aragua o Los Satanás) para presionar a los
comerciantes de Bogotá y municipios cercanos a la ciudad, para obtener
pagos extorsivos.
El Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) también apoyó
las labores que llevaron a cabo los miembros del Gaula Élite N.º 2 de
las Fuerzas Militares, con la que “se golpean las finanzas ilegales de
estructuras criminales que delinquen en Bogotá y Cundinamarca”, cerró el
general morales.
Casos como este se suman a los que ocurrieron durante el 2024, como el
episodio que se conoció el 5 de junio, después del operativo efectuado
en la cárcel de Girardot (Cundinamarca), donde los agentes encontraron
12 cuadernos en los que los presos documentaban toda la información
personal de posibles víctimas, para luego llamabarlas y exigirles el
pago de extorsiones.
En tanto que el 28 de abril se conoció que en la cárcel La Vega, en
Sincelejo (Sucre) también fue descubierto otra central de operaciones
similar a un call center. Es dicha ocasión las autoridades incautaron 23
celulares y 53 sim cards, más estupefacientes y armas cortopunzantes,
que serían de miembros del Clan del Golfo.
Policía que denunció a sus
superiores por nexos con el ELN recibió medidas cautelares por la Corte
IDH
Un patrullero de la Policía Nacional de Colombia recibió protección por
parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que
demostrara que su vida e integridad, así como la de su familia se
encuentra en riesgo luego de que denunciara a sus superiores por tener
nexos con el grupo armado organizado del ELN.
“Se emitió el 19 de septiembre de 2024 la Resolución 66/2024, mediante
la cual otorgó medidas cautelares a favor de G.O.F., su esposa y tres
hijas en Colombia, tras considerar que se encuentran en una situación de
gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”,
anunciaron en el organismo multilateral mediante un comunicado el
miércoles 25 de septiembre.
En la Corte IDH informaron que el uniformado fue amenazado de muerte
porque se negó a devolver unos artefactos explosivos que le confiaron
dos subintendentes, sus otrora superiores, que fraguaban entregar a
miembros de la mencionada guerrilla, cuando estaba adscrito a una de las
unidades antinarcóticos en esa institución de la Fuerza Pública.
“Tras denunciar estos hechos y entregar el material a la Fiscalía
General de la Nación, G.O.F. y su familia comenzaron a recibir amenazas
a través de llamadas telefónicas y correspondencias”, refirieron del
caso.
A partir de ese momento, el patrullero comenzó a vivir una pesadilla, ya
que tuvo que desplazarse de manera forzada en múltiples oportunidades
con su familia, ya que también les filtraban a los uniformados corruptos
su ubicación, lo que hizo que la situación fuera insostenible y tuviera
que recurrir a las autoridades colombianas que no hicieron nada para
protegerlos, por lo que tuvo que acudir a la Corte IDH que finalmente le
concedió las medidas cautelares.
Aunque señalaron que valoraban estas acciones por parte de Colombia, no
cesan las amenazas contra el valiente e íntegro policía que es víctima
de ese contubernio de sus superiores con el ELN.
“No se han adoptado medidas de protección material para salvaguardar la
vida e integridad de las personas beneficiarias, lo que agrava su
situación de vulnerabilidad”, reiteraron en el comunicado.
Por esta grave situación, la Corte IDH le solicitó a las instituciones
del Estado colombiano que “adopte las medidas necesarias para proteger
los derechos a la vida e integridad” del patrullero y su familia de
manera urgente y que, además, “informe sobre las acciones adelantadas a
fin de investigar los hechos” de corrupción en la unidad policial en la
que ocurrió ese deleznable hecho.
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