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Presidente Petro pide reunión con
el cuerpo diplomático
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, emitió
un contundente mensaje tras la decisión del Consejo Nacional
Electoral (CNE) de abrir una investigación formal contra su
campaña presidencial de 2022.
En su trino, el Jefe de Estado calificó la acción del CNE como
un "golpe contra el fuero integral del presidente" y contra "el
voto popular y la ley". Ante esta situación, el mandatario
solicitó una reunión urgente con el cuerpo diplomático para
explicar lo que, según él, constituye un atentado contra su
mandato.
Petro llamó a las "organizaciones populares del país" a entrar
en "asamblea permanente", enfatizando que "la hora de la
movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado".
Además, el presidente también ordenó por medio de su publicación
a las fuerzas de seguridad a no utilizar las armas contra el
pueblo durante las movilizaciones que pudieran surgir a raíz de
este escenario político.
Este pronunciamiento se produce luego de que el CNE anunciara la
apertura de una investigación por presuntas irregularidades en
los gastos de su campaña presidencial, incluyendo violaciones a
los topes de financiación electoral. Petro ha rechazado estas
acusaciones, señalando que la decisión del CNE está basada en
"hechos falsos" y que busca sacarlo del poder.
En su trino, el presidente también mencionó la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, según él,
ha sido violada por completo, y solicitó a sus abogados actuar
en consecuencia.
El llamado de Petro a la comunidad internacional y a la
movilización interna marca un nuevo capítulo de tensión política
en el país, mientras avanza la investigación contra su campaña
electoral.
Apertura de investigación de CNE a
campaña presidencial de Petro
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que
abrirá investigación formal en contra de la campaña 'Petro
Presidente' de 2022, y formulará cargos en contra del presidente
Gustavo Petro y Ricardo Roa por una presunta violación de topes
de financiación electoral y otras anomalías contables.
Tras un intenso pulso jurídico en los últimos meses durante el
cual los abogados del presidente trataron de bloquear el proceso
y forzar a que fuera trasladado de inmediato a la Comisión de
Investigación de la Cámara de Representantes, la facultad del
CNE para llevar a cabo este expediente fue ratificado por un
fallo del Consejo de Estado semanas atrás. Esto permitió al alto
tribunal electoral reanudar el estudio de la ponencia que había
sido proyectada inicialmente el 8 de mayo del 2024 por los
magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.
Dicha ponencia fue rotada entre otros magistrados y finalmente
fue votada hoy hacia el mediodía, siendo aprobada por una
votación de siete votos a favor, de los nueve posibles.
Trascendió que votaron a favor Padra y Ortiz, así como los
magistrado Cesar Lordoy, Alfonso Campo, Marizta Martínez,
Crisitan Quiroz y Altus Baquero (recien reintegrado, luego de
que su elección fuera puesta en duda por decisiones jurídicas).
Las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, cercanas
al Gobierno y la centro izquierda, se apartaron de la decisión
mayoritaria.
La aprobación de la ponencia da lugar a una apertura de
investigación formal, en la que tanto la defensa del entonces
candidato y hoy jefe de Estado, como la del entonces gerente de
campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tendrán la
oportunidad de controvertir el amplio acervo probatorio que
figura en el expediente.
De hecho, en los
próximos dos meses se llevará a cabo la etapa probatoria en la
que todos los mencionados serán citados a declarar. Tras ello,
los magistrados ponentes escucharán la conclusión de los
alegatos de las partes, etapa que debería durar dos semanas.
Vendrá entonces la decisión de los magistrados ponentes, que
deberán proyectar o un escrito de acusación o archivar el
proceso. Si encuentran que hay mérito para acusar a Petro y Roa,
de inmediato el expediente en contra del jefe de Estado debe ser
remitido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en donde los
parlamentarios de esa célula congresional abocarán el proceso
con miras a establecer si la persona del presidente incurrió en
algún delito y debe ser llevado a juicio.
En el caso de Roa,
el CNE continuaría el proceso administrativo en su contra y
daría traslado del expediente a la Fiscalía,
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para que sea investigado penalmente, si hay mérito, por violación de topes
electorales y otras presuntas anomalías.
Golpe de Estado
Tras conocer la decisión del CNE este mediodía, el presidente Petro
trinó de inmediato, reiterando su tesis de que este proceso buscaría
sacarlo del poder.
"Ha comenzado el golpe de Estado", opinó el presidente.
Incluso horas antes de conocerse la decisión oficial del CNE, que le
abre investigación formal a su campaña, el primer mandatario había
indicado en la misma red social que "Era obvio que un acto hecho seis
meses antes de comenzar la campaña electoral no se podía sumar a los
gastos de la campaña porque se trata no de un gasto de campaña de un
acto de campaña sino de una reunión política, que es un derecho
fundamental en la Constitución".
En su trino, el mandatario también agregó que "la mala prensa tenía que
volver eso, un hecho bochornoso: transformar un derecho en un acto
pecaminoso para dañar la imagen del presidente y destruir de paso a
personas inocentes. De esta misma manera está hecha la nueva ponencia,
acusando a nuestra campaña de hechos falsos: sumando gastos de hechos
por fuera de la campaña, trastocando permisos de vuelo por horas de
vuelo que es muy diferente, transformando aportes de sindicatos a
partidos como si fueran a campañas, sumando facturas de dos fases
diferentes legalmente de la campaña para hacer sobrepasar los topes en
una fase".
Las razones del CNE
El siguiente es el comunicado en el que el CNE explica de manera puntual
y detallada por qué decidió abrir una investigación formal a la campaña
Petro 2022, especialmente las anomalías que se encontraron en materia de
financiación electoral.
Comunicado completo:
En este orden, al candidato, gerente de campaña, tesorera y auditores se
les endilga la presunta vulneración al límite de gastos en la CAMPAÑA DE
PRIMERA VUELTA por la suma de ($3.709.361.342), con fundamento en lo
establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 24 de la Ley
1475 de 2011, artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005 en concordancia
con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la
Corporación, al tenor de las faltas que se especifican a continuación:
Omitir el aporte realizado
por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN-FECODE por
la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000).
Omitir el reporte del préstamo realizado por el PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO
ALTERNATIVO por la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000).
Omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de
NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE
($931.290.000).
Omitir el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la
suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($356.102.872).
Omitir el reporte de pagos
efectuados desde la campaña al Senado 2022 de la COALICIÓN PACTO
HISTÓRICO por la suma de DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($202.471.731).
Omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo
por la suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($1.249.793.230).
Omitir el reporte de los aportes realizados por la UNIÓN SINDICAL OBRERA
“USO” por valor de CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL PESOS M/CTE ($121.544.000).
Para la segunda vuelta, se
les formula cargos por la presunta vulneración al límite de gastos por
la suma de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.646.386.773), con
fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo
24 de la Ley 1475 de 2011, artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005 en
concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada
por la Corporación, al tenor de las faltas que se especifican a
continuación:
Omitir el reporte de gastos por concepto del pago del evento realizado
el 19 de junio de 2022 (MOVISTAR ARENA) por valor de CIEN MILLONES DE
PESOS M/CTE ($100.000.000).
Omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de CIENTO
SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
($177.680.000).
Omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo
por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($962.957.784).
Omitir el reporte de
ingresos y gastos por concepto de pagos realizados por el MOVIMIENTO
POLÍTICO COLOMBIA HUMANA por la suma de QUINIENTOS TREINTA MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE
($530.579.983).
Omitir el reporte de los aportes realizados por la UNIÓN SINDICAL OBRERA
“USO” por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y
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NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($379.019.511).
Rechazan propuesta de Petro sobre elección popular de magistrados
El magistrado Hermes Lara, presidente de la Corporación de jueces y
magistrados, aseguró que el gremio rechaza la declaración del presidente
Gustavo Petro sobre la elección jueces y magistrados por votación
popular, como se propuso en México, porque sería un paso hacia el
absolutismo y significaría un retroceso en la historia.
“En esta, la separación de poderes es fundamental para garantizar la
democracia, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y
asegurar el cumplimiento de sus deberes y los del Estado. Esta
estructura se compone por tres ramas del poder público, legislativo,
ejecutivo y judicial. Los contrapesos y los límites de los poderes
provienen de la necesidad de preservar la democracia y evitar el abuso
de autoridad, asegura además que ningún poder domine sobre los demás,
protegiendo la libertad y justicia para todos”, explicó Lara.
Por su parte, Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) indicó que lo
propuesto por Petro “es un peligro para la independencia judicial”.
A través de una misiva, la Corporación argumentó que la elección de
jueces por voto popular distraería a estos de su verdadero propósito:
administrar justicia. Además, los sometería a presiones indebidas y a
actividades de carácter electoral, desvirtuando así su labor esencial.
Además, señaló que la iniciativa representa una intromisión directa en
las funciones de la Rama Judicial, amenazando su autonomía
constitucional y poniendo en riesgo el equilibrio de poderes.
"Es tan ridícula como si se propusiera que se eligiera mediante voto
popular a ministros, a superintendentes, al director del Departamento
Administrativo de la Presidencia o a aquellas personas que el Presidente
ha ternado en sus cargos, lo que iría en desmedro de la función de
coordinación de tareas por parte de la Rama Ejecutiva", dijo Hernando
Herrera Mercado, director ejecutivo de la Corporación.
Cabe señalar que el mandatario de los colombianos se refirió sobre la
reforma judicial en México que permite la elección de jueces por voto
popular, un modelo impulsado por Andrés Manuel López Obrador.
“No sé si es el mejor camino, pero no surge de la nada. América Latina
está viendo, a lo largo y ancho de su espacio continental, que los
deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas,
las cuales deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas”,
expresó.}
Excluir interceptaciones del
proceso contra Álvaro Uribe pide Procuraduría
Recientemente, la Procuraduría General de la Nación solicitó la
exclusión de 28 interceptaciones telefónicas en el caso que se lleva
contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, argumentando que estas son
ilegales por violar las comunicaciones entre abogado y cliente.
Las interceptaciones en cuestión involucran charlas entre Álvaro Uribe y
su abogado, Diego Cadena. Según la Procuraduría, el contenido de estas
conversaciones evidencia una relación profesional que es esencial para
la defensa del acusado. Esto implica que las comunicaciones eran parte
integral de actividades jurídicas y, por lo tanto, están protegidas por
el secreto profesional, tal como lo establece el artículo 74 de la
Constitución colombiana.
“No es sencillo establecer de tajo la solución al problema jurídico que
surge sobre la legalidad de las interceptaciones telefónicas a Diego
Cadena y Álvaro Uribe Vélez”, detalló Bladimir Cuadro, delegado de la
Procuraduría.
El procurador enfatizó que Diego Cadena representaba jurídicamente al
exmandatario, por lo que se deben respetar los derechos a la intimidad,
a la defensa, el secreto profesional y la inviolabilidad de las
comunicaciones. “Es necesario proteger las conversaciones con el
abogado, pues son catalogadas íntimas", indicó.
Por lo anterior, "el Ministerio Público solicita la exclusión de las 28
grabaciones magnetofónicas de interceptación de comunicaciones
solicitadas como elementos probatorios por la Fiscalía General de la
Nación y que serian ingresadas a través de la funcionaria adscrita a la
entidad", manifestó el delegado de la entidad.
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