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Liberan a una pareja de
comerciantes secuestrada por el Clan del Golfo en Atlántico
En la mañana del martes 8 de octubre de 2024, el Ejército Nacional dio a
conocer que el Gaula Militar Caribe, en trabajo conjunto con el CTI
Gaula, logró la liberación de una pareja de comerciantes que había sido
secuestrada entre los municipios de Baranoa y Usiacurí, en el
departamento del Atlántico.
De acuerdo con las autoridades, fueron alertados a través de vía
telefónica. El rescate fue posible gracias a la operación impulsada por
la Línea 147, que según la entidad es “un canal clave para que los
ciudadanos alerten a las autoridades en situaciones de riesgo”.
El mayor Fabio Gómez, comandante Gaula Militar Caribe, indicó que los
hechos sucedieron en “la vía que comunica al municipio de Usiacurí con
Baranoa a donde fueron llevados y controlados por delincuentes, que
haciéndose pasar por una estructura delincuencial tomaron contacto con
sus familiares y exigían una gran cantidad de dinero”.
Debido a la presión ejercida por los uniformados, los criminales se
vieron obligados a abandonar a las víctimas y a huir. Estos cuatro
sujetos, que se movilizaban en dos motocicletas, aparentemente serían
integrantes del grupo armado ilegal Clan del Golfo. “Los delincuentes,
al sentir la presencia de la unidad se escapan, empleando motocicletas,
por caminos cercanos al sector donde tenían retenidos a los
comerciantes”, agregó el oficial.
Las autoridades resaltaron la importancia de la Línea 147, que es una
herramienta que puede ayudar a los ciudadanos en casos de secuestro o
intimidación por parte de extorsionistas. “Este hecho resalta la
importancia de la colaboración ciudadana y el uso oportuno de la Línea
147, que ha sido vital para proteger a las comunidades. La confianza
depositada en este servicio gratuito permite que las autoridades actúen
con celeridad, salvando vidas y fortaleciendo la seguridad en la
región”, aseguró Gómez. En un video que difundieron las autoridades se
aprecia el momento exacto en el que las víctimas se reencuentran con sus
seres queridos.
Acciones como esta resaltan el trabajo de la Segunda Brigada, a través
del Gaula Militar Caribe, que continúa en su lucha en contra de los
grupos armados que amenazan la integridad de los habitantes del
Atlántico.
“Se invita a todos los ciudadanos a confiar en la Línea 147 y reportar
cualquier actividad sospechosa, ya que cada llamada puede ser decisiva
en la lucha contra el crimen. Atlanticenses recuerden que lo más
importante para el Gaula Militar Caribe son ustedes”, concluyó el
uniformado.
Alcalde de San Rafael,
Antioquia, denunció aumento de amenazas tras la muerte de alias Zeus
El conflicto armado está afectando directamente a los municipios y
corregimientos en la mayoría de
departamentos en Colombia. Habitantes de Antioquia,
Arauca, Meta o Cauca están sufriendo a diario ataques por parte de
diferentes grupos armados como el Clan del Golfo o las disidencias de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Pese a que el actual Gobierno ha
intentado por medio de la Paz Total realizar conversaciones para
finiquitar el conflicto, lo cierto es que hay un aumento de la presencia
de estos delincuentes en la mayoría de territorios mencionados. En medio
de este contexto, tras el abatimiento de Juan Carlos Rodríguez Agudelo,
conocido con el alias Zeus, el exmilitar que terminó militando en
lasfilas del Clan del Golfo, el actual alcalde del municipio antioqueño
de San Rafael, Edwin Aniceto Giraldo Quintana, ha denunciado el aumento
de amenazas en su contra por parte del grupo ilegal.
Las amenazas, que han llegado de diferentes formas, apuntan a este grupo
como el principal autor de las mismas. Es importante mencionar que para
él este tipo de sucesos no son nuevos, dado que ya en abril de 2024
recibió un mensaje a su celular por parte de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC), en la que le pedían apoyar a este grupo
armado.
Se puede leer en aquellos chats: “Plomo o coopera. Estamos en su
territorio y usted no lo cree. Le estamos pidiendo colaboración a todos
los comerciantes. Necesitamos su apoyo para la causa. Somos las Agc.
Pronto tendrá razón”.
Luego de la denuncia interpuesta ante los gobiernos y la preocupación
que le generan las distintas amenazas que ha tenido, se le asignó en las
últimas horas aumento en el esquema de seguridad, que consta de diez
policías en el territorio y un escolta. También un carro que, según el
alcalde, no cuenta con blindaje: “Nos asignaron un vehículo, pero no es
blindado, pero como yo siempre he dicho, dejo todo en las manos de Dios
y confiar en quienes hoy me están acompañando”.
También aseguró que seguirá trabajando tomando en cuenta las
recomendaciones que le hicieron las autoridades, “que no me desplace a
ninguna vereda del municipio, pero uno debe seguir gestionando y
poniendo todo en manos de Dios”.
Por defender a su hermano:
esto es lo que sabe
En la noche del 7 de octubre de 2024 se presentó un acto de violencia en
el barrio Torres de Bicentenario, ubicado en Cartagena. La víctima del
ataque fue identificada como Adrián José Noriega Puello, un joven de 17
años que murió tras involucrarse en una riña callejera.
De acuerdo con lo informado por el diario local El Universal, el joven
fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras intentaba defender a
su hermano menor, un adolescente de 16 años, que se vio involucrado en
una pelea callejera.
La víctima fatal de este hecho vivía en el barrio Villas de Aranjuez
junto con su hija de tres años. Además, se conoció que estaba a solo dos
meses de completar sus estudios de secundaria, con el fin de darle un
mejor futuro a la menor de edad.
Según el relato hecho por la abuela del joven, Lenis Hurtado, Adrián
estaba en su casa viendo televisión y cuidando a su hija, pero se enteró
de que su hermano estaba siendo agredido y, sin dudarlo, corrió al lugar
para intervenir en la pelea.
El conflicto que, inicialmente, parecía ser una pelea a puños, escaló
rápidamente cuando uno de los presentes sacó un arma y disparó a Adrián.
A pesar de los esfuerzos de sus seres queridos por trasladarlo a un
centro asistencial, todo fue en vano, pues el personal de salud de la
Clínica Madre Bernarda realizó las respectivas intervenciones y confirmó
que llegó sin signos vitales.
En cuanto al agresor y sus cómplices, los familiares denunciaron que
huyeron del lugar y aún no han sido capturados, aunque los residentes
del barrio aseguran conocer sus identidades, por lo que se espera que
colaboren con la justicia para que sean ubicados y judicializados.
A su vez, la Policía Metropolitana de Cartagena dio a conocer que
emprendió una búsqueda activa de los responsables con el apoyo de las
cámaras de seguridad del sector y las versiones de los ciudadanos que
estaban en el lugar.
Este lamentable suceso se suma a una preocupante
estadística en Cartagena,
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puesto que Adrián se convirtió en la
víctima número 11 de los menores de edad que han sido asesinados en lo
que va corrido del año en esta ciudad. Los dos casos más recientes
ocurrieron a finales de agosto en los barrios La Esperanza y Los
Calamares.
Pastor cristiano fue
condenado por abusar sexualmente de la hija de una feligresa en
Cartagena
El pastor de una iglesia en Cartagena (Bolívar) fue condenado a 24 años
de prisión por abusar sexualmente de una niña de 7 años.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, a
través del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas),
lograron establecer que el líder de una iglesia abusó sexualmente de la
menor de edad.
Un juez de conocimiento evaluó las pruebas presentadas y decidió
condenar a Virgilio Sierra Avendaño tras ser encontrado culpable de
violación. La Fiscalía demostró que el pastor de 70 años, “incurrió en
los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos
sexuales con menor de 14 años, ambos agravados”.
Virgilio Sierra Avendaño fue capturado en julio de 2022 en cumplimiento
de una orden judicial y luego de recibir la condena fue apelada por la
defensa del condenado.
Sacerdote fue acusado por la Fiscalía de haber abusado de un menor de
edad en el año 2007 en Bogotá
Un sacerdote santandereano de 57 años ha sido acusado por la Fiscalía
General de la Nación por el delito de acto sexual violento contra un
menor de edad en Bogotá.
Esta acusación es el resultado de una investigación que se extendió por
tres años, la cual culminó en una sentencia del Tribunal Eclesiástico de
la Diócesis de Socorro y San Gil que llevó a la expulsión del sacerdote
de la Iglesia Católica.
La acusación surgió tras una denuncia presentada en 2020 por la víctima,
que en ese entonces era un monaguillo y relató a Infobae: “Lo que
comenzó como una relación de confianza y tutoría religiosa, rápidamente
se tornó en un calvario que marcaría su vida”.
El proceso judicial actual se centra en el Juzgado Penal del Circuito de
Moniquirá, Boyacá, donde se ha programado una audiencia preparatoria
para el primero de octubre de 2024.
Segun datos proporcionados proporcionó indican que: “En un mes
estaríamos hablando de una audiencia de fallo en donde se decidirá si es
condenado o no”.
El abuso fue denunciado en 2020 cuando la víctima decidió contar lo que
vivió en una finca del sacerdote ubicada en Chitaraque, Boyacá. De
acuerdo con el ente investigador, el sacerdote llegó a la ciudad para
estudiar derecho canónico, pero continuó ejerciendo sus funciones
eclesiásticas.
El testimonio de la víctima señaló: “Él llegó a Bogotá porque estaba
estudiando derecho canónico, pero también estaba ejerciendo como
sacerdote”. Durante este tiempo, el sacerdote ganó la confianza de la
familia de la víctima, lo que facilitó que se cometieran los abusos.
El tribunal eclesiástico declaró culpable al sacerdote el 16 de julio de
2024, y su expulsión de la Iglesia fue notificada a la víctima
aproximadamente un mes después. Tal como la víctima explicó la
importancia de esta resolución al señalar: “Lo más importante de todo lo
que hemos avanzado en busca de justicia, sin duda, es que la Iglesia
haya tomado la decisión de expulsarlo como sacerdote”.
Esta decisión del tribunal, aunque significativa, no es la etapa final
del proceso, ya que aún queda la resolución del juicio penal.
Durante el tiempo del proceso, el acusado intentó desvincularse
voluntariamente de la institución religiosa en 2021, una solicitud que
la víctima rebatió. La víctima explicó que “tuve que solicitar a la
Iglesia no concederle este permiso”, subrayando que su expulsión oficial
por parte de la Iglesia representaría una forma de reparación distinta a
una salida voluntaria.
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