Bogotá, Colombia -Edición: 705

 Fecha: Viernes 11-10-2024

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POLÍTICA

 

 

 
Consejo de Estado aceptó tutela de Petro a sala de consulta



 

El Consejo de Estado aceptó la tutela presentada por el presidente Gustavo Petro en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Alto Tribunal, en su búsqueda de tumbar la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que se abriera una investigación formal a su campaña presidencial de 2022 por supuestamente haber violado topes electorales.

"Admitir la tutela instaurada por el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado", indicó el fallo del alto tribunal.

La acción interpuesta por el mandatario buscaría dejar sin efecto la decisión que tomó el tribunal al habilitar al CNE para investigar las presuntas irregularidades que se presentaron en su campaña presidencial de 2022.
Como ya se sabe, la Sala de Consulta del Consejo de Estado, el pasado 6 de agosto, habría dejado en firme la decisión de que el CNE tiene competencia para investigar en lo administrativo al presidente y a su campaña.

En la admisión de la tutela, el tribunal otorgó un plazo de dos días para que el CNE, la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, así como a los congresistas Edward Rodríguez, Jose Manuel Abuchaibe, Federico Gutiérrez, Miguel Polo Polo, Miguel Uribe y Alejandro Pardo, para dar un pronunciamiento sobre los hechos que planteo el presidente Petro.

Competencia del CNE

El presidente del CNE, César Lorduy, se pronunció por la polémica que desató la investigación a Gustavo Petro y su campaña presidencial por superar los montos en 2022.
“La actuación del CNE solamente es de carácter administrativo. El fuero del señor presidente en términos penales y disciplinarios solamente corresponde al Congreso. Y aún imponiendo nosotros una multa, la continuación de esa decisión le corresponde al Congreso”, explicó Lorduy.

Añadió que “hemos cumplido con lo que dice la decisión del Consejo de Estado, la ley 996 y lo que dice la Constitución. Si más adelante se produce una decisión por una autoridad competente que nos diga lo contrario, la acataremos.

 

Venezuela y Brasil respaldan a Petro y critican cargos en su contra




El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y el presidente de Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva, ha expresado su apoyo al presidente colombiano, Gustavo Petro, después de que fuera acusado por la Comisión Nacional Electoral (CNE) de irregularidades en la financiación de su campaña. "No ha podido gobernar ni un día", ha dicho el 'número dos' del chavismo.

"Nosotros estaremos a favor de Petro siempre sin dobles posturas", ha dicho Cabello durante la emisión de su programa en la televisión venezolana Con el mazo dando, en el que ha dicho que entre el presidente colombiano y su antecesor, Iván Duque, no tiene nada que escoger. "Está claro, voy a apoyar a Petro", ha zanjado.

Por su parte, el homólogo del presidente colombiano aseguró a través de redes sociales que "como alguien que ha sido víctima de todo tipo de persecución política, expreso mi solidaridad con el presidente Gustavo Petro. No se puede renunciar al debido proceso legal, especialmente cuando lo que está en juego es la voluntad del pueblo expresada democráticamente a través de las urnas".

No obstante, Cabello ha lamentado la "ingenuidad" de quienes creían que el "narco paramilitarismo" iba a permitir gobernar a Petro, "que le iban a entregar ese país a un presidente como él. No ha podido gobernar ni un día", ha aseverado.

 

Cabello ha aprovechado la situación para reivindicar el triunfo de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio y ha señalado que "ojalá estas cosas sirvan para entender que contra Venezuela hay un golpe de Estado".

"Lo que pasa es que aquí, está la cosa distinta para los que nos quieren dar golpes (...) Ojalá lo entendieran en Colombia y en Brasil y se dieran cuenta de cuáles eran las intenciones de lo que estaban planteando aquí", ha dicho Cabello, quien, no obstante, ha tendido la mano ambos países.

"A Venezuela jamás la usarán para hacerle daño a Colombia (...) para hacerle daño a Brasil", ha remarcado.

Quien también expresó su "solidaridad" con el presidente colombiano fue su par mexicana, Claudia Sheinbaum, quien empezó su rueda de prensa matutina del miércoles haciéndose eco de la "injusta" decisión de la Comisión Nacional Electoral (CNE).

"Es prácticamente el único presidente progresista que ha tenido Colombia y siempre nuestro apoyo y solidaridad", dijo la presidente Sheinbaum, quien remachó que

 

 
siempre que haya una "injusticia" el Gobierno mexicano se pronunciará.

La Comisión Nacional Electoral (CNE) de Colombia por siete votos a favor y dos en contra aprobó la apertura de una investigación contra el presidente Petro por haber excedido el techo de gasto en su campaña. Se trata de la primera
vez que inicia un proceso contra una campaña presidencial por estos motivos.


De acuerdo con el CNE, Petro, quien afirma que se trata de cargos infundados, se habría excedido en 1,14 millones de euros y recibió donaciones de personas jurídicas, extremo prohibido explícitamente por la ley electoral.

Lula ha recordado así cuando la expresidenta Dilma Rousseff "fue víctima de un proceso de 'impeachment' sin base legal" en 2016, lo que se convirtió en "el comienzo de un periodo turbulento y traumático en la historia de Brasil".

Sus palabras se producen después de que la Comisión Nacional Electoral (CNE) de Colombia aprobara por siete votos a favor y dos en contra la apertura de una investigación contra el presidente Petro por haber excedido el techo de gasto en su campaña.

Se trata de la primera vez que se inicia un proceso contra una campaña presidencial por estos motivos. Petro, quien afirma que se trata de cargos infundados en su contra, se habría excedido en 1,14 millones de euros y recibió donaciones de personas jurídicas, extremo prohibido explícitamente por la ley electoral, de acuerdo con el CNE.

 

Critican a Petro por no aceptar investigación a su campaña




La oposición política y representantes de otros sectores manifestaron su rechazo a la postura del presidente Petro de no reconocer

la autoridad del Consejo Electoral en la investigación que le abrió a él y a su campaña.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras señaló al mandatario de un “desprecio por las Cortes y sus magistrados, también por los jueces y sus decisiones”.


Desde el Partido Conservador la presidenta del Directorio Nacional, la senadora Nadia Blel, afirmó que el actuar del Gobierno es contradictorio al querer “convocar un gran acuerdo nacional, mientras al mismo tiempo desacredita y descalifica las actuaciones del CNE con ataques personales a sus magistrados”.


Blel también refirió las palabras de Petro respecto a un supuesto golpe de Estado. “El verdadero golpe a nuestra democracia ocurre cuando no se respetan las decisiones de nuestras instituciones”, dijo la Senadora.

Mientras que el expresidente Álvaro Uribe en X respondió a un trino del ministro del Interior, Juan Cristo, luego de que este asegurara que “ningún presidente de la República había sido investigado antes por ese organismo (CNE) siempre y sencillamente porque es inconstitucional”.

Uribe dijo que “no se puede generalizar, el caso Odebrecht-Santos es el peor ejemplo de impunidad y corrupción”.
 

Por su lado, el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, dijo que “una decisión del Consejo Nacional Electoral no puede ser vista como un golpe de Estado. Las decisiones judiciales deben respetarse, nadie está pensando en romper los principios democráticos”.

Desde Estados Unidos también hubo pronunciamiento sobre este acontecimiento. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de ese país, Michael McCaul, apoya la determinación del CNE de investigar al presidente Gustavo Petro. El Republicano dijo a través de sus redes sociales que se encuentra “profundamente preocupado por las acusaciones creíbles contra Gustavo Petro y su campaña presidencial” y agregó que “La verdad debe salir a la luz por integridad de nuestra relación bilateral”.

 

Alcances de reforma sobre justicia penal dividen opiniones




En general fue recibido con buenos ojos el proyecto sobre justicia penal que radicaron esta semana la ministra Ángela Buitrago, el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra; y la fiscal General, Luz Camargo, según dijeron para garantizar que sea más pronta y eficaz, y reducir la impunidad. Expertos consultados por EL NUEVO SIGLO coincidieron en que va en la dirección correcta, aunque advirtieron que el Congreso debe examinar a fondo los beneficios por el principio de oportunidad o preacuerdos para todos los delitos, y evitar que favorezca por ejemplo a los abusadores de niños.

El articulado plantea elementos como la extinción de la acción penal por la reparación integral a las víctimas. Al respecto, en el proyecto se establece que “la acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, reparación integral, caducidad de la querella, desistimiento y en los demás casos contemplados en la ley”.

 

 

 
También prevé la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía desde el momento de la indagación. Así mismo, la posibilidad de que las personas capturadas en situación de flagrancia puedan recibir beneficios por allanamiento de cargos en similares condiciones que aquellos que no han sido aprehendidos en flagrancia; y procedimiento de allanamientos y preacuerdos para todos los delitos.

El exvicefiscal general y exdirector del Inpec, Jaime Camacho Flórez, dijo sobre este proyecto que “en términos generales está muy bien orientado. En el año 2004 que se introdujo el proceso con tendencia acusatoria se esperaba que cerca del 80%- 90% de los casos terminaran anticipadamente, gracias a esos mecanismos que piensan ahora potenciar, y eso no se logró porque poco a poco se fue desmontando con toda clase de excepciones contra las medidas”.


Una de las críticas que ha recibido el proyecto recién fue radicado en el Congreso y por algunos penalistas, es por la extinción de la acción penal por la reparación integral a las víctimas, lo que generaría impunidad.

Al respecto, Camacho dijo que “supongo que el proyecto no va a ser general para todos los delitos que se puedan negociar con reparaciones integrales, pero sí hay una cantidad de delitos que podrían tener esa suerte y se puede ampliar, por ejemplo, para todos los que son de patrimonio. Hay muchas posibilidades que si admitirían esa medida, y no es renunciar a la justicia, es una justicia distinta en favor de las víctimas”.

Por su parte, Jaime Arrubla Paucar, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, en la que fue presidente, dijo que “esto no es una reforma al sistema de justicia, la reforma tan anhelada a la justicia, pues parece que el Gobierno nunca la tuvo en su mente o nunca la preparó porque esa famosa comisión que integró para elaborarla, pues todavía no ha dado resultados”.

Añadió que “esto es una reforma al Sistema Penal Acusatorio, interesante. La ministra es penalista e introduce varias mejoras al sistema de investigación y permite que se amplíe los beneficios a ciertos delitos, eso lo veo bien”.

El proyecto contempla el procedimiento de allanamientos y preacuerdos para todos los delitos, lo cual a juicio de algunos permitiría recibir beneficios a los abusadores de niños, que en la actualidad están restringidos.

Al respecto, el jurista Arrubla Paucar dijo que “sin duda, por eso estaba autorizado para ciertos delitos y en ciertas circunstancias. Ahora se generaliza, y no sé hasta dónde esto haya tenido o va a tener revisión del Consejo de Política Criminal, porque lo que advierten es totalmente posible”.

En tanto que Hernando Herrera Mercado, director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo que “ese proyecto nos merece toda la atención y creemos que además está muy bien fundado, toda vez que cuenta con la opinión calificada de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia, entes encargados de administrar la justicia en lo que hace del Sistema Penal Acusatorio y también en dictar la política del sector”.

Sobre los objetivos de la iniciativa, Herrera dijo que “pensamos que son loables, están dirigidos a hacer más eficiente la gestión del Sistema Penal Acusatorio, a generar menos congestión de ese Sistema y, por qué no decirlo, una mayor efectividad promoviendo muchas más sentencias”.

Frente a algunas críticas que ha recibido el proyecto porque, por ejemplo, algunos temen que beneficie a los abusadores de niños, el director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia señaló que “creo que hay materias eventualmente para revisar en el trámite legislativo, pero lo que he visto de parte de esos tres entes es la mejor posibilidad de concitar acuerdos con relación a ese proyecto. Entonces, si ese llega a ser un punto que genere de alguna forma preocupación, no me cabe la menor duda de que haya la posibilidad de revisarlo”.

Agregó que “más allá de ese punto, sí hay que reiterar la importancia que tiene este ejercicio académico, que entre otras, también debo decir paso por el cedazo de la comisión de reforma a la justicia y recibió su aval. Luego, me parece que es muy pertinente estudiar a fondo esta iniciativa y en el trámite se pueden superar algunas inquietudes que existan sobre el mismo”.

Críticas

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo sobre este proyecto que “la justicia debe prevalecer sobre la impunidad. Es fundamental que los mecanismos implementados por parte de la Fiscalía General de la Nación protejan necesariamente los derechos de las víctimas”.

Liliana Camargo, directora de la fundación Siempre Nuestros Niños, dijo que “da miedo ser niño en nuestro país. Si en este momento tenemos un incremento fatal en el maltrato hacia nuestra infancia, ¿qué nos espera teniendo a los pedófilos en las calles?”.

Hablan los autores del proyecto

El presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, dijo frente a las críticas iniciales que ha recibido este proyecto de justicia en lo penal que “insistimos, los preacuerdos, los allanamientos, las negociaciones en el sistema de tendencia adversarial regulado por la Ley 906 de 2004 no representan impunidad, por el contrario, representan una justicia ágil, rápida y oportuna con resultados que realmente restablezcan los derechos afectados con el delito”.

Agregó el Togado que “el objetivo de esta propuesta es reducir los altos índices de impunidad que actualmente se presentan en materia penal y lograr que los procesos penales que se radican tanto en la Fiscalía como en juzgados se adelanten de manera célere”.

En tanto que la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, explicó que “no están cambiando los subrogados y beneficios, ni tampoco las prohibiciones que tiene la Ley 1098”.

 

 

 

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