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Consejo de Estado aceptó
tutela de Petro a sala de consulta

El Consejo de Estado
aceptó la tutela presentada por el presidente Gustavo Petro en
contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Alto
Tribunal, en su búsqueda de tumbar la decisión del Consejo
Nacional Electoral (CNE) de que se abriera una investigación
formal a su campaña presidencial de 2022 por supuestamente haber
violado topes electorales.
"Admitir la tutela instaurada por el doctor Gustavo Francisco
Petro Urrego en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado", indicó el fallo del alto tribunal.
La acción interpuesta por el mandatario buscaría dejar sin
efecto la decisión que tomó el tribunal al habilitar al CNE para
investigar las presuntas irregularidades que se presentaron en
su campaña presidencial de 2022.
Como ya se sabe, la Sala de Consulta del Consejo de Estado, el
pasado 6 de agosto, habría dejado en firme la decisión de que el
CNE tiene competencia para investigar en lo administrativo al
presidente y a su campaña.
En la admisión de la tutela, el tribunal otorgó un plazo de dos
días para que el CNE, la Comisión Legal de Investigación y
Acusaciones de la Cámara de Representantes, así como a los
congresistas Edward Rodríguez, Jose Manuel Abuchaibe, Federico
Gutiérrez, Miguel Polo Polo, Miguel Uribe y Alejandro Pardo,
para dar un pronunciamiento sobre los hechos que planteo el
presidente Petro.
Competencia del CNE
El presidente del CNE, César Lorduy, se pronunció por la
polémica que desató la investigación a Gustavo Petro y su
campaña presidencial por superar los montos en 2022.
“La actuación del CNE solamente es de carácter administrativo.
El fuero del señor presidente en términos penales y
disciplinarios solamente corresponde al Congreso. Y aún
imponiendo nosotros una multa, la continuación de esa decisión
le corresponde al Congreso”, explicó Lorduy.
Añadió que “hemos cumplido con lo que dice la decisión del
Consejo de Estado, la ley 996 y lo que dice la Constitución. Si
más adelante se produce una decisión por una autoridad
competente que nos diga lo contrario, la acataremos.
Venezuela y Brasil respaldan a
Petro y critican cargos en su contra

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y el
presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, ha expresado su apoyo al presidente colombiano, Gustavo
Petro, después de que fuera acusado por la Comisión Nacional
Electoral (CNE) de irregularidades en la financiación de su
campaña. "No ha podido gobernar ni un día", ha dicho el 'número
dos' del chavismo.
"Nosotros estaremos a favor de Petro siempre sin dobles
posturas", ha dicho Cabello durante la emisión de su programa en
la televisión venezolana Con el mazo dando, en el que ha dicho
que entre el presidente colombiano y su antecesor, Iván Duque,
no tiene nada que escoger. "Está claro, voy a apoyar a Petro",
ha zanjado.
Por su parte, el homólogo del presidente colombiano aseguró a
través de redes sociales que "como alguien que ha sido víctima
de todo tipo de persecución política, expreso mi solidaridad con
el presidente Gustavo Petro. No se puede renunciar al debido
proceso legal, especialmente cuando lo que está en juego es la
voluntad del pueblo expresada democráticamente a través de las
urnas".
No obstante, Cabello ha lamentado la "ingenuidad" de quienes
creían que el "narco paramilitarismo" iba a permitir gobernar a
Petro, "que le iban a entregar ese país a un presidente como él.
No ha podido gobernar ni un día", ha aseverado.
Cabello ha
aprovechado la situación para reivindicar el triunfo de Nicolás
Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio y ha señalado
que "ojalá estas cosas sirvan para entender que contra Venezuela
hay un golpe de Estado".
"Lo que pasa es que aquí, está la cosa distinta para los que nos
quieren dar golpes (...) Ojalá lo entendieran en Colombia y en
Brasil y se dieran cuenta de cuáles eran las intenciones de lo
que estaban planteando aquí", ha dicho Cabello, quien, no
obstante, ha tendido la mano ambos países.
"A Venezuela jamás la usarán para hacerle daño a Colombia (...)
para hacerle daño a Brasil", ha remarcado.
Quien también expresó su "solidaridad" con el presidente
colombiano fue su par mexicana, Claudia Sheinbaum, quien empezó
su rueda de prensa matutina del miércoles haciéndose eco de la
"injusta" decisión de la Comisión Nacional Electoral (CNE).
"Es prácticamente el único presidente progresista que ha tenido
Colombia y siempre nuestro apoyo y solidaridad", dijo la
presidente Sheinbaum, quien remachó que |
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siempre que haya una "injusticia" el Gobierno mexicano se pronunciará.
La Comisión Nacional Electoral (CNE) de Colombia por siete votos a favor
y dos en contra aprobó la apertura de una investigación contra el
presidente Petro por haber excedido el techo de gasto en su campaña. Se
trata de la primera vez que inicia
un proceso contra una campaña presidencial por estos motivos.
De acuerdo con el CNE, Petro, quien afirma que se trata de cargos
infundados, se habría excedido en 1,14 millones de euros y recibió
donaciones de personas jurídicas, extremo prohibido explícitamente por
la ley electoral.
Lula ha recordado así cuando la expresidenta Dilma Rousseff "fue víctima
de un proceso de 'impeachment' sin base legal" en 2016, lo que se
convirtió en "el comienzo de un periodo turbulento y traumático en la
historia de Brasil".
Sus palabras se producen después de que la Comisión Nacional Electoral
(CNE) de Colombia aprobara por siete votos a favor y dos en contra la
apertura de una investigación contra el presidente Petro por haber
excedido el techo de gasto en su campaña.
Se trata de la primera vez que se inicia un proceso contra una campaña
presidencial por estos motivos. Petro, quien afirma que se trata de
cargos infundados en su contra, se habría excedido en 1,14 millones de
euros y recibió donaciones de personas jurídicas, extremo prohibido
explícitamente por la ley electoral, de acuerdo con el CNE.
Critican a Petro por no aceptar
investigación a su campaña

La oposición política y representantes de otros sectores manifestaron su
rechazo a la postura del presidente Petro de no reconocer
la autoridad del Consejo
Electoral en la investigación que le abrió a él y a su campaña.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras señaló al mandatario de un
“desprecio por las Cortes y sus magistrados, también por los jueces y
sus decisiones”.
Desde el Partido Conservador la presidenta del Directorio Nacional, la
senadora Nadia Blel, afirmó que el actuar del Gobierno es contradictorio
al querer “convocar un gran acuerdo nacional, mientras al mismo tiempo
desacredita y descalifica las actuaciones del CNE con ataques personales
a sus magistrados”.
Blel también refirió las palabras de Petro respecto a un supuesto golpe
de Estado. “El verdadero golpe a nuestra democracia ocurre cuando no se
respetan las decisiones de nuestras instituciones”, dijo la Senadora.
Mientras que el expresidente Álvaro Uribe en X respondió a un trino del
ministro del Interior, Juan Cristo, luego de que este asegurara que
“ningún presidente de la República había sido investigado antes por ese
organismo (CNE) siempre y sencillamente porque es inconstitucional”.
Uribe dijo que “no se puede generalizar, el caso Odebrecht-Santos es el
peor ejemplo de impunidad y corrupción”.
Por su lado, el presidente
del Senado, el conservador Efraín Cepeda, dijo que “una decisión del
Consejo Nacional Electoral no puede ser vista como un golpe de Estado.
Las decisiones judiciales deben respetarse, nadie está pensando en
romper los principios democráticos”.
Desde Estados Unidos también hubo pronunciamiento sobre este
acontecimiento. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la
Cámara Baja de ese país, Michael McCaul, apoya la determinación del CNE
de investigar al presidente Gustavo Petro. El Republicano dijo a través
de sus redes sociales que se encuentra “profundamente preocupado por las
acusaciones creíbles contra Gustavo Petro y su campaña presidencial” y
agregó que “La verdad debe salir a la luz por integridad de nuestra
relación bilateral”.
Alcances de reforma sobre justicia
penal dividen opiniones

En general fue recibido con buenos ojos el proyecto sobre justicia penal
que radicaron esta semana la ministra Ángela Buitrago, el presidente de
la Corte Suprema, Gerson Chaverra; y la fiscal General, Luz Camargo,
según dijeron para garantizar que sea más pronta y eficaz, y reducir la
impunidad. Expertos consultados por EL NUEVO SIGLO coincidieron en que
va en la dirección correcta, aunque advirtieron que el Congreso debe
examinar a fondo los beneficios por el principio de oportunidad o
preacuerdos para todos los delitos, y evitar que favorezca por ejemplo a
los abusadores de niños.
El articulado plantea elementos como la extinción de la acción penal por
la reparación integral a las víctimas. Al respecto, en el proyecto se
establece que “la acción penal se extingue por muerte del imputado o
acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad,
amnistía, oblación, reparación integral, caducidad de la querella,
desistimiento y en los demás casos contemplados en la ley”.
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También prevé la aplicación del principio de oportunidad por parte de la
Fiscalía desde el momento de la indagación. Así mismo, la posibilidad de
que las personas capturadas en situación de flagrancia puedan recibir
beneficios por allanamiento de cargos en similares condiciones que
aquellos que no han sido aprehendidos en flagrancia; y procedimiento de
allanamientos y preacuerdos para todos los delitos.
El exvicefiscal general y exdirector del Inpec, Jaime Camacho Flórez,
dijo sobre este proyecto que “en términos generales está muy bien
orientado. En el año 2004 que se introdujo el proceso con tendencia
acusatoria se esperaba que cerca del 80%- 90% de los casos terminaran
anticipadamente, gracias a esos mecanismos que piensan ahora potenciar,
y eso no se logró porque poco a poco se fue desmontando con toda clase
de excepciones contra las medidas”.
Una de las críticas que ha recibido el proyecto recién fue radicado en
el Congreso y por algunos penalistas, es por la extinción de la acción
penal por la reparación integral a las víctimas, lo que generaría
impunidad.
Al respecto, Camacho dijo que “supongo que el proyecto no va a ser
general para todos los delitos que se puedan negociar con reparaciones
integrales, pero sí hay una cantidad de delitos que podrían tener esa
suerte y se puede ampliar, por ejemplo, para todos los que son de
patrimonio. Hay muchas posibilidades que si admitirían esa medida, y no
es renunciar a la justicia, es una justicia distinta en favor de las
víctimas”.
Por su parte, Jaime Arrubla Paucar, exmagistrado de la Corte Suprema de
Justicia, en la que fue presidente, dijo que “esto no es una reforma al
sistema de justicia, la reforma tan anhelada a la justicia, pues parece
que el Gobierno nunca la tuvo en su mente o nunca la preparó porque esa
famosa comisión que integró para elaborarla, pues todavía no ha dado
resultados”.
Añadió que “esto es una reforma al Sistema Penal Acusatorio,
interesante. La ministra es penalista e introduce varias mejoras al
sistema de investigación y permite que se amplíe los beneficios a
ciertos delitos, eso lo veo bien”.
El proyecto contempla el procedimiento de allanamientos y preacuerdos
para todos los delitos, lo cual a juicio de algunos permitiría recibir
beneficios a los abusadores de niños, que en la actualidad están
restringidos.
Al respecto, el jurista Arrubla Paucar dijo que “sin duda, por eso
estaba autorizado para ciertos delitos y en ciertas circunstancias.
Ahora se generaliza, y no sé hasta dónde esto haya tenido o va a tener
revisión del Consejo de Política Criminal, porque lo que advierten es
totalmente posible”.
En tanto que Hernando Herrera Mercado, director Ejecutivo de la
Corporación Excelencia en la Justicia, dijo que “ese proyecto nos merece
toda la atención y creemos que además está muy bien fundado, toda vez
que cuenta con la opinión calificada de la Corte Suprema de Justicia, de
la Fiscalía y del Ministerio de Justicia, entes encargados de
administrar la justicia en lo que hace del Sistema Penal Acusatorio y
también en dictar la política del sector”.
Sobre los objetivos de la iniciativa, Herrera dijo que “pensamos que son
loables, están dirigidos a hacer más eficiente la gestión del Sistema
Penal Acusatorio, a generar menos congestión de ese Sistema y, por qué
no decirlo, una mayor efectividad promoviendo muchas más sentencias”.
Frente a algunas críticas que ha recibido el proyecto porque, por
ejemplo, algunos temen que beneficie a los abusadores de niños, el
director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia señaló
que “creo que hay materias eventualmente para revisar en el trámite
legislativo, pero lo que he visto de parte de esos tres entes es la
mejor posibilidad de concitar acuerdos con relación a ese proyecto.
Entonces, si ese llega a ser un punto que genere de alguna forma
preocupación, no me cabe la menor duda de que haya la posibilidad de
revisarlo”.
Agregó que “más allá de ese punto, sí hay que reiterar la importancia
que tiene este ejercicio académico, que entre otras, también debo decir
paso por el cedazo de la comisión de reforma a la justicia y recibió su
aval. Luego, me parece que es muy pertinente estudiar a fondo esta
iniciativa y en el trámite se pueden superar algunas inquietudes que
existan sobre el mismo”.
Críticas
El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo sobre este proyecto que “la
justicia debe prevalecer sobre la impunidad. Es fundamental que los
mecanismos implementados por parte de la Fiscalía General de la Nación
protejan necesariamente los derechos de las víctimas”.
Liliana Camargo, directora de la fundación Siempre Nuestros Niños, dijo
que “da miedo ser niño en nuestro país. Si en este momento tenemos un
incremento fatal en el maltrato hacia nuestra infancia, ¿qué nos espera
teniendo a los pedófilos en las calles?”.
Hablan los autores del proyecto
El presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, dijo
frente a las críticas iniciales que ha recibido este proyecto de
justicia en lo penal que “insistimos, los preacuerdos, los
allanamientos, las negociaciones en el sistema de tendencia adversarial
regulado por la Ley 906 de 2004 no representan impunidad, por el
contrario, representan una justicia ágil, rápida y oportuna con
resultados que realmente restablezcan los derechos afectados con el
delito”.
Agregó el Togado que “el objetivo de esta propuesta es reducir los altos
índices de impunidad que actualmente se presentan en materia penal y
lograr que los procesos penales que se radican tanto en la Fiscalía como
en juzgados se adelanten de manera célere”.
En tanto que la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, explicó que “no
están cambiando los subrogados y beneficios, ni tampoco las
prohibiciones que tiene la Ley 1098”.
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