Sigue juicio a Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos

En medio de una serie de ires y venires, se ha desarrollado el juicio al expresidente y exsenador del Centro Democrático Álvaro Uribe por presuntamente hacer parte de la manipulación de testigos. Pues advierten las investigaciones que el exmandatario habría enviado a su abogado Diego Cadena a reunirse con exparamilitares para ofrecerles prebendas y beneficios a cambio de relacionar con grupos al margen de la ley al senador Iván Cepeda.

Durante lo corrido de este año el proceso ha tenido varios episodios judiciales que mantienen la atención del país en el caso; para el mes de abril de este año, la Fiscalía acusó formalmente al expresidente Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Así mismo, durante el mes de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud de nulidad que interpuso la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que el proceso en su contra continúa.

Para ese momento, el magistrado Manuel Antonio Merchán, quien fue el encargado de estudiar la solicitud de nulidad presentada por la defensa del líder natural del Centro Democrático, ratificó la decisión de la juez 44 de Circuito de Bogotá, que negó la solicitud inicialmente el pasado 24 de mayo, advirtiendo que no había méritos jurídicos para anular el proceso pues se adelantaba la investigación bajo la regulación establecidas por la ley e inmediatamente ordenó la reanudación.

Una vez, se concluyó por parte del Tribunal Superior de Bogotá que el proceso penal debía continuar, entre finales del mes de septiembre y los primeros días de octubre, han sido varios los inconvenientes que ha debido sortear la Juez 44 con funciones de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, para poder adelantar las audiencias de juicio. Inicialmente y en medio de las diligencias preparatorias a juicio. El expresidente se retiró molesto porque la Fiscalía ha presentado nuevo material probatorio al cual no ha tenido acceso la defensa del expresidente, frente a lo cual los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana interpusieron una acción de tutela ante el Tribunal de Bogotá para que se aplazara el juicio y hubiese posibilidad de revisar el material probatorio que ha trasladado la Fiscalía, pero esta solicitud no fue atendida.

Como se sabe, el procurador Bladimir Cuadro, le solicitó al Tribunal de Bogotá que “se protejan los derechos fundamentales del procesado, invocados por parte del accionante”. Además, en un documento dirigido al magistrado Jaime Andrés Velasco, del Tribunal Superior de Bogotá, la defensa del expresidente Álvaro Uribe solicitó un peritaje a un computador, un celular y una memoria USB, incautados a Juan Guillermo Monsalve como pruebas en el proceso, pues para los abogados aún hacen falta cerca de 80.000 documentos relacionados al caso.

‘Las papas calientes’ que restan en segundo debate a reforma laboral

Para este 16 de octubre, la plenaria de la Cámara de Representantes tendrá que debatir los últimos 14 artículos del texto. Pese a que las discusiones de cada uno de los puntos del articulado se han venido adelantando de manera aleatorio, quedan pendientes por debatir los aspectos que hacen referencia a la licencia de paternidad; las condiciones laborales para los trabajadores agrarios.

En ese sentido, se presenta una radiografía de algunos de los artículos que están aún pendientes de aprobación. Sin lugar a dudas el artículo 50 que establece la licencia de maternidad y paternidad en parejas adoptantes del mismo sexo, supondrá un fuerte debate en la Plenaria de la Cámara, ya que existe una sentencia de la Corte Constitucional que determina los mismos derechos parentales de las parejas heterosexuales, para las parejas adoptantes del mismo sexo.

Como se sabe, otro de los artículos que ha generado controversia y el cual aún no ha sido discutido es el artículo 80 el cual señala la derogatoria del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo que establecía para empleadas domésticas internas jornadas laborales semanales equivalentes a 52.5
 

horas. Ahora estas jornadas se deben ajustar a la jornada laboral reducida y establecida en 47 horas semanales. Sin embargo, algunos congresistas han señalado que las condiciones laborales de las empleadas domésticas internas son diferentes a las trabajadoras externas u ocasionales.

De igual manera, el artículo 22 que establece el contrato de aprendizaje. Recupera la condición de laboralidad de la práctica (salario al 100% y garantía de seguridad social). Para que las personas en formación en programas teórico/prácticos como los jóvenes aprendices del SENA, entre otros, tengan garantías laborales, ha sido la manzana de la discordia entre las bancadas de Gobierno y Oposición, ya que estas últimas consideran que los empresarios no pueden pagar los costos parafiscales de los aprendices que implicaría un año de pago, sobre uno contrato de seis meses.

Derechos colectivos y trabajo agrario

En lo que respecta a los derechos sindicales, uno de los artículos que no ha sido discutido es el 67 sobre el cual se determina la prohibición de contratos sindicales. El contrato sindical se ha convertido en una figura que debilita la organización de trabajadores al precarizar especialmente a las personas del sector salud, donde se encuentran más del 97% de estos contratos según cifras del Ministerio del Trabajo. Bajo este aspecto, representantes como Andrés Forero del Centro Democrático ha manifestado que el Gobierno no puede prohibir estos contratos porque se trata de normas internacionales.

Llama la atención que otros dos artículos que generarán una controversia fuerte entre oficialismo y oposición son el 31 y 32. Ambos puntos determinan el Contrato Agropecuario por el 31. Así como el Jornal Agropecuario en el 32. Entre las diferencias más fuertes halladas en las bancadas se indica que todas las empresas agrícolas se verían obligadas a dar este tipo de contratos sin importar si se trata de grandes compañías o pequeños emprendedores lo cual causaría el cierre de emprendimientos agrícolas.

Algunos de los puntos que destaca la ponente de la reforma laboral, María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico están relacionados con el contrato de trabajo a término fijo podrá celebrarse por un término de 4 años, si se excede de ese plazo se entenderá que es un contrato a término indefinido; la licencia de paternidad subirá de dos a seis semanas; se promueve la formalización del trabajo doméstico remunerado con contrato laboral; así mismo, se van a garantizar los derechos laborales a las y los trabajadores del campo (que laboran en la cadena de producción primaria) a través del contrato y el jornal agropecuario.

Frente a este último punto, la representante de Cambio Radical Luz Ayda Pastrana explicó que “el campo colombiano no está preparado para una reforma laboral que no considera las realidades del agro. Las condiciones laborales de nuestros campesinos requieren soluciones que se adapten a su contexto y necesidades, pero esta reforma laboral no los tiene en cuenta; ya que pasarán de la informalidad a la ilegalidad”.

Este fallo es crucial para determinar si puede continuar o no el CNE la investigación de carácter administrativo al presidente, en donde la semana anterior formuló cargos en su contra, en su calidad de candidato, así como a varios directivos de la campaña –el caso de Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol–, porque encontró que superaron en $5.300 millones el tope de gasto establecido.

En este sentido, la Sala Plena del CNE aprobó por siete votos, de nueve posibles, la ponencia que radicaron los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada. La máxima autoridad electoral avanzó hasta este punto después de que el pasado 6 de agosto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que sí es competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas

con una probable violación a las reglas de financiación de la campaña de Gustavo Petro.

La Sala de Consulta hizo este pronunciamiento a propósito del conflicto de competencias que se planteó entre el CNE y la Comisión de Acusación de la Cámara, cuando esta última reclamó la investigación al presidente poniendo de presente la competencia que le asiste prevista en la Constitución.

Al respecto, esta dependencia del Consejo de Estado es clara en señalar que si bien el CNE está facultado para investigar administrativamente al mandatario por las presuntas irregularidades en su campaña, es competencia del Congreso, por intermedio de la Comisión de Acusación, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza.

Señalamientos a Lorduy

El jefe del Estado, además de señalar que el CNE no tiene competencia para investigarlo, ha descalificado, incluso con referencias personales, a varios de los magistrados que votaron a favor la ponencia, entre ellos al presidente de esa corporación, César Lorduy.

Ayer el mandatario dijo que “el señor César Lorduy debería renunciar inmediatamente”. Petro hizo esta manifestación por lo que dijo la representante Íngrid Aguirre en una entrevista a "Cambio", en la que recordó que en octubre pasado denunció al magistrado porque supuestamente la acosó sexualmente.

La congresista de Fuerza Ciudadana, colectividad afín al presidente, dijo que en una reunión que tuvo con Lorduy en las instalaciones del CNE, a la que fue citada por éste, supuestamente le hizo insinuaciones para evitar la revocatoria de Patricia Caicedo, candidata a la Alcaldía de Santa Marta por esa colectividad en las pasadas elecciones.

Aguirre sostuvo que en esa reunión le aclaró a Lorduy que no iban a acceder a chantajes. Entonces, asegura ella que el magistrado le dijo: “Bueno, hay otra forma de resolverlo: tú puedes pagarme con tu cuerpo”.

Al cierre de esta edición, el magistrado no se había manifestado sobre este asunto.

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