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Comuneros del Sur se comprometió a
facilitar búsqueda de personas
En la Mesa para la Co-Construcción de Paz Territorial en Nariño,
que se llevó a cabo en el municipio de Cumbal, se firmó un
Segundo Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Comuneros del
Sur, que se centra en facilitar el proceso de búsqueda de
personas dadas por desaparecidas.
Este acuerdo, que resalta la voluntad de colaboración entre las
partes, busca impulsar la búsqueda mediante la creación de un
grupo especial de exploración. Además, se contempla la formación
en metodologías y condiciones adecuadas para llevar a cabo esta
tarea, así como la disposición de toda la información y ayuda
necesaria para facilitar el proceso de búsqueda.
Comuneros del Sur se comprometió a asegurar que las entidades,
instituciones y familiares que buscan a las personas
desaparecidas puedan realizar su labor con todas las garantías
necesarias, facilitando su trabajo a través de actividades
concertadas en el territorio.
De igual modo, la delegación de Comuneros del Sur conformará un
equipo de diez personas que dinamizará el proceso de búsqueda de
personas dadas por desaparecidas. Este equipo contará con una
persona encargada de la comunicación y articulación con UBPD, a
través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
Para fortalecer este esfuerzo, la UBPD llevará a cabo una
capacitación teórico-práctica, para la cual se enviará
previamente el programa de formación y sus contenidos. Durante
esta capacitación, se concertarán acciones específicas que
permitirán un ejercicio colectivo de búsqueda, asegurando así
que el equipo esté debidamente preparado para contribuir de
manera efectiva a este proceso vital.
Por su parte, la delegación del Gobierno Nacional promoverá el
reconocimiento de Comuneros del Sur como actores activos y
determinantes en la búsqueda de personas dadas por
desaparecidas, enfatizando su contribución a la sociedad.
Según el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, la
articulación interinstitucional que se ha propuesto en el DNI de
la Paz refleja los resultados que Nariño y Colombia esperan.
Este gesto debe repercutir a favor de la búsqueda de los más de
100.000 desaparecidos en el país y los más de 7.000 en el
departamento.
Implementar Jurisdicción
Agraria y Rural urge contralor General
El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez
Becerra, señaló la
imperiosa necesidad
de implementar la Jurisdicción Agraria y Rural en el país, como
un mecanismo que permita llevar esta justicia especializada a la
ruralidad colombiana.
El Acuerdo Final de Paz de 2016 reconoció la necesidad de una
jurisdicción agraria para abordar los problemas históricos de
tenencia de tierras y destacó la importancia de crear mecanismos
específicos para garantizar justicia en las zonas rurales, donde
los conflictos agrarios han sido una fuente constante de tensión
y desigualdad.
Al instalar el “Foro Jurisdicción Agraria y Rural,
Estructuración y retos en el contexto de la Reforma Rural
Integral”, el Contralor Rodríguez Becerra dijo que la
Contraloría ve con preocupación el incumplimiento de las
estrategias, productos, metas trazadas e indicadores para lograr
en el país una Reforma Rural Integral.
“Desde este Foro instamos al Gobierno Nacional para que, a
través de sus Ministerios, Agencias y demás entidades, se avance
significativamente en la resolución de los múltiples conflictos
agrarios que afectan el país”, dijo el jefe del organismo de
control.
Consideró que la dilación en la puesta en marcha de la
Jurisdicción Agraria, ha acentuado los problemas relacionados
con la propiedad y la recuperación de las tierras. “Si no se
toman medidas inmediatas y efectivas, los sueños de acceso a la
tierra, a la tierra y desarrollo rural para millones de
colombianos seguirá siendo una promesa vacía”, sostuvo.
Recordó que el sector agrario ha estado históricamente marcado
por largos procesos judiciales que no responden a las
necesidades de las comunidades rurales y por eso la creación de
una jurisdicción especializada permitirá que estos casos sean
atendidos con la prioridad que requieren.
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“Uno de los principales problemas que
enfrenta el agro en Colombia es la inequidad en la tenencia de la
tierra. La concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos
ha generado tensiones sociales y ha limitado el acceso de las
comunidades rurales a recursos productivos. Por ello, el país necesita
saber dónde y en manos de quién está la tierra”, enfatizó. Consideró
igualmente que la recuperación de baldíos debe ser una prioridad para la
justicia agraria y un aspecto clave son los mecanismos de solución
alternativa.
El Contralor General aprovechó para hacer un llamado a la Presidencia de
la República, al DNP, al DANE, a la Superintendencia de Notariado y
Registro, al IGAC y demás gestores catastrales, para avanzar en la
actualización y operación del catastro multipropósito.
Acuerdo de Paz: avances mínimos en adquisición de predios rurales
Como alarmante calificó el Contralor Rodríguez Becerra la situación
actual de desarrollo del punto 1.1.1. del Acuerdo Final de Paz firmado
con las FARC en 2016 sobre adquisición de predios rurales y reveló que,
de acuerdo con los seguimientos que realiza el ente de control, a enero
de 2024 ni siquiera llegan al 1% las hectáreas adjudicadas a la
población campesina.
Lo mismo pasa con las hectáreas compradas directamente en virtud de un
convenio que suscribió el Gobierno nacional con la Federación Nacional
de Ganaderos (FEDEGAN), aseguró.
Hasta enero de 2024, se habían ingresado al Fondo de Tierras en la
Subcuenta Campesinos, 252.113,2 hectáreas, correspondientes a bienes
fiscales patrimoniales, equivalentes al 8,4 % de la meta pactada en el
Acuerdo de Paz, que fue de 3 millones de hectáreas. Para esa fecha, solo
5.260,8 hectáreas, es decir el 0,175%, habían sido efectivamente
adjudicadas a la población campesina, producto del Acuerdo.
Reforma laboral fue aprobada en segundo
debate y pasa al Senado
Con 93 votos por el sí y 13 por el no, la reforma laboral presentada por
el gobierno nacional fue aprobada en su totalidad en la Cámara de
Representantes, junto con sus nuevos 8 artículos incluidos en esta
discusión. Ahora tendrá que seguir su trámite en el Senado de la
República.
Con un retraso de más de una hora, este jueves se dio continuidad al
debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, donde ya se
ha aprobado un 90% del articulado propuesto por el Gobierno Nacional.
“Esta reforma va dirigida a que Colombia transite hacia estándares
nacionales e internacionales, pero sobre todo que tenga un enfoque de
derechos. Esa es la esencia de este proceso y que se cumplan los
compromisos”, señaló la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al
salir de la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se realiza el
segundo debate del proyecto de ley de la Reforma Laboral.
Tras dar por finalizada la
diligencia durante el 16 de octubre por falta de quorum, este jueves
continúa el debate con el fin de discutir el bloque de artículos
restantes y las más de 100 proposiciones de artículos nuevos que podrían
ser incluidos en el proyecto de ley.
Estos son los artículos aprobados hasta ahora:
Además de la aprobación del artículo 22, también se avaló el 23 que está
relacionado con la monetización de la cuota de aprendizaje. De igual
manera, se le dio visto bueno al 49, que amplía la licencia de
paternidad de manera progresiva a cuatro semanas.
Otro artículo aprobado fue el 67, que le prohíbe la celebración de
contratos sindicales que tengan por objeto la ejecución de obras o
prestación de servicios a terceros. Sin embargo, los contratos
sindicales vigentes al momento de la publicación de la ley podrán
mantenerse hasta que los trabajadores partícipes sean beneficiarios de
acuerdos de formalización laboral.
También contaron con aval el
artículo 17, que trata la remuneración en días de descanso obligatorio,
el cual debe ser de 100%, y se aplicará en 80% en 2025; subirá a 90% en
2026 y será plena en 2027.
Artículos eliminados
A este punto han sido eliminados un total de siete artículos. Entre
ellos se encuentran los 31, 32 y 33 relacionados con el sector
agropecuario que buscaban: volver indefinidos contratos agro tras
pasadas 27 semanas consecutivas de trabajo, el "jornal agropecuario" con
el que se planteaba un pago diario con salario y prestaciones, y las
condiciones de vivienda para trabajadores del sector rural.
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También fue retirado el artículo 50, el cual permitía que parejas del
mismo sexo pudieran elegir quién recibiría la licencia de maternidad y
de paternidad.
Hace algunas semanas la plenaria también eliminó el articulado
relacionado con las indemnizaciones por despidos sin justa causa.
Tumban artículo del PND que
otorgaba funciones a SuperTransporte
La Corte Constitucional tumbó el artículo 252 del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro, el cual asignaba nuevas
funciones de inspección y vigilancia a la Superintendencia de Transporte
sobre las zonas de enturnamiento e infraestructura marítima y fluvial no
concesionada.
La decisión fue tomada de manera unánime por los siete magistrados de la
Sala Plena, bajo la ponencia del presidente de la Corte, el magistrado
José Fernando Reyes Cuartas.
Este artículo 252 otorgaba a la Superintendencia la facultad de vigilar
a personas naturales y jurídicas que prestan servicios conexos al
transporte en las zonas de enturnamiento —espacios diseñados para el
descanso y la alimentación de los conductores, que incluyen áreas de
espera, compra de alimentos y servicios de baños— y sobre la
infraestructura no concesionada marítima y fluvial. También establecía
la supervisión de agentes marítimos y líneas navieras en relación con la
prestación del servicio público de transporte en Colombia.
La Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo debido a la
violación del principio de unidad de materia, que exige que las
disposiciones dentro de una ley guarden relación directa con su objeto
principal. La Corte concluyó que las nuevas funciones de la
Superintendencia no tenían una conexión clara con los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo, denominado Colombia, potencia mundial de la
vida.
El fallo señaló que "no se acreditó que la vigilancia creada para la
Superintendencia hacia personas naturales o jurídicas en zonas de
enturnamiento e infraestructura no concesionada tuviera relación directa
e inmediata con los objetivos del PND". Según la Corte, las funciones
adicionales otorgadas a la Superintendencia no guardaban "conexidad
estrecha, directa e inmediata" con el eje del PND relacionado con la
"transformación productiva, internacionalización y acción climática".
El magistrado José Fernando Reyes, ponente de la decisión, afirmó que no
se encontró que el artículo 252 tuviera relación con las estrategias
establecidas en el documento Bases del Plan, ni con los proyectos
contemplados en el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2023-2026. "No
se constató que la norma tuviera relación con los programas del Plan
Nacional de Inversiones, que, aunque contempla múltiples proyectos,
ninguno de ellos guarda relación con la competencia de inspección,
control y vigilancia adicional que se pretendía otorgar a la
SuperTransporte", explicó el fallo.
Además, la Corte Constitucional subrayó que la regulación de las
funciones de inspección, control y vigilancia que se buscaba establecer
sobre las zonas de enturnamiento y la infraestructura marítima y fluvial
no concesionada debía tramitarse a través de una ley ordinaria y no
mediante el Plan Nacional de Desarrollo, que es una norma especial. "La
regulación de estas competencias no corresponde a la Ley del Plan
Nacional de Desarrollo, ya que excede los límites de su contenido y
duración", precisaron los magistrados.
Esta decisión se suma a la reciente declaración de inconstitucionalidad
de los artículos 211 y 212 del mismo PND, relacionados con los procesos
de extinción de dominio y la administración de bienes del Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
En esa ocasión, la Corte declaró: "Los artículos 211 y 212 de la Ley
2294 de 2023 son inconstitucionales. Se difiere los efectos de la
declaratoria de inexequibilidad durante un término igual al que falta
para terminar la actual legislatura, es decir, hasta el 20 de julio de
2025".
El Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro es la hoja de ruta que
establece las metas económicas y sociales del gobierno. No obstante, la
Corte Constitucional reiteró en su fallo que las disposiciones del PND
deben centrarse exclusivamente en los ejes temáticos del gobierno para
su mandato y no incluir regulaciones que sobrepasen este alcance.
Por último, la Corte concluyó que las nuevas funciones de la
Superintendencia de Transporte, al tratarse de una competencia
permanente, requerían ser establecidas mediante una ley ordinaria. Por
lo tanto, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 252 del PND,
reafirmando que toda modificación o ampliación de las competencias de un
ente estatal debe cumplir estrictamente con los requisitos
constitucionales.
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