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Cultivos de coca ponen
en riesgo la biodiversidad en 28 municipios

El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de
Política de Drogas, denunció que, como consecuencia de los cultivos de
uso ilícito y la convergencia de otros delitos ambientales, 54 especies
están en riesgo crítico y dos ecosistemas bajo total amenaza.
La situación fue expuesta durante el panel “Hacia una política de drogas
más verde: reduciendo los impactos ambientales del narcotráfico a través
del tránsito a la economía legal" organizada por la cartera de Justicia
en el marco de la COP16.
Durante el espacio se informó también que tanto el ecosistema de mangle
como el de bosque seco tropical se están viendo igualmente amenazados
afectando las comunidades de 28 municipios en Nariño, Cauca, Chocó,
Bolívar y Norte de Santander.
El director de Política de Drogas, Alexánder Rivera, sostuvo que sí
existe una relación directa entre las economías ilegales relacionadas
con drogas y el medioambiente.
“Se necesita fomentar el principio de responsabilidad común y compartida
para mitigar este impacto negativo en nuestros ecosistemas. Los países
donde están las personas que consumen lo que aquí se siembra, tienen una
oportunidad inmensa para ayudarnos a reducir la oferta y conservar
nuestra biodiversidad", indicó el directivo.
e estima que hay 204,000 hectáreas de cultivos de coca en Colombia,
según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC) de 2023. Esta cifra representa un aumento
significativo en comparación con años anteriores, destacando la
persistencia del problema del cultivo de coca en el país.
Con respecto a resultados del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos - SIMCI, el cual arrojó un incremento del 10% en el área
sembrada. Sin embargo, al decir del análisis realizado por la agencia de
Naciones Unidas, por segundo año consecutivo se presenta una
desaceleración en la tendencia de crecimiento que se registra desde el
año 2014.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reaccionó advirtiendo
que el informe también arroja resultados a los que la nueva Política de
Drogas se anticipó desde hace un año.
“La nueva Política de Drogas fue diseñada con herramientas muy
importantes para la intervención territorial, tenemos 8 ejes de trabajo
en función de brindar oportunidades, promover alternativas de desarrollo
económico local y en función de perseguir a los eslabones criminales del
narcotráfico en todo el territorio nacional, incluyendo esas zonas donde
nos muestra el informe que se siguen concentrando los cultivos", dijo.
Por proyecto "Caminos
Comunitarios", Procuraduría indaga a Invías

En el marco de vigilancia preventiva que adelanta la Procuraduría
General de la Nación
sobre la ejecución del proyecto del
Gobierno de Gustavo Petro "Caminos Comunitarios de la Paz Total", el
Ministerio Público llevó a cabo una visita a las oficinas del Instituto
Nacional de Vías (Invías), buscando información detallada sobre
inversiones y el cumplimiento de los contratos.
"La visita tiene por objeto recolectar toda la información necesaria
para el ejercicio de la función preventiva sobre el asunto mencionado,
para lo cual esta Procuraduría Delegada requerirá información y
documentación, formulará inquietudes y preguntas, y presentará
observaciones, recomendaciones y sugerencias", indicó la Procuraduría,
asegurando que la solicitud correspondía a los temas de:
Manejo y giro de los desembolsos realizados.
Giros efectuados y rendimientos financieros
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generados a la fecha.
Estado actual de los convenios solidarios suscritos con
Organismos de Acción Comunal - OAC (en ejecución,
terminados, suspendidos y no ejecutados).
Presuntos incumplimientos de las obligaciones estipuladas en los
convenios.
Publicidad de la información en el Sistema Electrónico de Contratación
Pública SECOP II.
Ejecución de los contratos de interventoría, ejecución y cumplimiento de
los mismos.
Los demás asuntos relacionados con la vigilancia preventiva enunciada.
La visita, que se llevó a cabo sobre las once de la mañana de este
lunes, fue dirigida por el procurador delegado para la vigilancia
preventiva de la función pública, Marcio Melgosa, pidiendo la presencia
del director general de Invías, Jorge Montenegro Arjona, junto a su
equipo de asesores.
"La actuación preventiva se desarrollará en forma independiente de las
demás funciones misionales de la PGN. Dicha actuación no implica en modo
alguno la coadministración o injerencia en las decisiones
administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades
públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas. En esta
órbita, la Procuraduría no expide conceptos, avales o aprobaciones
frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos
de la vigilancia; de allí que las recomendaciones efectuadas no obliguen
a los vigilados", indicó el Ministerio Público.
Es importante mencionar que la contratación directa que se estaba
realizando entre el Gobierno y las Juntas de Acción Comunal (JAC) y
otras comunidades para la construcción o mantenimiento de vías rurales
quedó sin efecto, después de que la Corte Constitucional determinara que
el presidente Petro no está facultado para establecer un régimen
especial en esta materia.
La decisión de la Corte responde a tres demandas que se presentaron
contra aparte del Decreto Ley 1961 de 2023, por medio del cual se crea
el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir).
Instalan PMU para
atender población Emberá asentada en La Florida

El Distrito llevó a cabo la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU)
que estará disponible todos los días en la UPI La Florida, con el
objetivo de fortalecer la presencia institucional y mejorar la atención
a la comunidad Emberá que habita en este espacio. En esta estrategia
participaron las secretarías de Integración Social, Gobierno, Salud, el
IDIPRON y la Consejería para la Paz, Víctimas y Reconciliación.
“Más de 600 personas indígenas asentadas
en la UPI, de los cuales más de 500 personas quieren ser reubicadas en
sus territorios. Estamos recogiendo las lecciones aprendidas en el
Parque Nacional y por eso hicimos una estrategia nueva para atender una
población aquí en la UPI”, indicó Isabelita Mercado, consejera de
Víctimas, Paz y Reconciliación.
Con esta acción, el Distrito busca agilizar la respuesta institucional
frente a riesgos o vulneraciones de derechos humanos y mejorar las
condiciones de vida de las 605 personas Emberá que residen en la UPI,
entre ellos 207 niñas, niños y adolescentes. Además, se ha puesto en
marcha una estrategia de recorridos diarios y un sistema de reporte en
tiempo real para la activación de rutas de atención en situaciones
críticas.
"Integración Social tendrá unas ofertas muy puntuales. Por ejemplo,
tenemos funcionando nuestro servicio de Atrapasueños que consiste en
acciones pedagógicas, a partir de juegos, del arte, que tienen como
objetivo ocupar el tiempo de los niños y transformar ciertas vivencias
que se han dado en escenarios de conflicto, para que sea una experiencia
enriquecedora. Nos permite proteger a los niños y tenerlos en un lugar
seguro. También nos permite atenderlos en contrajornada, es decir, esto
no sería sustituto del colegio o del jardín infantil, si se deciden por
ir al jardín infantil o al colegio. También tenemos una estrategia que
vamos a activar desde este jueves con las casas de la juventud. Vamos a
trabajar con los jóvenes, teniendo como centro la casa de la juventud de
Engativá", afirmó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.
Por su parte, el secretario de Gobierno,
Gustavo Quintero expresó: “Necesitamos trabajar de la mano con la Unidad
de Víctimas, con el ICBF, como ya lo hicimos en el Parque Nacional,
queremos hacerlo acá. Sin embargo, es importante
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resaltar que La Florida es un lugar transitorio, no puede convertirse en
un alojamiento permanente. El objetivo es siempre tener la mirada hacia
el retorno, la reubicación o el proceso de integración”.
El PMU se enfoca en atender necesidades urgentes como acceso a servicios
básicos, educación, salud y seguridad, a la vez que facilita el diálogo
con los voceros de la comunidad para avanzar en procesos de reubicación
o retorno de los Emberá a sus territorios de origen. Las entidades
involucradas realizarán monitoreos quincenales y se mantendrán acuerdos
de corresponsabilidad con la comunidad para garantizar el cuidado de la
infraestructura y el entorno.

Recuperan 29 cuerpos de
desaparecidos en Cementerio Central de Apartadó

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
recuperó en 14 días los cuerpos de 29 personas dadas por desaparecidas,
tres de los cuales podrían corresponder a jóvenes que perdieron la vida
en hechos relacionados con el conflicto armado en la vereda La
Cristalina, perteneciente a la comunidad de paz del corregimiento de San
José de Apartadó, y ocurridos el 26 de diciembre de 2005.
Dichos cuerpos fueron inhumados como cuerpos no identificados en el ala
sur del Cementerio Central de Apartadó, convirtiendo este caso como uno
de los más emblemáticos dentro de la comunidad de paz y del municipio.
Con esta misión humanitaria, ya son tres las intervenciones que la
Unidad de Búsqueda ha realizado en este camposanto durante 2024: la
primera ocurrió en junio, en conjunto con la Jurisdicción Especial para
la Paz y Medicina Legal, y se recuperaron 16 cuerpos; la segunda se
realizó en julio y se recuperaron 18 cuerpos; y en esta tercera se
recuperaron 29 cuerpos, lo cual suma 63 recuperaciones.
Uno de los cuerpos encontrados podría ser el de Jhon Darío, un joven de
16 años que desapareció durante acciones del conflicto armado en la
vereda La Cristalina y es buscado por Dora Azucena, su hermana, y otros
de sus familiares. En esta ocasión, ella volvió al Cementerio Central de
Apartadó con la esperanza de encontrar a su hermano menor. Aunque en
varias ocasiones había ido al camposanto sin obtener respuestas, algo le
decía que después de 19 años lo encontraría.
El motivo que reunió a algunos de los habitantes de la vereda La
Cristalina fue la celebración del 24 de diciembre de 2005, que se
extendió hasta el 26 de diciembre en la madrugada, el mismo día en el
que Jhon Darío desapareció. Seis personas perdieron la vida; sin
embargo, tres fueron inhumados por sus familiares y otros tres como
cuerpos no identificados, en el cementerio central de Apartadó. Con el
pasar de los años, el lugar se cubrió por vegetación que alcanzaba hasta
un metro de altura, aunque a la distancia se alcanzaba a divisar un
letrero escrito a mano alzada con los nombres de las víctimas de la
vereda La Cristalina.
Cuando habla de Jhon Darío, a Dora Azucena se le entrecorta la voz y a
la vez lo recuerda como un joven alegre. “De mi hermano recuerdo que era
un niño muy divertido, le gustaba mucho el fútbol y bañarse en el río.
Estamos muy agradecidos con la Unidad de Búsqueda porque ya es una
esperanza más que no teníamos”.
El 23 de marzo de 1997 se firmó la declaratoria que crea la comunidad de
paz de San José de Apartadó, de la que hace parte un grupo de campesinos
de veredas que querían estar por fuera del conflicto armado. Su creación
fue mediada por la Iglesia Católica, que ha acompañado a esta comunidad
en la construcción de paz y reconciliación.
Al respecto, Javier Giraldo Moreno, S. J. investigador del Cinep,
expresa: “La comunidad de paz de San José de Apartadó se caracteriza por
ser una comunidad en resistencia, la cual ha sido muy hermosa. Ella ha
ido respondiendo a cada desafío en comunidad organizada. Por ejemplo,
cuando les fue negada la educación, construyó su propio sistema de
educación; y ha construido la manera de cómo manejar la tierra como
tierra comunitaria, como trabajo comunitario. Eso es lo que lo anima a
uno a continuar acompañándolos”.
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