Bogotá, Colombia -Edición: 710

 Fecha: Miércoles 23-10-2024

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NACIONAL

 

 

 

Cultivos de coca ponen en riesgo la biodiversidad en 28 municipios




El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Política de Drogas, denunció que, como consecuencia de los cultivos de uso ilícito y la convergencia de otros delitos ambientales, 54 especies están en riesgo crítico y dos ecosistemas bajo total amenaza.

La situación fue expuesta durante el panel “Hacia una política de drogas más verde: reduciendo los impactos ambientales del narcotráfico a través del tránsito a la economía legal" organizada por la cartera de Justicia en el marco de la COP16.

Durante el espacio se informó también que tanto el ecosistema de mangle como el de bosque seco tropical se están viendo igualmente amenazados afectando las comunidades de 28 municipios en Nariño, Cauca, Chocó, Bolívar y Norte de Santander.

El director de Política de Drogas, Alexánder Rivera, sostuvo que sí existe una relación directa entre las economías ilegales relacionadas con drogas y el medioambiente.

“Se necesita fomentar el principio de responsabilidad común y compartida para mitigar este impacto negativo en nuestros ecosistemas. Los países donde están las personas que consumen lo que aquí se siembra, tienen una oportunidad inmensa para ayudarnos a reducir la oferta y conservar nuestra biodiversidad", indicó el directivo.

e estima que hay 204,000 hectáreas de cultivos de coca en Colombia, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2023. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con años anteriores, destacando la persistencia del problema del cultivo de coca en el país.

Con respecto a resultados del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - SIMCI, el cual arrojó un incremento del 10% en el área sembrada. Sin embargo, al decir del análisis realizado por la agencia de Naciones Unidas, por segundo año consecutivo se presenta una desaceleración en la tendencia de crecimiento que se registra desde el año 2014.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reaccionó advirtiendo que el informe también arroja resultados a los que la nueva Política de Drogas se anticipó desde hace un año.

“La nueva Política de Drogas fue diseñada con herramientas muy importantes para la intervención territorial, tenemos 8 ejes de trabajo en función de brindar oportunidades, promover alternativas de desarrollo económico local y en función de perseguir a los eslabones criminales del narcotráfico en todo el territorio nacional, incluyendo esas zonas donde nos muestra el informe que se siguen concentrando los cultivos", dijo.


Por proyecto "Caminos Comunitarios", Procuraduría indaga a Invías




En el marco de vigilancia preventiva que adelanta la Procuraduría General de la Nación

sobre la ejecución del proyecto del Gobierno de Gustavo Petro "Caminos Comunitarios de la Paz Total", el Ministerio Público llevó a cabo una visita a las oficinas del Instituto Nacional de Vías (Invías), buscando información detallada sobre inversiones y el cumplimiento de los contratos.

"La visita tiene por objeto recolectar toda la información necesaria para el ejercicio de la función preventiva sobre el asunto mencionado, para lo cual esta Procuraduría Delegada requerirá información y documentación, formulará inquietudes y preguntas, y presentará observaciones, recomendaciones y sugerencias", indicó la Procuraduría, asegurando que la solicitud correspondía a los temas de:


Manejo y giro de los desembolsos realizados.

Giros efectuados y rendimientos financieros

 

 

 

generados a la fecha.

 

Estado actual de los convenios solidarios suscritos con Organismos de Acción Comunal - OAC (en ejecución,  terminados, suspendidos y no ejecutados).


Presuntos incumplimientos de las obligaciones estipuladas en los convenios.

Publicidad de la información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

Ejecución de los contratos de interventoría, ejecución y cumplimiento de los mismos.


Los demás asuntos relacionados con la vigilancia preventiva enunciada.

La visita, que se llevó a cabo sobre las once de la mañana de este lunes, fue dirigida por el procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, Marcio Melgosa, pidiendo la presencia del director general de Invías, Jorge Montenegro Arjona, junto a su equipo de asesores.


"La actuación preventiva se desarrollará en forma independiente de las demás funciones misionales de la PGN. Dicha actuación no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas. En esta órbita, la Procuraduría no expide conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de la vigilancia; de allí que las recomendaciones efectuadas no obliguen a los vigilados", indicó el Ministerio Público.

Es importante mencionar que la contratación directa que se estaba realizando entre el Gobierno y las Juntas de Acción Comunal (JAC) y otras comunidades para la construcción o mantenimiento de vías rurales quedó sin efecto, después de que la Corte Constitucional determinara que el presidente Petro no está facultado para establecer un régimen especial en esta materia.

La decisión de la Corte responde a tres demandas que se presentaron contra aparte del Decreto Ley 1961 de 2023, por medio del cual se crea el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir).

 

Instalan PMU para atender población Emberá asentada en La Florida




El Distrito llevó a cabo la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) que estará disponible todos los días en la UPI La Florida, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y mejorar la atención a la comunidad Emberá que habita en este espacio. En esta estrategia participaron las secretarías de Integración Social, Gobierno, Salud, el IDIPRON y la Consejería para la Paz, Víctimas y Reconciliación.

 

“Más de 600 personas indígenas asentadas en la UPI, de los cuales más de 500 personas quieren ser reubicadas en sus territorios. Estamos recogiendo las lecciones aprendidas en el Parque Nacional y por eso hicimos una estrategia nueva para atender una población aquí en la UPI”, indicó Isabelita Mercado, consejera de Víctimas, Paz y Reconciliación.

Con esta acción, el Distrito busca agilizar la respuesta institucional frente a riesgos o vulneraciones de derechos humanos y mejorar las condiciones de vida de las 605 personas Emberá que residen en la UPI, entre ellos 207 niñas, niños y adolescentes. Además, se ha puesto en marcha una estrategia de recorridos diarios y un sistema de reporte en tiempo real para  la activación de rutas de atención en situaciones críticas.

"Integración Social tendrá unas ofertas muy puntuales. Por ejemplo, tenemos funcionando nuestro servicio de Atrapasueños que consiste en acciones pedagógicas, a partir de juegos, del arte, que tienen como objetivo ocupar el tiempo de los niños y transformar ciertas vivencias que se han dado en escenarios de conflicto, para que sea una experiencia enriquecedora. Nos permite proteger a los niños y tenerlos en un lugar seguro. También nos permite atenderlos en contrajornada, es decir, esto no sería sustituto del colegio o del jardín infantil, si se deciden por ir al jardín infantil o al colegio. También tenemos una estrategia que vamos a activar desde este jueves con las casas de la juventud. Vamos a trabajar con los jóvenes, teniendo como centro la casa de la juventud de Engativá", afirmó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.
 

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero expresó: “Necesitamos trabajar de la mano con la Unidad de Víctimas, con el ICBF, como ya lo hicimos en el Parque Nacional, queremos hacerlo acá. Sin embargo, es importante
 

 

 
resaltar que La Florida es un lugar transitorio, no puede convertirse en un alojamiento permanente. El objetivo es siempre tener la mirada hacia el retorno, la reubicación o el proceso de integración”.

El PMU se enfoca en atender necesidades urgentes como acceso a servicios básicos, educación, salud y seguridad, a la vez que facilita el diálogo con los voceros de la comunidad para avanzar en procesos de reubicación o retorno de los Emberá a sus territorios de origen. Las entidades involucradas realizarán monitoreos quincenales y se mantendrán acuerdos de corresponsabilidad con la comunidad para garantizar el cuidado de la infraestructura y el entorno.

 


 

Recuperan 29 cuerpos de desaparecidos en Cementerio Central de Apartadó




La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó en 14 días los cuerpos de 29 personas dadas por desaparecidas, tres de los cuales podrían corresponder a jóvenes que perdieron la vida en hechos relacionados con el conflicto armado en la vereda La Cristalina, perteneciente a la comunidad de paz del corregimiento de San José de Apartadó, y ocurridos el 26 de diciembre de 2005.

Dichos cuerpos fueron inhumados como cuerpos no identificados en el ala sur del Cementerio Central de Apartadó, convirtiendo este caso como uno de los más emblemáticos dentro de la comunidad de paz y del municipio.


Con esta misión humanitaria, ya son tres las intervenciones que la Unidad de Búsqueda ha realizado en este camposanto durante 2024: la primera ocurrió en junio, en conjunto con la Jurisdicción Especial para la Paz y Medicina Legal, y se recuperaron 16 cuerpos; la segunda se realizó en julio y se recuperaron 18 cuerpos; y en esta tercera se recuperaron 29 cuerpos, lo cual suma 63 recuperaciones.

Uno de los cuerpos encontrados podría ser el de Jhon Darío, un joven de 16 años que desapareció durante acciones del conflicto armado en la vereda La Cristalina y es buscado por Dora Azucena, su hermana, y otros de sus familiares. En esta ocasión, ella volvió al Cementerio Central de Apartadó con la esperanza de encontrar a su hermano menor. Aunque en varias ocasiones había ido al camposanto sin obtener respuestas, algo le decía que después de 19 años lo encontraría.

El motivo que reunió a algunos de los habitantes de la vereda La Cristalina fue la celebración del 24 de diciembre de 2005, que se extendió hasta el 26 de diciembre en la madrugada, el mismo día en el que Jhon Darío desapareció. Seis personas perdieron la vida; sin embargo, tres fueron inhumados por sus familiares y otros tres como cuerpos no identificados, en el cementerio central de Apartadó. Con el pasar de los años, el lugar se cubrió por vegetación que alcanzaba hasta un metro de altura, aunque a la distancia se alcanzaba a divisar un letrero escrito a mano alzada con los nombres de las víctimas de la vereda La Cristalina.

Cuando habla de Jhon Darío, a Dora Azucena se le entrecorta la voz y a la vez lo recuerda como un joven alegre. “De mi hermano recuerdo que era un niño muy divertido, le gustaba mucho el fútbol y bañarse en el río. Estamos muy agradecidos con la Unidad de Búsqueda porque ya es una esperanza más que no teníamos”.

El 23 de marzo de 1997 se firmó la declaratoria que crea la comunidad de paz de San José de Apartadó, de la que hace parte un grupo de campesinos de veredas que querían estar por fuera del conflicto armado. Su creación fue mediada por la Iglesia Católica, que ha acompañado a esta comunidad en la construcción de paz y reconciliación.

Al respecto, Javier Giraldo Moreno, S. J. investigador del Cinep, expresa: “La comunidad de paz de San José de Apartadó se caracteriza por ser una comunidad en resistencia, la cual ha sido muy hermosa. Ella ha ido respondiendo a cada desafío en comunidad organizada. Por ejemplo, cuando les fue negada la educación, construyó su propio sistema de educación; y ha construido la manera de cómo manejar la tierra como tierra comunitaria, como trabajo comunitario. Eso es lo que lo anima a uno a continuar acompañándolos”.

 

 

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